EL CIUDADANO
Por Alfredo Seguel
Juan Carlos Cárdenas, también asegura que la industria es un pilar del modelo neoliberal, un Estado dentro de otro Estado y que Chile tiene una especie de republiqueta salmonera desde el Canal de Chacao hasta el Cabo de Hornos
Juan Carlos Cárdenas, director de Ecoceanos: “La industria del salmón es un poder fáctico”
El director de Ecoceanos había emitido declaraciones a El Ciudadano que hoy vuelve a reafirmarlas en entrevista realizada en La Voz De Los Que Sobran, manifestando «La industria del salmón es un poder fáctico que controla bancadas parlamentarias y autoridades regionales”.
Ver también / Acusan: “Escalada de amedrentamiento empresarial salmonero contra defensores ambientales”
También señaló: “La industria salmonera es un pilar del modelo neoliberal, es un Estado dentro de otro Estado (…) Chile tiene una especie de republiqueta salmonera desde el Canal del Chacao hasta el Cabo de Hornos».
En sus declaraciones a La Voz de los Que Sobran, señaló asimismo: “»Chiloé sigue siendo una de las comunas más pobres en Chile y esta industria salmonera no ha generado desarrollo en los territorios».
Juan Carlos Cárdenas, declaraciones a El Ciudadano
Juan Carlos Cárdenas, médico veterinario de la Universidad de Chile y director del Centro Ecoceanos, quien desde una perspectiva técnica y con un marcado activismo socio ambiental desde hace décadas, aborda los impactos de la industria del salmón en Chile al medio ambiente y a las comunidades locales en el sur del país y en ese contexto, en reciente enrevista a El Ciudadano, manifestó que: “ “Las empresas salmoneras de capitales noruegos, chinos, japoneses, alemanes y canadienses junto a los poderosos clanes empresariales familiares chilenos, y a las empresas transnacionales noruegas, chinas, japonesas y canadienses, están interviniendo activamente en la política contingente y parlamentaria chilena, a la vez que implementan agresivas agendas de amenaza de despidos en sus trabajadores, cooptación y asimilación social de las comunidades locales e indígenas en las regiones de la Araucanía, Bio Bio,,Los Ríos,Los Lagos, Aysén y Magallanes, sin que exista ningún control del Estado chileno sobre su accionar desestabilizador ».
Con respecto a sus impactos a los derechos de la ciudadanía y la institucionalidad por parte de estos grupos de poder, declara: “Alertar sobre las anti-democráticas acciones de la mega industria del salmón en Chile (…) Hoy el clúster de la mega industria exportadora de salmónidos constituye uno de los pilares del no equitativo sistema político -empresarial neoliberal que controla Chile. La industria ha pasado a la ofensiva política y comunicacional después de la elección del Presidente Boric, aprovechando la actual crisis del sistema político y las instituciones estatales. En las regiones del sur de Chile, la industria del salmón constituye un Estado dentro del Estado, especialmente en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes, en la Patagonia”.
Juan Carlos Cárdenas insiste en el nivel de intervencionismo de estas entidades: “Las empresas salmoneras intervienen activamente en la política nacional y local, utilizando su gran poder económico (el 2022 produjeron 1 millón de tons de salmón por valor de US$ 6,3 billones de dólares) .Su influencia se evidencia en la política contingente chilena, parlamento, autoridades regionales y medios de comunicación, mediante la implementación de agendas de cooptación y asimilación social, sin que exista ninguna transparencia ni control público, ni menos de sus certificadoras internacionales sobre su accionar. Con ello, aseguran la existencia de autoridades y organizaciones locales funcionales a sus intereses corporativos de destructiva y excluyente expansión en la Patagonia sudamericana”.
Cárdenas destaca una serie de hechos que han sido catalogados por diversos actores sociales como de amedrentamiento por parte de sectores ligados a la industria, calificados por el dirigente de Ecoceanos como “poderes fácticos”.
En lo inmediato, advierte que sus objetivos apuntan a detener las exigencias de moratoria a la expansión de los monocultivos industriales de salmónidos; la salida de los centros de cultivo desde los ecosistemas vulnerables (fiordos, canales internos, lagos y ríos), así como de las áreas silvestres protegidas y parques nacionales de la Patagonia chilena, bloquear o debilitar la aplicación de la ley 20.249 de Espacios Costeros Marino de los Pueblos Originarios (Ley Lafkenche), y promover en el parlamento una ley que intervenga y controle a las fundaciones y organizaciones ciudadanas sin fines de lucro.
“El propio Centro Ecoceanos y otras organizaciones ambientalista fueron amenazadas durante el seminario corporativo Stim en julio de 2022 realizado en Lofoten, Noruega, por Tore Valderhaugh, director de la empresa salmonera Camanchaca, acusándolas de ser “organizaciones ambientalistas extremas” que “constituyen la principal amenaza para el desarrollo de la industria del salmón en Chile. Esta declaración se difundió posteriormente por los medios informativos de la industria salmonera”, recuerda Cárdenas, generando la respuesta de numerosas organizaciones y comunidades.
“Esto permite a la ciudadanía organizada, comunidades indígenas, y consumidores internacionales, sacar conclusiones si la acción de Salmones Camanchaca constituyó un hecho aislado, o corresponde a la implementación de una agenda de amedrentamiento corporativo que ya se encuentra en marcha, y cuya punto culmine lo constituyeron las acciones de amenazas y movilización de cientos de trabajadores de sus plantas procesadoras para presionar al congreso y lograr en el contexto de la discusión de la ley SBAP e impedir la regulación de las concesiones acuícolas y centros de cultivo del interior de las áreas protegidas del Estado”, asegura el personero de Ecocéanos..
Con posterioridad a la acusación efectuada desde Noruega, la industria salmonera con base en Chile, dio un paso más en su encuentro Aquaforum Patagonia (23 de junio, Punta Arenas, región de Magallanes), “donde utilizando a sus dirigentes sindicales, acusaron a las organizaciones ambientalistas de “hacer llamados ortodoxos (sic)” para manipular la Ley Lafkenche, con el fin de “bloquear cualquier tipo de desarrollo productivo”, resalta el director de Ecoceanos, quien también hace mención a otras acciones de intimidación por parte de grupos salmoneros y a modo de ejemplo, da como referencia aquella impulsada desde plantas procesadoras en Quellón en contra de quienes presentaban el “Informe sobre Evaluación de Impacto Sectorial en Derechos Humanos de la Industria Salmonera”.
En el campo legislativo, Cárdenas, menciona que en el Parlamento ha ingresado recientemente un proyecto de ley del diputado pro-industria del salmón de la Región de Aysén, Miguel Ángel Calisto, para establecer mecanismos de control del lobby y los financiamientos de las 42.352 Organizaciones No Gubernamentales inscritas en Chile. “Esta iniciativa ha sido respaldada por Sergio Jaraquemada, abogado y director ejecutivo de la ultra derechista Fundación Jaime Guzmán, quien señaló que las Ongs ambientalistas “reciben financiamiento de industrias competidoras de la salmonicultura chilena”, indicó.
Otro hecho manifestado desde el Congreso, es la del senador ultra-derechista Alejandro Kusanovic, de la región de Magallanes,- principal área de expansión de la industria salmonera-, en abril del 2023, quien culpabilizó a quienes “han tenido una posición contra la industria del salmón,- uno de los pilares económicos más importante de desarrollo en la región” de la actual “crisis” de la empresa de capitales noruego-norteamericano Nova Austral, sancionada por el Estado chileno por la violación reiterada la legislación ambiental, sanitaria y tributaria chilena.
A esto, se suma una serie de acciones y campañas nacionales e internacionales en contra de diversas ongs y fundaciones que trabajan en materia de conservación y también, contra comunidades, con una escalada agresiva en diversos planos, advierte Juan Carlos Cárdenas, por ello, señala: “Para superar estos desafíos se requiere mejorar el sistema democrático; generar leyes decentes bajo control ciudadano; dotar al Estado de mayor capacidad y voluntad de fiscalizar y aplicar sus propias leyes; modificar profundamente el sistema educativo, segregador y obsoleto; fortalecer la participación informada y vinculantes de la ciudadanía; dar espacios de visibilización a las organizaciones ciudadanas y comunidades e conflicto socio-ambiental en los organismos consultivos del Estado chileno y el sistema internacional”.
