Radio Universidad de Chile
El anuncio realizado por Estados Unidos, respecto a que elevará de un 10 a un 12,5% el arancel de algunos productos chilenos, sigue siendo parte del debate político y es motivo de preocupación en la industria exportadora. Parte de la atención se ha centrado en dos ONGs —Libera y Ecocéanos— que participaron en la investigación de la Oficina del Representante Comercial de EE.UU. que definió el alza.
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el director de Ecocéanos, Juan Carlos Cárdenas, defendió la decisión de colaborar con el organismo extranjero y profundizó en la denuncia que presentaron, relacionada con condiciones de trabajo abusivas en la agricultura y salmonicultura.
Sobre esta última industria, Cárdenas advirtió las altas tasas de accidentes laborales y mortalidad entre trabajadores que, aseguró, están por sobre las de cualquier otro país en el mundo. “Entre el año 2013 y 2026 han ocurrido 91 muertes. Y este año, en los primeros cinco meses, ya han muerto 11 trabajadores, fundamentalmente buzos de centros de cultivo y tripulantes de naves”, detalló.
Cárdenas habló de una falta de capacitación de los buzos, de largas jornadas de trabajo sin los descansos adecuados, además de graves carencias en la fiscalización por parte de organismos estatales.
“Todas esas características de precariedad les son impuestos a los trabajadores y no tienen ninguna capacidad de rechazar eso, porque no hay opciones laborales en esa zona. También hay amenazas, de despido inmediato o de acciones contra sus familiares. Es una situación gravísima, que tiene elementos delictuales que el Estado de Chile tiene que abordar. La señal que viene desde Estados Unidos es suficientemente fuerte para empezar un proceso”, indicó.
Justamente, requerido sobre la decisión de Ecocéanos de participar en la investigación realizada en el país norteamericano, el activista señaló que lo hicieron conscientes de las verdaderas intenciones de los estadounidenses.
“No le atribuimos ninguna vocación emancipadora de los trabajadores y migrantes a la administración norteamericana, pues esta misma intenta convertir esta lucha por los derechos laborales en un instrumento de presión económica, de proteccionismo comercial y disciplinamiento geopolítico de sus socios comerciales”, sostuvo.
En esa misma línea, Cárdenas recalcó que lo que solicitaron a Estados Unidos no fue aumentar los aranceles de los productos chilenos, como terminó ocurriendo, sino que enfatizaron la importancia de implementar un plan con siete medidas, entre las que se encuentra tipificar el delito de trabajo forzado en nuestro país.
El director de Ecocéanos aseguró que valió la pena haber participado de la investigación, aunque lo que se castigó no fueron las prácticas laborales abusivas en la industria nacional, sino la importación de productos de otras economías que pudieron haber sido elaborados con trabajo forzoso.
“Hemos logrado colocar el tema de la existencia de trabajo forzoso en nuestro país, cosa que no existía antes de esta situación. Ahora, es importante que sean las organizaciones de trabajadores y la sociedad civil las que se movilicen para lograr que se implemente la aplicación de estos siete puntos. Acá hay trabajo forzoso, es legal y eso hay que eliminarlo”, insistió.
Cárdenas acusa “criminalización” de las organizaciones
Juan Carlos Cárdenas también respondió a las críticas de distintos sectores que precisamente apuntaron a que las organizaciones son las responsables de la subida en los aranceles.
A su juicio, tales comentarios pretenden ocultar que más bien, se trata de un fracaso de la Cancillería chilena “y también de la delegación empresarial que estuvo más de una semana en Washington tratando de negociar el tema de la imposición de nuevos aranceles”.
El director de Ecocéanos además acusó un intento por criminalizar la participación de las organizaciones y dejarlas fuera del debate: “Hemos estado teniendo amenazas de muerte estas últimas semanas. Hay un permanente hostigamiento y hoy nos enteramos que hay una investigación en el Servicio de Impuestos Internos para criminalizarnos y silenciarnos como organizaciones de la sociedad civil. Esto es parte de un proceso de barbarie, de un retroceso en términos del rol de las organizaciones de la sociedad civil”.
