PARTIDO REENCUENTRO DEL PUEBLO.
La soberanía radica en el PUEBLO.
PREAMBULO: Constituidos en PUEBLO SOBERANO, unidos en la diversidad y alteridad
democrática. Sustentados en principios, valores y derechos forjados en el crisol de la
historia de las luchas populares. Luchas que nuestro pueblo y sus organizaciones nunca
han dejado de dar por la dignidad del trabajo y el pan, con justicia social y por el
bienestar pleno y la felicidad de sus familias y comunidades. Con resguardo a sus
derechos universales a la educación, salud, protección social y el conocimiento. En
defensa de los Derechos Humanos, los Derechos Económicos y Sociales, y los Derechos
Culturales.
En una larga marcha hacia la recuperación de la soberanía popular, derechos y
patrimonios arrebatados, solemnemente declaramos,
a) Nuestra voluntad y compromiso de constituirnos en una fuerza política y social
que forme, trabaje y luche por recuperar, ahora, la SOBERANÍA POPULAR y los
derechos y patrimonios arrebatados desde la Dictadura y hoy continúan
usurpados por quienes se consideran a sí mismos herederos de su infamia y de su
legado.
b) La decisión de recuperar el ejercicio de la SOBERANÍA POPULAR, a través de
formas plurales de gobiernos democráticos, participativos y populares permitirán
recuperar derechos y recuperar el patrimonio y la propiedad de todos los bienes
de la patria para emprender y culminar los cambios y transformaciones históricas
que con urgencia exige la deplorable y deteriorada condición de vida, de
protección y de conocimientos de todos y todas las chilenas.
c) Compromiso irrenunciable para generar trabajo digno, con protección a la
familia, los trabajadoras/es y las comunidades, recuperar la educación y la salud
pública, vivienda digna y un sistema previsional de cuyos frutos se beneficie
directamente el pueblo. No como sucede ahora que los fondos previsionales del
pueblo están al servicio y usufructo de los negocios de ricos y poderosos.
Los problemas del pueblo se resuelven desde el pueblo. No será posible sino desde la unidad y
el reencuentro de los Pueblos. Parece no haber otra verdad. Que nuestro compromiso y
convicciones democráticas y populares se desplieguen entre todos los pueblos y los territorios
como justo homenaje al quincuagésimo aniversario del martirilogio del Presidente Salvador
Allende.
DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS.
PRIMERO. La recuperación de la SOBERANÍA POPULAR se
funda e instituye como el principio que sustenta nuestra acción política, social y
cultural de manera colectiva y permanente. La Soberanía Popular se encarna como
patrimonio insustituible de un pueblo del cual fluye el poder desde abajo hacia arriba:
es decir, que nace desde la diversidad y la pluralidad de intereses y aspiraciones
compartidas, pero que representa el anhelo de una vida mejor para los pueblos de
Chile. La Soberanía Popular es un principio histórico originario y fundamental; significa
al rescate de un legado cultural e histórico ancestral y la recuperación de patrimonios,
memoria y territorios, inspirados en el ejemplo de lucha y el sacrificio de los que han
sostenido la bandera de la libertad y la independencia de la patria, de la solidaridad y
la justicia social antes que nosotros. La Soberanía Popular es el marco para que el
pueblo de Chile, en el abanico de sus expresiones soberanas, en respeto a su
diversidad y alteridad, en interculturalidad, participe de manera protagónica en la
producción contemporánea de cultura, formación, sociedad, economía, tecnología,
arte y conocimientos. Es la Matria. Nos pertenece a todas y todos en su plena
extensión significante. Sin exclusión alguna. Solidaria y comunitaria. Sin discriminación
ni abuso alguno. A todas y todos pertenece el fruto compartido de nuestro empeño, a
las generaciones del presente y a las generaciones futuras.
SEGUNDO. Recuperar la Soberanía Popular, que no es otra
cosa que recuperar y ejercer los derechos del pueblo al autogobierno. Sacando de la
historia a las Oligarquías y a su Corrupción. Un autogobierno basado en una
Constitución de la República, sustentada en el poder originario constituyente,
generada desde el pueblo, y totalmente ajena a los intereses o del hibrido militar /
empresarial / concertacionista. Capaz de dotarnos de un Estado Democrático Social de
Derechos Plenos a los Pueblos de Chile. De un nuevo sistema político y de gobierno,
refundador de una auténtica democracia social participativa y protagónica. Generada a
partir de la expresión de Asamblea Constituyente representativa, descentralizada y
plenamente soberana. Que termine con el modelo neoliberal que sostiene y reproduce
una sociedad injusta y ambientalmente depredadora. Una Constitución que establezca
las condiciones del Estado social y solidario, con poder revocatorio para todas las
autoridades y con la plena capacidad de perseguir y terminar con toda forma de
corrupción y deterioro moral. Es una obligación moral para enaltecer la Dignidad de
todas y todos. Ni más ni menos. Es la urgencia de un presente que exige terminar con
los abusos crónicos, las expoliaciones y la corrupción política y financiera, la
depredación de los recursos naturales. Todo avance constitucional que siga los
principios e intereses de recuperación de la Soberanía Popular será el camino que
recorreremos hacia la Asamblea Constituyente, popular, autónoma y soberana, que
borre toda traza de la herencia dictatorial y oligárquica.
TERCERO. Nuestra convicción es que sólo el pueblo puede
asegurar por sí y para sí el goce de la plenitud de derechos y el logro del bienestar
personal, material y social encaminado a la felicidad familiar y la solidaridad
comunitaria. Sólo el pueblo puede garantizar y proveer trabajo digno, formación para
el trabajo, acceso a la tecnología, la independencia en el conocimiento, y la protección
social adecuada, a todas las edades de la vida, cuando éste gobierna a través de sus
diversas expresiones públicas para su propio bienestar. Sólo el pueblo puede dotarse a
sí mismo de formación, salud y vivienda a lo largo de toda la vida, sin exclusión ni
discriminación alguna de condición social y económica, género y pertenencia étnica o
territorial o pecuniaria.
CUARTO. Sólo el pueblo puede garantizar y defender
derechos y acceso a la tenencia, usufructo y distribución justa, equilibrada y equitativa
de la totalidad de recursos naturales, incluido el lugar donde se nace y el lugar donde
se muere. Sólo el pueblo en comunidad será capaz de asegurar el respeto, la
sustentabilidad y protección de los bienes que la naturaleza deja a nuestra disposición
y cuidado. Solo el pueblo puede asegurar la herencia de todos los bienes que
proporciona la Matria a las nuevas generaciones: sean estos los bienes de la tierra, los
bienes de todas las aguas, los bienes del aire, los bienes de la vida, los bienes del
patrimonio material e inmaterial y de los saberes y conocimientos creados, y por crear.
QUINTO. El grito de libertad y la sed de justicia han puesto de
nuevo a nuestro pueblo en la Historia. Ello nos pone como sujetos históricos activos
del fin de la transición desde una dictadura cívico-militar relicta hacia una democracia
plena, generada en poder constituyente originario fundado en el ejercicio pleno de la
soberanía popular. El plebiscito del 25 de octubre ha abierto las grandes alamedas
hacia un cambio epocal de recuperación de derechos, de recursos, de patrimonio y de
libertades. Solo pertenece al Pueblo de Chile procurar los cambios que se necesitan
para su propio beneficio y el de las futuras generaciones.
En consecuencia, asistimos al fin de una larga transición dominada por herencias,
amarres y privilegios auto-atribuidos por las clases y grupos dominantes a los cuales no
quieren renunciar. Asistimos también a las enconadas reacciones y resistencias de las
Oligarquías, los Plutócratas y el Capital Financiero Internacional. Por ello nuestro
camino se hace más empinado. Los dueños del dinero resistirán el cambio. Lo harán de
las maneras más infames y criminales que su imaginación y sus fortunas les pueda permitir.
Aterrados como están de perder sus privilegios y el botín de sus saqueos de
más 50 años. No van a permitir ni aceptar que el pueblo recupere sus derechos y su
patrimonio. Lamentablemente, acrecentados y perfeccionados por las nuevas
impunidades constitucionales y legislativas producidas por el co-gobierno de la
derecha y la concertación 1, 2 y 3.
Nuevas complicidades antidemocráticas. El amparo de la corrupción desatada.
SEXTO. Ahora el pueblo ha dicho basta. Con sus movilizaciones
y sus votos exige, imperativamente, el cambio constitucional que antecede a los
cambios políticos, económicos, sociales y culturales que amparan todo lo demás. Pero
la oligarquía, que representa al hibrido militar empresarial, aliado a las fuerzas políticas
del continuismo, se niegan y resisten, no aceptan el cambio señalado por el pueblo
movilizado el 25 de octubre. La primera reacción histérica de los dominantes ante el
contundente resultado plebiscitario ha sido abalanzarse a decirnos lo que debe quedar
intocable en la nueva Constitución e intentar manipular la elección de convencionales
constituyentes. Intento que repetirán muchísimas veces. Queda entonces planteada
una contradicción fundamental que buscaremos resolverla por la vía de la política. Por
un lado, quienes buscan prolongar, a través de un gatopardismo constitucional sea por
acción u omisión, un estado generalizado de corrupción pública y privada,
desprivatizaciones, de desnacionalizaciones, y la prolongación de abusos generalizados
en la vida pública, en el trabajo, en el comercio y en todo nicho que les sea de lucro.
Por otro lado, la apertura a un proceso de profundo cambio social y político sustentado
en la Unidad en la diversidad del pensamiento democrático, el programa y la acción
política consensuada de las organizaciones sociales y culturales de la Dignidad, con
capacidad para generar nuevas formas de gobierno, nuevas solidaridades y de
recuperar y reconstituir los derechos y el patrimonio que nos ha sido arrebatado
entregado al capital financiero internacional.
SÉPTIMO. Sostenemos y defendemos el mandato imperativo y
explícito de la Soberanía Popular expresado en el plebiscito del 25 de octubre del 2020,
para defender y mantener el principio constitucional de 1971 que declara que el pueblo
de Chile, a través del Estado, tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e
imprescriptible de todos los recursos minerales y yacimientos de Cobre, Litio y el Oro,
entre otros; la misma forma de dominio sobre los recursos del Mar y todos los recursos
vivos y no vivos de la Zona Económica adyacente. En virtud del derecho de propiedad de
todas las minas por parte del Estado se debe nacionalizar todas las Empresas de la Gran
Minería del Cobre, del Litio y del Oro. Las indemnizaciones por la nacionalización de estas
empresas solo considerará las instalaciones existentes porque los yacimientos son
inalienables del Estado de Chile desde 1971 hasta hoy, situación pre existente a toda
inversión extranjera en la minería.
En relación a las aguas territoriales, ─como lo señala la Reforma Constitucional de 1967─,
se reserva el dominio nacional de uso público de todas las aguas existentes en el territorio
nacional y, en consecuencia, las que Pinochet y sus sicarios se han privatizado para ellos
mismos se expropiarán para incorporarlas al dominio público y el usufructo de las
personas y comunidades. Estas serán indemnizadas cuando se compruebe que no existió
dolo en su asignación ni daño en contra del patrimonio acuífero chileno, en un plazo de
30 años; los mismos principios se aplicarán sobre los recursos forestales, madereros y de
bosque nativo.
Por principio constitucional el eventual uso del agua por particulares será regulado y
necesitará confirmar la sustentabilidad de los entornos y el consentimiento de las
Comunidades. Cuando corresponda, quienes accedan a esa calidad de Concesionarios,
pagarán al Estado derechos y tributos que corresponda en beneficio general y de las
comunidades adyacentes. Lo mismo para los otros recursos naturales y minerales.
OCTAVO. En consecuencia, nos proponemos, por imperativo
de la historia, expresar, organizar y movilizar los valores democráticos de la justicia
social y los de la solidaridad como bien social. Valores sustentados en mayorías
político-sociales y electorales, las únicas que harán posible la transformación
Democrática, Popular y Soberana, en torno a las necesidades, intereses, aspiraciones y
sueños de nuestro pueblo, como fin de la consagración de la legitimidad del poder
popular y donde la persona y los valores del humanismo será siempre el centro de
nuestra atención y compromiso.
PARTIDO
REENCUENTRO DEL PUEBLO.
Directiva Nacional Transitoria.
