Por Enrique Chinaski
El PT, el PCdoB, el PSOL y el PSTU frente a la crisis del capitalismo brasileño: una izquierda incapaz de transformar la resistencia en una alternativa revolucionaria.
Una segunda vuelta que obliga a mirar más allá de las urnas
Este domingo 25 de octubre, Brasil volverá a las urnas para elegir entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. La disputa vuelve a situar en el centro de la política brasileña la confrontación entre el proyecto del PT y una derecha que ha conseguido consolidar una importante base social. Pero para comprender cómo se llegó a este escenario es necesario mirar más allá de la coyuntura electoral.
¿Cómo llegó Brasil a elegir a un presidente de ultraderecha en 2018, después de trece años de gobiernos del PT, la destitución de Dilma Rousseff y dos años de ofensiva neoliberal bajo Michel Temer? La respuesta exige examinar no solo la fuerza de la derecha, sino también los límites del proyecto petista y la incapacidad de la izquierda para convertir la resistencia a las contrarreformas en una alternativa política de masas.
Los gobiernos del PT, entre 2003 y 2016, impulsaron mejoras sociales reales, pero no transformaron las relaciones fundamentales de poder económico. Tras la crisis del segundo gobierno de Dilma, la ofensiva de Temer y la incapacidad de la oposición para derrotarla abrieron una nueva etapa política. Bolsonaro no fue el resultado inevitable de ese proceso, pero su ascenso se produjo en una sociedad atravesada por la frustración, la polarización y la crisis de representación.
Este recorrido permite comprender un fenómeno más amplio: el reformismo puede contribuir al crecimiento de la ultraderecha cuando genera expectativas de transformación, pero conserva intactas las estructuras económicas y sociales que reproducen la desigualdad. Cuando esas expectativas se frustran y las organizaciones de izquierda no ofrecen una salida capaz de cambiar la vida de las mayorías, la derecha puede apropiarse del descontento y dirigirlo contra los propios trabajadores.
La responsabilidad de la ultraderecha por sus políticas reaccionarias no desaparece por reconocer los errores de la izquierda. Pero tampoco podemos comprender su avance si reducimos todo a la manipulación de los medios, el conservadurismo religioso o la habilidad de determinados dirigentes.
La cuestión decisiva no es solamente quién gana una elección. Es si la clase trabajadora puede construir una fuerza política propia, capaz de disputar el poder económico y político a la burguesía.
1. Lula y el pacto con la burguesía
La llegada de Lula a la presidencia en 2003 fue el resultado de décadas de organización sindical, luchas sociales y expectativas populares. Millones de trabajadores identificaron al PT con la posibilidad de conquistar una vida digna después de generaciones de pobreza y desigualdad.
Los gobiernos petistas impulsaron políticas sociales que mejoraron las condiciones de vida de sectores empobrecidos, ampliaron el acceso al consumo y elevaron los ingresos de una parte de la población. Ignorar esas conquistas sería tan equivocado como convertirlas en una justificación de toda la estrategia del PT.
El problema fue el marco político y económico en el que se desarrollaron. El lulismo buscó conciliar los intereses de los trabajadores con los de los grandes empresarios, los bancos y el agronegocio. Las mejoras sociales debían convivir con la rentabilidad del capital y con las instituciones fundamentales del Estado burgués.
Mientras la economía crecía y existían recursos para distribuir, esa fórmula podía sostener cierta estabilidad. Sin embargo, las conquistas dependían de una correlación de fuerzas que no transformó de manera duradera quién controlaba la inversión, el crédito, la tierra y los principales resortes de la economía.
El PT no construyó una estrategia orientada a que los trabajadores tomaran el control democrático de esas estructuras. Su prioridad fue demostrar que era posible gobernar el capitalismo de manera socialmente más inclusiva, manteniendo acuerdos con sectores de la clase dominante.
Esa decisión tuvo consecuencias. Para conservar las alianzas gubernamentales, la movilización popular debía mantenerse dentro de límites compatibles con la estabilidad política. La fuerza social que había llevado al PT al poder no se convirtió en un instrumento organizado para imponer transformaciones estructurales.
La contradicción era evidente: los trabajadores eran la base social del proyecto, pero sus reivindicaciones no debían llegar al punto de poner en cuestión los intereses de quienes sostenían económicamente el orden existente.
El reformismo no fracasa simplemente porque sus dirigentes sean incapaces de cumplir promesas. Su límite más profundo aparece cuando las conquistas dependen de la continuidad de un sistema cuyos principales beneficiarios tienen capacidad para retirarlas, bloquearlas o subordinarlas a sus intereses.
2. Dilma Rousseff y la crisis del proyecto petista
La crisis económica y política que se profundizó durante el segundo gobierno de Dilma Rousseff expuso esas contradicciones. La desaceleración económica, la recesión, los conflictos entre el Gobierno y sectores empresariales, y el deterioro de las alianzas parlamentarias debilitaron al PT.
Las movilizaciones de junio de 2013 ya habían mostrado un malestar social que desbordaba los mecanismos tradicionales de representación. Una parte importante de la población reclamaba mejores servicios públicos, transporte accesible y una vida menos precaria. La derecha consiguió intervenir en ese escenario, pero el descontento no nació exclusivamente de su acción: también expresaba frustraciones acumuladas frente a las limitaciones de los gobiernos petistas.
Tras la reelección de Dilma en 2014, el giro hacia medidas de austeridad erosionó todavía más la confianza de sectores populares. El Gobierno intentó recuperar la confianza de los mercados y estabilizar sus alianzas, pero pagó el precio de frustrar a una parte de su propia base social.
En 2016, la destitución de Dilma mediante el impeachment abrió el camino al gobierno de Michel Temer y a una ofensiva contra derechos laborales y políticas sociales. El proceso fue profundamente controvertido y significó una derrota política para el PT, aunque no supuso una ruptura revolucionaria del orden estatal: las instituciones capitalistas continuaron funcionando y sus sectores dominantes reacomodaron sus alianzas.
La lección es fundamental. El PT había demostrado que podía administrar el Estado y negociar con sectores de la burguesía, pero no había construido una fuerza social autónoma capaz de impedir que esos mismos sectores abandonaran el pacto cuando lo consideraron conveniente.
El problema no fue solamente que Dilma perdiera el Gobierno. Fue que la clase trabajadora no contaba con una organización política y social suficientemente fuerte para imponer una salida propia a la crisis.
3. Temer: la oportunidad que la izquierda no logró convertir en una ofensiva
El gobierno de Temer avanzó con medidas que golpearon las condiciones de vida de los trabajadores. La reforma laboral de 2017 debilitó garantías y amplió la flexibilidad de las relaciones laborales. La enmienda constitucional conocida como techo de gasto limitó durante años el crecimiento del gasto federal primario y condicionó la financiación de servicios públicos.
La resistencia no fue inexistente. La huelga general del 28 de abril de 2017 mostró que existía una capacidad considerable de movilización. Sin embargo, aquella demostración no se convirtió en una ofensiva sostenida capaz de bloquear el conjunto de las contrarreformas y alterar de manera duradera la relación de fuerzas.
La fragmentación sindical, la falta de continuidad de las movilizaciones y la subordinación de una parte de la estrategia opositora al calendario electoral contribuyeron a esa derrota.
El PT concentró buena parte de sus esfuerzos en reconstruir su viabilidad electoral. Pero una elección futura no podía sustituir la necesidad inmediata de impedir que se consolidaran las contrarreformas. La resistencia requería coordinación permanente en los centros de trabajo, asambleas, un plan de lucha y una movilización capaz de superar las divisiones entre organizaciones.
¿Habría caído Temer si la huelga general se hubiera prolongado? ¿Se habría evitado la victoria de Bolsonaro en 2018? No es posible afirmarlo como una certeza histórica. Sí puede sostenerse que una derrota contundente de las contrarreformas habría modificado la relación de fuerzas, fortalecido a los trabajadores y reducido el margen de maniobra de los sectores que impulsaban esa agenda.
La derrota de 2017 no fue solamente una derrota sindical. Mostró la distancia entre la capacidad de movilización existente y una estrategia política dispuesta a llevarla hasta sus últimas consecuencias.
La izquierda no puede limitarse a convocar a la resistencia cuando los ataques son más graves. Necesita construir una alternativa que permita pasar de las protestas defensivas a la disputa por quién dirige la sociedad y en beneficio de quién se organiza la economía.
4. El PT y el PCdoB: reconstruir la alianza antes que el poder de los trabajadores
El PT y el Partido Comunista de Brasil (PCdoB) respondieron a la crisis priorizando la reconstrucción de una alianza electoral amplia. Su objetivo era recuperar el Gobierno, frenar a la derecha y defender las instituciones democráticas frente a los retrocesos.
La amenaza autoritaria de la derecha es real y no debe minimizarse. Sin embargo, el problema estratégico consiste en determinar qué fuerzas sociales dirigen esa unidad y qué programa establece sus límites.
Cuando la alianza se construye alrededor de la recuperación del Gobierno y de acuerdos con sectores empresariales, las reivindicaciones de los trabajadores quedan subordinadas a la necesidad de mantener la coalición. Las demandas que incomodan a los aliados económicos pueden posponerse en nombre de la gobernabilidad.
El PCdoB acompañó durante años la estrategia de alianzas del PT y defendió la unidad de las fuerzas democráticas y progresistas. Esa orientación puede servir para reunir votos, pero no resuelve por sí misma la cuestión de cómo organizar a los trabajadores para enfrentarse a los intereses materiales que sostienen la desigualdad.
El dilema no es elegir entre unidad y división en abstracto. Es decidir qué clase social imprime el contenido de esa unidad. Una coalición que reúne a trabajadores, sectores populares y fracciones de la burguesía puede alcanzar objetivos electorales, pero difícilmente podrá avanzar hasta el punto de cuestionar de manera consecuente el poder económico de sus propios aliados.
La experiencia brasileña muestra que recuperar la presidencia no equivale a conquistar el poder social necesario para transformar las relaciones de producción. Sin una organización política y social capaz de actuar con autonomía, el Gobierno queda sometido a las presiones de los empresarios, el Congreso, el aparato estatal y los mercados financieros.
5. El PSOL y el giro hacia el lulismo: de la ruptura a la subordinación
La trayectoria del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) merece una crítica particular, porque su nacimiento expresó precisamente una ruptura con la adaptación del PT al orden capitalista.
El PSOL surgió en 2004, impulsado por militantes y dirigentes expulsados del PT tras oponerse, entre otras cuestiones, a la reforma de las pensiones promovida por el primer gobierno de Lula. Su aparición expresaba una conclusión política importante: no bastaba con mantener una identidad de izquierda mientras se respaldaban medidas que contrariaban las reivindicaciones de los trabajadores.
Sin embargo, con el paso de los años, una parte decisiva de la dirección del PSOL fue desplazando el centro de su estrategia. La prioridad de construir una alternativa propia quedó cada vez más subordinada a la formación de un frente electoral cuyo eje era el PT.
El argumento que justifica ese giro es conocido: frente al crecimiento de la extrema derecha, la tarea urgente consiste en unir a todas las fuerzas democráticas alrededor de Lula. El peligro que representa el bolsonarismo es real, pero convertir esa amenaza en el principio organizador permanente de toda la política de izquierda tiene un coste: la crítica al lulismo pasa a considerarse una molestia, una división innecesaria o incluso una ayuda indirecta a la derecha.
El apoyo del PSOL a Lula en las elecciones de 2022 puede entenderse en el contexto de la confrontación con Bolsonaro. Pero lo que exige una discusión más profunda es la transformación de esa decisión coyuntural en una orientación estratégica. Cuando la prioridad electoral se convierte en una subordinación política duradera, la organización deja de construir una alternativa y comienza a gravitar alrededor de la estrategia del partido al que originalmente cuestionaba.
El giro hacia el lulismo se expresa en la progresiva aceptación de que el horizonte político de la izquierda consiste en sostener un Gobierno de conciliación entre clases, presionarlo desde dentro y evitar que sus contradicciones debiliten la unidad electoral. Pero una organización que nació denunciando los límites del PT corre el riesgo de convertirse en un apéndice crítico de ese mismo proyecto: conserva un lenguaje socialista, mantiene diferencias programáticas y puede defender reivindicaciones importantes, pero termina colocando su fuerza política al servicio de una estrategia cuyo centro no controla.
La contradicción es particularmente grave porque el PSOL dispone de militantes, cuadros y representantes con capacidad para intervenir en luchas sociales. Esa presencia podría contribuir a organizar una alternativa de masas. Sin embargo, cuando la principal prioridad se convierte en garantizar la continuidad electoral del lulismo, la construcción de esa alternativa queda relegada a un futuro indefinido.
El apoyo oficial del PSOL a Lula en 2026 vuelve a plantear esa contradicción. No se trata de negar que una segunda vuelta contra la familia Bolsonaro suponga un peligro para los derechos democráticos y sociales. Se trata de preguntarse por qué una organización que nació para superar los límites del PT termina colocando nuevamente su fuerza política detrás de una candidatura petista, sin que esa decisión resuelva el problema de construir una alternativa independiente de la conciliación con el capital.
La crítica no consiste en exigir que el PSOL rechace cualquier frente común con otras fuerzas. La unidad contra ataques concretos a los trabajadores puede ser necesaria y legítima. El problema es transformar esa unidad limitada en una subordinación política general, en la que las necesidades de la candidatura presidencial determinan las posibilidades de crítica, movilización y organización.
Tampoco basta con señalar que el PSOL no logró reemplazar al PT como principal fuerza de izquierda. La pregunta más importante es por qué, después de denunciar durante años la adaptación petista, terminó acercándose a la misma lógica de conciliación que justificó su nacimiento.
Si el PSOL ayuda a sostener un Gobierno que negocia con sectores empresariales, pero no construye una fuerza social capaz de imponer transformaciones estructurales, ¿qué alternativa estará disponible cuando ese Gobierno vuelva a enfrentarse a una crisis? Si la respuesta vuelve a ser pedir paciencia, moderar las reivindicaciones y esperar la siguiente elección, el partido reproducirá el círculo que pretendía romper.
Esta adaptación no convierte automáticamente al PSOL en idéntico al PT. Existen diferencias internas, posiciones críticas y militantes que defienden una orientación socialista más consecuente. Pero esas diferencias solo podrán tener consecuencias históricas si se traducen en una estrategia capaz de organizar luchas, conquistar influencia entre los trabajadores y disputar la dirección política de la izquierda.
El PSOL no puede limitarse a ser la conciencia crítica de un Gobierno dirigido por el PT. Si renuncia a construir una alternativa propia cada vez que la polarización electoral exige cerrar filas, terminará ayudando a perpetuar la misma dependencia política que originalmente pretendía superar.
6. El PSTU: una crítica revolucionaria que no logró convertirse en dirección de masas
El Partido Socialista de los Trabajadores Unificado (PSTU) mantuvo una crítica más frontal al reformismo y defendió una orientación socialista revolucionaria. Su rechazo tanto al gobierno de Dilma como a Temer intentó expresar que la oposición a la derecha no debía convertirse en respaldo político al PT.
Sin embargo, una posición programática correcta no se transforma por sí sola en una fuerza capaz de dirigir a millones de trabajadores. La distancia entre la crítica revolucionaria y la influencia real en el movimiento obrero sigue siendo un problema central.
No basta con denunciar la conciliación de clases, defender la autonomía de las organizaciones obreras o repetir la necesidad de una revolución socialista. Es necesario intervenir en las luchas concretas, construir organización estable, ganar confianza entre trabajadores que no comparten de antemano todas las conclusiones revolucionarias y demostrar, en la práctica, cómo una política distinta puede responder a sus necesidades inmediatas.
La debilidad del PSTU muestra un problema que excede a esa organización: una izquierda puede conservar una identidad revolucionaria y, aun así, permanecer demasiado lejos de los sectores sociales a los que pretende representar. La radicalidad del programa debe medirse también por su capacidad de convertirse en una fuerza colectiva, no solo por la contundencia de sus declaraciones.
La alternativa revolucionaria requiere combinar la denuncia del reformismo con una política concreta de organización, intervención y disputa por la dirección de las luchas.
7. Bolsonaro: una reacción que no era inevitable
El ascenso de Jair Bolsonaro no puede explicarse como resultado exclusivo de los errores del PT. También intervinieron la reorganización de la derecha, el crecimiento de sectores conservadores, la crisis económica, la actuación de las instituciones judiciales, la polarización social y la capacidad de Bolsonaro para presentarse como expresión de ruptura con el sistema político.
La exclusión de Lula de la elección de 2018 fue otro factor decisivo en aquel escenario. La combinación de esos elementos abrió un espacio que la derecha radical consiguió ocupar.
Pero reconocer esa complejidad no elimina la responsabilidad política del reformismo. Una izquierda que no transforma las expectativas populares en una fuerza social capaz de imponer cambios deja a millones de personas expuestas a la frustración. La derecha puede aprovechar ese vacío, canalizar el descontento contra los trabajadores organizados y presentar como solución autoritaria lo que en realidad es una crisis social producida por el capitalismo.
La ultraderecha no necesita resolver las contradicciones del sistema. Puede crecer explotando sus consecuencias, culpando a los sectores más vulnerables, atacando a los sindicatos y ofreciendo una salida nacionalista y autoritaria a quienes han perdido confianza en las instituciones.
La experiencia brasileña demuestra que las mejoras sociales son importantes, pero no bastan para asegurar una transformación duradera. Cuando esas conquistas no están acompañadas por una organización capaz de defenderlas y ampliarlas, pueden quedar expuestas a la reacción política.
Esto no significa que el PT haya creado por sí solo a Bolsonaro, ni que las políticas reformistas conduzcan necesariamente al fascismo. Significa que la conciliación con el capital puede desmovilizar a la clase trabajadora y debilitar la capacidad de la izquierda para responder cuando la derecha pasa a la ofensiva.
8. De la resistencia a una alternativa revolucionaria
La lección no puede ser simplemente que la izquierda debe volver a ganar elecciones, mejorar su comunicación o encontrar una candidatura más atractiva. Esas cuestiones pueden tener importancia, pero no sustituyen la necesidad de transformar la relación de fuerzas en la sociedad.
Una alternativa revolucionaria tendría que comenzar por fortalecer la organización democrática de los trabajadores en sus lugares de trabajo, barrios y centros de estudio. Las huelgas, las movilizaciones y las luchas contra las contrarreformas necesitan mecanismos permanentes de coordinación, asambleas capaces de decidir los pasos siguientes y representantes elegidos y revocables por quienes participan en ellas.
También requiere que las organizaciones sindicales dejen de actuar como simples instrumentos de negociación subordinados a los calendarios gubernamentales. Deben poder organizar la resistencia incluso cuando un Gobierno de izquierda pide moderación para conservar sus alianzas.
En el terreno político, esa estrategia exige un programa que vincule las necesidades inmediatas con la transformación de las estructuras económicas: empleo digno, reducción de la jornada laboral sin rebaja salarial, servicios públicos de calidad, defensa de las pensiones, reforma agraria y control democrático de los sectores estratégicos de la economía.
No se trata de presentar una lista de demandas y esperar que un Gobierno las conceda. Se trata de construir la fuerza social necesaria para imponerlas y avanzar hacia una sociedad en la que las grandes decisiones económicas no dependan de la rentabilidad privada, sino de las necesidades colectivas.
Esa perspectiva requiere también una discusión franca entre las corrientes de la izquierda brasileña. El PT y el PCdoB deben responder por los límites de su estrategia de conciliación. El PSOL debe afrontar la contradicción entre sus orígenes críticos y su progresiva subordinación al lulismo. El PSTU, por su parte, necesita abordar cómo superar la distancia entre su programa revolucionario y su limitada capacidad para convertirse en una dirección reconocida por amplios sectores de la clase trabajadora.
Ninguna de estas tareas se resuelve mediante una declaración de principios. Se resuelven en la práctica, construyendo organización, ganando confianza y demostrando que existe una salida distinta tanto de la administración reformista del capitalismo como de la reacción ultraderechista.
No basta con administrar el capitalismo para frenar a la ultraderecha
La historia reciente de Brasil plantea una advertencia para toda la izquierda latinoamericana. El PT logró conquistas sociales reales, pero su estrategia de conciliación con la burguesía no transformó las relaciones fundamentales de poder. Cuando la crisis destruyó las condiciones que sostenían aquel equilibrio, los sectores dominantes pudieron abandonar el pacto y avanzar contra derechos conquistados.
El PCdoB acompañó esa orientación. El PSOL, que nació de una ruptura con el PT, fue acercándose a la estrategia lulista hasta convertir el apoyo electoral al proyecto de Lula en una prioridad central. El PSTU mantuvo una crítica revolucionaria, pero no consiguió convertirla en una fuerza capaz de dirigir a las grandes mayorías trabajadoras.
Sus responsabilidades no son idénticas, pero todas estas experiencias plantean una cuestión estratégica: ¿cómo construir una izquierda que no se limite a administrar las contradicciones del capitalismo ni permanezca al margen de las luchas reales?
La ultraderecha crece cuando logra capitalizar el descontento y cuando los trabajadores carecen de una alternativa propia con fuerza suficiente para disputar el rumbo de la sociedad. Por eso, frenar su avance exige defender los derechos democráticos y sociales, pero también construir una fuerza capaz de enfrentarse a las estructuras económicas que reproducen la desigualdad y la explotación.
La segunda vuelta de este domingo vuelve urgente ese debate. Pero la historia brasileña no se resolverá únicamente en las urnas, cualquiera que sea el resultado. La tarea estratégica consiste en convertir la resistencia dispersa en organización colectiva, y esa organización en una alternativa política de la clase trabajadora.
La disyuntiva histórica no es entre resignarse a la derecha o aceptar que el reformismo constituye el único horizonte posible. Es construir una fuerza capaz de defender cada conquista sin renunciar a transformar las relaciones de poder que permiten arrebatárnosla.
