Entrevista a Sergio Grez
Por Arturo Castro
Le Monde Diplomatique
Santiago, 25/10/2026
A siete años del estallido social de octubre de 2019, el historiador Sergio Grez Toso reflexiona sobre las causas del repliegue de los movimientos sociales y los límites de los procesos constitucionales. Especialista en historia del movimiento obrero y los sectores populares, analiza las tensiones entre organización social, autonomía política e institucionalidad, y los desafíos que enfrenta la reconstrucción del tejido social en Chile.
• De la movilización masiva al repliegue social.
Arturo Castro (AC): El estallido social de 2019 movilizó a sectores muy diversos de la sociedad chilena, pero esa capacidad de convocatoria no se tradujo en una fuerza social sostenida de la misma magnitud. Desde su perspectiva como historiador de los movimientos populares, ¿cómo explica esa dificultad para transformar una movilización masiva en un proceso de organización social permanente?
Sergio Grez (SG): Para explicar la dificultad de traducir la masividad de la rebelión popular en un entramado de organización social permanente de gran potencialidad, debo recurrir a las herramientas analíticas que he venido desarrollando a lo largo de mis intervenciones desde los primeros días de la sacudida de octubre de 2019.
Lo primero que debo precisar, desde mi condición de historiador de los movimientos populares, es la necesidad de despejar las categorías conceptuales con las que se ha intentado nombrar este hito. Para caracterizar rigurosamente lo ocurrido, debemos descartar en primer lugar el concepto de “estallido social”. Las explosiones son por definición ruidosas, pero efímeras; provocan estrépito y se extinguen rápido. Reducir este fenómeno a un simple estallido o a meros “disturbios” es una operación que licúa su densidad política. En segundo lugar, considero insuficiente el término “revuelta”. Aunque las revueltas implican un desafío agudo al orden público y una abierta impugnación de la autoridad, suelen quedar circunscritas a la protesta callejera espontánea, sin lograr cuajar en una propuesta de transformación estructural del modelo de dominación. En tercer lugar, debemos desestimar la noción de “revolución”, un concepto levantado con pánico por la extrema derecha o con excesivo voluntarismo por ciertos sectores de izquierda. No fue una revolución —ni siquiera una de carácter abortado— por la sencilla razón de que la acción colectiva carecía de una dirección política organizada, de un programa revolucionario nítido, de la intención explícita de tomar el poder estatal y de un “estado mayor” capaz de conducir las fuerzas populares hacia ese objetivo.
Descartadas estas tres posibilidades, opto por la categoría de rebelión popular. He utilizado este concepto porque da cuenta de un alzamiento ciudadano masivo y prolongado que impugnó de manera directa las bases mismas de la dominación económica, social y política del capitalismo neoliberal. Se trató de un movimiento portador de ideas antineoliberales y profundamente crítico de la democracia restringida, tutelada y de baja intensidad que padecemos desde 1990. Al cuestionar tanto el modelo económico como dicha institucionalidad heredada, esta acción colectiva operó como una fuerza destituyente que puso en jaque la legitimidad de toda la casta política y de sus mandantes de la clase dominante.
Esta dificultad para sostener orgánicamente la potencia de una movilización masiva no es un fenómeno inédito, sino una constante que se devela al examinar la historia de los movimientos populares chilenos bajo la perspectiva de la larga duración. La tensión entre el desborde callejero autónomo y la domesticación a través de un cerco institucional reproduce patrones históricos recurrentes. Un paralelo ineludible se encuentra en las coyunturas críticas de las décadas de 1920 y 1930, específicamente en el proceso que condujo a la imposición de la Constitución de 1925 bajo el régimen de Arturo Alessandri Palma y el posterior control del descontento mediante la legislación laboral y la cooptación estatal. En aquel periodo, la vigorosa autonomía y la capacidad de resistencia del movimiento obrero de principios del siglo XX —forjada por sociedades en resistencia, mancomunales, sindicatos de base y confederaciones sindicales— terminaron subordinadas a una institucionalidad jurídica dictada por el bloque hegemónico para canalizar y pacificar el conflicto social. De igual manera, un fenómeno de repliegue y vaciamiento organizativo similar se experimentó durante la transición pactada de los años 90 del siglo pasado. Tras la masiva e intensa movilización de las Jornadas de Protesta Nacional de los años 80 contra la dictadura civil y militar, las estructuras populares territoriales, sindicales y el movimiento de pobladores sufrieron un drástico proceso de desmovilización. La naciente institucionalidad postdictatorial, gestionada por la Concertación en connivencia con la derecha pinochetista, operó como un eficaz dispositivo de contención que escindió la deliberación política de las bases, desmantelando el tejido social autónomo a cambio de una delegación pasiva en los partidos del orden y la administración del modelo subsidiario. Lo ocurrido en octubre de 2019, por tanto, se inscribe en esa misma trayectoria histórica de tensiones entre la potencia destituyente de las masas y los recurrentes mecanismos de domesticación con los que el Estado chileno históricamente restablece el orden burgués.
A pesar de sus debilidades, esta rebelión popular se extendió por cinco meses hasta que la pandemia de Covid-19 la terminó por frenar en marzo de 2020. Sin embargo, la masividad inicial tendió una trampa al proyectar una falsa ilusión de homogeneidad. En las calles confluyó un sujeto social profundamente heterogéneo y pluriclasista, marcado en muchos casos por el individualismo colectivo inoculado por décadas de neoliberalismo. Al ser un alzamiento desordenado e impulsado por el espontaneísmo, operó bajo una fragmentación de demandas particulares —regionales, estudiantiles, ambientales, feministas, vecinales, identitarias— que muchas veces resultaban inconexas o contradictorias entre sí. Esta falta de dirección centralizada, o al menos de coordinación o articulación mínima, funcionó al principio como una fortaleza táctica, ya que el aparato represivo del Estado no podía descabezar a miles de focos autónomos. Sin embargo, a mediano plazo se transformó en una debilidad catastrófica.
En el momento clave, cuando la casta política logró superar el desconcierto inicial y urdió el “Acuerdo por la Paz Social y la nueva Constitución” del 15 de noviembre para sacar a las masas de las calles, el bando popular se desgastó y terminó replegándose por el cansancio y las restricciones sanitarias. Este repliegue no puede explicarse únicamente desde la eficacia de la ingeniería política enemiga. La clase dominante no inventó de la nada este desvío; simplemente leyó con notable lucidez las debilidades estructurales y la inorgánica de la rebelión, operando sobre un vacío político que el bando popular fue incapaz de llenar debido a sus propios límites históricos. En definitiva, la causa principal de la derrota provino de las propias incapacidades, debilidades y limitaciones internas de las bases, donde el fetichismo del espontaneísmo callejero y la ausencia de un programa unificado impidieron transformar la potencia destituyente en una alternativa de poder real. A este cuadro se sumó la débil presencia organizada de la clase trabajadora desde sus propios centros laborales, cuya fragmentación y dispersión fueron profundizadas y consolidadas bajo la institucionalidad de la posdictadura desde 1990. Al concurrir los trabajadores de manera masiva pero desarticulada, desprovistos de organismos de clase capaces de coordinar una huelga general que paralizara efectivamente la economía, el marco noviembrista funcionó como un torniquete eficaz porque encontró a un sujeto social atomizado, que agotó su energía en la calle sin haber construido las estructuras organizativas y políticas necesarias para sostener su propia movilización. El andamiaje institucional logró escindir al movimiento, separando la lucha callejera de la deliberación política y trasladando el conflicto desde las calles y plazas públicas hacia los salones institucionales controlados por los partidos tradicionales, instalando la Convención Constitucional como una poderosa ilusión que adormeció la capacidad de movilización independiente de las masas.
Al reflexionar sobre estos límites, es sumamente pertinente entablar un debate político de carácter fraternal con compañeros del campo popular como Javier Bertin, a quien conocí y con el cual compartí en las intensas deliberaciones de uno de los cabildos territoriales donde me tocó participar activamente durante la primavera de 2019. Bertin sostiene, en un análisis publicado el recién pasado 18 de octubre en la edición chilena de Le Monde Diplomatique, que considerar el Acuerdo del 15 de noviembre como el factor determinante en el apagamiento del proceso es un «mito sin autocrítica» de la izquierda. Su argumentación señala que la energía popular persistió con vitalidad organizativa en asambleas, comunidades e hitos político-culturales durante varios meses posteriores a esa firma. Valoro y asimilo de su postura algunos elementos referidos a las debilidades internas de la rebelión que resultan plenamente compatibles con mi análisis: es innegable que el movimiento adoleció de lo que él llama un «canibalismo político», expresado en disputas facciosas y desconfianzas sectarias que terminaron por agotar las coordinaciones territoriales. Asimismo, coincido con él en que la incapacidad de la izquierda social para procesar la diversidad y trabajar de manera articulada en ausencia de una plataforma común facilitó que las distintas identidades sectoriales bajaran sus banderas colectivas para replegarse en sus demandas particulares. Sin embargo, no suscribo su tesis central, pues considero un error de ponderación relativizar el impacto del Acuerdo del 15 de noviembre. El cerco institucional no requería apagar la actividad de los cabildos de la noche a la mañana; su éxito radicó en privar a esa actividad de su potencia destituyente original, subordinándola a la legalidad del poder constituido.
Esta subordinación se hizo palmaria en la persistencia de las ilusiones constitucionales que permearon incluso a los sectores más radicales que ingresaron a la primera Convención. Fue precisamente para combatir este cerco institucional que, el 19 de agosto de 2021, expuse junto a Carlos Pérez Soto una propuesta ante una subcomisión de dicho organismo en representación del Foro por la Asamblea Constituyente. Es fundamental precisar que aquella intervención fue una comparecencia estrictamente puntual y aislada. Se trató de una audiencia de carácter único que no buscaba validar el diseño tutelado de la instancia ni integrarse a su dinámica ordinaria**, sino levantar un intento** de interpelación táctica desde afuera para abrir una grieta en su estructura, tendiendo así un puente con los sectores críticos en su interior. Planteamos formalmente la necesidad de establecer plebiscitos intermedios dirimentes para que el quórum de los dos tercios —ese cerrojo noviembrista impuesto para asegurar el veto de las minorías oligárquicas— pudiera ser destrabado devolviendo la soberanía directa al pueblo. La posterior desestimación de esta iniciativa por parte de las mayorías reformistas de la propia Convención —casi sin resistencia de la izquierda de ese espacio— confirmó nuestra tesis de que los propios constituyentes optaron por la capitulación antes que por apoyarse en la movilización de masas.
Esta claudicación forzó una delegación pasiva y desarmada frente a la institucionalidad del Estado. Al carecer de un timón estratégico, el movimiento popular diluyó su fuerza callejera en el laberinto de las reglas del adversario, clausurando de manera temprana la potencia original de la sacudida de octubre y pavimentando un ciclo de reflujo cuyas consecuencias institucionales marcarían los años siguientes.
• La relación entre los movimientos sociales y la política institucional
(AC): Usted ha estudiado históricamente las tensiones entre la autonomía del movimiento popular y su relación con los partidos políticos y el Estado. A partir de esa perspectiva, ¿hasta qué punto el ingreso de las demandas del estallido a la institucionalidad —especialmente mediante los procesos constitucionales— contribuyó a debilitar la capacidad de organización y movilización de los sectores populares?
(SG): El ingreso de las demandas populares a la vía institucional trazada por el Acuerdo del 15 de noviembre no fue un triunfo, sino un desvío, un mecanismo de domesticación y una trampa fríamente diseñada por las élites para neutralizar al pueblo que se manifestaba en las calles y deliberaba en cabildos y asambleas territoriales. La rebelión popular y el proceso constituyente mantuvieron una relación intrínsecamente contradictoria. El llamado Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución del 15 de noviembre de 2019 fue un pacto de la casta parlamentaria —desde la extrema derecha hasta el Frente Amplio— cuyo objetivo explícito fue salvar al gobierno de Sebastián Piñera, impidiendo el despliegue del poder constituyente originario para imponer una soberanía tutelada y controlada desde el poder constituido del Congreso Nacional.
El “progresismo” hizo suyo este esquema. Incluso dentro de la Convención Constitucional, sectores que se decían críticos terminaron sometiéndose a las reglas del poder constituido, reafirmando el quórum de los dos tercios y descartando los plebiscitos intermedios que habrían devuelto la voz al pueblo. En este proceso de contención y resguardo de la institucionalidad burguesa, el papel de los partidos autodefinidos como de izquierda y centro izquierda fue fundamental para la continuidad sistémica. Lejos de actuar como fuerzas rupturistas, operaron como los bomberos del modelo: el Frente Amplio firmando el Acuerdo del 15 de noviembre para salvar a la administración de la época, y el Partido Comunista validando el desvío constitucional, integrándose plenamente al aparato gubernamental durante el gobierno de Boric para culminar la “normalización” y administrar el Estado subsidiario con pequeños retoques.
Tras el triunfo del Rechazo en 2022, asistimos a una radicalización reaccionaria a través del segundo proceso constitucional, empujado y validado por el gobierno de Gabriel Boric y sus partidos, el cual despojó por completo a la ciudadanía de su soberanía formal mediante filtros legislativos profundamente antidemocráticos: una comisión de expertos designada a dedo por los partidos del orden, un Consejo Constitucional acotado y un Comité Técnico de Admisibilidad encargado de vigilar que no se alteraran las bases del sistema. La instalación de este proceso con mayoría republicana desnudó la capitulación del progresismo frente a la ultraderecha.
El gobierno de Gabriel Boric —suerte de Concertación 3.0— representó la continuidad y el perfeccionamiento del gatopardismo sistémico que caracterizó a los gobiernos concertacionistas entre 1990 y 2010 y al gobierno de la Nueva Mayoría (Concertación 2.0) entre 2014 y 2018. Esta administración asumió por completo la tarea de gestionar el capitalismo neoliberal, aplicando las agendas de seguridad de la derecha, militarizando el Wallmapu bajo estados de excepción constitucionales permanentes y aprobando proyectos extractivistas que benefician al gran empresariado. Su gestión eminentemente conservadora, sin la menor transformación estructural ni alteración de las bases de la desigualdad, no da ni siquiera para considerarlo como un gobierno reformista, sino simplemente como un gobierno de centroderecha cuyo rol fue culminar la normalización sistémica, neutralizar a los movimientos populares y pavimentar el camino a la extrema derecha.
Este proceso de domesticación no ocurrió por un simple engaño de la casta política, sino que contó con el consentimiento de sectores del bando popular que, desprovistos de herramientas orgánicas autónomas, buscaron un atajo en la representación institucional. Debemos reconocer con rigor que el tránsito hacia la vía constitucional evidenció las profundas limitaciones estructurales de los propios movimientos sociales, los cuales terminaron validando las reglas del juego del adversario. Incluso los intentos de ruptura desde el interior chocaron con los muros de un diseño tramado para la contención. El gran aprendizaje de este hito es que disputar desde adentro un marco condicionado de antemano por el poder constituido, sin una correlación de fuerzas real en el exterior, conduce inevitablemente a la cooptación y al vaciamiento de la potencia independiente de las masas. En síntesis, esta subordinación a los canales controlados por la casta política terminó por anular la fuerza independiente de los trabajadores y los sectores populares, privando una vez más a la ciudadanía de su derecho a ejercer la soberanía.
Este proceso de domesticación no ocurrió por un simple engaño de la casta política, sino que contó con el consentimiento de sectores del bando popular que, desprovistos de herramientas orgánicas autónomas, buscaron un atajo en la representación institucional. Debemos reconocer con rigor que el ingreso a la vía constitucional reflejó las profundas limitaciones estructurales de los propios movimientos sociales, los cuales terminaron validando las reglas del juego del adversario. Incluso los intentos de ruptura desde el interior chocaron con los muros de un diseño tramado para la contención. El gran aprendizaje de este hito es que disputar desde adentro un marco condicionado de antemano por el poder constituido, sin una correlación de fuerzas real en el exterior, conduce inevitablemente a la cooptación y al vaciamiento de la potencia independiente de las masas. En síntesis, puede decirse que el ingreso a estas vías institucionales controladas por la casta política terminó por vaciar la fuerza independiente de los sectores populares, privando una vez más a la ciudadanía de su derecho a ejercer la soberanía.
• Aprendizajes históricos y desafíos futuros
(AC): Desde una perspectiva histórica, ¿qué aprendizajes nos deja el estallido social de octubre de 2019 sobre la importancia de las organizaciones sociales y la participación ciudadana para impulsar cambios duraderos en la sociedad chilena?
(SG): Esta experiencia, que se inscribe en la línea de una larga historia de frustraciones de las esperanzas populares, nos indica que las clases dominantes en Chile siempre han monopolizado la soberanía y que están dispuestas a todo con tal de conservar el poder y sus privilegios de clase. La trayectoria histórica de larga duración demuestra de manera irrefutable que las protestas pacíficas, ordenadas, respetuosas y canalizadas institucionalmente no suelen ser escuchadas por el poder. El poder político y económico solo se siente realmente amenazado y cede cuando se desbordan sus márgenes y se altera la correlación práctica de fuerzas en la calle, tal como podría estar ocurriendo en este nuevo octubre en varios países europeos.
Chile sigue viviendo bajo el peso de una herencia institucional administrada y perfeccionada por la vieja Concertación, la derecha y el “progresismo” surgido tras el fin de la dictadura. Es en este marco donde el poder y sus medios de comunicación despliegan una intensa campaña de deslegitimación y criminalización del “octubrismo”. Esta “verdad oficial” busca reducir la potencia de la rebelión popular a un mero acto de vandalismo o delincuencia, con el propósito político central de ocultar que el 18 de octubre constituyó un cuestionamiento de fondo a la totalidad del modelo económico neoliberal y a la democracia tutelada heredada y perfeccionada en los últimos treinta y seis años.
Este fenómeno se conecta directamente con el hecho de que Chile carece por completo de una buena tradición constitucional. A lo largo de nuestra historia republicana, ninguna carta fundamental ha sido el resultado de una deliberación democrática, libre y soberana del pueblo; por el contrario, los textos del siglo XIX y XX fueron impuestos a través de la fuerza o el fraude, siempre bajo el control absoluto de las clases dominantes. Por lo tanto, debemos sacarnos de encima el fetiche constitucional. Las frases inscritas en una carta fundamental son letra muerta si no existe una fuerza material que las haga exigibles; la Constitución real de una sociedad es la correlación de fuerzas materiales, por lo que las luchas sociales persistirán con o sin una nueva Constitución.
El fetiche constitucional se desmoronó estrepitosamente con el triunfo del Rechazo el 4 de septiembre de 2022, un hito cuyas causas la izquierda social y radical debe procesar sin autoengaños ni soberbias paternalistas. Este desenlace no fue un giro ideológico hacia la derecha por parte de las masas, ni tampoco una simple manipulación mediática de las clases dominantes. La derrota se explica porque las profundas limitaciones políticas que arrastrábamos desde 2019 dejaron el escenario a merced de una Convención atrapada en disputas identitarias y performances corporativas que terminaron divorciándose del sentido común de las mayorías. Al carecer de un carácter de clase unificado, el andamiaje constituyente fragmentó las demandas populares a través de conceptos identitarios, ajenos a las urgencias materiales del pueblo. Fue precisamente allí donde operó el individualismo colectivo inoculado por décadas de neoliberalismo: al reintroducirse el voto obligatorio, millones de ciudadanos atomizados, golpeados por la crisis económica y desprovistos de una conducción política de clase, canalizaron su descontento inmediato no mediante una adhesión programática a la derecha, sino como un pragmático voto de castigo contra la gestión gubernamental de Gabriel Boric y contra una Convención que percibieron desconectada de sus prioridades cotidianas. Al no ofrecer una conducción seria ni certezas estratégicas a la clase trabajadora, la energía de la rebelión se desvió exclusivamente hacia el terreno electoral, donde el poder constituido impuso su peso, desnudando que el problema de la dirección política sigue siendo el principal nudo estratégico: sin ella, la potencia de las masas se diluye y abre paso al repliegue, a la apatía popular y a la restauración conservadora.
El gran aprendizaje es la urgencia de construir una autonomía absoluta respecto de todos los agentes de contención sistémica: el empresariado, el Estado, las iglesias, las fundaciones, las ONG y los partidos políticos institucionales que actualmente gestionan el capitalismo. El desafío no es la unificación ideológica bajo un partido único, sino la articulación de un movimiento de movimientos. Necesitamos hilar el tejido social desde abajo, levantar un programa común, antineoliberal, profundamente democratizador y con perspectiva anticapitalista. La tarea principal del momento es la reconstrucción del tejido social y del movimiento popular con autonomía absoluta respecto de los agentes sistémicos; en la fase actual no vale la pena desgastar la energía y los recursos de los movimientos populares para tratar de conquistar espacios en el espacio político institucional. La travesía del desierto será necesariamente larga, demandará muchos esfuerzos e inteligencia política para superar el actual cuadro de dispersión, fragmentación, desorientación y economicismo sectorial.
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Arturo I. Castro Martínez es profesor y Licenciado en Historia y Ciencias Sociales, Máster en Historia Contemporánea y Mundo Actual de la Universidad de Barcelona. Es parte de Nexo Ciudadano.
Sergio Grez Toso es un historiador chileno y académico de la Universidad de Chile, especializado en historia social, movimiento obrero y movimientos populares. Doctor en Historia por la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París y Director de la revista Cuadernos de Historia , es autor de importantes investigaciones sobre las luchas sociales, el anarquismo y la formación del movimiento obrero en Chile.
