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Crítica a la crítica: Jorge Arancibia y la comisión de Derechos Humanos

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CH01. SANTIAGO DE CHILE (CHILE), 10/12/2015.- Fotografías de chilenos desaparecidos durante la dictadura hoy, jueves 10 de diciembre de 2015, el Museo de la Memoria, durante el día Internacional de los Derechos Humanos en Santiago de Chile (Chile). Un total de 1.373 antiguos agentes de la dictadura de Augusto Pinochet están en manos de la Justicia chilena en condición de procesados, acusados o condenados, informaron hoy fuentes oficiales. De ese total, 495 se encuentran como procesados, 216 en calidad de acusados y 662 están condenados, 180 de ellos en sentencia de primera instancia, 138 han sido condenados en segunda instancia por una Corte de Apelaciones y 334 por sentencia definitiva dictada por la Corte Suprema. EFE/Sebastian Silva

Haydee Oberreuter, Enrique Riobó, Juan René Maureira 

Radio Universidad de Chile.  Viernes 6 de agosto 2021

Las dos cartas que han emanado del mundo de las organizaciones de derechos humanos a propósito de la problemática participación del ex Almirante Jorge Arancibia en la Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constituyente han levantado una amplia discusión que sigue en desarrollo durante el momento actual. Debido a ello, es importante hacer algunas precisiones y responder a los argumentos que se han esgrimido en defensa de su permanencia en la mencionada comisión, para tener una discusión racional que no esté basada exclusivamente en consignas o superficialidades.

En primera instancia, no está puesto en duda el lugar de Arancibia en la Convención Constituyente, ni tampoco que esté en su derecho de elegir participar de la comisión de Derechos Humanos, como él otros convencionales de su sector han insinuado. El problema va por otro lado, y dice relación con la pertinencia ética y política. Esto se argumenta en dos cuestiones fundamentales. La primera es que su trayectoria es contradictoria con principios básicos del respeto pleno a los Derechos Humanos por parte de los Estados modernos, como son los pilares de la justicia transicional: Verdad, Justicia, Memoria, Reparación y Garantías de no Repetición. La segunda es que debido a tal contradicción, su presencia resulta una provocación para el mundo social vinculado a las luchas sobre el tema, lo que inevitablemente ha obstaculizado el buen desarrollo de esta comisión, y por ende de la discusión sobre un tema tan central como los Derechos Humanos para pensar el Chile que viene.

Ciertamente, la derecha está buscando entorpecer y desprestigiar deliberadamente la Convención. Esa es una estrategia política, pero también lo es buscar los modos de destrabar una discusión a través del uso de la legalidad y los reglamentos existentes. Eso es lo que se ha hecho, y cuestionar la pertinencia de ello resulta impropio, porque implicaría cuestionar las reglas que la Convención se ha entregado a sí misma. Y por tanto estaría actuando precisamente como acusan a todos los demás de hacerlo: en contra del Estado de Derecho.

Una segunda forma en que se ha defendido al ex edecán de Pinochet es la de querer cerrar el conflicto a través de la crítica a la búsqueda por “apropiarse de los derechos humanos” como patrimonio de un sector político, lo que implicaría una suerte de discriminación a quienes son ajenos a la izquierda frente al tema. Una variante de esta posición dice relación con la crítica a quienes, desde la misma derecha, cuestionan la decisión de Arancibia. En ese caso, la acusación es de “confundirse con la izquierda”.

Este tipo de discurso busca desinformar deliberadamente, o es de una ignorancia supina. Es que, es indudable que el movimiento y las luchas por los derechos humanos han estado vinculadas a posiciones políticas de izquierda durante la historia de Chile. Esto responde tanto a necesidades históricas como políticas, como fue la defensa de la vida durante la dictadura y la búsqueda de justicia en la posdictadura. No es responsabilidad de nadie más que de la propia derecha el haber negado o justificado durante años el terrorismo de Estado; el actuar en contra de la justicia, la verdad, la memoria, la reparación y las garantías de no repetición; el entregar espacios hasta el día de hoy a idólatras de Pinochet; o el tener actitudes que banalizan el concepto como poner el grito en el cielo por violaciones a los derechos humanos en el extranjero mientras miran hacia el lado cuando ocurren en Chile.

Es más, siendo el sector gobernante durante la peor crisis de derechos humanos desde la dictadura, no han sido capaces de actuar con decisión para enfrentar este problema, sino que todo lo contrario, lo han agravado. Más aún, frente a una de las formas más superficiales e inocuas de abordar algo tan grave como el racismo, no han encontrado nada mejor que burlarse. En el caso de las luchas por los derechos de la diversidad sexual, han sacado a relucir las más atávicas ultraconservadoras ideas.

En ese sentido, criticar la “politización” de los derechos humanos desconoce la trayectoria histórica y política de dichas luchas, de las cuales este sector no solamente ha sido ajeno, sino que también contrario.

Por otro lado, usualmente en este tipo de argumentaciones se levantan falacias que buscan relativizar el concepto de los derechos humanos. Un claro ejemplo de ello existió en la discusión sobre la posibilidad de que los presos de Punta Peuco fueran liberados por razones humanitarias. Hacer pasar por una violación a los derechos humanos a la muerte en la cárcel de lujo luego de una condena por crímenes de lesa humanidad, pronunciada décadas más tarde, apegada al debido proceso, y donde además no existieron ni siquiera degradaciones de rango militar, es simplemente falsear la realidad.

Lo anterior se empalma con otra forma en que se ha buscado defender recientemente a Arancibia: mediante la teoría del empate. En este caso, se atacó a las convencionales Manuela Royo y Machi Francisca Linconao buscando hacer equivaler una trayectoria como la de Arancibia, con el rol que la primera ha jugado como abogada de diversas causas mapuche, y con la falsa acusación que sufrió la segunda a propósito del asesinato de la pareja Luchsinger – Mackay.

Aquí, existen dos cuestiones gravísimas. La primera es que se intenta anular un cuestionamiento -la presencia de Arancibia en la comisión de derechos humanos- a través de atacar a las hablantes y no a los argumentos. La segunda es que mediante la comparación se enloda a personas están íntimamente vinculadas a las causas de los derechos humanos. La Machi Linconao como víctima de violaciones a los mismos, y Manuela Royo como defensora y activista. Este camino es impropio de una discusión a la altura de las circunstancias actuales, porque la reduce a ataques personales y a falsas imputaciones.

Es precisamente para evitar aquello que es importante defender nuestra posición con argumentos sólidos y anclados en la doctrina y en las luchas por los derechos humanos, como creemos que ocurre con las cartas ya mencionadas: es importante hacer notar que la iniciativa frente a este tema la han tomado las organizaciones sociales del sector. Por lo mismo, lo que se juega aquí no es solamente la situación de Arancibia, sino que también la capacidad de construir una política que esté permeada de un modo mucho mayor por la sociedad movilizada. Esta búsqueda por una democracia más profunda es lo que está en juego, y lamentamos mucho que nuevamente, frente a la disyuntiva de abrir o cerrar espacios para ese camino, se busque hacer lo segundo mediante fórmulas mal habidas.

La posibilidad de construir un país en común pasa también por asumir las responsabilidades históricas de cómo se llegó a este punto. La actitud tozuda y destructiva que ha tomado la derecha es todo lo contrario a ello, y seguir actuando como bloque en esos términos, posiblemente los termine de condenar a la irrelevancia política.

Los autores son parte de la organización Derechos en Común

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