LA VOZ DE LOS QUE SOBRAN
Publicado por Lucía Escobar Meza | Jul 14, 2020
Un millón de test rápidos del Ministerio de Salud se encuentran guardados hace más de un mes y 800.000 de ellos nunca podrán usarse. A través de distintos organismos públicos y de registros de prensa reconstruimos la historia de la donación con la que se inauguró el Fondo Privado de Emergencia para la Salud de Chile, de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), liderada por el empresario Juan Sutil. Una historia atravesada por procedimientos inusuales y donde se habrían perdido $4.000 de los $5.700 millones gastados.
El test PCR es el único examen usado para detectar la presencia del virus Sars-CoV-2. El test rápido, en cambio, es un examen de sangre económico, que en apenas 15 minutos puede detectar anticuerpos IgM/IgG. Cuando aparecen, confirman que la persona estuvo infectada por Coronavirus y su organismo generó esos anticuerpos para defenderse. Se le considera un dispositivo de apoyo diagnóstico, que ayuda a trazar los contagios, tanto en brotes comunitarios como en personal de salud y otros oficios que se encuentran más expuestos a infectarse, motivo por lo que comenzó a ser usado por los distintos Servicios de Salud y de Atención Primaria al inicio de la pandemia.
Pero habría otro motivo de su importancia. “La seropositividad sugiere que la persona estará protegida contra el COVID-19, desconociéndose aún la efectividad y duración de esta protección”, se lee en el documento Estrategias para aumentar la detección de SARS-Cov-2 en Chile” del Consejo Asesor COVID-19, del 26 de abril.
Lo que en el mundo científico es tema de duda, en el mundo empresarial y político era claro, y central, desde mucho antes.
El 25 de marzo, cuando se lanzó el fondo, Juan Sutil explicó a CNN el destino del aporte del gremio “una de las medidas a cubrir podría ser, por ejemplo, la masificación de los exámenes inmediatos de detección del Coronavirus y agregó: “la principal preocupación que tiene la empresa y los trabajadores está en la continuidad laboral. Yo he manifestado que es importante que podamos mantener ciertos niveles de actividad”, dijo.
Sus palabras coincidían con la estrategia del Gobierno, que en ese entonces anunciaba la posibilidad de entregar un “Carnet Covid”, fundado en el supuesto de que las personas que habían superado el contagio generaban inmunidad, y podían reinsertarse a la vida laboral. La Nueva Normalidad y el test rápido parecían ir de la mano.
Un día después, el 26 de marzo, cuando en Chile se informaba de 1.306 casos de contagio y 4 muertes, el ex Ministro de Salud Jaime Mañalich anunció oficialmente que la CPC “donará los recursos para 1 millón de test rápidos”.
El examen de anticuerpos se convertía en la “prima donna” de los aportes empresariales a la pandemia, que incluían además la compra de ventiladores mecánicos; de reactivos para test PCR; iInsumos sanitarios básicos; equipos de oxigenación de alto flujo; equipos de higiene para familias en campamentos, cajas de alimentos y repatriación de chilenos desde Asia entre sus ítems principales.
Desde entonces Juan Sutil se convirtió también en personaje habitual de los puntos de prensa del Gobierno. Esta exposición habría tenido réditos para la imagen del empresario agrícola, criticado durante el estallido social por el retiro de su auspicio a CNN. Según sus propias palabras en una entrevista de mayo en revista Capital, la gente habría cambiado su percepción sobre él, con un reconocimiento transversal y menos críticas.
El millón de test y la cifra del Fondo de la CPC para combatir la emergencia sanitaria del COVID-19 – $50 mil millones- eran destacadas como impresionantes. Al ex Director del Servicio de Impuestos Internos (SII) y experto tributario Michel Jorratt, consultado para este artículo, la cifra también le impresionó, pero no por lo alto, sino por lo bajo: “la donación de $50 mil millones representa el 0,1% de las utilidades anuales de las grandes empresas, o el 0,4% del impuesto que pagan”, señaló.
El Certificado 66
En el informe diario del ministerio el domingo 29 de marzo, el ex Ministro de Salud, Jaime Mañalich, anunció la adquisición de un millón de test rápidos de detección del COVID-19.
«De este millón de test, su uso principal es para examinar a contactos directos de alguien que ha dado positivo y que no ha desarrollado síntomas con el objetivo de testear y de decir ‘esta persona a pesar de no presentar ningún síntoma la hemos testeado y hemos detectado anticuerpos, defensas contra este virus’ y si se enfermó ya del coronavirus entonces no necesita seguir en cuarentena o podemos liberar una zona», dijo.
Sin embargo, para esa fecha aún no se registraba ninguna compra de test rápidos del Ministerio de Salud por un monto parecido. Por el contrario, durante esa semana se reveló que decenas de instituciones públicas, entre Servicios de Salud, Hospitales y Municipios compraron test rápidos de forma individual durante marzo, pero a diversos proveedores.
En ese momento tampoco existía una recomendación sobre cuál test elegir, ya que hay muchos y muy variados en el mercado mundial, y por lo mismo la Sociedad Chilena de Infectología (Sochinf) advirtió que la falta de directrices por parte del Instituto de Salud Pública (ISP) para adquirir tests rápidos fiables “puede constituir un riesgo sanitario”. La Sochinf también criticó la falta de un protocolo para el uso del test rápidos, señalando que cada institución resolvía de forma particular cómo usarlos.
“Hago un llamado a no adquirir test rápidos que no hayan sido autorizados por el Instituto de Salud Pública” dijo el ex ministro Jaime Mañalich, aludido por esta situación el 3 de abril, y reiteró “nosotros estamos comprando un millón de test rápidos”.
Ese mismo día el ISP informó el listado de test rápidos aprobados. No se trató de una validación del ISP, sino de una lista de los dispositivos que son reportados en los sitios web oficiales de distintas agencias de vigilancia sanitaria mundiales, como la FDA, de Estados Unidos, TANVISA de Brasil, PMDA de Japón y MFDS de Corea del Sur. El listado fue actualizado 5 veces, hasta el 7 de mayo.
Según fuentes reservadas del Ministerio de Salud, el protocolo para el uso de los test rápidos continúa sin existir.
El 30 de abril fecha los informes oficiales del Minsal ya reportaban 16.023 casos de contagio y 227 fallecidos. Ese día, a través de Mercado Público se generaron tres órdenes de compra emanadas por la Subsecretaría de Salud Pública, por un total de 380.210 test. En este lapso algo había cambiado. De las primeras declaraciones donde se afirmaba que la Confederación de la Producción y del Comercio iba a entregar financiamiento para el millón de test rápidos, se pasó a informar en la web de la gremial que se donaban 700.000 exámenes, pero en forma material.
Esta situación llamó la atención de los expertos, dado que las condiciones de donación de la CPC, aún cuando se trate de una situación de emergencia, deberían estar en un contrato especial de donación o decreto que demuestre que esos recursos ingresaron al Tesoro Público, según explican fuentes reservadas del Ministerio de Salud o, por los montos implicados, en algún documento de toma de razón de la Contraloría General de la República. Este medio revisó, tanto en el sitio Transparencia de la Subsecretaría de Salud Pública como en el apartado especial de tomas de razón vinculadas al COVID-19 en la Contraloría, sin encontrar algo relacionado a este convenio o donación.
En este rastreo de información se encontró el Certificado Nº66, sobre donaciones asociadas al brote mundial del virus denominado Coronavirus o COVID-19 emitido por el Servicio de Impuestos Internos el 30 de abril, el mismo día de las compras de test rápidos realizadas por el Ministerio de Salud.
El documento se refiere especialmente a donaciones hechas por una asociación gremial ya sea en bienes o dinero, y detalla en lo principal, el procedimiento por el cual los socios de la referida asociación gremial acreditan la donación en cada caso y los beneficios tributarios a los cuales están afectos como empresas o contribuyentes particulares. También señala que el donatario, como puede ser el Ministerio de Salud, debe emitir el referido certificado de que recibió la donación “dentro de los primeros 12 días hábiles del mes siguiente a la recepción de la donación”, para que la empresa donante pueda descontarlo como gasto.
Para entender las implicancias del Certificado Nº 66 del Servicio de Impuestos Internos consultamos al ex Director del SII, Michel Jorratt, quien señaló que la circular se refiere a dos Leyes de Donaciones: Donaciones al Fisco (Art. 37 DL 1.939 de 1977) y Donaciones al Fisco y otras entidades (Art. 7 Ley 16.282).
Respecto de la número segunda, el Servicio de Impuestos Internos (SII) hizo un cambio de criterio, para permitir que se hicieran donaciones de bienes comprados directamente para ese fin, pues anteriormente se interpretaba que esta Ley solo permitía donar, con beneficio tributario, bienes que formaran parte de los activos de la empresa. Si parte de las donaciones que hizo la CPC eran para entidades que no pertenecen al Fisco, el cambio de criterio beneficiaría a las empresas de la CPC para que esas donaciones pudieran rebajarlas como gastos.
– Por otra parte toda la regulación anterior consideraba el caso de un contribuyente que donaba al Fisco u otras entidades, nunca pasando por un gremio empresarial. Ahora se acomodó la interpretación para permitir que las empresas entreguen donaciones al gremio y luego éste las transfiera al Fisco. Sin esta nueva circular, se habría entendido que el donante es la CPC, por lo que, dado que la CPC no tiene utilidades, no podrían haber descontado impuestos por esas donaciones. La circular nueva permite que cada empresa pueda deducir como gasto las donaciones que entregó a la CPC. Es decir, es una interpretación a la medida de la CPC- explica Jorratt.
De esta forma, dice, al restar impuesto a la renta y el IVA los $50.000 millones donados originalmente por la Confederación de la Producción y del Comercio quedan en $36.500 millones. La diferencia o beneficio tributario para las empresas donantes, $13.500 millones, la paga el Fisco con dinero de todos los chilenos.
Además los costos asociados a internación de insumos donados fueron eliminados para todo insumo crítico vinculado al COVID-19 ingresado por la CPC, junto con la simplificación de los procedimientos aduaneros.
Unidad de Fondos de Terceros
En la misma época, cuando la CPC resolvió que se donarían físicamente 700.000 test rápidos por un valor de $3.195.500.000 (según consigna la propia página web de la gremial del gran empresariado) -en vez de financiar la compra como se había informado en un principio- el Ministerio de Salud, específicamente la Subsecretaría de Salud Pública, generó el día 30 de abril tres órdenes de compra para adquirir 380.210 test rápidos, que suman un costo de $2.485.869.540 millones.
Entre ambas operaciones suman 1.080.210 de test rápidos, por un costo total de $5.681.369.540.
Las tres órdenes de compra registradas en Mercado Público, en las que participaron como proveedoras las empresas Skinlab, Comercial y Servicios Verne y Farmalatina son idénticas. Todas incluyen el Decreto de Alerta Sanitaria fechado el 05 de febrero de 2020 y un Certificado de Refrendación, entregado por el departamento de Finanzas y Presupuesto del Ministerio de Salud, que está radicado en la DIPLAS, que a su vez es parte de la Subsecretaría de Salud Pública.
De esta forma se acredita que dicho organismo cuenta con fondos propios para realizar la compra.
Sobre este punto, fuentes del Ministerio de Salud, informaron que aún es motivo de discusión interna entre los funcionarios el por qué la Subsecretaría realizó este tipo de compras. “La CENABAST es la entidad mandatada por Ley, y experta en los procesos de compra de medicamentos e insumos relacionados, mientras el Ministerio de Salud es el órgano rector, cuya función es articular, normar y formular procesos de instituciones públicas y privadas de Salud, pero no ejecutar, salvo excepciones” dicen los funcionarios.
Asimismo, en el encabezado de las tres órdenes de compra, junto al RUT y dirección de la Subsecretaría de Salud Pública se lee que el demandante es “Administración de Fondos” y en el detalle aparece como Unidad de Compra “Administración de Fondos de Terceros Extr”. Dicha unidad no aparece ni en el Organigrama del Ministerio de Salud publicado en su página web ni en la Resolución Exenta Nº46 del 5 de febrero de 2020, que establece la organización interna de la Subsecretaría de Salud Pública.
La “Unidad de Administración de Fondos de Terceros” pareciera aludir a la posibilidad de que el Ministerio de Salud recibe fondos externos para realizar la compra de los test rápidos, lo cual a su vez se contradice con el Certificado de Refrendación adjunto, que acredita que los fondos para la compra pertenecen al Minsal.
Otro detalle que se puede observar en Mercado Público en el historial de la Orden de Compra, es la velocidad con que se realizó el proceso completo. En dos de los casos, desde que es enviada la orden hasta que es aceptada, sólo transcurre un día, mientras que en la tercera orden de compra el proceso completo se realiza entre las 14.10 y las 16.14 hrs del mismo 30 de abril.
En el historial de Mercado Público también se ve que ninguna de las tres empresas proveedoras tiene contrato, pese a que entregaron los test rápidos solicitados por el Ministerio de Salud en los primeros días de junio. Ello significa, que no han recibido su pago por montos superiores a 700 millones de pesos en cada caso.
Plan de aplicación de los Test Rápidos
El sábado 02 de mayo ingresaron a Chile, por la Aduana Metropolitana en el Aeropuerto Internacional de Santiago, los primeros 100.000 test rápidos de los 700.000 ofrecidos inicialmente por la CPC. En esta unidad se reciben las importaciones de insumos críticos para diversas instituciones de salud.
Los test llegaron en un vuelo de la Fuerza Aérea de Chile proveniente de China.
Una semana después, el 10 de mayo, la información oficial ya reportaba 28.866 casos confirmados de COVID-19 y 312 fallecidos. Ese día el ex Ministro de Salud Jaime Mañalich inició el “Plan de Aplicación de Test Rápidos para detectar anticuerpos en el organismo”.
La experiencia fue mostrada como un proceso piloto y el propio jefe de la cartera sanitaria enseñó en vivo la forma de aplicar el test a los funcionarios del Hospital El Carmen de Maipú. El evento fue registrado tanto en imágenes como en videos por el Minsal, donde se puede ver que durante las pruebas hay una cajas azul y blanco que permiten reconocer al fabricante chino Zhuhai Livzon Diagnostic Inc., uno de los principales productores mundiales de test.
En la jornada Mañalich afirmó que “el Ministerio de Salud recibió una donación de 500.000 exámenes para la detección de anticuerpos”, sin mencionar al donante.
Los 100.000 test ingresados por la CPC más los 380.210 comprados por el Minsal en Mercado Público, sumaban 480.210 unidades, cifra similar a la informada por Mañalich, aunque no se podría aseverar que los test comprados por el Ministerio de Salud, con sus propios recursos, fueron donados.
Los problemas de Livzon en India y Argentina
Después de ese último evento cesaron las alusiones públicas a los test rápidos. No se comunicó sobre nuevos arribos, su distribución en Servicios de Salud o Servicios de Atención Primaria o sobre alguna evaluación del Plan de Aplicación en distintas comunas o regiones.
Según fuentes reservadas del Ministerio de Salud, tanto los test rápidos importados directamente por la Confederación de la Producción y del Comercio como los comprados por el Ministerio de Salud – 1.080.210 test rápidos en total – se encuentran desde hace un mes, al menos, en la bodega privada Goldenfrost de Renca, un operador logístico certificado en almacenaje de productos farmacéuticos, que presta servicios al Ministerio y a Cenabast desde hace años.
Aunque estarían aseguradas las condiciones de almacenamiento para garantizar el buen estado de los test hasta el vencimiento de los dispositivos, en unos dos años más, no hay claridad respecto a la razón del porque no salen de la bodega,
Como prueba de que los test rápidos siguen almacenados, están los múltiples pedidos de test rápidos realizados por diferentes Servicios de Salud, Municipalidades y FF.AA. En estos días se puede ver en Mercado Público pedidos de cantidades pequeñas, de 2.000, 5.000 o 7.000 unidades aproximadamente, que podrían ser cubiertas sin dificultad por el millón de test rápidos que posee el Minsal. Funcionarios del Ministerio de Salud que colaboraron para este reportaje, consultaron a diversos servicios de Atención Primaria de Salud de la Región Metropolitana, que confirmaron no haberlos recibido y que cada organismo los adquiere de modo particular.
La razón para que el millón de test rápidos, con los cuales se inauguró el Fondo Privado de Emergencia de la Confederación de la Producción y del Comercio, no se estén distribuyendo podría estar en las cajas azul y blanco vistas en el Hospital El Carmen de Maipú.
El mismo día que en Chile se dio inicio al Plan de Aplicación de Test Rápidos para detectar anticuerpos, en Argentina se desató un escándalo: 170.000 tests rápidos adquiridos por la Casa Rosada a sugerencia de la autoridad sanitaria trasandina estaban defectuosos. Todos eran test fabricados por Zhuhai Livzon Diagnostic Inc.
Dos semanas antes del problema en Argentina, India también prohibió su uso y devolvió los productos a Livzon por considerarlos poco fiables.
Los 700.000 test rápidos adquiridos por la CPC, y otros 100.000 de uno de tres proveedores a los que compró Ministerio de Salud, son de Zhuhai Livzon Diagnostic. Es decir 800.000 test rápidos no podrían usarse por su baja calidad. Llevado a inversión, se habrían perdido $4.000 de los $5.700 millones gastados en los test.
En la misma situación se encuentran los test de la compañía Vivo Check Biotech Co, también de China. Pese a su baja confiabilidad, ambos siguen estando en el listado de exámenes rápidos que entrega el ISP.
Al final de este reportaje, Chile suma 315.044 casos confirmados por coronavirus y 11.227 fallecidos según DEIS.
