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Por Manuel Cabrera
La información es de Natalia Palma
Fue tras un reportaje de la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, que se conoció la respuesta de la Clínica Las Condes a propósito del recurso de protección interpuesto por 411 médicos, donde denunciaron un aumento ilegal en el arriendo de las consultas donde atienden a sus pacientes.
Incremento que se haría efectivo a contar del próximo 1 de octubre, mediante una modificación de los acuerdos comerciales entre el recinto de salud privado y los profesionales.Lee también…Clínica Las Condes: médicos que arriendan consultas producen ingresos personales por 80 mil millones
Es por ello que la CLC presentó un informe ante la Corte de Apelaciones de Santiago para justificar esta determinación, en el que se detalla los millonarios honorarios de los 559 médicos que trabajan en el lugar, quienes obtienen anualmente 80 mil millones de pesos como ingresos personales.
Al respecto, el vicepresidente de la Confederación Nacional de Salud Municipal, Esteban Maturana, dijo que este conflicto suscita una lógica mercantilista en torno a la salud que debe ser modificado en el país.
En el plano político, el diputado socialista e integrante de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, Juan Luis Castro, criticó el informe presentado por la Clínica Las Condes.
Esto porque según el parlamentario, el documento llevaría al límite la justificación de la empresa, mediante la exposición de datos privados de los profesionales de la salud.
Mientras que su par de Renovación Nacional, Andrés Celis, si bien no quiso ahondar en la polémica, dado que se trata de conflicto entre privados, emplazó al Colegio Médico a pronunciarse sobre el tema y si eventualmente este hecho traería repercusiones en el sector público.
Más allá de las alegaciones de los dueños de la CLC, los recurrentes se anotaron un punto, ya que el pasado 7 de septiembre la Corte de Santiago acogió una orden de no innovar que en concreto suspendió los aumentos que comenzarían a operar el 1 de octubre próximo, dejando pendiente cualquier modificación contractual, mientras no se resuelva el fondo del recurso de protección.
