Las comunidades indígenas del Ecuador cumplen 26 días de paro nacional, mientras el Gobierno de Daniel Noboa insiste en declarar “superada” la crisis social. Sin embargo, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y sus bases desconocieron los acuerdos firmados en Otavalo y ratificaron la continuidad de la resistencia frente a lo que califican como un “falso triunfo del Ejecutivo”.

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El pronunciamiento de la CONAIE se produjo luego de que el Gobierno anunciara el fin del paro tras una mesa de diálogo en Imbabura. Las bases comunitarias rechazaron dicha negociación y afirmaron que no fueron convocadas a los encuentros oficiales.

“No hay diálogo auténtico cuando se impone el miedo, se criminaliza la protesta y se encubre la violencia con discursos de falsa paz”, señala un comunicado de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay, que responsabiliza al presidente Noboa por los actos de represión registrados en distintas provincias.

Desde la comunidad de Cachiviro, en Otavalo, partió la Gran Caravana Comunitaria en homenaje a José Guamán, comunero quichua de 30 años que perdió la vida tras recibir un impacto de proyectil durante las protestas.

El recorrido hacia el Parque El Dinosaurio, donde cayó herido, estuvo acompañado por vecinos, familiares y organizaciones sociales que exigieron justicia y reparación.

Guamán se convirtió en la tercera víctima mortal que deja la represión estatal, que ha dejado además 282 heridos, 172 detenidos y 15 desaparecidos temporalmente, según la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos.

El movimiento indígena exige al Gobierno restituir el subsidio al diésel, garantizar una salud pública de calidad y gratuita, y reducir el IVA del 15 al 12 por ciento, nivel vigente antes del ajuste decretado por Noboa.

Las comunidades también rechazan el referéndum convocado para el 16 de noviembre, que plantea sustituir la Constitución de Montecristi (2008) por una nueva carta magna. Para las organizaciones, el plebiscito busca consolidar un modelo neoliberal y debilitar los derechos sociales conquistados durante la última década.

La CONAIE denunció una campaña de desinformación mediante el uso de imágenes falsas generadas con inteligencia artificial, que buscan “confundir al país y debilitar la lucha del movimiento indígena”.
El presidente de la organización, Marlon Vargas, desmintió haberse reunido con representantes del Gobierno y llamó a las bases a mantener la unidad, disciplina y comunicación territorial.

Periodistas y comunicadores que cubren el paro han denunciado agresiones por parte de la Policía Nacional. El reportero Enrique Alcívar relató que fue golpeado y su teléfono móvil destruido mientras cubría una marcha en Quito.

“¿Sabe la Policía que muchas veces un celular es nuestra única herramienta de trabajo?”, cuestionó la periodista Andrea Orbe, quien también documentó casos de hostigamiento y censura durante las manifestaciones.

Mientras el Gobierno promueve la normalidad, las comunidades reorganizan la resistencia en torno a la campaña por el “No” en la consulta popular, bajo la consigna de “unidad en la diversidad y decisión colectiva”.

Según la CONAIE, la fortaleza del movimiento indígena radica en su tejido organizativo y en la conducción colectiva de sus estructuras territoriales.

A 26 días del paro nacional, Ecuador vive un momento de profunda polarización social, donde la brecha entre las demandas populares y las políticas gubernamentales reabre el debate sobre el modelo económico y el futuro de la democracia plurinacional.