«La experiencia histórica del Ecuador demuestra que este camino ha profundizado la desigualdad, la criminalización de la defensa territorial y los impactos sociales y ambientales», señaló la Conaie.
Desde Azuay, Marlon Vargas, presidente de CONAIE participó con Foa Azuay y comunidades de Kimsakocha en diálogo con el embajador de Canadá, denunciando atropellos de Dundee Precious Metals, la criminalización de defensores del agua y rechazaron un TLC minero. Foto: @CONAIE_Ecuador
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) emitió un pronunciamiento advirtiendo sobre los riesgos sociales y ambientales del Proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía, impulsado por el Gobierno del presidente Daniel Noboa y tramitado como iniciativa económica urgente en la Asamblea Nacional.
«Este proyecto genera alarma entre los pueblos, nacionalidades indigenas y las comunidades campesinas, al poner en riesgo derechos colectivos, territorios ancestrales y fuentes de agua esenciales para la vida», señala la Conaie.
La organización indígena cuestiona que la propuesta priorice la agilización de inversiones extractivas sin garantizar la consulta previa, libre e informada, derecho consagrado en la Constitución ecuatoriana y en tratados internacionales de derechos humanos. Además, indica que el reemplazo de licencias ambientales por autorizaciones simplificadas y la aceleración de trámites administrativos reducirían la consulta a un mero procedimiento formal, sin asegurar procesos reales de decisión colectiva ni consentimiento de las comunidades afectadas.
El comunicado destaca la flexibilización de controles ambientales y del uso del agua, lo que debilitaría la capacidad estatal para prevenir daños irreversibles en ecosistemas estratégicos como páramos, bosques y ríos. En un contexto de crisis climática, la Conaie sostiene que el agua debe protegerse como bien común esencial para la vida y la agricultura campesina, no subordinarse a una lógica extractiva orientada al mercado.
La organización critica que el proyecto refuerce un modelo de dependencia extractiva, concentrando decisiones estratégicas y ampliando la participación privada mediante delegaciones de largo plazo, sin mecanismos efectivos de control social, transparencia ni rendición de cuentas.
«La experiencia histórica del Ecuador demuestra que este camino ha profundizado la desigualdad, la criminalización de la defensa territorial y los impactos sociales y ambientales», señaló la Conaie, advirtiendo que la expansión extractiva no resolverá la violencia ni el desorden en los territorios.
El secretario jurídico de la Presidencia, Enrique Herrería, presentó la semana pasada dos proyectos económicos urgentes al Legislativo. Por este carácter, la Asamblea dispone de 30 días para tramitar las iniciativas, que requieren al menos 77 votos en dos debates cada una para su aprobación.
Fuente: Prensa Latina
