Tras el estallido social, los gerentes de seguridad del holding aumentaron la coordinación entre ellos, han elaborado informes “confidenciales” con tintes políticos, se han reunido con el alto mando de Carabineros y han contratado a ex uniformados, entre ellos un miembro de la temida brigada Mulchén de la DINA y un general (r) relacionado a casos de desfalcos en el Ejército.
Los saqueos ocurridos durante el estallido social llevaron a muchas empresas a enfocarse fuertemente en resguardar sus propiedades y negocios. Grupo Falabella no fue la excepción.
En febrero la multinacional chilena reportó que entre el 18 de octubre y el 31 de diciembre del año pasado tuvo pérdidas por unos 36 millones de dólares debido a los daños provocados a inmuebles, inventarios y equipos, entre otros. Y si bien recuperó esas pérdidas por los seguros que tenía contratados, durante el estallido tomó una decisión: reforzar su equipo de seguridad y vigilancia y relacionarse estrechamente con Carabineros, fuerzas armadas y autoridades políticas encargadas de temas de seguridad.
Según fuentes ligadas al grupo Falabella, el hombre que tomó la iniciativa de reforzar y reformular los equipos de seguridad en medio de la pandemia es uno de los gerentes históricos del grupo: Antonio Braghetto, quien hace 15 años trabaja para Mall Plaza. Primero lo hizo como subgerente de seguridad y después como gerente de operaciones. Antes de llegar a la compañía controlada por las familias Solari, Cúneo y Del Río, Braghetto fue gerente en la filial chilena de G4S, la mayor empresa de seguridad del mundo con sede en Londres. Y antes de eso, a mediados de los años 80 estudió en la Escuela Militar, donde se graduó como Oficial de Artillería, según describe en su perfil de LinkedIn.
Conocedores de la política de seguridad de Falabella aseguran que desde hace un par de años Braghetto venía llenando un vacío de liderazgo en la comisión de seguridad del grupo empresarial, que funcionaba más bien de facto y con reuniones esporádicas. Así, fue uno de los que impulsó, aun antes de octubre de 2019, que los jefes de seguridad de cada empresa del grupo -compuesto por tiendas Falabella, Sodimac, supermercados Tottus, Banco Falabella, Mall Plaza, Lineo y CMR Falabella-comenzaran a coordinar en conjunto sus labores de seguridad y vigilancia. Un ejemplo del trabajo coordinado es que hoy realizan compras a los mismos distribuidores, lo que antes era una decisión independiente de cada empresa.
Tras el estallido, el liderazgo de Braghetto se fortaleció y decidió contratar a nuevos asesores para esta comisión con el fin de realizar planificaciones de seguridad e informes para las gerencias.
Y entre los expertos que sumó al equipo de seguridad de Falabella se encuentran oficiales en retiro del Ejército que han sido procesados por violaciones a los derechos humanos y han estado vinculados a los casos de corrupción en esa institución conocidos como el Milicogate.
En la propia empresa no todos saben de la existencia de este nuevo grupo de seguridad, pero hay muchos rumores de pasillo sobre el pasado de algunos de los nuevos contratados en ese área. En algunas gerencias que reciben los informes de seguridad -rotulados como “altamente confidencial”- ha habido incomodidad con el tono “político” más que técnico de los reportes, según confidenciaron empleados de la compañía.
El prontuario de los nuevos asesores
Uno de los asesores externos que contrató el grupo de seguridad de Falabella liderado por Braghetto es Alfredo Iturriaga Neumann, teniente coronel en retiro del Ejército y sindicado como agente de la temida Brigada Mulchén de la DINA. Su pertenencia a esta unidad operativa de la policía secreta de la dictadura se acreditó en el proceso por el asesinato del diplomático español Carmelo Soria y en otras investigaciones del entonces juez Alejandro Madrid. A la Brigada Mulchén, que operó de manera clandestina aun después de la disolución de la DINA, se le ha ligado a experimentos con gas sarín y a la muerte del ex presidente Eduardo Frei Montalva.
El actual asesor de seguridad de Falabella proviene de una familia de militares. Su hermano Raúl Iturriaga Neumann fue uno de los represores más violentos de la dictadura, sindicado como el artífice de la Operación Colombo, sentenciado en Italia por el intento de asesinato de Bernardo Leighton, condenado por haber participado en el atentado a Carlos Prats, y jefe de la Brigada Purén de la DINA, cuyo centro de operaciones era la Villa Grimaldi y la Venda Sexy. Actualmente está preso en Punta Peuco cumpliendo condenas por varios crímenes de lesa humanidad. Otro de sus hermanos, Jorge Iturriaga Neumann, también está condenado por el doble asesinato de Prats y su esposa ocurrido en Buenos Aires en 1974.
Tras su retiro del Ejército, Alfredo Iturriaga Neumann se ha dedicado a las asesorías de seguridad y vigilancia en el mundo privado. Fundó hace unos años la empresa de seguridad corporativa RacoWind Consultores que, según la página Web de la firma, cuenta con más de 40 clientes corporativos e institucionales. Entre estos figuran Mall Plaza (Ver lista de clientes).
Alfredo Iturriaga también es miembro de la organización ASIS International, que reúne a profesionales de la seguridad de todo el mundo, y ha participado en diversos foros y charlas a nivel latinoamericano.
Sin embargo, aún está vinculado a procesos de violaciones a los derechos humanos en dictadura. Es más, todavía se le puede ver en tribunales, donde cada cierto tiempo se le solicita declarar por distintos crímenes. Una fuente vinculada a un caso de derechos humanos, lo fotografió en uno de estos procesos el año pasado, como se ve en las siguientes dos fotografías.
Otros dos ex militares del Ejército también entraron el año pasado al comité de seguridad de grupo Falabella recomendados por Braghetto, según indican fuentes de la empresa. Estos son el general Jorge Lecanda Ricalde, ex director de Operaciones del Ejército, y el general de brigada Germán Schell, ex comandante de la División de Adquisiciones del Ejército. Ambos fueron pasados a retiro en noviembre de 2018, tras una suerte de “limpieza” del alto mando debido a la investigación en curso por el fraude en el uso de dineros de la ley Reservada del Cobre a cargo ministra Romy Rutherford y tras conocerse, ese año, la arista de mal uso de viáticos y pasajes en la institución.
En esa ocasión el ministro de Defensa de entonces, Alberto Espina, afirmó que “es incorrecto o injusto deducir que todos los generales llamados a retiro están involucrados en los hechos investigados por la justicia”. Un reportaje de El Mostrador, en cambio, afirmó: “Lo cierto es que esta decisión -visada por el Presidente Sebastián Piñera- se materializó después de un exhaustivo proceso de chequeo de los antecedentes, durante las últimas semanas (…) El objetivo de La Moneda era no caer en el error de ascender o mantener a militares que después salgan involucrados en los fraudes para asegurar que puedan dejar el tema en la justicia y evitar que siga afectando internamente a esta rama castrense”, señaló
Schell, quien fue contratado por Mall Plaza y participa en el comité de seguridad liderado por Braghetto, ya había hecho noticia antes de su salida del ejército. En junio de 2017 se reveló que había invertido cerca de 193 millones de pesos en el Grupo Arcano, la estafa piramidal que dirigió Alberto Chang. Según un reportaje de Radio Biobio, entre febrero de 2014 y diciembre de 2015, el general realizó “a lo menos 10 operaciones con montos que variaban entre los 10 millones y 55 millones”, esperando, como todos los estafados, rentabilidades millonarias. Tras la huida de Chang a Malta, Schell se unió a la demanda en su contra. Pero la inversión en Grupo Arcano le trajo otro problema al oficial: ésta no estaba declarada como una inversión ni como pasivo en su declaración de patrimonio, como la ley indica para estos cargos. Tan solo aparecía como un “potencial fuente de conflicto de interés”.
Germán Schell
En otro reportaje de Biobio de 2018, Schell vuelve a aparecer, cuando recibe una visita de la ministra Rutherford en las oficinas de la División de Adquisiciones del Ejército (DIVAE). La jueza buscaba documentos y archivos relacionados con compras ilegales y desfalcos en la institución. En la ocasión, el general la habría llevado a un archivo en donde ella pudo hallar parte de lo que buscaba: “‘No hemos encontrado todo lo que nos solicitó’, se excusó Schell. El oficial, sin ahondar en detalles, dijo que no tenía una explicación plausible de cómo y por qué algunas facturas y órdenes de compra desaparecieron de aquella bodega, casi infranqueable”, indicaba el reportaje.
En marzo de 2019 Ciper publicó que las inversiones que Schell tenía en la Jefatura de Ahorro para la Vivienda del Ejército (JAVE) habían levantado la alerta “acerca de que la JAVE pueda estar siendo usada no solo como un programa de asistencia para el personal, sino como una fórmula financiera que rinde altos intereses”.
Consultados sobre estos antecedentes de sus empleados y asesores del grupo de seguridad de Falabella, el departamento de comunicaciones del holding respondió a INTERFERENCIA: “Sobre las referencias a las personas mencionadas, la compañía no maneja ningún antecedente y de haberlos tomará las medidas pertinentes”.
Respecto a la existencia y labor de este comité de seguridad, la empresa expresó: “Falabella cuenta con un comité que opera, desde hace años, elaborando permanentemente protocolos de prevención y seguridad. Está compuesto por ejecutivos expertos en seguridad de la compañía y asesores externos, que poseen experiencia certificada y han trabajado para varias empresas”.
Los informes
Tras la inclusión de estos ex militares al comité de seguridad del grupo empresarial, se comenzaron a emitir informes a los gerentes y subgerentes de las empresas que se alejaban de la información que tradicionalmente compartía la empresa sobre vigilancia, y que parecían tener un “sesgo político”, como lo define una fuente al tanto de éstos.
INTERFERENCIA tuvo acceso a uno de estos informes elaborado este año. Lo primero que se puede leer con letras de color rojo es “altamente confidencial, no imprimir ni difundir”. El titulo del documento es “Plan de relacionamiento con autoridades e instituciones vinculadas a la seguridad” y detalla cómo el holding se va a relacionar con autoridades, Carabineros, PDI, Fuerzas Armadas y el gobierno ante eventuales “casos de emergencia”. Entre las ventajas que ven en esta coordinación, se indica una “mayor probabilidad de obtención de información útil y alertas tempranas efectivas” para la empresa.
El texto continúa delegando la vocería de seguridad de la empresa a cada gerente y su respectiva vinculación con alguna institución, como Carabineros, PDI, Ministerio del Interior, Ejército, Fach, entre otros. Mientras que a Braghetto se le asigna la vinculación con el Ministerio del Interior, a Schell se le atribuye la relación con el Ejército y la FACH. A Lecanda se le describe como analista senior a cargo de enviar los informes a los gerentes de seguridad de la empresa vía correo electrónico, que incluyen, como señala un poco antes el documento, un “ Análisis de contingencia generales y específicos” a nivel nacional.
Luego, se le invita a cada encargado solicitar, vía ley del lobby, reuniones con las autoridades nacionales y regionales de las instituciones públicas nombradas. Entre los objetivos de las reuniones, el primero que aparece dice: “Coordinar apoyos en caso de emergencia, para las instalaciones del grupo que lo requieran, producto de graves alteraciones al orden público”.
Más adelante el documento agrega que se deben solicitar reuniones “preventivas” con las autoridades: “Proponer reuniones periódicas de tipo informativas y que permitan mantener el contacto y actualizar la situación. Especialmente importante, es hacerlo en forma previa a hitos relevantes a nivel nacional, que pudiesen afectar la seguridad de personas e instalaciones del grupo”. Este último, presumiblemente, hace referencia a fechas clave como el 11 de septiembre, el 18 de octubre y el Día del Joven Combatiente a fines de marzo.
Según una fuente que ha visto varios informes del grupo de seguridad, hay muchos que se centran en noticias a nivel nacional, como protestas y manifestaciones relacionadas con demandas sociales. Para algunos gerentes y subgerentes, esto evidenciaría un “sesgo político” y una información que no le aportaría herramientas para mejorar la seguridad y vigilancia de la empresa.
Lo asegurado en el informe citado por INTERFERENCIA se relaciona con la reunión que ocurrió el 26 de diciembre de 2019 en la Dirección Nacional de Orden y Seguridad de Carabineros (Dioscar) de Carabineros donde parte de este comité de seguridad se reunió con el alto mando de la institución policial. El encuentro duró dos horas y media según los registros de transparencia de Carabineros.
En la reunión asistió el actual General Director Ricardo Yáñez Reveco, además de los generales Raúl Agurto Silva, Enrique Bassaletti, Luis Fernando Mayer, el Teniente Erick Carvajal San Martin y el abogado Jorge Carrasco Castro. Por parte del holding, indicados como funcionarios de Mall Plaza, aparecen Germán Schell y Antonio Braghetto, junto a seis empleados más de la compañía.
La reunión da cuenta de la preocupación de este comité respecto al estallido social, siendo este el primer punto anotado como materia que se trató en el encuentro.
“Dar a conocer 4 áreas de trabajo del Grupo Falabella, frente al estallido social: 1.- Infraestructura 2.- Recurso Humano 3.- Legal 4.- Entorno de Infraestructura (Sistema de vigilancia). Manifiestan y solicitan los siguientes aspectos: 1.- Establecer niveles de coordinación con Carabineros de Chile (Representantes a nivel regional y región Metropolitana), 2.- Realizar reunión con el objeto de revisar lo acordado, 3.- conocer la estrategia de Carabineros en las zonas más afectadas por la contingencia social, 4.- Ofrecen colaboración a la Institución”, señala el registro de la ley de lobby.
“Se dispuso coordinación con el Sr. Antonio Braghetto Aranguiz, para efectuar una reunión a realizarse en enero o febrero del año 2020, asimismo se comunicará a los Sres. Jefes de Zonas de Carabineros de Chile que se acerquen a representantes de Falabella, con el objeto de realizar las coordinaciones pertinentes. Se dio a conocer la reestructuración de Fuerzas Especiales de Carabineros, como también que se dispondrá la distribución de Carabineros egresados de los Planteles Educacionales, a las localidades en donde se verificaron mayor cantidad de procedimientos en razón del estallido social”, se agrega como especificación.
En el registro de la ley de lobby, Antonio Braghetto aparece como habitual gestor de intereses de Mall Plaza, en 13 reuniones con diversas autoridades. Algunas se relacionan con temas de construcción y urbanismo en donde están los mall; otras sobre el plan de trabajo de los empleados durante la pandemia y otras sobre medidas de seguridad y emergencia, sin ahondar en detalle. En el registro, destacan cuatro reuniones con el subsecretario Mahmud Aleuy, entre 2016 y 2017, por temas de seguridad y robos sufridos en tiendas ubicadas en Mall Plaza.
