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Colombia – “Chiquita Brands ayudó a los paramilitares a crecer”: Kelsey Jost-Creegan

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En Estados Unidos hay más de cinco mil víctimas acreditadas de esa empresa bananera, que financió grupos paramilitares en el Urabá antioqueño. La abogada de Earthrights International, uno de los equipos que representa a las víctimas colombianas, se refiere a la alianza entre Chiquita, las Convivir (1), los paramilitares y el despojo de tierras.

Juan Camilo Gallego Castro

Agencia de Prensa IPC, 25-1-2021

http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/

A finales de los años ochenta, la empresa estadunidense Chiquita Brands decidió ampliar su capacidad de cultivo de banano en el Urabá antioqueño y compró fincas productoras. En 1988 compró el Embarcadero de Zungo, en Apartadó, el Embarcadero de Nueva Colonia, en Turbo, incluso compró la finca La Negra en 1988, poco después de que grupos paramilitares masacraran trabajadores bananeros y simpatizantes de partidos políticos de izquierda.

“Chiquita Brands compró con ventajas fincas con problemas financieros y también se favoreció del impacto del conflicto armado y la violencia en la zona con precios muy inferiores al valor real de los predios”, dice el informe La sombra oscura del banano. Urabá: conflicto armado y el rol del empresariado, elaborado por la Fundación Cultura Democrática (Fucude) y la Corporación Opción Legal, quienes lo entregaron a la Comisión de la Verdad.

Según el informe, Chiquita, que llegó a Urabá en 1959 a través de la Frutera Sevilla, subsidiaria de la United Fruit Company, compró fincas a través de terceros y utilizó otras familias para comprar fincas en Urabá entre 1988 y 2002, cuando salió de la zona.

Chiquita Brands admitió haber aportado 1.7 millones de dólares a los grupos paramilitares en Colombia entre 1997 y 2004, tanto en pagos directos como a través de las Convivir, pero también se aprovechó de la situación de violencia para obtener tierra a bajo costo.

Kelsey Jost-Creegan es abogada de Earthrights International, un grupo que desde 2007 presentó una demanda civil contra Chiquita Brands en Estados Unidos. Iniciaron con ocho casos y once demandantes; hoy representan más de 500 personas. Dice que hoy hay más de 5.000 víctimas de Chiquita en Urabá y Magdalena, representadas por diferentes grupos de abogados en Estados Unidos; también demandaron a altos mandos de esa empresa.

En esta entrevista se refiere a la relación de Chiquita Brands con los grupos paramilitares, las Convivir, el despojo de tierras y la financiación de grupos ilegales.

-Ustedes se reunieron con ex paramilitares como Raúl Hasbún y Ever Veloza, así como con miembros de la Convivir Papagayo en Urabá. ¿Qué encontraron?

Si bien habían dado mucha información en versiones libres de Justicia y Paz, Raúl Hasbún habló de un hecho importante como la financiación. Dijo que del presupuesto del bloque el 60% venía de aportaciones de los bananeros, y el restante de los ganaderos y palmeros. Menos del 1% era narcotráfico. Para nosotros era significativo. Chiquita Brands ha dicho que eran extorsionados y que las aportaciones no eran significativas en el presupuesto nacional de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia). Lo que nos dijo Hasbún es que sí era significativo. En esos municipios las aportaciones de bananeros eran extremadamente decisivas. Ellos ayudaron a los paramilitares a crecer, a controlar la zona y a exportar ese modelo a otras zonas del país. Ese testimonio era importante para demostrar que había concierto de los empresarios.

También le preguntamos a Hasbún por las reuniones mensuales entre bananeros y él, entre Chiquita y él. Le pregunté qué hablaban en las reuniones. Él dijo que de problemas que tenían. Le pregunté por un ejemplo. Él dijo que después que cayeron las torres gemelas ellos dijeron que necesitaban otra manera de hacer los pagos. Hicieron un esfuerzo para evadir el derecho estadounidense.

Por su parte, Ever Veloza “HH” dio una explicación muy detallada de lo que era la purga de los sindicatos, la eliminación de cualquier persona considerada de izquierda o simpatizante de la guerrilla. Cualquier persona que tuviera ideas de izquierda era blanco de la violencia.

-Miembros de Chiquita Brands aceptaron que entregaron 1.7 millones de dólares a los grupos paramilitares. Si bien es una suma importante, también podría ser una suma baja para sostener un ejército…

Tenemos cuatro teorías. Primero que tenemos evidencia que hicieron pagos antes. Ellos dicen que empezaron en 1997. Nosotros decimos que primero pagaban a las ACCU (Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá) desde 1996, mínimo. Segundo, ellos hacían pagos por medio de Augura y lo interesante es que cuando ellos reportaron sus pagos, reportaron los pagos al gobierno de Estados Unidos. Es un requisito de anticorrupción. Lo interesante es que reportan los pagos a las Convivir. Ellos reportaron los pagos por medio de Augura. Eso alimenta el nivel de contribuciones.

Tercero, consideramos que el aporte a los paramilitares no solo fue de dinero sino el renombre y la legitimidad de estar relacionados con Chiquita, una multinacional reconocida. Cuarto, que también usaban a Chiquita para exportar droga e importar armas.

También alegamos que el dinero fue particularmente importante al comienzo, cuando las ACCU estaban creciendo en Urabá y Chiquita les ayudó a ganar el control de la región y del narcotráfico. Sin control de la zona no habrían controlado el narcotráfico.

¿Cuál era la relación de Chiquita Brands con las Convivir?

Todas nuestras evidencias apuntan a lo mismo, que las Convivir eran una fachada, que los paramilitares actuaban en las Convivir. Entrevistamos a Antonio Arboleda y a Irving Bernal, jefes de las Convivir. Sí hubo un reconocimiento de la colaboración que había entre las Convivir y los paramilitares. Nosotros consideramos que todos los aportes a las Convivir eran aportes a los paramilitares.

Chiquita, inicialmente, hace cuatro pagos en efectivo y luego lo hace por medio de las Convivir. Argumentamos que nunca fueron legales porque no cumplían con su propósito legal. En el departamento del Magdalena Chiquita pagó por medio de empresas fachada no registradas.

¿Y la- relación de Chiquita Brands con el despojo de tierras?

Chiquita había tenido terrenos en Urabá, pero luego solo estaban comprando la fruta para exportar. Luego querían producir su fruta y comprar la tierra. Entonces compraron a nombre de testaferros. Ellos dicen que lo hicieron para no darle aviso a las Farc de que estaban entrando a la región. Eso no se ve bien.

Llegan a ser uno de los terratenientes más importantes de la región. De 1988 a 1996 adquieren parte de sus tierras. Decimos que la violencia en ese momento fue evidente, fue notorio el nivel de violencia en contra de trabajadores y pequeños parceleros. En esa violencia ellos pagaban menos por esas tierras y se aprovechaban de la situación.

Por ejemplo, compran la finca La Negra luego de la masacre en 1988. Al entrar a la zona, ellos tenían que saber que estaban en una zona con ese nivel de violencia. Ellos sabían a dónde estaban entrando y que había grupos armados. Ellos sabían que tendrían que hacer pagos a la Farc.

-¿Quiénes son las víctimas que ustedes están representando?

La gran mayoría son víctimas de asesinatos. Personas que perdieron un ser querido, muchos por ser sindicalistas, miembros del gobierno local o de ciertos partidos políticos. Otro grupo lo conforman sobrevivientes de violencia que vivieron agresiones físicas y algunos también han sido desplazados.

-Chiquita Brands pagó 25 millones de dólares, pero no a sus víctimas en Colombia…

Pagaron los 25 millones de dólares al Departamento de Justicia de Estados Unidos. Eso no es ninguna forma de reparación. Por eso es importante el litigio porque son las víctimas las que tendrían que tener una reparación.

La multa es mucho menor de lo que ganaron en esos años. Colombia era la operación que más ganancias le daba a la empresa. Eso no es significativo cuando lo relacionas con lo que estaban ganando.

Nota 

1) Bajo la fachada de “cooperativas de seguridad”, las Convivir fueron gestadas y autorizadas por el expresidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez cuando era gobernador de Antioquía. Llegaron a contar con una fuerza de al menos 120 mil miembros/colaboradores y 529 estructuras paramilitares en todo el país, expandiendo sus redes criminales y sus nexos con sectores económicos, políticos y estatales. Léase el informe: https://verdadabierta.com/las-convivir-motor-de-la-guerra-paramilitar/ (Redacción Correspondencia de Prensa)

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