Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo)
EL CLARÍN DE CHILE
La democracia chilena continúa bajo una Constitución tramposa, una serie de candados que, el constitucionalista Fernando Atria describe que cualquiera sea la mayoría, siempre ganará la herencia autoritaria, basándose en una cita de un artículo, cuya autoría corresponde a Jaime Guzmán Errázuriz.
El cerrojo principal es el Tribunal Constitucional, organismo que en los proyectos y/o leyes “conflictivos” actúa como “tercera Cámara”, so pretexto de salvaguardar su constitucionalidad. En el caso de los fallos judiciales, tiene atribuciones para suspender la investigación que llevan a cabo los jueces. Esta última facultad le fue usurpada a la Corte Suprema de Justicia.
En el caso del ex jefe del general del ejército Humberto Oviedo, la jueza de de la Corte Marcial, Romy Rutherford, decidió enviar a prisión a dicho general por el delito de malversación de fondos fiscales, por la suma de 4.500 millones de pesos; hoy, Oviedo junto al general José Miguel Fuente-Alba comparte la prisión preventiva en uno de los regimientos militares.
La defensa de Oviedo presentó sendos recursos de apelación: el primero por inconstitucionalidad dirigido al TC; el segundo de Habeas Corpus a la Corte Suprema. En días recientes el Habeas corpus fue rechazado por los ministros de la Sala, salvo por el auditor general del ejército, Rodrigo Sandoval.
La suspensión de la investigación por parte del Tribunal Constitucional, que puede durar un año, ha sido criticada no sólo por el Consejo de Defensa del Estado, sino también por un conjunto de afamados constitucionalistas quienes proponen una serie de reformas que deberán llevarse a cabo respecto al TC, pues atropella a los poderes del Estado.
El Tribunal Constitucional no es una creación de Pinochet, lo instituyó el ex Presidente Eduardo Frei Montalva con el fin de resolver los conflictos de constitucionalidad entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero en ningún caso para reemplazar los poderes del Estado.
La composición del actual Tribunal Constitucional surge de los tres Poderes del Estado: el Ejecutivo, cuya atribución le permite el nombramiento por parte del Presidente de la República; el Legislativo, que lo hace el Senado; el Judicial, que concursa en la Corte Suprema, y cuya decisión recae en este Organismo. El Tribunal está matemáticamente cuoteado entre la Concertación y la derecha y, a su vez, los miembros nombrados por el Presidente de la República dependen del gobierno de turno, es decir, es un Tribunal binominal.
No todos los miembros del Tribunal Constitucional son abogados constitucionalistas: hay ex diputados, incluso, una ex jefa del “segundo piso” del primer gobierno del Presidente Piñera.
El que tres ex comandantes en jefe del ejército estén en manos de la justicia, acusados de varios presuntos delitos, demuestra que la política de la transición a la democracia, a fin de mantener tranquilos a los militares, se ha basado en permitir a los militares obrar a su antojo, llenar los bolsillos de dinero y jamás fiscalizar. Es muy evidente que cuando no existe ningún control algunos individuos se sienten tentados a hacer uso de los dineros que, al y al cabo, “pertenecen a Moya”.
Desgraciadamente, a pesar de las promesas y de los cabildos, la Constitución de 1980 sigue vigente, y sus múltiples cambios no han permitido convertirla en democrática, “aunque la mona se vista de seda, mona se queda”. Que lleve la firma del ex Presidente Ricardo Lagos y de sus ministros, no significa que, en lo esencial, haya cambiado, pues el mismo ex Presidente propuso que actuáramos como si se tratara de un papel en blanco cuando la ex Presidenta Michelle Bachelet le propuso un cambio constitucional.
La Constitución de 1980 no sólo es ilegítima en su origen, sino también por su contenido autoritario, sus trampas y su ejercicio. Mientras no se convoque a una Asamblea Constituyente la democracia chilena seguirá siendo precaria, coja, tuerta y muda, y la ciudadanía rechazará, por ende, el funcionamiento actual de las instituciones del Estado, que se manifiesta en la baja credibilidad en sus miembros.
Mientras “el hombre de la barraca”, (de Gabriel Marcel, existencialista cristiano), sea el protagonista principal de la democracia contemporánea y del apoliticismo, la apatía y del consumismo sean los principales incentivos para vivir, la democracia tendrá un funcionamiento bancario y precario, es decir, una democracia de consumidores y no de ciudadanos.
Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo)
13/07/2019
