Héctor Vega
Vivimos una situación insoslayable de fondo: en Chile, los salarios reales no han aumentado, por el contrario, junto a las pensiones, han quedado a la zaga, pues el aumento inflacionario de los precios los ha recortado, en subsidio, los retiros de l0s fondos previsionales, han agregado circulante así como la política de bonos, ayudas y el IFE universal del gobierno que en conjunto suman 80 mil millones de dólares, es decir alrededor de un terci0 del PIB. Fenómeno estrictamente monetario que se hace aún más evidente cuando faltan aún 718 mil empleos para recuperar los niveles pre pandemia. Ese contrasentido vive y prolifera en la espiral de precios que no logra resolver un gobierno ausente de ideas que en su inmovilismo pasa a ser parte del problema.
La pandemia y su período crítico de la cuarentena paralizaron la economía. La falta de reacción del gobierno y la iniciativa de la ciudadanía determinaron los retiros de los fondos de pensiones. A esa situación crítica se agregó la larga y tradicional lista de Bienes Públicos básicos que siempre ha estado al debe en la sociedad chilena y que la revuelta del 18 de octubre desnudó en toda su crudeza. Cito: educación, salud, vivienda, aprovisionamiento de agua urbano y rural, pensiones, erradicación de campamentos, desigualdades irritantes, mal vivir de las ciudades, inseguridad, problemas de transporte urbano, regiones abandonadas, pueblos originarios en calidad de ciudadanos de segunda clase, compromisos adquiridos en la COP de París en relación al calentamiento climático global y no cumplidos, etcétera.
A problemas estructurales, soluciones estructurales. Recurrir en el corto plazo a la emisión monetaria es plausible pero de ninguna manera una solución de mediano plazo, máxime si en el empeño después de 2 años de ejercicio los fondos soberanos están casi agotados. De hecho el estado se endeudó con el Banco Central que echó mano a sus reservas para financiar al gobierno para enseguida rehacerlas comprando dólares en la economía: US $12 mil millones en un programa hasta marzo de 2022.
Otras apreturas se ciernen en el horizonte. No olvidemos la disponibilidad de alimentos frente al incremento de la demanda que en una economía es vital. Variable in crescendo que el déficit en la producción alimenticia, sequía entre otros factores, con inaceptables reglas de administración del agua que ponen en duda su calidad de Bien de Uso Público, golpea en la canasta de consumo de la población. Baste decir que 60% de artículos importados entran en la canasta de consumo de la población. La inelasticidad de la capacidad de importar es una constante que atenaza los cálculos de abastecimiento de la población y de aprovisionamiento de la industria y los servicios de la economía y de manera ineludible las disponibilidades de la Caja Fiscal.
¿Qué sucedió realmente en los momentos críticos de la pandemia y cuál fue la huella que dejó en la economía y la política chilena.
En una economía escasamente diversificada, dependiente del cobre y sus fluctuaciones, con acendrada mentalidad rentista que limita no solo los recursos para importar sino muy fundamentalmente la formación bruta de capital fijo que al tener en cuenta la baja productividad del capital (y del total de los factores), las necesarias amortizaciones y el crecimiento de la población, limita el crecimiento a paupérrimos 2 a 3%. En su peor momento de la pandemia en 2020, las importaciones cayeron 17,11% respecto a 2019.
La alta tasa de inflación del mes de septiembre, 1,2% y proyecciones futuras que situaban la inflación en 5,8% a fines de año determinaron un alza de la tasa de política monetaria (TPM) decretada por el Banco Central, de 1,25 puntos base con lo que la TPM quedó en 2,75%. Sin soluciones estructurales la cuestión monetaria resulta parcial e ineficaz. Centrada su argumentación en el cuarto retiro Mario Marcel, presidente del Banco Central, manifestó que dicho retiro no beneficiaría sino al 20% de los más altos ingresos, anunció que la tasa de inflación al final del año sería de 5,7%, con lo que justificó el alza de las tasas de interés de largo plazo de 2,5% a 6,6%. Esto tendría un efecto multiplicador sobre el crédito hipotecario, pues con un alza de 2% de las tasas de interés de largo plazo y de 5% de inflación (es decir 2 puntos sobre la meta de 3% del Banco Central) un crédito hipotecario de 2000 UF llevaría a mayores intereses equivalentes a alrededor de 12 millones por el total del crédito, monto por sobre 4 millones 900 si se hubiesen mantenido los intereses de los créditos hipotecarios actuales.
El alza de la tasa de interés es un factor exógeno que desde la TPM, decidida por el Banco Central, coloca en su realidad a los salarios que reducen su poder de compra. No menos importante es lo que sucederá con la inversión pues en el origen de esta se encuentra la tasa del interés y su alza la desalienta. Paralelamente entra en el cálculo la rentabilidad del capital que cuenta en la decisión final del inversor. Esta ecualización entre rentabilidad e interés nos permite inferir en el corto y mediano plazo qué ingreso permitirá sostener la tasa de ahorro necesaria para que la inversión sea posible. En el largo plazo, el alea de cambios que enfrentará la inversión ponen a prueba las expectativas de ganancias. Nadie puede asegurar tales cálculos, de manera que la incertidumbre planea sobre la suerte final de la inversión.
Un caso peculiar es el de la explotación minera pues en ese caso la prospectiva del largo plazo significará una ley de corte de mayor utilización de reservas en relación a los recursos geológicamente evaluados. Es decir preferir en una proyección hacia el futuro, una tasa de reservas, digamos de 25% más que una de 35% puede significar una decisión prudente en un clima de precios inciertos y a la espera que el horizonte de precios mejore.
De cualquier manera, se trate de bienes de capital de corta o larga maduración siempre estamos sujetos a aleas que el Banco Central tendrá que asumir bajando la tasa del interés para así aumentar la inversión y al mismo tiempo llevar al alza en la rentabilidad del capital según esa tasa de interés y sobrepasar el estado de liquidez. La acción conjunta de la tasa del interés a la baja y el alza en la inversión permitirán rehacer los niveles de ingreso y de ahorros anteriores de la crisis.
Para el Central la TPM debe ser coherente con un PIB de equilibrio, es decir a un nivel fijado por la meta de inflación del 3%, sin una sobreoferta monetaria, ni desajustes provenientes de un bajo nivel de productividad. Esto sin olvidar el rezago con que opera la fijación de la TPM lo que podría provocar una importante desaceleración el próximo año.
Es evidente que las planificaciones del Central, a las que se acopla el gobierno, no tienen las mismas razones que las de los hogares. Las razones de los retiros de los fondos de pensiones se explican en ausencia de medidas eficaces del gobierno por la decisión de la ciudadanía de echar mano de sus ahorros forzosos cuando la cuarentena cerró las fuentes de trabajo.
Un gobierno sin ideas ni planes es un gobierno sin rumbo. Hace poco un economista de la Escuela de economía y negocios de la Universidad de Chile comentaba en la prensa local que cada mes de IFE universal correspondía a 2 mil millones de dólares equivalente a la construcción de 50 mil viviendas o el fin de todos los campamentos en Chile en el lapso de dos meses. Sin embargo, comentaba, si existiera oficialmente la voluntad de utilizar ese dinero su realización sería imposible pues el modelo neoliberal desactivó completamente el aparato público en las últimas 4 décadas.
Restablecer la economía a sus niveles pre pandemia implica restablecer la situación del empleo y de ingresos es decir, plantear salarios propios a una economía que se restablece, concebir una matriz de producción y de energía compatible con las nuevas exigencias de la economía y su relación con el exterior, acelerar las reformas tributarias, derogar las exenciones tributarias, establecer un nuevo royalty minero…Como lo señalábamos más arriba se trata de calcular cuánto nos costará incurrir en más inversión, considerando su rentabilidad y dado una tasa de interés y su efecto sobre los ingresos de los trabajadores. De no resolver esta ecuación estamos ad portas de la estagnación en un clima de inflación.
Precisemos que en el peor momento de la pandemia y la cuarentena el desempleo fue de poco más de 13% en 2020, lo que sumado a empleos precarios y de pocos días en el mes se trataba de más de 2 millones de trabajadores. En el mes de julio de este año el desempleo bajó a 8,4% pero aún resta conocer los efectos de la restricción monetaria anunciada por el Banco Central, donde podría darse el caso de desaceleración de la economía y los mercados.
No olvidemos las alzas en los costos del petróleo y el gas natural, elevando las presiones sobre los precios. Varias actividades, entre ellas, la agricultura y la construcción constatan problemas en la oferta de mano de obra, todo lo cual se une para crear presiones inflacionarias cuando se paralizan o bajan los suministros esenciales en la economía esto es, ‘estagflación’.
Lo aquí señalado sitúa en su contexto los diagnósticos de los economistas sujetos a los dogmas del libre mercado y de las reglas de la sostenibilidad fiscal. En tiempos de pandemia de ayudas a las familias, el IFE citado más arriba, bonos, etcétera, se calcula un déficit de caja fiscal de 11,5% del PIB muy por sobre el límite fijado por el gobierno de 4,7% en 2020 (ver decreto 1579 de septiembre de ese año), lo que augura según el Consejo Fiscal Autónomo, que se encarga de evaluar el ciclo de los ingresos fiscales, un severo ajuste para 2022 es decir para la próxima administración.
¿Existe alguna chance que este déficit pueda ser saldado si las fuentes de financiamiento del estado, los impuestos, no son modificadas sustancialmente? Tengamos en cuenta que la inflación socava la estabilidad y se distingue por sus causas estructurales, como parte de un sistema económico que la reproduce y propaga. Señalo dos factores estructurales que serán tratados en la Segunda Parte de este trabajo a saber: la tributación y la minería. Ambos permiten entender el cauce de los recursos provenientes de la actividad económica. La minería es el sector de mayor recaudación en Chile. Su actividad conlleva una orientación de clara raigambre política, pues no solo financia la economía y a los políticos, sino que además influye sólidamente en la política contingente.
Santiago, octubre 31, 2021
