Por Héctor Vega
El alza del transporte fue la chispa que develó las causas profundas de la exclusión social, el abuso y el fraude con que las autoridades de todos los colores políticos han mantenido al pueblo de Chile desde hace más de 30 años. Se instaló así una brecha insalvable entre la autoridad y el pueblo. El gobierno de la Concertación fue incapaz de realizar una transición democrática que permitiera asegurar Bienes Públicos elementales, educación, salud, vivienda, denegados a la población durante 17 años por la dictadura cívico-militar. La izquierda oficial refugiada en la Concertación y el modelo neoliberal que asimilaron con la fe del converso, fue incapaz de garantizar esos bienes consagrados en la Constitución. Desconoció las propuestas en los años 80 de la Asamblea de la Civilidad, pactó con los militares la transición y el modelo neoliberal bajo el pretexto que ya en 1986 no existían movilizaciones populares. No puede entonces sorprender que a partir de 1990 se buscara desarticular el amplio movimiento social de la época y los medios comunicacionales de oposición que habían proliferado durante la dictadura. Todo ello permitió la instalación de los mercaderes de la educación, la salud y la vivienda que fijaron precios y condiciones que excluyeron irremediablemente a dos tercios de la población. Esos excluidos son los que hoy protestan en las calles, advirtiendo a la clase política que hoy, a falta de otro terreno, la política se hace en las calles de la Ciudad.
¿Qué resultó de este maridaje entre los oficialismos de derechas y de izquierdas donde el poder del dinero dictó las reglas del juego?
Se reforzaron los monopolios de los Bienes Públicos donde la oferta impone sus términos y la demanda no flaquea. Allí donde los precios aseguran ganancias fáciles y abundantes, donde los bienes imprescindibles para la vida y el desarrollo humanos fueron privatizados. El agua, los seguros de salud (ISAPRES) y de pensiones (AFP) fueron objeto de comercio por los grupos de poder. Trabajadores en rutinas castigantes y sueldos miserables quedaron fuera de los beneficios de salud, y de educación de calidad, de medicamentos donde los mercaderes ocultaron los bio-equivalentes en las tres cadenas farmacéuticas que controlan el mercado. Ante el clamor popular se dictaron reglamentos y vigilancias, todos ellos tardíos pues el daño ya estaba hecho. Cuando el abuso es largo en el tiempo y los remedios tardan no logran borrar el mal y la humillación. Todo ello cava muy hondo en la conciencia. Más aún si afecta a los más vulnerables que comprenden que ni la caridad ni la Teletón son la solución. Por eso cuando nos enfrentamos con desigualdades extremas, que nos ubican entre los 10 países más desiguales del mundo, las ayudas del Aporte previsional solidario de vejez para pensiones miserables resultan un sarcasmo. Es la realidad de las poblaciones de los grandes centros urbanos del territorio, donde campean las pandillas del narcotráfico; niños y jóvenes cuya suerte está definida por el hogar en que nacieron; viejos que se consumen en la indefensión que incuba la pobreza. Pero es también la realidad de la clase media asediada por impuestos y contribuciones de bienes raíces que adquirieron alguna vez en épocas mejores y que ya no pueden mantener…. Si este conjunto de carencias y frustraciones de la sociedad que el oficialismo de Izquierdas y Derechas no resolvió en tres décadas quiere decir que ha fallado el modelo neoliberal que administra el Estado. Con este han fallado las instituciones del Estado y la clase política que reside en el Congreso y en el Ejecutivo; conjuntamente la Justicia, los carabineros y militares, la Iglesia, también fallaron. Instituciones corruptas que en los últimos tiempos la opinión pública ha mal evaluado. Por esto, las manifestaciones de los tres últimos días revelan la desconfianza y peor aún, el repudio. Se acabó el tiempo de la espera. Los llamados a la unidad y a la paz frente al pillaje y al lumpen que los ejecuta no hacen sino recrear el repudio al gobierno y a la clase política. En desconocimiento total de lo que la población demanda Piñera habla de “un estado de guerra y de un enemigo implacable”. El general Iturriaga a cargo de la defensa nacional responde que a su juicio no ve guerra en ninguna parte –advertencia a su jefe jerárquico que su diagnóstico es equivocado porque de lo que se trata es de problemas sociales no resueltos (¿?). Reducir el repudio del sistema por la población a un problema policial de contención del lumpen revela el marasmo de un sistema basado en las fuerzas del mercado y de las desigualdades sociales. ¡Solo falta que invoquen a Pinochet! Piñera y sus ministros parapetados en La Moneda, aislados de la realidad, creen que la violencia policial les restituirá un poder que ya perdieron. En la incapacidad de ejercer su cargo, Piñera no tiene otra opción que la renuncia para así dar paso a su sustitución por el Presidente del Senado que en virtud de las disposiciones de la Constitución de la República convocará a elecciones donde nuevas agrupaciones políticas, acordes con las necesidades fundamentales de la sociedad, participarán en un proceso democrático que en las últimas tres décadas no ha sido sino una continuación del antiguo régimen identificado con la dictadura de Pinochet.
En un futuro próximo la autodefensa patrocinada por la población en estos días de violencia y ataques del lumpen, señala la estructuración del poder local en los barrios y poblaciones de la Ciudad. Allí está el germen de una nueva gestión de las ciudades en el territorio nacional. Pero también las bases de la representación popular y la nueva práctica de la democracia. Nuevo abordaje en perspectiva de la vida en comunidad y de Bienes Públicos base de la vida en sociedad a saber, educación, salud y vivienda. De estos pasos surgirá la estructuración del poder local de las comunidades de barrio y el “presupuesto participativo” de los municipios en el que la meta es la combinación de la democracia representativa con el control de la sociedad sobre la política pública. En cualquiera de las circunstancias que se barajan en el presente ese es un paso entre muchos otros que deberán darse en el futuro y que sin duda estarán enmarcados en la solidaridad social que hoy proclama el pueblo en sus movilizaciones.
Sin embargo, lo urgente e inmediato será resolver lo que ayer circulaba en las concentraciones de Plaza Ñuñoa, Plaza Italia, y Avenida Bernardo O’Higgins, “fin a las pensiones y trato indigno a la tercera edad; fin al comercio especulativo de los medicamentos y la salud precaria; fin a la educación de mala calidad y deuda universitaria vitalicia; fin a sueldos y negociados de la élite política y representaciones vitalicias de senadores y diputados; fin a los empleos precarios; recuperación de los fondos defraudados en los procesos de Pacogate y Milicogate …”
