Celso Calfullan
Socialismo Revolucionario, CIT en Chile.
Muchos todavía no salen del asombro y no entienden porque la Corte Suprema dejo en libertad a cinco criminales que estaban en Punta Peuco, todos violadores de derechos humanos, todos ellos condenados por delitos de lesa humanidad.
Esto claramente es una burla y un feroz golpe a las víctimas de los más horribles atropellos a los derechos más elementales de cualquier ser humano, por parte del Poder Judicial. Pero en realidad este siempre ha sido el rol que han jugado los jueces de la Suprema.
El Poder Judicial está cumpliendo con su rol histórico.
No podemos olvidar que el Poder Judicial fue cómplice de la dictadura en las violaciones a los derechos humanos, bajo la dictadura los jueces rechazaron miles de recursos de amparo, hay que entender que en esos años oscuros el rechazo a un recurso de amparo prácticamente significaba una sentencia de muerte a los detenidos bajo ese régimen criminal de la fuerzas armadas y la derecha chilena.
Tampoco podemos olvidar que en ese periodo existió una total connivencia entre la Corte Suprema y la dictadura cívico-militar que tuvimos en Chile, muchos han recordado que durante todo ese periodo existió una actitud militante, totalmente alineada de la Corte Suprema y el régimen criminal de las fuerzas armadas y la derecha.
Luego vino un periodo donde aplicaron con especial perseverancia la Ley de Amnistía del régimen militar, para mantener la impunidad de los violadores de los derechos humanos frente a todos los crímenes cometidos entre 1973 y 1978.
El Poder Judicial y el amparo que entregaron a los asesinos.
Ahora solo están dando continuidad a su rol de defensa de los privilegios de la clase dominante o de sus esbirros en este caso, el mismo Poder Judicial que se negó a entregar recursos de amparo a miles de chilenos que terminaron torturados y asesinados, ahora corren para entregar recursos de amparo para los mismos asesinos que ampararon bajo la dictadura.
Aquí nos queda claro el carácter reaccionario de instituciones como el Poder Judicial, que está ahí para defender determinados intereses, que no son precisamente los intereses de los trabajadores o los más postergados de esta sociedad, sino los de la casta dominante. Todo lo que se habla de la imparcialidad de estos poderes y de su supuesta independencia no puede estar más lejos de la realidad.
Mientras liberan a estos asesinos, siguen condenando a inocentes.
Mientras los jueces ponen en libertad a estos cinco peligrosos criminales, están encarcelando a comuneros mapuche, que claramente son inocentes y ellos lo saben pero igual llevan adelante estas condenas, que están gatilladas por la presión política que ejerce el gobierno de Sebastián Piñera, la misma presión que están recibiendo para dejar en libertad a los violadores de los derechos humanos.
Esta más que claro que no podemos tener ninguna confianza en el Poder Judicial que responde a determinados intereses que no tienen nada que ver con las víctimas de la violaciones de los derechos humanos y menos todavía con los activistas mapuche, que en muchos casos son vistos como ciudadanos de segunda clase por estos jueces racistas y clasistas.
Evidentemente estos jueces y el Poder Judicial, están ahí para defender los intereses de su clase, no de los trabajadores y de los que no son parte de la élite dominante de este país.
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