Este sábado 24 de marzo se realizará la IV Marcha Nacional por el Derecho a la Vivienda y la Ciudad. Organizaciones sociales, estudiantiles, políticas y pobladores de distintos lugares del país buscan llamar la atención y presionar a las autoridades para que se acojan las demandas de estas agrupaciones que reclaman una vivienda digna y una ciudad inclusiva.

El objetivo de la protesta es visibilizar uno de los principales problemas que aqueja a la mayoría de los afectados que viven de allegados, en condiciones de hacinamiento o instalados en campamentos.

Para la secretaria general de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), Javiera López, este ámbito ha sido acaparado por la especulación inmobiliaria, convirtiéndose en un bien de consumo que es transado por empresas y reduciendo su acceso a solo quienes pueden pagar. Por esta razón, indicó, la Confech se hará parte de la convocatoria y marchará este 24 de marzo.

“Algo que tenemos en común el movimiento por la educación y el movimiento por el derecho a la vivienda es la desregulación y la mercantilización, la misma precarización, la misma división que existe para ricos y pobres en las viviendas, también lo vivimos en educación, por tanto el llamado es que este sábados las y los estudiantes de Chile participemos. También nos afecta la segregación en las ciudades y cada uno de nosotros que se endeuda para costear su educación, no puede acceder a créditos hipotecarios”, afirmó.

Al respecto la dirigenta de Ukamau, Doris González, aseguró que esta situación de desigualdad habitacional se hereda del Plan Nacional de Desarrollo Urbano de 1978, que rayó la cancha para el crecimiento desregulado de las ciudades, la segregación, la precarización y el encarecimiento del costo de la vida para las familias.

La también vocera del Frente de Resistencia Urbana realizó un llamado a marchar para detener la corrupción y desregulación del sector inmobiliario. Agregó que estas son causas directas del desarraigo, el hacinamiento, la inseguridad, “condenando a la ciudadanía de menos recursos a permanecer de allegados, eternos deudores o destinando gran parte del sueldo a pagar un costoso arriendo”.

“La política subsidiaria instalada hasta el día de hoy por la dictadura, a través del subsidio, sigue siendo la tónica, no garantiza el derecho a una casa adecuada, digna, no podemos permitir que se siga segregando la ciudad y que el mercado siga dirigiendo, mandatando lo que se construye y con qué calidad. Hoy día decimos que los que haremos es levantar una reforma urbana que vaya en pos de la ciudadanía. El acceso a la vivienda debe consagrarse en la Constitución”, subrayó.

No sólo en Santiago se convoca a la marcha por el Derecho a la Vivienda y la Ciudad, también en regiones. Pobladores inmigrantes harán patente los problemas de vivir en tomas y sufrir violentos desalojos.

Elisabeth Andrade, dirigente de la Red de Apoyo del Frente de Campamentos de Antofagasta, precisó que se debe definir una política pública que cree un banco nacional de suelos que garantice la construcción de viviendas sociales para todos los que viven en el país.

“Juntos a nivel nacional podemos acumular fuerzas, Antofagasta está siendo vulnerada por ser una ciudad desigual, porque son pocos los que tienen mucho y muchos los que tienen nada, por eso nosotros estamos exigiendo a las autoridades que nuestros derechos no sean vulnerados, al contrario, que seamos tratados en igualdad de condiciones y por eso también vamos a marchar el sábado, hay más de 25 organizaciones locales convocadas, eso estoy segura de que será el inicio de un gran cambio”, argumentó.

Previo a la convocatoria, los dirigentes de agrupaciones sociales de campamentos de Antofagasta se reunieron este jueves con el ministro de Vivienda Cristián Monckeberg, a quien le manifestaron la necesidad fundamental de vivir dignamente y terminar con los desalojos que de manera constante y violenta –según calificaron- han sucedido en terrenos fiscales del norte del país.

El alcalde de Recoleta Daniel Jadue también llamó a participar en la marcha de este sábado que comenzará en Plaza Italia. El edil puso como ejemplo su iniciativa de inmobiliaria popular como una de las formas posibles para superar el déficit habitacional que, según cifras oficiales, supera los 500 mil hogares.

Los representantes sociales, políticos y estudiantiles recalcaron la necesidad de implementar una nueva política pública que además contemple la regulación del cobro de los arriendos, revisión de todos los proyectos inmobiliarios que enfrentan la resistencia de vecinos y el fin de los desalojos sin solución habitacional.