DECLARACIÓN PÚBLICA
CONVOCATORIA A ACCIÓN JUDICIAL ANTE LA CRISIS DE LOS FONDOS DE PENSIONES
A la opinión pública, a los cotizantes y a los actuales pensionados de Chile:
Las pérdidas históricas del Fondo E y Fondo C durante 2026 -estimadas en 11.000
millones de dólares- nos obligan a pasar de la indignación digital a una estrategia
jurídica y financiera rigurosa.
Rechazamos que el gremio de las AFP normalice este desastre como una
«fluctuación del mercado» o «inversión a largo plazo». Los antecedentes demuestran
una exposición imprudente a instrumentos derivados y swaps de tasas de interés,
transformando el fondo más conservador del sistema en un escenario de alto riesgo
para los actuales y futuros pensionados.
El ahorro obligatorio de millones de trabajadores no es un casino. Las AFP tienen
obligaciones legales estrictas de seguridad, rentabilidad y control de riesgos.
Cuando estas se infringen, la fe pública se quiebra. No aceptaremos que este
perjuicio sea tratado como un accidente anónimo del mercado: aquí existen
administradores, reguladores y decisiones con nombres y apellidos que deben
responder ante los tribunales.
Convocamos a afiliados afectados, abogados, economistas, actuarios y
contadores a constituir un frente de trabajo interdisciplinario bajo tres ejes de
acción inmediata:
1. Auditoría Financiera y Demanda Civil contra las AFP
La acción judicial debiera acreditar una administración contraria al deber de
prudencia legal. Para demostrar la causalidad de las pérdidas, el equipo
interdisciplinario debiera reconstruir las complejas operaciones con derivados,
medirá la exposición a las tasas y determinará las pérdidas reales.
No basta la crítica económica; cada daño financiero se traducirá en un
incumplimiento legal concreto. El objetivo técnico es determinar, AFP por AFP, la
diferencia entre el patrimonio previsional existente y el que habría existido bajo una
administración prudente, exigiendo judicialmente la restitución total de los perjuicios.
2. Demanda Subsidiaria contra el Fisco y Exigencia al CDE
La Superintendencia de Pensiones posee potestades expresas de fiscalización que
omitió ejercer oportunamente. Investigaremos judicialmente qué sabía la autoridad
sobre la exposición a derivados y desde cuándo.
Si demostramos que el regulador actuó de forma tardía o negligente mientras el
ahorro previsional se destruía, interpondremos una demanda subsidiaria contra el
Fisco por falta de servicio. Asimismo, por la masiva afectación al interés general,
exigiremos formalmente que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) asuma la
defensa activa del patrimonio de los contribuyentes vulnerados.
3. Emplazamiento Público y Evaluación de la Reforma
Esta crisis devela una falla estructural. La reforma previsional de 2025 no solo
mantuvo intacta la capitalización individual forzosa, sino que aumentó el negocio
privado en beneficio directo de las AFP. El afiliado sigue obligado a entregar su 10%
a administradoras privadas, asumiendo en solitario el 100% del riesgo financiero por
las malas decisiones de terceros.
Implementaremos un Registro Público para enviar cuestionarios técnicos e
interpelar a las AFP, ministerios y parlamentarios que aprobaron la reforma de 2025.
Exigiremos que expliquen públicamente qué garantías técnicas ofrecieron para
proteger los fondos de este tipo de colapsos.
4. Hoja de ruta para los afectados
Iniciamos hoy dos tareas críticas simultáneas:
• Registro Voluntario de Afectados: Convocamos a los cotizantes y
pensionados que permanecieron en el Fondo E y Fondo C durante el periodo
2025-2026 a agruparse para recopilar sus cartolas históricas y saldos.
Buscamos construir una base amplia para calcular daños reales.
• Frente Técnico Interdisciplinario: Invitamos a profesionales de las áreas
financiera, contable y jurídica a sumarse para analizar los contratos swaps,
evaluar las políticas de inversión aplicadas y redactar las demandas.
Nuestra propuesta es concreta: reparación económica y esclarecimiento histórico.
Frente a la pasividad política tradicionales, los trabajadores opondremos rigor
técnico, organización ciudadana y acciones judiciales firmes.
¡A defender nuestras pensiones y exigir la restitución de los ahorros de toda una vida!
Santiago, 16 de octubre de 2026.
