Pescadores mantienen protesta nacional con libertad a lo que decidan las caletas. Cuestionan mantención de Subsecretario Súnico y Ministro Céspedes. Analizarán informe de la FAO. Y llaman a Presidenta Bachelet a escuchar lo que ocurrió en las elecciones del fin de semana, especialmente lo ocurrido en Valparaíso.
Santiago, 25 de octubre de 2016. (radiodelmar.cl)– El informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), encargado el 28 de abril del 2015 por el gobierno chileno para revisar la viciada ley 20.657 de pesca y acuicultura, fue entregado finalmente por sus representantes en Chile, Eve Crowley y Alejandro Flores a la presidenta de la República Michele Bachelet.
El inédito requerimiento del gobierno chileno a la FAO para que revise las modificaciones a la Ley de Pesca, modificaciones llamadas como Ley Longueira, se registró luego del gran cuestionamiento de sectores de la pesca artesanales, organizaciones sociales, académicos, y pequeñas y medianas empresas, además del pueblo mapuche, a esta normativa que entregó derechos de propiedad a los grandes industriales y a los dueños de las lanchas artesanales sobre las cuotas pesqueras.
Con esta ley, los que se adueñaron de las cuotas tendrían propiedad por 20 años renovables de las pesquerías chilenas. Toda esta discusión se dio en un contexto en que varios de los parlamentarios que aprobaron esta normativa están investigados por hechos de corrupción y el ministro de economía de aquel entonces que impulso esta Ley, Pablo Longueira, tiene arresto nocturno en su domicilio, y el exsenador, Jaime Orpis, tiene arresto domiciliario total, luego de pasar más de un mes en una cárcel de Santiago.
El documento de la FAO realiza más de una docena de observaciones al cuestionado texto legal promulgado el 2013. Entre ellas destacan que la asignación de derechos de explotación al sector de la industria debe contar con “aceptabilidad política”. Este hecho es relevante, ya que a nivel político y social, la denominada ley Angelini-Longueira, presenta un amplio rechazo y cuestionamiento. Ejemplo de ello es que el 89% de los ciudadanos consultados por la encuesta Plaza Ciudadana Cadem, manifestó que este cuerpo legal fue tramitado en situaciones de corrupción, mientras un 93% indicó es necesario realizar una nueva ley si se confirma las situaciones de cohecho y financiamiento ilegal de la política.
No es menor el hecho que la entrega del informe FAO se realizó a dos días de la anunciada manifestación nacional de pescadores artesanales y de movimientos sociales regionales, demandando la anulación sin compensación de la cuestionada ley de pesca y acuicultura.
Ante esto, los pescadores afirman que la movilización planificada para este 26 de octubre continúa y que todas las caletas tienen libertad de acción en el contexto de la exigencia de anular la Ley Longueira y de revisar la mantención de las autoridades sectoriales. Estos son el Ministro de Economía Luis Felipe Cespedes y el Subsecretario de Pesca, Raúl Súnico, calificados como férreos defensores del modelo pesquero industrial y de las patronales Sonapesca, Asipes y Fipes.
FAO al gobierno de Chile : Respetar los derechos de la población en su conjunto
Frente a la entrega de licencias de pesca de carácter gratuito y perpetuo a los clanes industriales, con posibilidades de ser vendidas, compradas, hipotecadas, e incluso heredadas a sus descendientes , Alejandro Flores señaló que “la parte de asignación es un aspecto estrictamente de soberanía del estado. Existen diversos modelos, como de licitación, cuotas globales, etc., adoptados por los países. No existe una receta universal y todo depende de la historia y de las circunstancias de cada país”. Flores añadió que “ más allá de la forma de asignar, es la forma de cómo se respeta esas asignaciones y se toma en consideración los derechos de la población en su conjunto”
FAO frente a una ley excluyente y racista
El informe FAO recomienda “reconocer y garantizar los derechos de los pueblos originarios a los recursos pesqueros, incluidos su manejo y conservación, así como fomentar su participación , en el ámbito pesquero, sin detrimento de los derechos que legalmente corresponden a otros usuarios”.
Esto es una ironía, ya que la ley Angelini-Longueira de pesca y acuicultura, eliminó a los pueblos originarios como tales de los derechos de propiedad, acceso y usos de las pesquerías nacionales, sin que el Estado de Chile realizara las consultas obligatorias a la cual estaba obligada de acuerdo al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), organismo que también pertenece al sistema de las Naciones Unidas. Igualmente, dicha ley eliminó de derechos de propiedad y acceso al 90% de los pescadores de pequeña escala propiamente tales.
La frase “sin detrimento de derechos que legalmente corresponden a otros usuarios” es una señal para no tocar la entrega gratuita y a perpetuidad de la propiedad de los peces del mar chileno a las 7 familias que conforman el cartel industrial que domina este sector productivo y al 10% de los armadores semi-industriales que son parte del sector artesanal.
La FAO sugiere al gobierno diferenciar entre la pesca artesanal de pequeña escala , mediana y “para fines comerciales”
El documento del organismo de las Naciones Unidas destaca que se cuide la sustentabilidad de los recursos pesqueros , agregando que también se debe proteger el medio ambiente y los aspectos económicos y sociales.
Esto constituye una nueva ironía para un gobierno en el cual, las pesquerías clasificadas como en sobreexplotación y colapso han aumentado en los últimos dos años desde el 48% al 72%, y donde los volúmenes de pesca ilegal, especialmente industrial- ya superan en un 300% a las cuotas de pesca “legales”.
Sobre la gobernanza del sector, la FAO considera “oportuno continuar el trabajo con los actores sectoriales para desarrollar mecanismos que aumenten su participación y con ello la transparencia en las decisiones”. Por su parte , destaca entre las brechas detectadas, la inexistencia de una política pesquera que permita articular al sector pesquero con otros de la economía, trabajo, salud o medioambiente, la falta de una mejor categorización de la pesca artesanal, y el revisar las condiciones laborales particulares de los trabajadores del sector pesquero para que estén adecuadamente regulados, según estándares internacionales.
Ley de pesca: Bachelet y la casta política siguen desconectada de la ciudadanía
Luego de la entrega del informe FAO, la presidenta Bachelet instruyó al ministro de economía ,Luis Felipe Céspedes, y al subsecretario de pesca, Raúl Súnico, el reunirse con distintos actores “vinculados a la pesca”.
Con ello desconoce que la escandalosa situación de cohecho y corrupción vinculada con la aprobación parlamentaria de la ley de pesca , la que involucra a la fecha a 14 empresas pesqueras y 16 parlamentarios, dejó de ser un tema sectorial, para transformarse en un tema público y ciudadano.
Ecocéanos: ¿Podrá el gobierno salvar la corrupta ley de pesca utilizando el informe FAO?
El ministro de economía y el subsecretario de pesca se encuentran elaborando apresuradamente una propuesta de ley Longueira de pesca “revisada y maquillada”, para ser presentada a mediados de noviembre, y poder enfrentar el creciente movimiento político y social que demanda su anulación sin compensación económica y castigo para los políticos, burócratas y empresas involucrados en los delitos de cohecho y financiamiento ilegal de la política relacionados con el viciado trámite parlamentario de dicha ley .
Este intento gubernamental y corporativo busca realizar cambios de carácter secundario y populista al articulado de la ley, manteniendo sus aspectos centrales, tales como la propiedad de las pesquerías y el uso monopólico de las rentas pesqueras de parte de los siete clanes empresariales; la eliminación del Estado en la propiedad de los recursos hidrobiológicos de la Nación; la transferencia al mercado de la capacidad exclusiva de asignar propiedad y derechos de usos y acceso a las pesquerías chilenas, y la exclusión de los pueblos originarios y del 90% de los pescadores artesanales propiamente tales.
Frente a ello Ecocéanos señaló que “la manifestación nacional de la pesca artesanal , ciudadanos y movimientos sociales el 26 de octubre será una respuesta contundente del rechazo público y la falta de legitimidad de la corrupta ley Angelini-Longueira y al intento de “maquillarla” por parte del gobierno. Esperamos que el partido comunista y otros parlamentarios que son parte de la coalición gobernante y de la mesa que discute la “revisión” de la ley Longueira, le quite el “piso político” a este nuevo intento de fraude , y reiteren públicamente su opción por la anulación sin compensación de este ícono del abuso y la corrupción política-empresarial imperante en Chile”.
Por su parte, la Coalición Social para la Defensa del Mar y los Derechos Populares, señaló que la FAO debe abrir espacios de discusión abierta con la sociedad chilena y los movimientos sociales, ante una ley que carece de legitimidad social y sólo asegurará una mayor sobreexplotación de los recursos pesqueros nacionales, incremento de la concentración económica, exclusión social y la pérdida de gobernanza en las áreas marino-costeras.
