DIARIO U DE CHILE
Karina Palma |Lunes 8 de enero 2018 17:13 hrs.
A un año de la publicación de la Ley Reservada del Cobre, autoridades acuerdan avanzar en materia de transparencia y terminar con las casi 200 leyes secretas que existen en el país. Dichas normativas refieren principalmente a las plantas de personal y transferencias económicas de las Fuerzas Armadas.
Son 199 las leyes de circulación restringida en Chile, es decir, normativas que no han sido publicadas en el Diario Oficial, cuyo contenido es de carácter reservado. Esto, a poco más de un año de la desclasificación de la Ley Reservada del Cobre.
Marcelo Drago, presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), señaló que la publicación de esta normativa, que establece la entrega del 10 por ciento de los ingresos de Codelco a las Fuerzas Armadas, marca un antes y un después en materia de transparencia, al igual que las modificaciones a la Constitución del año 2005.
En esa línea, advirtió que existe cierto consenso entre los distintos poderes del Estado de avanzar en la publicación de estas leyes, pero manifestó que se requiere un estudio de cada una para evaluar si pueden afectar la seguridad nacional. A su juicio, la mayoría corresponde a “resabios históricos, anacronismos que en su momento tuvieron sentido, pero ya no”.
“Si queremos que esto sea vía ley y se nos solicita estudiar estas normativas para establecer recomendaciones, nosotros lo podríamos hace en mucho menos de ocho meses. En poco tiempo podríamos resolver qué hacer con las 200 leyes a través de un análisis detallado”, afirmó.
Marcos Robledo, subsecretario de Defensa, dijo que existe una tensión entre las normas reservadas y el avance en materia de transparencia. Sobre esto último, destacó los libros que se publican periódicamente en los que se detalla: la cantidad de efectivos de las Fuerzas Armadas, su nivel de gasto, las políticas en defensa y los sistemas mayores de armamento.
“Hay normas vigentes que exigen reserva en aspectos muy debatibles, como las plantas de personal. Se debe discutir qué pasos se deben dar para incrementar la transparencia, que a su vez permite mayores niveles de probidad y, desde el punto de vista internacional, aumenta la certeza y la confianza entre países”, argumentó.
El subsecretario valoró el debate que se abre para definir lo que debe y no debe ser secreto. Además, advirtió que dado que la política de defensa nacional no es de carácter ofensivo es conveniente tener altos niveles de transparencia que eviten “guerras o conflictos por equivocación”.
El diputado Jaime Pilowsky (DC) sostuvo que no se justifica que sigan existiendo leyes secretas y comentó que éstas no solo han sido originadas en dictadura, sino también antes y después. Detalló que hay tres normativas reservadas generadas después del año 90.
“A mi juicio ha habido una desidia legislativa. Se dice que publicar leyes reservadas o secretas podría poner en riesgo la seguridad de la nación, pero creo que ese argumento no es válido para este tipo de leyes, al menos en las que yo he analizado. Lo conveniente es avanzar en un proyecto de ley que permita la desclasificación de estas normas y su publicación en el Diario Oficial para que sean de conocimiento público”, indicó.
El parlamentario hizo un llamado a los ministerios de Defensa y Secretaria General de la Presidencia, junto al Congreso y el Consejo para la Transparencia, para desarrollar un test, en cada una de las 199 leyes, que permita su desclasificación antes de agosto de este año, cuando se cumplen diez años de la creación del CPLT.
Pilowsky señaló que del total de normativas reservadas, el 76 por ciento está relacionada con las plantas de las Fuerzas Armadas, el 16 corresponde a transferencias económicas realizadas al Ejército el año 1979 y el porcentaje restante a facultades de ciertos organismos y otros temas.
Por otro lado, anunció que presentará un proyecto junto a los diputados Leonardo Soto (PS) y Sergio Espejo (DC) que busca que el número de dotaciones en las Fuerzas Armadas sea de carácter público y no se acoja al Artículo 436 del Código de Justicia Militar. La iniciativa surge a raíz de los millonarios fraudes que se han cometido tanto en las FFAA como en Carabineros.
