EL MOSTRADOR,
por FELIPE PORTALES 15 mayo, 2017
El abandono del PDC de uno de sus más destacados dirigentes históricos como Ricardo Hormazábal y, más aún, que este evento ¡no haya generado ninguna reacción pública del partido ni de sus dirigentes!, nos revela el extremo deterioro político y ético al que ha llegado esta organización política. Es cierto que ya desde hace muchos años el PDC no es ni la sombra de lo que fue. La vocación por la justicia social, la mística y la ética de su antecesora, la Falange Nacional; la tremenda obra del gobierno de su máximo líder histórico –Eduardo Frei- de terminar con el secular sistema semifeudal de la hacienda y de comenzar el proceso de nacionalización del cobre; la notable lucha que desarrolló contra la dictadura; y la propuesta que hizo durante los 80 de terminar con las “modernizaciones” neoliberales impuestas por aquella; configuran un tremendo contraste con la renuncia a sus postulados de justicia social y con el acomodo al modelo económico-social impuesto por la dictadura desarrollados por su liderazgo desde fines de los 80.
En efecto, como lo reconoció el máximo arquitecto de la “transición”, Edgardo Boeninger, el liderazgo del PDC –y del conjunto de la Concertación- llegó a fines de esa década a un proceso de “convergencia” con el pensamiento económico de la derecha, “convergencia que políticamente el conglomerado opositor no estaba en condiciones de reconocer”. Y que “la incorporación de concepciones económicas más liberales a las propuestas de la Concertación se vio facilitada por la naturaleza del proceso político de dicho período, de carácter notoriamente cupular; limitado a núcleos pequeños de dirigentes que actuaban con considerable libertad en un entorno de fuerte respaldo de adherentes y simpatizantes” (Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad; Edit. Andrés Bello, 1997; pp. 369-70).
Y que para que dicha convergencia no fuese reconocida, el liderazgo del PDC y de la Concertación regaló la inminente mayoría parlamentaria que habría acompañado a Aylwin en su seguro gobierno, acordando con Pinochet las reformas constitucionales de 1989 que solapadamente hicieron eso imposible. Con ello pudo aducir plausiblemente que no hacía ninguna reforma fundamental porque no disponía de mayoría parlamentaria…
Además, procedió a promover a través de diversas políticas -como el bloqueo de fondos holandeses y la discriminación del avisaje estatal- la destrucción del conjunto de los medios escritos concertacionistas (Apsi, Análisis, Hoy, La Epoca, Fortín Mapocho) que no compartían la convergencia con la derecha y que por tanto se habrían convertido, a la larga, en verdaderos opositores de sus políticas neoliberales. Destrucción que logró plenamente durante la década del 90.
La solapada conversión derechista del PDC (y del conjunto de la Concertación) ha ido quedando cada vez más clara para la sociedad chilena. No solo por la vía del reconocimiento fáctico de décadas de conservadurismo estructural (manteniendo las AFP, las Isapre, el Plan Laboral, las universidades con fines de lucro, el sistema tributario, etc.; ¡habiendo tenido Lagos y Bachelet los quórums requeridos para transformarlos en el Congreso!); sino también por desfachatados reconocimientos que de tanto en tanto deslizan algunos dirigentes partidarios.
Por cierto el más destacado fue el efectuado por Alejandro Foxley, al defender a Pinochet una vez detenido en Londres. De este modo expresó que “Pinochet realizó una transformación, sobre todo en la economía chilena, la más importante que ha habido en este siglo. Tuvo el mérito de anticiparse al proceso de globalización que ocurrió una década después, al cual están tratando de encaramarse todos los países del mundo. Hay que reconocer su capacidad visionaria y la del equipo de economistas que entró a ese gobierno el año 73, con Sergio de Castro a la cabeza, en forma modesta y en cargos secundarios, pero que fueron capaces de persuadir a un gobierno militar –que creía en la planificación, en el control estatal y en la verticalidad de las decisiones- de que había que abrir la economía al mundo, descentralizar, desregular, etcétera. Esa es una contribución histórica que va perdurar por muchas décadas en Chile, que ha terminado siendo aceptado prácticamente por todos los sectores. Además, ha pasado el test de lo que significa hacer historia, pues terminó cambiando el modo de vida de todos los chilenos, para bien, no para mal. Eso es lo que yo creo y eso sitúa a Pinochet en la historia de Chile en un alto lugar. Su drama personal (sic) es que, por las crueldades que se cometieron en materia de derechos humanos en ese período, esa contribución a la historia ha estado permanentemente ensombrecida” (Cosas; 5-5-2000).
La solapada conversión derechista del PDC (y del conjunto de la Concertación) ha ido quedando cada vez más clara para la sociedad chilena. No solo por la vía del reconocimiento fáctico de décadas de conservadurismo estructural (manteniendo las AFP, las Isapre, el Plan Laboral, las universidades con fines de lucro, el sistema tributario, etc.; ¡habiendo tenido Lagos y Bachelet los quórums requeridos para transformarlos en el Congreso!); sino también por desfachatados reconocimientos que de tanto en tanto deslizan algunos dirigentes partidarios.
Precisamente, en el especial ámbito ético de los derechos humanos, se llevó a cabo durante los gobiernos conducidos por el PDC una virtual “búsqueda de la impunidad en la medida de lo posible”. Primero, la propia denominación de la Comisión Rettig como de “Verdad y Reconciliación” denotó con claridad que se veía que la justicia no era un prerrequisito de la reconciliación. Luego, ¡antes que dicha comisión finalizara su labor!, el presidente del Senado, Gabriel Valdés, llamó a contentarse con ni siquiera encontrar la verdad, al afirmar en agosto de 1990 que pondría un plazo máximo de “dos meses” para encontrar el paradero de las personas detenidas-desaparecidas: “No podemos seguir indefinidamente en la búsqueda de muertos” (Paula; agosto de 1990); concepto que repetiría el entonces presidente del PDC, Alejandro Foxley, en 1995 al decir que “no sacamos nada con estar contando muertos indefinidamente” (Las Ultimas Noticias; 3-11-1995). A su vez, en diciembre de 1991, el mismo Valdés planteó que “la transición es un problema político y va a terminar el día que tengamos una situación que permita dictar una ley de amnistía general como se ha hecho en otros países, pero dejando al margen algunos casos que no fueron incluidos en la amnistía anterior y están en poder de la justicia, como el caso Letelier” (El Mercurio; 15-12 1991). ¡Hasta la propia derecha se manifestó en contra de una nueva ley de amnistía, en las palabras del presidente de RN, Andrés Allamand y del diputado de la UDI, Andrés Chadwick…
Posteriormente, los propios gobiernos de Aylwin y Frei Ruiz-Tagle enviaron en 1993 y 1995 proyectos de leyes destinados, en definitiva, a avalar el decreto-ley de autoamnistía de 1978. Afortunadamente, en ambas ocasiones la oposición de las agrupaciones de familiares de las víctimas (¡en 1993 la AFDD tuvo que efectuar incluso una huelga de hambre en su contra, igual que en la dictadura!…), de diversas organizaciones nacionales e internacionales de DD. HH., y de algunos parlamentarios del PS, lograron frenar la aprobación de dichos proyectos.
Pero sin duda que la culminación de esta búsqueda de impunidad se dio en relación con el mismo Pinochet. Así, el gobierno de Frei Ruiz-Tagle logró –con el apoyo de varios diputados democratacristianos- derrotar en 1998 una acusación constitucional en contra de Pinochet. Y después intercedió internacionalmente para evitar un juicio a Pinochet en España, luego de haber sido detenido en Londres. Posteriormente el gobierno de Lagos se encargaría de presionar pública y privadamente a los tribunales chilenos para evitar una condena a Pinochet por sus crímenes.
Por otro lado, el derechismo del liderazgo del PDC ha ido quedando abrumadoramente claro con las decenas de sus dirigentes –muchos de ellos ex ministros y subsecretarios- que han pasado a ser directores o altos ejecutivos de AFP, Isapres, empresas o fundaciones de grandes grupos económicos, asociaciones gremiales de grandes empresarios, universidades privadas con fines de lucro, etc. Y últimamente con la pléyade de altos dirigentes partidarios que han obtenido apoyos financieros solapados e ilegales aportados por grandes grupos económicos, sin generar ningún escándalo dentro del Partido.
Todo esto ha repercutido en la gigantesca pérdida de adhesión experimentada por el PDC en la sociedad chilena. De partida, hace muchos años que virtualmente se extinguió la Democracia Cristiana en las universidades del país, lo que asegura su paulatino final histórico. Y ya en las elecciones nacionales el PDC ha pasado a tener un respaldo mínimo. De este modo, su progresivo deterioro electoral que viene desde los 90 lo ha llevado en las últimas elecciones municipales del año pasado ¡a obtener un 5% de respaldo! respecto del padrón total de ciudadanos con derecho a voto.
Por ello no puede sorprender mucho que el abandono del Partido de un líder tan característico de lo que fue históricamente la Falange y el PDC chileno (particularmente en términos de mística y honestidad) como Ricardo Hormazábal, sea tan indiferente para los líderes y la organización actual; y pase desapercibido para el conjunto de la sociedad chilena.
