por Pedro Albornoz
El ascenso en la lucha y organización conciente de trabajadores, campesinos y la juventud, fue el sello histórico de la segunda mitad del siglo XX, que sustentó el triunfo de la Unidad Popular en 1970; abriendo un proceso revolucionario sin precedentes en Chile. El despertar de millones de explotados que impulsaban demandas por justicia social y cambios revolucionarios, significó una real amenaza a los intereses de la oligarquía chilena y el imperialismo estadounidense.
Habitualmente se plantean ideas como que en la Unidad Popular “se avanzó demasiado rápido”, que ésto “provocó a la reacción y el golpe”. Nada más alejado de la verdad histórica. Las múltiples investigaciones del propio congreso de Estados Unidos, junto a las revelaciones de archivos de la CIA; confirman las intervenciones en Chile e intentos para atacar a la Unidad Popular , incluso antes que Allende asumiera en el gobierno. Cabe solo recordar el asesinato del general René Schneider en octubre de 1970 para impedir que el congreso ratificara el triunfo de Allende en las
elecciones. Atentado planificado por la CIA en conjunto con grupos de ultraderecha en Chile.
Posteriormente el imperialismo junto al gran empresariado y sus partidos, plantearon una intervención permanente contra el gobierno de la UP, con una guerra económica y boicot; promoviendo la inestabilidad política, de manera de crear las condiciones para un futuro golpe de estado. Los antecedentes abundan. Como el financiamiento a “El Mercurio” con 1.5 millones de dólares, el apoyo al paro de camioneros y partidos políticos de la oposición.
La incapacidad del gobierno de la UP de romper con el capitalismo y responder a las genuinas demandas revolucionarias de los trabajadores y campesinos; provocaron un enorme desconcierto en la población que exigía acción inmediatas ante la amenaza evidente del golpe. Esta situación de reflujo y confusión, fue aprovechada por la oligarquía chilena y el imperialismo para consumar el golpe en septiembre de 1973, tras un primer intento fallido con el tanquetazo de junio.
La brutal derrota de la UP, significó un cambio histórico con consecuencias que aún podemos observar, tanto en el plano económico, político y social.
Tras el golpe la junta militar se encargó de reprimir y exterminar a los cuadros más conscientes de la juventud, del movimiento obrero y campesino que lideraron la lucha para acabar con el capitalismo. El actuar despiadado de la burguesía chilena buscaba destruir las organizaciones populares y borrar las lecciones revolucionarias aprendidas en décadas de lucha.
En términos económicos, se eliminaron todas las conquistas sociales logradas hasta entonces, privatizando las empresas que estuvieron bajo propiedad social. Después, se avanzó en elaborar un nuevo proyecto institucional y jurídico que consagrara el triunfo de la contrarrevolución, la constitución de 1980; que establecería los pilares del capitalismo en su nueva fase neoliberal.
Desde entonces este marco ha permitido la privatización de la seguridad social (salud y pensiones), de la educación, la precarización laboral, etc. Todo esto con la finalidad de asegurar las ganancias multimillonarias de un puñado de grupos ecónomicos y trasnacionales.
Después, a principios de los 80, la crisis económica y los levantamientos sociales contra la dictadura abrirían la posibilidad de acabar con el régimen, pero lamentablemente los partidos que se denominaban de izquierda entregaron la conducción del proceso a la Democracia Cristiana; uno de los principales promotores del golpe de estado. Durante los 90, en un contexto internacional marcado por el derrumbe de los regímenes estalinistas o “socialismo reales”; los partidos tradicionales de izquierda giraron cada vez más a la derecha, abandonando la lucha concreta por la transformación socialista, conformándose con administrar y reformar el capitalismo.
Durante más de 3 décadas de transición la casta política ha tenido especial responsabilidad en legitimar toda la herencia de la dictadura, al continuar sus politicas neoliberales. Hoy es toda esta institucionalidad la que ha entrado en crisis , pues el capitalismo ya no es capaz de responder a las necesidades de la población; ni tampoco de garantizar un desarrollo ecosustentable. En esta profunda crisis económica y política radican las verdaderas causas del estallido social que vivimos en Octubre de 2019.
Ahora es el creciente malestar contra la casta política lo que predomina, en un contexto de incertidumbre y reflujo en la lucha social. La ausencia de una organización que represente los intereses de los trabajadores esta abriendo el peligro de que sectores populistas de ultraderecha ganen más apoyo social. Por ello es fundamental levantar una alternativa al capitalismo, un programa que recoja las importantes lecciones de la Unidad Popular y de continuidad a las luchas por transformar revolucionariamente la sociedad.
