Entrevista exclusiva de Nodal al sociólogo y periodista brasileño Jayme Brener
Tomás Forster, Redacción
Nodal, 4-1-2016
El pasado lunes 2 de enero no fue un día más en la capital del Estado de Amazonas. El Complejo Penitenciario Anísio Jobim (Compaj) de Manaos, amaneció convulsionado por un motín que dejó al menos 56 muertos. Según las autoridades estaduales, el hecho se debió a un enfrentamiento entre dos facciones delictivas: el Primer Comando Capital (PCC) –que data de 1993, con su núcleo histórico en San Pablo y que se expandió a 22 de los 27 estados del país- y la Familia del Norte (FDN), la más poderosa de Manaos y aliada del Comando Vermelho, surgido en Río de Janeiro en la lejana fecha de 1979.
Según la información que circula, en el enfrentamiento, las facciones rivales buscaron saldar su disputa, previa declaración de guerra a mediados del 2016, por el control de una región considerada estratégica para el tráfico ilegal. El PCC se llevó la peor parte en el asunto mientras que la FDN, con la ayuda de los “vermelhos”, parece haber logrado el propósito de frenar a su enemigo y reafirmarse como la organización criminal más influyente del norte.
La masacre -la segunda en magnitud de la historia penitenciaria brasileña luego de la llamada masacre de Carandiru de 1992 en la que murieron 111 detenidos en San Pablo- trascendió los límites regionales, puso en el foco de la tormenta nuevamente a la problemática situación que se vive en las cárceles del país y provocó innumerables críticas por la pasividad de las fuerzas de seguridad mientras se producía el desbande. Desde el enfoque de Jayme Brener, sociólogo y periodista paulista, “no se puede comprender porque las autoridades han permitido tal concentración de gente ligada a facciones enemigas en un sólo lugar”. En diálogo con Nodal, Brener analizó el trasfondo detrás de la masacre de Compaj y el vínculo que tiene con la situación penitenciaria a escala nacional.
-¿Cuáles son los motivos que produjeron tal hecho de violencia en Manaos?
Hay más de una causa pero, de inmediato, lo que se revela es la unificación de grupos locales vinculados al narcotráfico en contra de la facción PCC, que intenta lograr una hegemonía nacional. Tampoco se puede obviar la incapacidad de la policía que no trabajó para detener la confrontación.
-¿Cree que se podría haber previsto el enfrentamiento?
No se puede comprender porque las autoridades permitieron y mantuvieron tal concentración de gente ligada a facciones enemigas en un sólo lugar. Ese es un punto clave. No hay que descartar como hipótesis que parte de la policía y de la justicia pueda haber actuado para favorecer a las facciones locales.
-¿Qué es lo que más le preocupa de este acontecimiento?
Me asusta la absoluta ausencia del Estado en el momento en el que estallaba la matanza. Es como si hubieran querido dejar que se maten…Dijeron, para justificarse, que si entraba la policía habría muerto más gente. Es para reírse si no fuera algo tan lamentable.
-¿Y cómo vincula este hecho con lo que sucede más en general en las cárceles de todo Brasil en relación al problema del hacinamiento?
Tiene una total vinculación. El peso del crimen organizado y de la violencia en Brasil le da letra al sentido común de que los presos tienen que pudrirse en la prisión. Todo obedece a la lógica meramente punitiva y así no hay rehabilitación social posible.
-¿Cómo analiza la política penitenciaria y, más en general, la política de seguridad del gobierno de Temer?
¿Qué política? No hay política nacional de seguridad, sí hay un Estado que hasta ahora decide no involucrarse. Encima la prisión de Manaos pertenece al gobierno regional y fue semiprivatizada. Lamentablemente, no tengo una respuesta para tu pregunta. El Estado nacional entró recién ahora en el tema: enviaron al ministro de Justicia (Alexandre de Moraes) que anunció que transferirán a los cabecillas responsables de la masacre a aprisiones federales de máxima seguridad.
