Carlos Tautz *
Revista IHU Online, 15-12-2022
Traducción de Correspondencia de Prensa
No se conoce ni una sola idea del ingeniero José Múcio sobre la complejísima cuestión de la defensa nacional. Pero, aun así, Múcio recibió del diplomado presidente Lula la misión estratégica de hacerse cargo, a partir del 1° de enero de 2023, del Ministerio de Defensa, una cartera políticamente crítica, que, a juzgar por la trayectoria de sus ocupantes en los últimos seis años, debería plantear la hipótesis de que Lula termine o no su próximo mandato.
Quienes entienden del asunto lo garantizan: en la práctica, Lula entregó la cartera a los militares, cuando eligió para encabezarla a un político alejado de su círculo más próximo y sin peso político suficiente para dirigir el Ministerio y sus generales. Los mismos que, cómplices de terroristas, alimentan (literalmente) la turba reunida en el Cuartel General del Ejército en Brasilia, de donde salieron los uniformados con camisetas de la CBF (Confederación Brasileña de Fútbol) para incendiar la ciudad, momentos después de la graduación del nuevo Presidente este lunes (12 de diciembre).
«La elección del ministro Múcio no refleja la decisión del poder político, del poder del Estado, de ejercer el mando supremo de las fuerzas armadas. Más bien refleja el intento de conciliación, y esta conciliación es imposible. O el político somete al militar o el militar somete al político», analizó el historiador Manoel Domingos, en TV247. Profesor jubilado de la Universidad Federal Fluminense, Domingos ha presidido la Asociación Brasileña de Estudios de Defensa (ABED). «Ganó la tutela (militar)», resumió el ex diputado federal José Genoíno, ex presidente del PT, sobre la elección de Múcio, coincidiendo con Domingos.
Coraje
Al diplomado presidente alguien tiene que reiterarle lo que ya le dijo Celso Furtado en el número 1 del periódico Brasil de Fato (2003), justo después de que el presidente del PT asumiera su primer mandato: «Lula necesitará mucho coraje», señaló el mayor economista brasileño de todos los tiempos. En el caso de Múcio, la enseñanza de Furtado significa que, por mucho que Lula quiera luchar, no hay otra forma de que el poder civil trate con los uniformados que dándoles órdenes, y no, bendiciones. Y que el orden unido ahora debe ser volver a gobernar Brasil de acuerdo con su Constitución, al contrario de lo que quieren los tiranos ridículos que parieron a Jair Bolsonaro, la abyecta bestia producida y alimentada por el Ejército.
Pues bien, el Presidente diplomático tomó una opción radical en sentido contrario al coraje cívico que le exigía Furtado. La elección de Múcio prueba que Lula practicó una vez más la atávica manía brasileña de la conciliación servil y que el nuevo Presidente no quiso aprender nada de la amnistía concedida en 1979 a los torturadores y generales ladrones (1). Esto es lo que ha venido ocurriendo hasta la actualidad. Alguien tiene que orientar a Lula para que lea a Florestan Fernandes, el mayor de nuestros sociólogos, fundador del PT, que enseñaba más o menos lo siguiente: lo que no se resuelve vuelve.
También habría que preguntarse qué hará realmente en el ámbito de la defensa alguien cuya única contribución importante a la historia nacional se produjo en 2016. Entonces ministro del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), Múcio firmó el informe que atribuía a Dilma las «pedaleadas fiscales” y proporcionó así la «base técnica» para el golpe. Ahora, ha obtenido de Lula un puesto de máxima sensibilidad política tanto fuera como dentro de Brasil.
Combate en las sombras
La defensa es la encargada de aplicar políticas de disuasión de las amenazas exteriores en un mundo que está experimentando un cambio de hegemonía en términos globales. Al mismo tiempo, Múcio también tendrá que lidiar con uniformados tan poderosos como desconocidos, vinculados a las fuerzas armadas de países centrales en el sistema internacional y acostumbrados a luchar en la sombra y en los intersticios del Estado brasileño. El futuro ministro aún tendrá que decidir qué hacer con los miles de militares que Jair Bolsonaro ha acuartelado en la nómina oficial.
Según el sitio web Congresso em Foco, los generales ganan hasta 1 millón al mes. Es el caso de Braga Netto, excandidato a vicepresidente en la candidatura de Bolsonaro y comandante de la intervención financiero-militar en Río de Janeiro en 2018 -hasta hoy no rindió cuentas sobre si se habrían gastado 1.200 millones de reales presupuestados para esa aventura y cómo-. Por su parte, Heleno (general Augusto Heleno Ribeiro Pereira: ndt), el caricaturesco jefe del espionaje oficial que también se embolsa cientos de miles de reales de la Viuda (pensión de viudez: ndt) cada 30 días, escapó en 2017 de un escándalo millonario en el Comité Olímpico Brasileño, del que era vicepresidente con 80.000 reales al mes. La pequeña pandilla tenía el «derecho» a las sobras del botín. Unas 79.000 plazas recibieron ilegalmente del auxilio de emergencia de 600 reales (110 dólares: ndt) del Ministerio de Ciudadanía, según el TCU.
Lawfare
Al dejar toda esta situación en manos de alguien tan del agrado de los militares (Múcio fue incluso elogiado por el vicepresidente Mourão), Lula está alimentando al monstruo. Le permite crecer en autoridad, incluso después del asalto generalizado a las arcas públicas, especialmente a la de Salud, como probó la CPI (Comisión Parlamentaria de Investigación) de COVID19. El presidente diplomado parece haber olvidado ya incluso el golpe que sufrió Dilma Roussef hace apenas seis años y no ve el intento de asesinato político del que fue víctima la vicepresidenta Cristina Kirchner justo ahora, aquí cerca, en Argentina. Por cierto, no pasará mucho tiempo antes de que otra ronda de golpes de Estado basados en la fuerza de lawfare, golpee simultáneamente a los presidentes progresistas de Bolivia, Chile, Colombia y Venezuela.
Si todavía no ha entendido en qué consiste la estrategia de lawfare, Lula debería consultar a Cristiano Zanin, su propio abogado penalista y uno de los mayores expertos internacionales en la materia. O simplemente puede recordar los fraudes practicados por las cuadrillas de jueces, magistrados y fiscales. Lo llevaron a pasar ilegalmente, por persecución política, 580 días en las mazmorras de la Policía Federal en Curitiba, bajo la guardia pretoriana de Sergio Moro y Deltan Dalagnol – que aún no rindieron cuentas ante la Justicia.
Lula, escucha a Manoel Domingos y a Genoino. Acuérdate de Furtado y Florestan. O simplemente relee al inigualable Guimarães Rosa: «El flujo de la vida lo envuelve todo, la vida es así: calienta y enfría, aprieta y luego afloja, aquieta y luego desquicia. Lo que quiere de nosotros es coraje».
* Carlos Tautz, periodista y doctorando en Historia por la Universidad Federal Fluminense, Río de Janeiro.
Nota
1) Se refiere a la Ley de Amnistía decretada por la dictadura militar que permitió la liberación de presos políticos y el retorno de los exiliados. Vigente hasta hoy, opera de hecho como una auto-amnistía del terrorismo de Estado. Durante sus anteriores 14 años de gobierno, Lula y el PT aceptaron este pacto político-institucional de impunidad. A diferencia de lo ocurrido en Argentina, Chile y Uruguay, en Brasil ningún militar, policía o miembro de cualquier aparato represivo, ha sido juzgado por los tribunales, a pesar del reclamo, las innumerables pruebas y testimonios y la persistente movilización de las organizaciones de derechos humanos y los colectivos de familiares y compañeros de los asesinados, torturados y desaparecidos. (Redacción Correspondencia de Prensa)
