El único preso de las manifestaciones de 2013 es condenado a 11 años de prisión en polémico fallo por “tráfico de drogas”
Marcelo Aguilar, desde San Pablo
La Diaria, 28-4-2017
Si sos negro, si sos pobre, si la cana (policía) te la tiene jurada, si vivís en la periferia, si tenés un faso, estás en peligro en Brasil. Podés ser la siguiente víctima. Según el informe final de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) del Senado sobre Asesinatos de Jóvenes publicado en 2016, cada 23 minutos un joven negro es asesinado en Brasil. Cada año, mueren 23.100 jóvenes negros de 15 a 29 años. La tasa de homicidios de jóvenes negros es cuatro veces mayor que la de los blancos. Y si no te matan, te guardan. Ese es el caso de Rafael Braga, clasificador, el único que quedó preso después de las revueltas de junio de 2013.
En aquel momento, la Policía lo detuvo con dos botellas cerradas de Pinho Sol -un desinfectante-, y lo acusó de portar explosivos. Llevaba un mes en régimen semiabierto, con una tobillera electrónica, cuando en enero de 2016 lo detuvieron en la favela Vila Cruzeiro, que integra el Complejo do Alemão, en la zona norte de Río de Janeiro. Según contó en aquel momento su abogado, Lucas Sada, al medio digital Ponte Jornalismo, “los policías llegaron puteando […] lo amenazaron con estupro, le dijeron que hablara o lo iban a comer, que lo iban a apalear, y que le iban a plantar drogas y armas”.
En la misma entrevista, Sada dice que “esa acción fraudulenta de la Policía solamente refuerza el carácter selectivo del sistema penal […] Rafael es un joven negro, pobre, que estaba en una región de venta de drogas, vestido de chinelas, camiseta, bermudas y con la tobillera a la vista”, por lo tanto “carga en la piel el estereotipo criminal, y al no dar a los policías lo que querían es una víctima muy fácil para criminalizar; al fin de cuentas, ¿quién va a creer en la palabra de un negro pobre y reincidente?”, dice. Y así fue.
En una sentencia publicada el jueves 20, el juez Ricardo Coronha Pinheiro, en nombre del Tribunal de Justicia del Estado de Río de Janeiro, lo condenó a 11 años y tres meses de prisión y a pagar una multa de 1.687 reales, unos 15.000 pesos. En la sentencia, la única versión tomada en cuenta es la policial, que dice que Braga llevaba “con finalidad de tráfico” 0,6 gramos de cannabis sativa y 9,3 gramos de cocaína. Uno de los policías militares que lo detuvieron dice que vio un grupo corriendo, pero Rafael Braga fue el único que “permaneció parado, distraído, con una bolsa en la mano”.
Ese mismo policía dice que la zona en la que Braga fue preso es dominada por el Comando Vermelho, una de las facciones del crimen organizado. El juez afirma que “la regla de experiencia permite concluir que nadie puede traficar en una comunidad sin integrar la facción criminal que practica allí el nefasto comercio de drogas, sin pagar con la propia vida”. O sea, asocia directamente a Braga no solamente con el tráfico de drogas, sino con el Comando Vermelho. Listo, adentro.
La prisión de Braga, desde 2013, ya había despertado resistencias y apoyos no sólo en Brasil, sino también fuera del país, y se lo ha considerado un preso político. Con esta nueva condena se reavivó la indignación, y los movimientos de derechos humanos mantienen la lectura: Braga es un preso político. Se inició una nueva campaña por su liberación, y el lunes de tarde hubo movilizaciones en varias ciudades del país. En San Pablo, por ejemplo, se llevó a cabo una vigilia convocada por organizaciones del movimiento negro, y las Madres de Mayo -que nuclea a las madres de los más de 500 jóvenes asesinados por la Policía entre el 12 y el 20 de mayo de 2006 en San Pablo, en una matanza que se asoció con la venganza policial por ataques perpetrados por el Primer Comando de la Capital (PCC) contra policías- y distintas articulaciones que piden la liberación de Braga.
Débora Maria Silva, una de las fundadoras de Madres de Mayo, gritó en el micrófono: “Basta de encarcelamiento en masa, basta de exterminio y matanza en la periferia y en nuestras favelas. Estamos aquí para decir que exigimos la liberación de Rafael Braga, víctima de una Justicia racista y clasista contra pobres y negros, que no aceptamos. El Estado brasileño es genocida, asesino y opresor, y no aceptamos más la violencia de su policía, están exterminando a nuestros hijos. Rafael Braga está presente aquí con nosotros”. No es la primera vez ni la última, dice Zilda, una de las madres de las víctimas de una matanza, de 2015 en Osasco, en la zona oeste de la región metropolitana de San Pablo: “Yo no sé cuándo va a parar esto, si la cosa sólo empeora. Hablan de terrorismo allá afuera, y el terrorismo está acá adentro. Estoy tan triste con la muerte de mi hijo como con esta situación, en la que nadie dice nada y cada hora que pasa es una carnicería. ¿Vamos a tener que aceptar ver a nuestros niños morir?”.
