por El Porteño
Este martes 25 y miércoles 26 de agosto se realizará en Antofagasta una iniciativa cuya importancia debe ser medida no solamente por la calidad de quienes participarán en sus debates, sino por el momento preciso en que tiene lugar. Convocado por la Federación de Sindicatos BHP Chile, el Primer Plenario Laboral: Dignidad del Trabajo y Transición Justa reunirá a activistas sindicales, dirigentes de distintas ramas económicas, abogados laboralistas, investigadores e historiadores para comenzar a discutir las tareas que enfrenta el movimiento de trabajadores frente a la feroz ofensiva patronal que encabeza el Gobierno de Kast. Pero el encuentro coincide además con una semana particularmente significativa para el sindicalismo: mientras en la gran minería cobra actualidad el proceso de articulación que dio origen precisamente a la Federación BHP, en el sur del país trabajadores de Jumbo realizan asambleas preparatorias de su negociación colectiva. No estamos, por tanto, ante una conversación académica flotando sobre los acontecimientos, sino ante un debate que comienza a producirse cuando distintos sectores de trabajadores se encuentran enfrentados concretamente al problema de organizar sus fuerzas.
Hay en ello un hecho político que merece atención. La Federación de Sindicatos BHP Chile no es una organización creada desde arriba ni una estructura heredada de las viejas centrales sindicales. Su constitución legal, el 9 de septiembre de 2025, fue el resultado de cerca de una década de trabajo conjunto entre organizaciones de trabajadores y supervisores de Minera Escondida y Spence. El proceso previo involucró votaciones de cuatro sindicatos y terminó agrupando inicialmente a más de cinco mil trabajadores, desde operadores y mantenedores hasta supervisores. La propia discusión que dio origen a la Federación estuvo marcada por problemas que hoy se encuentran en el centro de la ofensiva capitalista sobre el trabajo: externalización de funciones, automatización, despidos, estabilidad laboral y defensa de derechos colectivos.
No es un dato menor. Escondida y Spence pertenecen a una de las áreas decisivas de la economía chilena y las organizaciones que impulsaron la nueva Federación subrayaron desde el comienzo la necesidad de coordinar respuestas comunes frente a las transformaciones de la minería. Cuando se inició el proceso constituyente de la organización, sus dirigentes afirmaron que buscaban superar la dispersión sindical para enfrentar transversalmente problemas como la automatización, la externalización y la estabilidad del empleo. Después de aprobada su creación, la Federación definió como una de sus aspiraciones intervenir también en el debate político y legislativo sobre derechos laborales e incluso avanzar hacia la incorporación futura de trabajadores contratistas. El plenario de esta semana puede entenderse así como un nuevo momento de ese mismo movimiento: pasar de reunir sindicatos de una gran compañía a comenzar a discutir una orientación frente a los problemas generales de la clase trabajadora.
Ese desplazamiento resulta especialmente importante porque ocurre cuando otros destacamentos del movimiento sindical están llegando, por sus propios caminos, a problemas semejantes. Las asambleas preparatorias de la negociación colectiva de Jumbo en el sur muestran la otra cara de la misma realidad. Desde las faenas mineras del norte hasta los trabajadores del gran comercio, la cuestión inmediata consiste nuevamente en reunir a las bases, formular demandas, medir fuerzas y preparar la acción colectiva frente a empresas que poseen recursos financieros, estructuras profesionales de negociación y una legislación laboral crecientemente favorable a la flexibilidad empresarial. La enorme diferencia entre una faena minera y un supermercado no elimina aquello que los une: detrás de ambos conflictos se encuentra la relación entre capital y trabajo y, consecuentemente, el problema elemental de cuánto poder poseen los trabajadores para imponer sus necesidades frente a las empresas.
El encuentro de Antofagasta adquiere por ello un significado que excede ampliamente los límites de BHP. Su oportunidad reside también en el lugar político desde el cual ha sido convocado. No se trata de otra ceremonia organizada dentro de las estructuras anquilosadas de la CUT ni de una nueva instancia protocolar destinada a mantener aceitada la relación entre la burocracia sindical y el Gobierno. Durante demasiado tiempo, la dirección oficial del sindicalismo chileno ha convertido la interlocución institucional en un sustituto de la organización independiente de los trabajadores. Frente a una ofensiva que apunta sobre jornadas, negociación colectiva, tiempo de descanso, estabilidad laboral y organización sindical, semejante orientación alcanza hoy sus límites más evidentes. La política cortesana, de diálogo permanente y buenas maneras con el ministro del Trabajo, Tomás Rau, supone que las diferencias fundamentales podrían resolverse mediante persuasión técnica o capacidad negociadora en los ministerios, cuando lo que realmente está en discusión es una relación de fuerzas entre clases.
La denominada Megarreforma laboral del Gobierno de Kast expresa precisamente esa relación. Bajo el lenguaje aparentemente neutral de la “flexibilidad”, se pretende aumentar la capacidad empresarial para disponer del tiempo de trabajo, alterar la distribución de las jornadas y modificar las condiciones dentro de las cuales los sindicatos ejercen la negociación colectiva. No estamos ante una colección accidental de reformas administrativas. Existe detrás de ellas una orientación coherente: abaratar, flexibilizar y disciplinar la fuerza de trabajo, aumentando el poder empresarial dentro de los lugares de producción. La patronal posee una estrategia y el Gobierno procura convertirla en institucionalidad. El problema fundamental que enfrenta el movimiento sindical consiste entonces en saber si seguirá respondiendo separadamente a cada una de estas medidas o si comenzará a formular una respuesta política de conjunto.
Precisamente allí reside el interés del programa preparado en Antofagasta. Ronald Salcedo, presidente de la Federación de Sindicatos BHP Chile, ha definido la ciudad como un punto de encuentro para “pensar, debatir y construir propuestas desde las y los trabajadores”. La frase contiene algo más importante que la realización de un seminario. Sugiere la necesidad de volver a convertir a los propios trabajadores en sujetos de la discusión laboral, en lugar de relegarlos a espectadores de negociaciones realizadas entre abogados empresariales, parlamentarios, ministros y dirigentes sindicales profesionales. La Federación ha señalado expresamente que pretende impulsar una articulación de bases frente a una reforma que, a su juicio, vulnera derechos históricos y favorece al gran empresariado.
La primera jornada abordará justamente una cuestión central mediante la exposición del abogado y académico Sergio Gamonal Contreras, “Libertad Sindical en el siglo XXI”. El problema difícilmente podría ser más pertinente. Si la ofensiva empresarial procura individualizar las relaciones laborales, fragmentar las unidades productivas y aumentar la disponibilidad del trabajador, la libertad sindical deja de ser una categoría estrictamente jurídica para volver a mostrar su contenido esencialmente político: el derecho de los trabajadores a constituirse como fuerza colectiva frente al capital.
Durante la tarde, la investigadora de Fundación SOL Karina Narbona desarrollará una exposición cuyo título expresa directamente la dimensión histórica del problema: “La Radicalización del Plan Laboral durante el gobierno de Kast. Una nueva ofensiva flexibilizadora y disciplinadora”. Aquí se encuentra uno de los puntos probablemente más fértiles del encuentro. La ofensiva actual no comenzó con Kast ni puede comprenderse solamente desde su Gobierno. Hundiendo sus raíces en la estructura institucional construida durante la dictadura, el modelo laboral chileno ha perseguido sistemáticamente la fragmentación sindical y el confinamiento del conflicto dentro de los límites de cada empresa. Las reformas posteriores alteraron aspectos de esa arquitectura sin desmontar su principio fundamental: impedir que la fuerza social de los trabajadores se traduzca fácilmente en poder político.
El miércoles, el abogado laboralista y académico Álvaro Domínguez abordará otro problema decisivo con su exposición “Sindicato, tecnología y externalización: viejo vino en nuevas copas”. No se trata de una discusión futurista. Es precisamente uno de los problemas que estuvo detrás de la creación de la propia Federación BHP: automatización, externalización y estabilidad laboral figuraban ya en 2025 entre las preocupaciones que llevaron a los sindicatos de Escondida y Spence a buscar una organización común. La introducción de nuevas tecnologías no posee un significado social independiente de quién controla la producción. Aquello que técnicamente permitiría reducir jornadas y liberar tiempo humano puede convertirse, bajo control capitalista, en un instrumento para eliminar puestos de trabajo, intensificar ritmos productivos, externalizar funciones y aumentar la vigilancia sobre los trabajadores.
El cierre estará a cargo del historiador Sergio Grez Toso, quien desarrollará la clase magistral “Movimiento Sindical en Chile: Trayectoria Histórica y Desafíos presentes”. La inclusión de esta perspectiva histórica resulta especialmente pertinente porque permite recordar algo que el sindicalismo institucional ha tendido a borrar: los grandes avances del movimiento obrero chileno nunca fueron simplemente el resultado de una mesa de diálogo. Desde las primeras sociedades de resistencia y mancomunales hasta las grandes huelgas y procesos de sindicalización del siglo XX, los derechos fueron conquistados mediante organización, conflicto, derrotas, aprendizaje y nuevas formas de articulación.
Mirado desde esta perspectiva, existe un hilo que une procesos aparentemente distintos. Hace un año, miles de trabajadores de Escondida y Spence decidían mediante votación constituir una organización capaz de superar parcialmente su dispersión. Esta semana esa Federación convoca en Antofagasta a trabajadores de distintas ramas para discutir los problemas generales del mundo laboral. Mientras aquello ocurre, trabajadores de Jumbo se reúnen en el sur para preparar una negociación colectiva donde deberán confrontar directamente sus demandas con uno de los gigantes del retail. Organización, discusión y negociación aparecen así como distintos momentos de una misma cuestión: la necesidad de reconstruir fuerza colectiva.
El desafío consiste precisamente en evitar que estos acontecimientos permanezcan aislados. Una Federación minera puede constituirse y luego quedar encerrada dentro de los límites de una compañía; una negociación colectiva puede alcanzar mejores condiciones para determinados trabajadores y concluir allí; un plenario puede desarrollar excelentes exposiciones y desaparecer cuando se apaguen sus micrófonos. Lo decisivo es otra cosa: que estas experiencias comiencen a reconocerse entre sí como manifestaciones parciales de un mismo proceso de resistencia. La ofensiva patronal es nacional, coordinada y posee expresión gubernamental. Una respuesta eficaz difícilmente puede continuar siendo exclusivamente local, empresarial o sectorial.
Por esta razón el Plenario de Antofagasta posee una importancia potencialmente mayor que la de sus dos jornadas. Puede convertirse en una instancia donde el diagnóstico dé paso a una discusión acerca de las acciones necesarias, donde dirigentes provenientes de experiencias diferentes confronten balances y donde comience a plantearse concretamente la necesidad de coordinar sectores. La cuestión de fondo no es redactar una declaración más contra la flexibilización laboral. Es determinar cómo se detiene materialmente esa ofensiva: qué organización se necesita, cómo se informa y moviliza a las bases, cómo se vinculan las negociaciones colectivas particulares con una lucha general y mediante qué formas pueden converger trabajadores mineros, del comercio, industriales, portuarios, de servicios y del sector público.
En esta discusión se expresa asimismo una crisis del modelo representado por la conducción de la CUT. La colaboración permanente con el Ministerio del Trabajo, la búsqueda de acuerdos administrados desde arriba y la confianza en que las conquistas puedan preservarse esencialmente mediante lobby parlamentario resultan cada vez más incongruentes con la agresividad de la política patronal. No basta con ser recibido por el ministro Rau: es necesario construir una fuerza social capaz de obligar al Gobierno a retroceder. Y semejante fuerza no puede decretarse desde una oficina central; debe surgir de sindicatos activos, asambleas, negociaciones, conflictos concretos y mecanismos de coordinación desde las bases.
Antofagasta puede comenzar a mostrar una dirección distinta. No porque una reunión de dos días vaya a resolver por sí misma las debilidades acumuladas durante décadas por el movimiento sindical chileno, sino porque aparece situada en medio de experiencias reales de reorganización. La Federación BHP constituye ella misma una manifestación de esa búsqueda; las asambleas de Jumbo expresan otra. Si el plenario consigue vincular diagnóstico, memoria histórica y problemas inmediatos de los lugares de trabajo, habrá cumplido una función mucho más importante que la de producir buenos análisis.
Frente a una ofensiva patronal de conjunto comienza a plantearse la necesidad de una respuesta de conjunto. Ésa es la verdadera significación de lo que ocurre esta semana. De Antofagasta a las asambleas del comercio en el sur, distintas expresiones del movimiento sindical están obligadas nuevamente a discutir organización, negociación y fuerza. La cuestión decisiva será que esas discusiones no permanezcan separadas. Transformar cada conflicto particular en parte de una recuperación general de la iniciativa de los trabajadores constituye probablemente el desafío político central del período. El conocimiento puede ayudar a comprenderlo; solo la organización y la acción podrán modificarlo.
