por Felipe Portales
Ha sido tradicional, desde la presidencia de James Monroe (1817-1825), la búsqueda de supremacía política y
económica de Estados Unidos respecto de América Latina. Con el gobierno de Donald Trump, se ha agregado
Canadá a sus objetivos imperialistas, expresando incluso –insistentemente- su idea de que Canadá ¡debiese
“incorporarse” a Estados Unidos! Es decir, ha sumado al conjunto del continente americano en sus afanes
hegemónicos. Y, lo que es peor, lo ha hecho con formas que se creían superadas hace tiempo en la historia de
la humanidad: Con amenazas y chantajes de todo tipo a otras naciones; con insultos a sus líderes; con
violaciones manifiestas a tratados internacionales; con bloqueos económicos inhumanos; con secuestros de
presidentes; y con agresiones mortíferas a embarcaciones en aguas internacionales. No lo ha hecho
exclusivamente con América; pero en este caso ha proclamado además ¡como doctrina oficial de Estados
Unidos! su “derecho” a imponer un predominio desfachatado en todo el continente, de acuerdo a lo que
considere como sus intereses nacionales. Es decir, la vieja Doctrina Monroe, pero acentuada como “Doctrina
Donroe”…
Y lo que es más grave aún, es que esta proclamación de política exterior ha contado con el asentimiento
explícito o tácito del conjunto del establishment estadounidense. Sólo legisladores del ala izquierda del Partido
Demócrata, como Bernie Sanders, Pramila Jayapal y Nydia Velázquez han cuestionado dicha “doctrina” grave y
totalmente violatoria de los principios básicos de la moral y del derecho internacional. Y nada han dicho al
respecto los ex presidentes Barack Obama, Bill Clinton y Joseph Biden, ni tampoco el Partido Demócrata como
tal. Es decir, ha quedado establecida en la práctica como una suerte de doctrina oficial de Estados Unidos…
Tampoco ha habido ninguna solidaridad con América Latina de los miembros del establishment
estadounidense frente a la matanza aleve de cerca de 200 lancheros de la región (¡por ser “supuestamente”
narco-traficantes!) en aguas internacionales del Mar Caribe o del Océano Pacífico. Tampoco lo ha habido
frente al secuestro de un presidente de la República en ejercicio (independientemente que se considere de
derecho o de facto) como Nicolás Maduro, ni menos frente al apoderamiento de Estados Unidos del petróleo
venezolano. Sólo hubo cuestionamientos a dicho secuestro por parte de algunos connotados congresistas
demócratas y de Kamala Harris, pero más por el desconocimiento que ello implicaba de facultades del
Congreso estadounidense, que por el agravio sin precedentes que ello significaba para al conjunto de los
Estados del continente.
Y menos ha habido protestas públicas de dicho establishment por la realización de un inhumano bloqueo
económico a Cuba que obviamente perjudica a los más pobres en dicha nación, ¡a los mismos a quienes se dice
que se busca favorecer con aquél! Ni por las amenazas a las autoridades panameñas que llevaron a la rescisión
de un contrato portuario con una empresa china. Ni por las amenazas a las autoridades chilenas por la
existencia de un proyecto de cable submarino entre Chile y China. Ni por las amenazas a las autoridades
brasileñas por el juicio que se llevó adelante contra Jair Bolsonaro por su intento de golpe de Estado. Es claro,
si la generalidad del establishment estadounidense acepta –por acción u omisión- la “Doctrina Donroe”; por
cierto que acepta también su aplicación práctica…
Por otro lado, el gobierno de Trump –en su misma línea de injerencia en los asuntos internos de los países
americanos- ha procedido descaradamente a apoyar en elecciones presidenciales o parlamentarias de varios
países del continente a candidatos de extrema derecha. Fue el caso de Honduras y de Chile el año pasado; y el
de Colombia y Brasil este año. Incluso, en el caso de la elección parlamentaria argentina de octubre del año
pasado, ¡Trump amenazó con suspender la ayuda económica a dicho país, si no triunfaba la coalición que
apoyaba a Milei!
Y en la semana pasada Trump llegó al extremo de amenazar a Canadá con imponerle un alza de aranceles en
las importaciones ¡de un 50%!, si no se avenía a ciertas exigencias. El gobierno canadiense ha reaccionado
dignamente rechazando aquellas exigencias y anunciando que responderá “dólar por dólar” al alza de
aranceles estadounidenses. Justificando lo anterior, su primer ministro Mark Carney señaló que “no estábamos
dispuestos a comprometer la soberanía de Canadá ni a debilitar nuestras industrias fundamentales”; y que
“nuestro gobierno comprendió antes que muchos, que Estados Unidos transformaría todas sus relaciones
comerciales, que impondría una serie de aranceles a sus aliados más cercanos y utilizaría la integración
económica como un arma” (El Mercurio; 23-8-2026).
Esperemos que los países latinoamericanos, que estamos también siendo amenazados por Estados Unidos con
alzas arancelarias unilaterales, respondamos también con dignidad y comprendamos -¡aunque sea “a palos”!-
que constituye un imperativo para conservar nuestra soberanía que actuemos de forma integrada. ¡Si Europa
con la envergadura de países que tiene, comprendió hace décadas la necesidad política y económica de
integrarse; con mucha mayor razón debe hacerlo América Latina!
Desde ya debiésemos seguir el ejemplo y unirnos a Brasil y México en sus esfuerzos por no someterse a los
dictados de Washington. Y, más allá del carácter de extrema derecha del gobierno de Kast, todos debiéramos
valorar positivamente las dignas declaraciones de los ministros de Defensa y Agricultura, Fernando Barros y
Jaime Campos respectivamente, en contra del alza unilateral de 12,5% anunciada por Trump a varias de
nuestras exportaciones; y especialmente, las del ministro Barros de que “desde el punto de vista de Chile,
nosotros no somos el patio trasero de nadie” (El Mercurio; 22-8-2026), aludiendo a las presiones para que
Chile –junto con varios otros países de la región- acepte formar parte de una suerte de coalición militar bajo
dirección estadounidense que ¡actúe dentro de nuestros países “en contra del crimen organizado”! Una
aceptación de aquello representaría, sin duda, un grave quebranto de nuestra soberanía nacional.
