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A tres años de la revuelta popular las demandas que allí se plantearon están lejos de resolverse. Las condiciones de trabajo y la precariedad laboral y de la vida se han profundizado con la inflación y el aumento de la carestía de la vida, mientras los grandes empresarios han aumentando sus fortunas y riquezas.
La derecha ha hecho de todo para proteger la ganancia empresarial, defendiendo ese cuestionado “Chile de los 30 años”. Y ahora el gobierno de Gabriel Boric se ha sumado a los partidos tradicionales en la búsqueda de reponer la legitimidad de la vieja institucionalidad y la gobernabilidad neoliberal, la cual quieren reinstalar con promesas vacías al pueblo trabajador mientras por arriba otorgan permanentes regalías al gran empresariado y gobiernan junto a la ex Concertación y aceptando la agenda de la derecha.
Ya lo vimos con la reforma tributaria, que implica una rebaja en impuestos a las grandes empresas y rebaja de permisos en proyectos de nuevas inversiones, todo conversado con los principales gremios empresariales como la CPC y la Sofofa y en la reforma previsional del gobierno, que mantiene el negocio de las AFP (sólo cambiarán de nombre). También se ve en la militarización de Wallmapu y en la prisión política de referentes mapuche, o en la facilidad con la que permitió este gobierno que se aprobara el TPP11.
En ese marco el nuevo proceso constitucional es clave en su búsqueda por recomponer la gobernabilidad y legitimar las instituciones del Chile neoliberal, iniciando lo que podríamos llamar una nueva transición, retomando la política de los consensos que primaron en la política tradicional de los años 90’. Es un proceso anti democrático desde su origen, diseñado por los mismos partidos de siempre y ajeno a las necesidades de las y los trabajadores y del pueblo.
Es que este proceso es tan antidemocrático que la propuesta constitucional será esbozada por una Comisión de Expertos designados por el Parlamento, para luego ser discutida por el Consejo Constitucional, elegido con las reglas electorales del oligárquico Senado y solo en listas de los Partidos Políticos que representan solo el 3% de la Ciudadanía. Además ya se firmaron los “bordes”: bases de las cuales el proceso no puede salirse y que fueron establecidas por los partidos tradicionales y de gobierno, que mantienen el corazón de la constitución de Pinochet y del modelo neoliberal, especialmente en el Punto 5 de los Bordes, en donde se dice que será un Estado Social y democrático de Derecho, pero en su definición dice que esos derechos serán a través de instituciones públicas y privadas, igual que hoy, por lo tanto, la principal herencia de Pinochet, EEUU y Lagos no termina.
Y finalmente se constituirá un Comité Técnico de Admisibilidad, compuesto por 14 personas designadas por el Senado según propuestas de la Cámara de Diputados, que “revisará” las normas propuestas.
Este fraude constitucional es un nuevo intento por cerrar la puerta a una verdadera Asamblea Constituyente Libre y Soberana. Ya el 15 de noviembre del año 2019 los partidos tradicionales pactaron a espaldas del pueblo el Acuerdo por la Paz, con el objetivo de salvar a Piñera, asegurar la impunidad frente a las violaciones a los DDHH, vaciar las calles y dividir las fuerzas de la movilización que había impugnado desde el 18 de octubre de ese año al conjunto del “Chile de los 30 años”. Este nuevo pacto, llamado “Acuerdo por Chile”, es un intento aún más descarado y aberrante por blindar la herencia de la dictadura y negar una verdadera Asamblea Constituyente Libre y Soberana.
Este es un proceso para que no se toquen los negocios con las pensiones de los trabajadores, para mantener la privatización de los recursos naturales, para que sigan existiendo sueldos de hambre y para que se mantenga el Senado y las figuras más antidemocráticas del autoritario Estado chileno.
Ante este escenario llamamos a enfrentar este fraude constitucional, planteando la necesidad de retomar el camino de la movilización en pos de una verdadera Asamblea Constituyente Libre y Soberana, sin trabas ni ataduras que pueda cuestionarlo todo, pero a su vez por un programa que parta de lo más mínimo y urgente -integrando un salario mínimo desde los «650 mil pesos” reajustaba a la inflación, con el cual se pueda llegar con tranquilidad a fin de mes, pagar un arriendo y/o dividendo, y lograr solventar lo mínimo que requieren hoy en días las familias mes a mes, aumento salarial acorde a la inflación para todos reajustable de manera automática, el reparto de las horas de trabajo, el fin a la precarización laboral- hasta demandas que cuestionen el conjunto del Chile neoliberal capitalista, por el fin de las AFP, la nacionalización de los recursos naturales y tocar la ganancia del gran empresariado.
Quienes firmamos esta declaración pública decimos no al fraude constitucional y adelantamos nuestro voto nulo de cara a la elección del Consejo, a la vez que llamamos a todos los sectores que se ubican contra este fraude constitucional a adherir públicamente a este pronunciamiento y a organizarnos en común para fortalecer el camino de la movilización, de la coordinación de los sectores de trabajadores, populares y en lucha, en perspectiva de levantar la auto organización y la lucha como camino para enfrentar al Chile de los 30 años y sus representantes.
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FIRMANTES
Partido Igualdad
Partido de Trabajadores Revolucionarios – PTR
La Lista del Pueblo
Frente Patriótico Manuel Rodríguez – FPMR
MIR
Movimiento Socialista de las y los Trabajadores – MST
Colectivos Francisco Bilbao
Movimiento Anticapitalista
Grupo de Apoyo a Presos Políticos
Escuela PRAIS
Agrupación de Víctimas de Violencia policial
Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos de
Gotemburgo, Suecia
Coordinadora Regional Ex Presos Políticos Bio Bio
Frente Allendista
Movimiento Independientes por los Derechos del pueblo MIDP
Agrupación Sitios de Memoria y DDHH Macul
Red de abastecimiento popular Los Ríos
Centro Cultural y Educacional La Nueva Escuela – Renca
Red Ecológica de Chile
Radio Luis Emilio Recabarren 88.0 FM Estocolmo
Congreso de los Pueblos – Capítulo Chile
Carlos Pérez Soto – Profesor de Estado en Física
Igor Goicovic – Historiador, Académico USACH
Luis Corvalán Márquez – Historiador, profesor
Sergio Grez – Historiador, Académico U de Chile
Rodrigo Karmy Bolton – Académico
Gustavo Burgos – Abogado, Revista El Porteño
Patricia Parga-Vega – Periodista
Patricio Guzmán – Economista, por Socialismo Revolucionario
Jorge Gonzalorena Doll – Sociólogo
Germán F. Westphal, Ph.D. – Ex Preso Político de la dictadura
Ciro Ibáñez – Economista
Marcela Palacios – Dirigenta Sindical
Patricio Olivares Oliva – Tesorero Sindicato de Empresa de Trabajadores Unidos S.T.U.
María Soledad Cortés Stegmann – Documentalista/Periodista
Álvaro Campos Castro – No Más AFP
Joseffe Cáceres – Dirigente sindical Anfumce (Ex Pedagógico)
Nicolás Piña – Preso político de la revuelta
Víctor Iturrieta – Profesor. Ex Preso Político de la Revuelta
Tania Parada – Pareja preso político de la revuelta
Paola Palomera – Madre de preso político de la revuelta
Miguel Fonseca – Activista de DDHH
Juana Aguilera Jaramillo – Activista de DDHH
Andrés Figueroa Cornejo – Periodista
Jorge Gálvez – Director Noticias 360
Camilo Parada Ortiz – Dirigente Movimiento Anticapitalista, activista DDHH
Eduardo Gutiérrez González – Programa Soberanos y Populares
Margarita Durán – Coordinadora Ex Presos Políticos
Thamar Álvarez Vega – Escritora e hija del exilio
Carla Miranda Vasconcello – Historiadora del arte
Salvador Schavelzon – Antropólogo, Universidade Federal de Sao Paulo, Brasil
Marisol Aliaga – Directora Magazín Latino
David Peña – Presidente Asociación Cruz del Sur
José Manuel Flores – Presidente Comité Defensa del cobre
Ricardo Tobar Toledo – Marineros Antigolpistas
Carmen Luz Scaff – Dirigenta Sindical
