por Franco Machiavelo
Un pequeño camionero independiente o una PYME que sobrevive endeudándose, pagando combustible, peajes, mantenciones y créditos.
Las grandes empresas concentran el capital, controlan buena parte del mercado y tienen mayor capacidad para negociar con el Estado. Los pequeños transportistas, en cambio, soportan los costos y la incertidumbre de un sistema económico que favorece la concentración de la riqueza.
Aquí aparece una contradicción fundamental: mientras los grandes empresarios pueden acceder a instrumentos de financiamiento, incentivos y mecanismos de protección económica, los pequeños transportistas carecen de garantías suficientes para enfrentar las alzas del combustible y los costos operacionales.
El problema no es solamente económico: es una expresión de la lucha de clases dentro de una misma actividad productiva. Los intereses del gran capital no son necesariamente los intereses de los pequeños propietarios que trabajan con su propio camión.
Por eso, un paro no debe convertirse en instrumento de presión de los grandes grupos económicos para defender sus privilegios, sino en una verdadera reivindicación de quienes producen y trabajan en condiciones desiguales.
La justicia económica exige políticas públicas diferenciadas, protección para las PYMES, transparencia en los subsidios y una distribución más equitativa de los recursos del Estado.
Porque cuando el Estado socializa las pérdidas de los poderosos, pero deja solos a los pequeños, no estamos frente a una economía de libre competencia: estamos frente a un sistema de privilegios.
