La reputación de la industria de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en Chile ha vuelto a caer al subsuelo. La estrepitosa caída de los fondos de pensiones más conservadores (C, D y, de forma dramática, el Fondo E) ha desatado una avalancha de crónicas, análisis y declaraciones públicas. Sin embargo, la reacción predominante de la tecnocracia y los defensores del modelo es sintomática: una puesta en escena comunicacional donde cientos de ingenieros comerciales y analistas de mercado salen a criticar con dureza la “imprudente decisión” y la “negligencia inexcusable” de los altos ejecutivos de las AFP, pero cuidando concienzudamente de no efectuar crítica estructural alguna que ponga en peligro la continuidad de este lucrativo negocio privado. Exigen correcciones técnicas, mayores regulaciones y comisiones de expertos orientadas a blindar el sistema, mientras evitan deliberadamente abordar el tema de fondo.

Lo que la ciudadanía atestigua no es una mera fluctuación del mercado o un “altibajo normal de largo plazo”, como suele justificarse de forma autocomplaciente desde la Asociación de AFP. Al contrario, es la consecuencia natural e inevitable de un modelo de capitalización individual fundado en la especulación de los ahorros previsionales de las y los trabajadores. La insensatez de los ejecutivos de las administradoras y de la propia Superintendencia de Pensiones radicó en ignorar activamente que los usuarios de los fondos D y E no podían ser expuestos a la volatilidad de los derivados financieros y las tasas de interés globales, sujetas a complejos factores geopolíticos internacionales. Esta era una obligación de resguardo básico que las AFP y las autoridades evadieron de forma flagrante.

Detrás de las frías planillas de Excel, los porcentajes negativos y el debate técnico, se esconde una tragedia humana silenciosa y devastadora. El daño patrimonial estimado inicialmente en 7.700 millones de dólares para los afiliados escaló en las mediciones posteriores a más de 11.000 millones de dólares. Para un trabajador que planeaba jubilarse en el corto plazo, el desplome del Fondo E no es una estadística abstracta: significa ver desaparecer, en un par de semanas, el equivalente a dos o tres años de ahorros ininterrumpidos. Quienes optaron por refugiarse en los fondos más conservadores lo hicieron bajo la promesa estatal de que eran zonas de “menor riesgo”, aceptando conscientemente rentabilidades bajas a cambio de proteger el esfuerzo de cuatro décadas de trabajo.

Un castigo financiero

Hoy, la realidad los golpea con un castigo financiero brutal que reduce drásticamente sus futuras pensiones, obligando a miles de adultos mayores a postergar su retiro indefinidamente o a resignarse a una vejez de privaciones bajo la línea de la pobreza.