La policía ecuatoriana detuvo este jueves a Luisa González, excandidata presidencial del correísmo en las dos últimas elecciones celebradas en 2023 y 2025, en el marco de una investigación por supuesta financiación irregular de sus campañas electorales. El correismo repudió el hecho, al que calificó como un caso de persecución política que se produce a cinco semanas de la celebración en el país andino de las elecciones locales.

En un mensaje difundido desde sus redes sociales, González afirmó que el motivo de su detención es “una acusación absurda”. “Responderé con la dignidad de las ecuatorianas y los ecuatorianos que nada deben y que están comprometidos con lograr la libertad de Ecuador y un futuro mejor para el país”, señaló la excandidata. “Hemos llegado a una situación insostenible. La dictadura de Noboa no solo ha llevado a nuestro querido país al desastre económico, con una violencia y una corrupción totales, sino que el ataque a las libertades y la persecución política son una realidad permanente”, enfatizó.

La detención

La detención se produjo en Canuto, la localidad rural de la provincia de Manabí donde se crió y creció González, según confirmó la división zonal de la Policía en esa jurisdicción sin dar mayores detalles, ya que el operativo fue realizado por agentes enviados directamente desde la capital, Quito. El expresidente Rafael Correa (2007-2017) indicó en la red social X que habló con la dirigente tras su captura. “La tienen en el Cuartel Modelo de Guayaquil. Ojalá centenas de militantes y gente decente guayasense pueda acudir a las afueras del cuartel a acompañar a Luisa. Que sepa que no está sola”, expresó.

La Fiscalía solicitó que fuera detenida por el denominado caso “Laberinto”, en el que se la imputa un delito de lavado de activos, adicional al primero por el que ya era investigada, llamado “Caja Chica” por delincuencia organizada con fines de lavado de activos, en el que se investiga la supuesta financiación de la campaña con dinero en efectivo traído desde Venezuela.

Esta situación se da a cinco semanas de la celebración de las elecciones locales en Ecuador, donde la Revolución Ciudadana (RC), el partido de Correa, fue suspendida y no puede participar, a petición del Ministerio Público, a raíz de estas investigaciones.

“Nos han perseguido”

La asambleísta por la RC, Mónica Palacios, expresó a Página/12: “El problema de la persecución política no es algo nuevo, es algo que hemos venido viviendo desde el gobierno del señor Lenin Moreno (2017–2021)”. Y subrayó: “Ahora estamos viviendo en una dictadura, porque el presidente Daniel Noboa ha abarcado los cinco poderes del estado, y vemos que, en especial, la fiscalía trabaja la carta a favor del presidente de la república”.

Palacios afirmó que es un caso de una persecución política porque están tratando de callar voces de la oposición que incomodan al gobierno. “Nos han perseguido a todos los asambleístas, a quienes hemos sido vocales en denunciar la corrupción dentro del gobierno del señor Noboa”, señaló, enumerando como ejemplos a políticos correistas que enfrentan actualmente investigaciones judiciales, como el alcalde de Quito, Pabel Muñoz; el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez; el alcalde de Esmeraldas, Vico Villasis; y el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora. “A me sancionaron casi seis meses de la Asamblea Nacional, me han puesto un sin número de denuncias por calumnia, y no me dejan ni siquiera entrar al pleno de la Asamblea. Eso es lo que estamos viviendo en este momento todos los días”, agregó.

En ese marco, Palacios criticó que las investigaciones judiciales avancen contra dirigentes de la oposición, mientras que, según sostuvo, no se impulsan con el mismo énfasis las causas vinculadas con el Gobierno y el narcotráfico. “¿Por qué todavía no se han hecho investigaciones a fondo en el caso Noboa Trading, en el que la Fiscalía investigaba a esta empresa del grupo Noboa por el presunto delito de tráfico de drogas? ¿Por qué no se arresta a los grandes narcotraficantes que todavía siguen libres en Ecuador, desde cuyos puertos sale el 70 por ciento de la droga que recibe el mundo?”, cuestionó.

Opositora en primera línea

La asambleista señaló que el correismo trabaja con un equipo de abogados nacionales e internacionales para evaluar los pasos a seguir tras la reciente detención de Luisa González. El nombre de la lideresa aprehendida comenzó a sonar justo después de que el Gobierno del conservador Guillermo Lasso (2021-2023) invocara la llamada “muerte cruzada”, un mecanismo constitucional que le permitió disolver el Parlamento y llamar a nuevas elecciones para completar el periodo que no culminó (2021-2025).

Entonces, González fue escogida para ser la candidata presidencial de la RC. A lo largo de los últimos años ejerció una dura oposición al actual gobierno con algunas victorias en los referéndums impulsados por Noboa, donde frenaron la intención del mandatario de frenar una Asamblea Constituyente para reemplazar la Constitución de 2008, establecida a iniciativa de Rafael Correa.

Sin embargo, Noboa se volvió a imponer en los comicios de 2025 para un mandato completo de cuatro años, en unas elecciones donde tanto Correa como González denunciaron un fraude en su contra, debido a la ventaja obtenida por el gobernante, más amplia de los que se anticipaba en los sondeos.