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Despojo de derechos adquiridos por las mujeres del campo: avances en misoginia institucional. Por Ximena Valdés S. [1]

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Le Monde Diplomatique, edición chilena

por Ximena Valdés S.

Recuperada la democracia (en sus aspectos formales) nos costó demasiado hacer entender a los poderes públicos (del Estado) e incluso al movimiento feminista que en este país, más allá de sus límites urbanos había otras gentes[2]. Estaba poblado también por hombres y mujeres campesinos, indígenas, por las asalariadas -temporeras- que comenzaban a nutrir con su trabajo precario y mal pagado el proyecto exportador de las elites empresariales con lo cual se construyó “la marca país” bajo la consigna “Chile: potencia agroalimentaria”. Eso se logró gracias a la exitosa venta de uva de mesa, cerezas, arándanos… a los mercados internacionales.

La población femenina con acceso a tierras es muy baja, las mujeres apenas acceden a propiedades muy pequeñas generalmente situadas en tierras de mala calidad. En cuanto a la población rural mapuche, las comunidades se encuentran asediadas por las plantaciones forestales monopolizadas por pocas empresas. No tienen agua pues los pinos y eucaliptus la consumen; los pesticidas que les echan a las plantaciones les matan los pollos y los pavos en tanto se ha restringido el espacio de los pastizales para ovejas y vacas. Entonces, cada día más expoliados. Si claro, tienen camiones aljibes probablemente pertenecientes a negocios de personas vinculadas a los municipios y sus alcaldías. Las familias mapuche viven de transferencias monetarias y bonos[3] como si la culpa del Estado[4] por no colocar límites a la expansión del negocio forestal se pague con unos pocos pesos a los mapuche que, por algo, se indignan, luego los criminalizan y de ahí los encarcelan por oponerse al propio despojo que sufren   Con respecto de las temporeras, según región, se despliegan en el territorio para las labores de cosecha y packing bajo malas condiciones de trabajo, creciente informalidad laboral, en particular cuando se trata de las mujeres inmigrantes muy bien cotizadas por los empresarios agroindustriales pues se les paga menos que a la población local y se las trata peor atendiendo a su dependencia de los subcontratistas.

Muy a menudo se entrecruza la condición campesina e indígena con la situación de asalariada estacional. Las mujeres del campo deben deambular entre varias actividades para poder subsistir, deben desplegarse en la “economía del rebusque”[5].

En fin, el campo y el medio rural no es un espacio vacío. Es un espacio habitado por poblaciones cuya “marca país” son los altos niveles de pobreza, expoliación de tierras y aguas, maltrato laboral, escasez hídrica, degradación ambiental.

No obstante, en la década de los noventa del siglo pasado se formularon programas públicos como los de INDAP-PRODEMU en cuyo caso destacan las líneas de capacitación en ciudadanía cívica y social: por ejemplo, aquel destinado a dar a conocer los derechos de las mujeres adquiridos durante el proceso de despatriarcalización del campo legislativo (leyes en contra de la violencia doméstica y sexual, por la interrupción del embarazo, la píldora del día después, etc.). Allí, las mujeres se informaron y se apropiaron de estos nuevos derechos; comenzaron por este hecho a frenar golpes, maltratos, incestos, feminicidios generalmente propiciados por sus pares de la pareja y la parentela, a tener además los hijos que quisieran. Hay que añadir que la violencia ejercida en su contra era algo diferente a la violencia doméstica urbana pues se usaban las herramientas del campo más peligrosas que un escobazo, un golpe o una patada. Conocimos el uso del hacha, la motosierra, la horqueta para atacar a mujeres y niños/as.

De su lado, en estos programas se incentivó la producción de alimentos mediante apoyo técnico y crediticio a mujeres del campo: la cuestión de la autonomía entró a lidiar con la de la dependencia. Sabemos a que sirvieron los invernaderos, las semillas y unos pocos recursos en dinero para ampliar la huerta campesina en manos femeninas: así, se desestacionalizó la producción hortícola y pudieron vender lechugas y acelgas todo el año, se promovió la economía circular, se incentivó los mercados campesinos y, por supuesto, el aumento de los ingresos de las mujeres del campo (aunque cuando mujeres mapuche con su producción ampliada de hortalizas osaban llegar a Temuco, las policías las reprimían y las corrían de la ciudad).

Son estas políticas las que en el presupuesto presentado al debate parlamentario las que se quieren suprimir de parte de la masculinidad elitista y misógena[6] producto de nuestra “marca país”.

Estamos presentado una acusación a la CEDAW, Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación en contra de Mujer, por infringir el artículo 14 dirigido a las mujeres rurales en dicha Convención apelando al despojo de las mujeres del campo de sus derechos civiles y sociales.    


[1] Geógrafa, Doctora en Estudios Americanos, Premio Nacional de Geografía 2023, docente Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

[2] El INE dice que la población rural bordea el 10%; la OCDE dice en cambio que sobrepasa el 20%.

[3] José Bengoa, Sociedad mapuche rural: 40 años, 16 agosto 2020, Le Monde Diplomatique.

[4] Eso se llamaba antes “planificación territorial”, ahora se escribe pero no se usa.

[5] Ximena Valdés y Carmen Gloria Godoy, “Una economía del rebusque” Género, gestión del tiempo y de recursos de asalariadas temporales en la fruticultura de exportación en la región de Ñuble, Revista Antropologías, Vol. 13 Núm. 25 (2026)

[6] Con el apoyo de alguien que dirige PRODEMU que sacó de sus lecturas a Simone de Beauvoir dando cuenta de una “vergüenza país” por su manifiesta ignorancia criolla.

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