EL PORTEÑO
La intervención del historiador Sergio Grez en el Primer Plenario Laboral de Antofagasta, realizado el pasado 26 de agosto, tuvo un mérito que conviene destacar desde el comienzo: uno de los historiadores más importantes del movimiento popular y obrero chileno decidió hablar de la historia desde dentro de su objeto de estudio, asumiendo sin ambigüedades un compromiso de clase. No se trata de confundir investigación histórica con propaganda ni de sustituir el rigor documental por consignas. Se trata, precisamente, de reconocer aquello que buena parte de la academia contemporánea procura ocultar bajo el fetiche de una supuesta neutralidad: que la historia de los trabajadores es la historia de una sociedad dividida en clases y que estudiarla significa necesariamente enfrentarse al problema de la explotación, la propiedad y el poder. Grez lo formula de manera directa cuando recuerda que los sindicatos, correctamente concebidos, son «organizaciones de lucha de clases». No constituye una declaración retórica. Es la conclusión que extrae de la propia formación histórica del proletariado chileno: los trabajadores avanzaron desde las organizaciones de socorro mutuo hacia organizaciones específicamente sindicales cuando comprendieron que el problema ya no podía resolverse únicamente mediante la solidaridad entre explotados, porque su raíz estaba en la posesión de los medios de producción y en el poder social de la clase capitalista.
Esa reconstrucción histórica conduce directamente al presente. La derrota de 1973 no aparece en la exposición de Grez simplemente como la caída de un gobierno, sino como una derrota estratégica de la clase trabajadora, deliberadamente perseguida por la contrarrevolución para modificar las relaciones de fuerza sociales y asegurar una reorganización capitalista que sobreviviría largamente a Pinochet. El Plan Laboral, la atomización sindical, la negociación encerrada en los límites de la empresa y el debilitamiento de la huelga fueron instrumentos de esa operación. Pero Grez introduce una conclusión todavía más incómoda: la salida pactada de la dictadura no desmontó ese dispositivo, sino que permitió su consolidación y legitimación bajo los gobiernos civiles. De allí surgió un sindicalismo crecientemente integrado a las mesas de diálogo, dependiente de los partidos del régimen y reducido demasiadas veces a administrar los estrechos márgenes que la institucionalidad concede al conflicto entre capital y trabajo. En palabras de Grez, terminó predominando un «sindicalismo de colaboración de clases», precisamente cuando la burguesía jamás abandonó su propia conciencia de clase. La contradicción es brutal: mientras la CPC, la SOFOFA y las organizaciones empresariales actúan disciplinadamente en defensa de sus intereses históricos, a los trabajadores se les ha enseñado durante décadas que hablar de clase, independencia política o lucha de clases sería un anacronismo.
Por eso el Primer Plenario Laboral de Antofagasta debe ser valorado menos por lo que haya podido resolver inmediatamente que por la discusión que puede contribuir a abrir. La clase trabajadora enfrenta una ofensiva capitalista que no se limita al salario: precarización, subcontratación, fragmentación sindical, automatización, plataformas digitales, debilitamiento de la negociación colectiva y subordinación de la organización obrera a una legalidad construida precisamente para contener su capacidad de acción. Frente a ello, ninguna política puramente gremial estará a la altura del desafío. Grez plantea que el sindicalismo debe recuperar su autonomía frente a empresarios, Estado y partidos institucionales; superar los límites de la empresa; organizar al trabajo informal, subcontratado, migrante y digital; articularse con movimientos sociales y organizaciones territoriales; recuperar la huelga general y, finalmente, abordar el problema decisivo de la autorrepresentación política de los trabajadores. No casualmente concluye señalando que los antiguos partidos obreros ya no lo son y que quienes administran el neoliberalismo apenas retocado difícilmente pueden reclamar una naturaleza anticapitalista.
En este punto la discusión abierta en Antofagasta adquiere una dimensión que desborda ampliamente al sindicalismo. La cuestión planteada es la reconstrucción de la clase trabajadora como sujeto político independiente. No se trata de restaurar nostálgicamente las organizaciones del siglo XX ni de reproducir mecánicamente sus programas, sino de recuperar aquello que hizo posible su existencia: conciencia de intereses propios, organización independiente, capacidad de lucha y voluntad de intervenir en la cuestión del poder. La historia del movimiento obrero tiene valor revolucionario precisamente cuando deja de funcionar como mausoleo y vuelve a convertirse en experiencia acumulada para las luchas presentes. En este sentido, resulta particularmente significativa la presencia de un historiador como Grez en un plenario de trabajadores: el conocimiento histórico abandona el encierro universitario, vuelve al movimiento social que constituye su objeto y se transforma en instrumento para pensar sus derrotas, sus conquistas y sus tareas pendientes. La historia vuelve, de alguna manera, a las manos de quienes la hicieron.
Si el Plenario de Antofagasta consigue proyectarse, su principal resultado no deberá medirse únicamente por una plataforma reivindicativa, por importante que esta sea, sino por su capacidad para abrir un debate político nacional entre los trabajadores. La experiencia de 2019, evocada expresamente por Grez, mostró simultáneamente la extraordinaria potencia de la movilización popular y sus límites: hubo rebelión, movilización y una huelga general capaz de estremecer al régimen, pero faltaron coordinación, programa y dirección política propia. El Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución pudo entonces reconducir institucionalmente una crisis que había nacido en las calles. Esa experiencia obliga a sacar conclusiones. Frente al feroz ataque que el régimen capitalista prepara y despliega contra las condiciones de vida y organización de los trabajadores, ya no basta con resistir conflicto por conflicto. La tarea es reagrupar políticamente a la clase trabajadora, reconstruir su independencia frente a todas las variantes políticas de la burguesía y comenzar a levantar una dirección capaz de transformar la resistencia social en una alternativa de poder. Si Antofagasta sirve para iniciar esa discusión, el Plenario habrá cumplido una tarea mucho mayor que la de realizar un buen encuentro sindical: habrá contribuido a colocar nuevamente sobre la mesa la cuestión que el régimen lleva décadas intentando clausurar, la entrada de los trabajadores en la escena política bajo sus propias banderas.
El Porteño
Plenario de Antofagasta, 26 de agosto de 2026
[Nota editorial: el registro disponible en que se basa esta transcripción comienza a mitad de la exposición y en la desgrabación hay algunas expresiones que se han perdido.En su edición se ha buscado preservar el espíritu de la intervención]
Alguien —no recuerdo quién— señaló muy acertadamente en una de sus intervenciones que los patrones también tienen sindicatos.
¿Qué otra cosa son sino sindicatos patronales la Confederación de la Producción y del Comercio, la SOFOFA o la Sociedad Nacional de Agricultura? La clase burguesa también tiene un tipo muy especial de organizaciones sindicales, de defensa de sus intereses
ORÍGENES: DEL MUTUALISMO AL SINDICALISMO
La tercera idea es que la primera forma de organización de los trabajadores no fue el sindicalismo.
En todos los países cuya historia conozco, antes de las organizaciones sindicales surgieron las mutuales o sociedades de socorros mutuos. Esto es, cajas de ahorro voluntarias de trabajadores para formar fondos comunes en casos de necesidad como cesantía, enfermedad, accidente laboral, muerte del jefe o de la jefa de familia, instituciones que se basaban en el principio de la ayuda mutua, pero que no se postulaban en el plano de la defensa de los derechos laborales en una posición de confrontación con la burguesía, con la clase capitalista.
Ese tipo de organizaciones prevaleció mientras el capitalismo aún no se desarrollaba en Chile, mientras nuestra sociedad pudo caracterizarse como una sociedad precapitalista o en transición al capitalismo a partir del modo de producción colonial, que fue el modo de producción que heredamos después de la independencia política.
En Chile —es bueno tenerlo presente— nunca hubo una revolución social ni una revolución burguesa, como ocurrió, por ejemplo, en Inglaterra y, sobre todo, en Francia, países en los cuales la burguesía asaltó el poder, desplazó a las antiguas clases dominantes —fundamentalmente, la nobleza— y obligó a la monarquía a someterse a lo que eran sus propios intereses de clase, liberando las fuerzas productivas, realizando la reforma agraria, por ejemplo, entregando tierras a los campesinos, eliminando los resabios del feudalismo. En Chile, después de la independencia política, los peones siguieron siendo peones, los inquilinos siguieron siendo inquilinos, los gañanes siguieron siendo gañanes, los hacendados, los propietarios de mina siguieron en la misma posición social que ocupaban antes de la revolución independentista.
Es decir, esta revolución fue una revolución política, más no una revolución social. Nunca hemos tenido una revolución social en Chile, aun cuando hubo un conato, que fue el que ocurrió durante los años del gobierno de la Unidad Popular. Eso en buena medida explica esta situación que llamamos «subdesarrollo», el hecho que seamos hasta el día de hoy un país primario-exportador, dependiente de los grandes poderes del capitalismo mundial y que no hayamos tenido un desarrollo de fuerzas productivas autónomas puestas al servicio del conjunto de la nación o de la mayoría de las naciones que habitan este territorio.
Por ende, las primeras formas de organización popular fueron las mutuales, constituidas no por la clase trabajadora asalariada, sino, principalmente, por los artesanos, es decir, pequeños patronos pertenecientes fundamentalmente al artesanado urbano, que eran propietarios de sus talleres artesanales, de sus pequeños medios de producción. En el contexto de un Estado que podríamos denominar no solamente como oligárquico, sino también como asocial, que no tenía mayores preocupaciones sociales, en el que no existía ninguna forma de seguridad social y la suerte de los pobres quedaba librada al destino, a la Providencia, decían algunos, en el solamente podían aspirar a la caridad de las clases dirigentes, los artesanos urbanos de Santiago y Valparaíso, primero y luego de prácticamente todas las ciudades grandes, pequeñas y medianas del país, fueron constituyendo estas cajas de ahorro y sociedades de socorros mutuos a partir de 1853, cuando se formó la Unión de Tipógrafos de Santiago y dos años más tarde la Sociedad Tipográfica de Valparaíso. A ellas les siguieron sociedades de gremios como los zapateros, los ebanistas, los carpinteros, los doradores y los carroceros.
Conviene precisar que aquellas organizaciones no tienen nada que ver con las actuales mutuales comerciales porque la inmensa mayoría de las mutuales en la actualidad son instituciones con fines de lucro en las cuales no existe el elemento de la sociabilidad popular que animaba el espíritu de estas instituciones en el siglo XIX y buena parte del siglo XX. Este era un espíritu de mejoramiento de la condición popular, de “regeneración del pueblo”. La idea era que el pueblo —los trabajadores, los pobres, la gente común y corriente— tenía que elevarse por encima de la degradada condición social a la que lo tenían sometido las clases dominantes y mejorar económica, social, cultura, política e incluso hasta moralmente. Era un proyecto reformista, orientado al mejoramiento dentro del cuadro de la sociedad existente, de la sociedad dominante, que no se proponía un cambio revolucionario. A diferencia del sindicalismo posterior, no se proponía el enfrentamiento con el capital, sino únicamente la ayuda mutua. Pero nada es eterno en la vida ni en la historia.
LA TRANSICIÓN AL CAPITALISMO Y EL NACIMIENTO DEL PROLETARIADO
Hacia 1860 comenzó la transición de Chile hacia una economía capitalista. Empezaron a surgir las primeras fábricas en Santiago, en Valparaíso y en otras ciudades. La minería se modernizó. Más tarde, Chile incorporó las ricas regiones del norte arrebatadas a Perú y Bolivia. Desde la década de 1880, después de la Guerra del Pacífico, también se modernizó el trabajo minero adqyuriendo crecientemente características de trabajo industrial, ya no solamente el pirquineo o la explotación minera que se hacía con métodos muy rudimentarios, sino con las tecnologías más avanzadas de la época.
Si uno visita las ruinas de las oficinas salitreras —conozco algunas de Tarapacá, aunque no las de Antofagasta— puede hacerse una idea de ese proceso. En Santa Laura, por ejemplo, las inscripciones grabadas en la maquinaria indican sus lugares de origen: Manchester, Birmingham, Liverpool y, en menor medida, Londres, centros avanzados de la Revolución Industrial. La dimensión técnica del trabajo salitrero respondía a las condiciones más modernas de la época; no ocurría lo mismo con las relaciones laborales, que seguían siendo precapitalistas: la existencia, por ejemplo, de la ficha-salario o de las penas físicas corporales, penas de azote, cepo y calabozo para los trabajadores, que prevaleció durante mucho tiempo, era un elemento que en realidad no marchaba de acuerdo con la modernización tecnológica y económica, porque ese tipo de relaciones laborales favorecían a los patrones, puesto que, por ejemplo, la ficha-salario, el monopolio comercial de las pulperías de las empresas implicaba una sobreexplotación de la mano de obra, es decir, una especie de sobreplusvalía que se agregaba a la que se producía en el momento de la generación de la riqueza de la producción mediante este tipo de prácticas monopólicas y usureras.
¿Por qué ocurría esto? Porque la transición al capitalismo, si bien estaba muy avanzada hasta fines del siglo XIX, aún no había culminado. Como dice una frase atribuida a Gramsci, aunque no estoy seguro de su autoría, la transición ocurre cuando lo viejo no ha terminado de morir y lo nuevo no ha terminado de nacer.
Entonces, estamos en un momento en que hay elementos que prevalecen aún de la vieja sociedad, como el tipo de relaciones laborales, que no son relaciones típicamente capitalistas porque el capitalismo se caracteriza en que nadie obliga en principio por la fuerza a los trabajadores a ir al trabajo, los obliga la necesidad económica. A diferencia de modos de producción anteriores como el feudalismo o más aún el esclavismo de la Antigüedad, donde había una coacción física, material, militar sobre los trabajadores para obligarlos a trabajar. En el capitalismo, en cambio, en principio todos somos libres e iguales ante las leyes y las constituciones. La desigualdad es económica y social, no jurídica: esa es una característica de las sociedades capitalistas bajo su forma liberal.
Pero la transición al capitalismo genera nuevos sujetos y nuevas clases sociales. De este modo surgió la nueva clase obrera o proletariado. Estoy hablando de las últimas décadas del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX en Chile, que se diferenció en varios aspectos de los antiguos peones coloniales, porque se trata de trabajadores que están sedentarizados, es decir, están afincados en un determinado lugar, en torno a una fábrica, en una oficina salitrera, en un pueblo del carbón, en las faenas portuarias, etcétera.
Ya no serían trabajadores incesantemente ambulantes como eran los peones que iban de un fundo a otro estacionalmente buscando trabajo. Van a subsistir este tipo de trabajadores, pero se van a ir reduciendo poco a poco. Ya no serían trabajadores -esto va a ser muy lento- cuyas remuneraciones se pagaban en fichas-salario o en bienes de consumo o en ropa vieja entregada por el patrón del fundo o un terrenito para que el inquilino pueda cultivarlo para el sostén suyo y de su familia. Con el paso de las décadas, el salario monetario en moneda de curso legal se convirtió en la forma predominante de remuneración y relación laboral. Era, por lo demás, lo que exigían, por ejemplo, los pampinos en Tarapacá y Antofagasta, que eran remunerados con fichas-salario que solamente se podían cambiar por los productos producidos en las pulperías de la empresa a precios exorbitantes, monopólicos, usureros, además de que los vendedores ambulantes que representaban al comercio libre eran correteados policial o militarmente por los guardias armados de las compañías salitreras.
Esta transición al capitalismo no solo significó una modernización económica, industrialización, una mayor tecnificación, sino que además provocó un cambio en los sujetos sociales. Si comparamos periodos largos, advertimos con claridad la diferencia respecto de la situación que prevaleció desde la Independencia hasta mediados del siglo XIX. A mediados del siglo XIX no existía la burguesía industrial porque no había industria, solo talleres artesanales más o menos grandes, pero no había industria moderna y tampoco había proletariado moderno. Eran gañanes, campesinos, artesanos, inquilinos. En el otro polo de la burguesía industrial surgió la clase obrera moderna o proletariado, aquel sector de la sociedad que no tiene para subsistir más que su propia fuerza de trabajo eminentemente física y que es remunerada mediante un salario monetarizado.
Este fue un proceso lento que tomó décadas con velocidades distintas según las ramas de la producción. En algunos lugares, en las ciudades, en las fábricas, avanzó mucho más rápido, por ejemplo, que en el carbón o en la minería del salitre. Pero con el correr del tiempo, el conjunto de la economía chilena, salvo el campo que se mantendría muy atrasado durante mucho tiempo más, hasta la década de 1960, este proceso se fue desarrollando y fue surgiendo esta nueva clase social, la clase obrera moderna.
¿Y cómo surgió? Surgió de la proletarización de los antiguos gañanes, inquilinos, peones que, por necesidades económicas se vieron obligados a vender su fuerza de trabajo a un capitalista individual o a una sociedad empresarial. En esta relación el único vínculo entre patrones y obreros será el salario, estableciéndose una diferencia muy importante con lo que existía antes, porque en la sociedad tradicional preindustrial, la relación entre dominantes y dominados no era eminentemente salarial, era una relación de dominación, pero que tenía aspectos de paternalismo. El latifundista conocía a los trabajadores de su propiedad, en el campo existía una relación paternalista entre el hacendado y sus trabajadores, relación que podía ser más o menos brutal, más o menos condescendiente, pero era una relación con lazos personales. A menudo el patrón de la hacienda era el padrino de los hijos del inquilino.
Con el desarrollo del capitalismo, eso se fue terminando y la única relación que terminaría imponiéndose es la relación salarial, porque por lo demás los capitalistas de las salitreras no estaban en las salitreras, ni siquiera estaban en Iquique ni en Antofagasta, estaban en Londres, y, a lo sumo, mantenían algunos representantes en Valparaíso o en alguno de estos puertos del Norte Grande.
En algún momento de su formación, esta nueva clase comenzó a descubrir que los instrumentos de los cuales se habían dotado los trabajadores, principalmente los artesanos o algunos trabajadores calificados de las grandes ciudades, como por ejemplo los obreros tipógrafos (me refiero al mutualismo) eran mecanismos o formas de organización insuficientes, que no iban a la raíz del problema. Porque comenzó a descubrir -sobre todo cuando llegaron a Chile las ideologías de redención social, del anarquismo y del socialismo- que la raíz del problema era la posesión de los medios de producción, de la riqueza y por lo tanto del poder y que por ende lo que tienen que hacer los trabajadores, los asalariados, es reivindicar frente al capital y crear organizaciones destinadas a desarrollar este tipo de lucha, no solo ni principalmente el socorro mutuo.
EL SINDICATO COMO ORGANIZACIÓN DE LUCHA DE CLASES
Esas organizaciones son los sindicatos. En su planteamiento original —y siempre que están bien concebidos— son organizaciones de lucha de clases. No hay que tenerle miedo a la palabra. Lo conversé en un pasillo con Luis Mesina esta mañana. Le dije: «El seminario está muy bien», le dije, «pero nadie ha hablado de lucha de clases. Voy a decirlo esta tarde». Y Luis me dice, «No, yo lo voy a decir también.» Ah, bueno, me ganaste la delantera porque vas a intervenir antes que yo.
La lucha de clases existe. Parece que hay temor a reconocerlo y a decirlo. Lucha de clases no quiere decir siempre lucha violenta. La lucha de clases tiene muchas expresiones.
Cuando los trabajadores se organizan para constituir un sindicato, así sea el más pacífico del mundo, están haciendo lucha de clases. Cuando los patrones urden artimañas para acrecentar las cadencias del trabajo, el taylorismo, por ejemplo, a comienzos del siglo XX, están haciendo lucha de clases. Cuando los patrones despiden injustificadamente por razones de “necesidades de la empresa”, están haciendo lucha de clases. Cuando los obreros o los trabajadores hacen una huelga, se manifiestan o presentan un pliego de peticiones, eso también es lucha de clases. Una lucha de barricada en las calles también es lucha de clases. Una guerra civil, si es entre explotados y explotadores, también es otra forma de lucha de clases.
Por lo tanto, hay que entender que la lucha de clases tiene muchas manifestaciones, algunas más o menos pacíficas, otras intermedias y otras que pueden ser muy violentas.
Evidentemente, toda persona normal va a tratar de evitar la violencia en la medida de lo posible. Pero las circunstancias históricas llevan muchas veces a ese enfrentamiento que ha sido muy frecuente en la historia de Chile, aun cuando hoy día en los discursos oficiales, en los discursos hegemónicos y aún en nuestras cabezas, si estamos bajo la influencia de este clima cultural que existe en este país de hace varias décadas, no queramos reconocerlo, pero la lucha de clase es como la noche y el día: está ahí, aunque nosotros no queramos que esté, porque es un fenómeno inherente a toda sociedad de clases. No digo que sea inherente a la sociedad humana: esta no siempre tuvo clases sociales y creo que no siempre las tendrá. Pero mientras existan las clases sociales, la lucha de clases es un elemento omnipresente, independientemente de la voluntad humana.
A fines del siglo XIX, los trabajadores comprendieron progresivamente que había que reivindicar frente a los patrones, que había que luchar para arrancarles concesiones y de esa manera surgieron tímidamente primero y con mucha decisión poco después, las primeras organizaciones sindicales.
SOCIEDADES DE RESISTENCIA, MANCOMUNALES Y FEDERACIONES OBRERAS
La primera organización sindical que existió en Chile fue una sociedad de resistencia de obreros carpinteros, sociedad de resistencia o también sociedad en resistencia. ¿Qué eran las sociedades de resistencia? Eran cajas de ahorro constituidas por los trabajadores de un determinado gremio para crear un fondo común, no para la ayuda mutua, sino para aguantar una huelga, porque durante las huelgas, las empresas o los patrones suspendían los pagos, los trabajadores no tenían medios para subsistir ellos y sus familias y por lo tanto tenían que prepararse para esos eventos constituyendo una caja de resistencia.
Hay que señalar que la primera sociedad de resistencia en Chile fue iniciativa de militantes anarquistas, a quienes la clase trabajadora chilena debería reconocer ese aporte. Pero muy poco tiempo después, cuando se fundó la segunda sociedad de resistencia, que fue la de los ferroviarios de Santiago, se incorporaron también junto a los anarquistas militantes de la izquierda del Partido Democrático, que fue el primer partido popular que existió en Chile, cuya ala izquierda integraba Recabarren, además de trabajadores sin partido y así sucesivamente. Pero el aporte inicial fue de estos anarquistas, cuestión que no siempre es reconocido por toda la historiografía.
Poco tiempo después surgieron primero aquí, en el Norte Grande, pero se extendieron hasta a lo menos hasta Valdivia las sociedades mancomunales de las cuales se ha hablado un poco en este encuentro.
¿Qué eran las mancomunales? La primera fue la de Iquique, fundada en 1900 por Abdón Díaz, un obrero sin partido político. La mancomunales eran un híbrido muy interesante. Eran organizaciones que reunían o pretendían reunir a todos los trabajadores y trabajadoras de un determinado territorio, sin distinción de oficio, de sexo, de ideas políticas o de empresas, y cuya labor principal era de tipo sindical, reivindicar frente a los patrones. Hubo mancomunales en Iquique, Antofagasta, Coquimbo, Santiago, Valparaíso, Concepción, Valdivia, etcétera.
Pero además las mancomunales publicaban periódicos obreros, realizaban actividades de tipo cultural, teatro, veladas. Se propusieron realizar labores de tipo mutualista, pero no me consta que lo hayan alcanzado a hacerlo porque las mancomunales tuvieron un periodo de vida muy corto, 10 o 12 años ya que entraron en crisis hasta que se extinguieron poco tiempo después de la matanza de la Escuela Santa María de Iquique, un golpe demoledor para el movimiento obrero de la época, que si bien no logró detener su desarrollo, provocó durante cuatro o cinco años un reflujo de este movimiento y la desaparición de este tipo de las mancomunales, aunque, como he dicho, las mancomunales no fueron organizaciones exclusivamente sindicales, sino que cumplieron otras funciones, aun cuando el elemento principal de ellas fue el sindicalismo.
De tal manera que, transcurridos los primeros diez o quince años del siglo XX, teníamos un panorama en Chile en el cual el sindicalismo estaba en expansión y se empezaban a formar las primeras federaciones de sindicatos.
La famosa Federación Obrera de Chile, la FOCH, originalmente no era una federación sindical, era una federación de tipo mutualista, fundada en 1908 por un abogado del Partido Conservador que había defendido a los obreros ferroviarios de Santiago en una querella que tuvieron ante los Tribunales de Justicia para que el Estado -porque eran los obreros de los Ferrocarriles del Estado- unos haberes, unos dineros que el Estado les debía, el juicio lo ganaron y este abogado conservador, que era bastante astuto, aprovechó para fundar una mutual con el nombre de Gran Federación Obrera de Chile. Este era un organismo muy moderado, los socialistas de Recabarren lo consideraban amarillo, muy conservador. Sus dirigentes llevaban a los curas para que bendijeran los estandartes de la FOCH y hasta mediados de la década de 1910 se mantuvieron en esta actividad meramente mutualista.
Pero el Partido Obrero Socialista -el partido que Recabarren fundó en 1912, saliendo con el ala izquierda del Partido Democrático para ello- se dio cuenta de que esa estructura podía ser aprovechada. Recabarren estaba viviendo por segunda vez en Argentina entre 1916 y 1918. Su primera estadía había sido una especie de autoexilio. Recabarren no veía con buenos ojos a la FOCH, pero sus camaradas que estaban acá y estaban, por lo tanto, más cerca de la realidad concreta, sobre todo de una gran huelga ferroviaria de 1915, lo convencieron finalmente de que el Partido Obrero Socialista tenía que poner atención en la FOCH y tenía que ganarla, cuestión que hicieron entre 1917 y 1919, conquistando la FOCH bajo la dirección del Partido Obrero Socialista, radicalizándola y convirtiéndola en una organización propiamente sindical, más aún, en una especie de confederación sindical revolucionaria, puesto que sus principios aprobados en un congreso realizado en Concepción en 1919 la autodefinieron como una organización de sindicalismo revolucionario, porque ya estaba la experiencia y el ejemplo de la revolución rusa, ya había triunfado la Revolución bolchevique a fines de 1917, que estaba irradiando poderosamente sobre el planeta y Chile evidentemente no fue la excepción.
De tal manera que la FOCH se convirtió en una central sindical, pero al mismo tiempo se desarrollan otras expresiones sindicales federativas como la primera Federación Obrera Regional de Chile, constituida por los anarquistas en Valparaíso y Viña del Mar, principalmente la formación de la rama chilena de la IWW, que era una organización fundada en Estados Unidos, anarcosindicalista también y que se extendió a ambos lados de las costas del Pacífico. La rama chilena se fundó en 1919 y posteriormente surgió una segunda FORCh también anarcosindicalista a mediados de los años 20.
Con esto quiero decir que el sindicalismo cobró bríos y fuerza; no fue destruido por las distintas masacres que la clase dominante desencadenó sobre la clase trabajadora, sobre todo en la primera década del siglo XX, entre 1903 y 1907, el carbón y en Valparaíso en 1903, la oficina salitrera Chile, cerca de Taltal en 1904, la huelga de la carne en Santiago, 1905, la matanza de la plaza Colón en febrero de 1906, acá en Antofagasta, la gran matanza de la escuela Santa María de Iquique al año siguiente, el 21 de diciembre, masacres que, si bien lograron provocar un reflujo en el movimiento obrero, cuatro o cinco años después, este estaba nuevamente de pie en posiciones ofensivas y radicalizándose, puesto que las corrientes más osadas, podríamos decir revolucionarias, como los anarquistas y los socialistas del POS, estaban ganando creciente influencia en este sector social.
DE LA REPRESIÓN A LA LEGISLACIÓN SOCIAL
De manera tal que la clase dominante luego de negar la cuestión social y responder con sucesivas represiones sangrientas, empezó a entender sobre todo después de Santa María de Iquique, que ya no era posible seguir conteniendo el desarrollo del movimiento obrero y del sindicalismo revolucionario solo mediante la represión y que era necesario implementar otros métodos.
¿Qué métodos? Los métodos de la política: concesiones, diálogo, cooptación de algunos dirigentes populares; en suma, una estrategia de seducción y envolvimiento. Los sectores más esclarecidos de la burguesía comprendieron que debían conceder algunas leyes sociales para preservar el orden capitalista: no podían continuar de masacre en masacre sin arriesgar el control de la situación. Una estrategia en la cual las concesiones, las reformas legales, la legislación social, la implementación de mecanismos de conciliación y arbitraje para evitar las huelgas o para arreglarlas si estas ya habían estallado, serían mucho más eficientes que la pura y simple represión. De ese modo, ya en la primera década del siglo XX, entre 1906 y 1908, se empezaron a votar las primeras tímidas leyes sociales. Por esos años nació la Oficina del Trabajo, que con el tiempo se transformaría en la Dirección del Trabajo. En el momento de su creación, la Oficina tenía dos funcionarios y no tenía otro fin que llevar la estadística obrera, como se llamaba, la estadística de las organizaciones sindicales mutualistas y de las huelgas; nada más.
Luego vinieron otras leyes sociales: la ley de la silla para que los empleados de comercio se pudieran sentar cada cierto tiempo en sus trabajos; una tímida ley de accidentes laborales, prohibición del trabajo infantil y femenino en ciertas labores que eran consideradas muy peligrosas. Sin embargo, eran leyes tan imperfectas que parecía que hubieran estado hechas para que los patrones las violaran y no se cumplieran.
En 1924, en un contexto muy distinto, se inició un hito fundamental del bienio 1924-1925, durante el gobierno de Arturo Alessandri Palma: el famoso ruido de sables, un movimiento de protesta de los oficiales jóvenes del ejército que bajaron las escalinatas del Congreso Nacional situado en la época en la calle Bandera de Santiago, protestando, haciendo sonar sus sables por las escalinatas de mármol, porque el Congreso no había encontrado mejor idea que discutir la dieta parlamentaria —ya que hasta ese momento los parlamentarios no la recibían— en vez de abocarse al estudio de los proyectos de legislación social que había mandado el presidente Alessandri, el famoso león de Tarapacá, que resultó ser muy sanguinario («el león es un sanguinario en toda generación», diría después Violeta Parra al referirse no a una de las masacres de Arturo Alessandri, sino a una de su hijo Jorge Alessandri Palma en 1962).
Digamos de paso que la dieta parlamentaria, aunque hoy día a nosotros nos provoque urticaria por sus elevados montos, es una medida democratizadora. En todo el mundo ha sido así. ¿Por qué? Porque hasta el momento solo podían dedicarse a la política a tiempo completo quienes tuvieran cuantiosos bienes de fortuna. En cambio, la dieta parlamentaria permitiría en principio que sectores medios o de las clases populares también pudieran dedicarse a tiempo completo a la política, siendo diputados, senadores, etcétera. Sin embargo, el momento estaba muy mal escogido porque había urgencias que tenían que ver con la legislación social.
El hecho es que eso provocó un terremoto político. Se aprobó este paquete de legislación social y al año siguiente, mediante un proceso constituyente para nada democrático, como han sido todos los procesos constituyentes de la historia de Chile, salvo el penúltimo -2021-2022- y el último -2023- que fueron un poco más democráticos.
En ese momento se produjo un cambio fundamental porque a través de la legislación social de 1924 se incluyó la ley de sindicatos, la ley de cooperativas, el seguro obrero y la ley de mecanismos de conciliación y arbitraje. El Estado de Chile empezó a mutar sus características para dejar de ser paulatinamente, en un proceso que tomaría alrededor de quince años, un Estado asocial, oligárquico y excluyente, como lo había sido desde la fundación de la República de Chile hasta entonces, mediados de los años 20, para tratar de convertirse en un Estado cargado de preocupaciones sociales, un Estado interventor y asistencial. Digo bien asistencial y no benefactor o Providencia porque Chile nunca llegó a esos niveles como fue el caso de la mayoría de los países europeos.
Esto cambiaría las características del sindicalismo, porque hasta entonces teníamos lo que algunos historiadores han caracterizado, a mi juicio acertadamente, como un sindicalismo libre. La huelga no estaba normada, no era ni legal ni ilegal, los sindicatos tampoco eran legales ni ilegales, existían de hecho. A partir de entonces habría leyes que regularían las huelgas y los sindicatos.
Por ejemplo, para ir a la huelga, ustedes lo conocen muy bien porque básicamente el principio es el mismo, hay que cumplir con una serie de pasos y procedimientos que incluyen las tentativas de conciliación primero y de arbitraje después. Todo quedaría normado por la ley. Ustedes pueden, les decía el Estado a los trabajadores, constituir sindicatos, pero no como lo han hecho hasta ahora, son sindicatos que tienen que formarse y funcionar de acuerdo con las normas legales y el Estado puede hasta meterse en las finanzas sindicales y así sucesivamente. De ese modo comenzó la transición del sindicalismo libre al sindicalismo legal.
Esta transición no fue fácil, en primer lugar, porque quienes más se opusieron a la legislación social no fueron los trabajadores, fueron los patrones porque hasta entonces cada industrial hacía lo que quería en su fábrica, no tenía norma legal alguna que le impidiera tomar decisiones, salvo cuestiones muy generales del Código Penal o del Código Civil.
Pero en el mundo laboral, en el mundo de los trabajadores se produjeron grandes discusiones y diferencias, porque hubo algunos, sobre todo los más moderados, los más sometidos a la influencia del mutualismo y del Partido Democrático, que veían en estas leyes sociales grandes conquistas para la clase trabajadora y por lo tanto estaban dispuestos a meterse en la nueva institucionalidad porque veían en ella beneficios para los trabajadores.
En otros sectores, en cambio, como los anarquistas y los comunistas (ya se había constituido el Partido Comunista como una transformación del viejo Partido Obrero Socialista), entendieron, a mi juicio, acertadamente, que esta era una trampa, que esta era una camisa de fuerza que la burguesía le pondría a los trabajadores, porque ya no podrían seguir actuando por la libre como hasta ahora.
Este es uno de los elementos de lo que el sociólogo e historiador Tomás Moulian denomina el «Estado de compromiso», que comenzó a construirse entonces y duró hasta 1973. Un Estado en el que hay una suerte de intercambio promovido por la clase dominante: «Nosotros, los burgueses que administramos el Estado, les concedemos estos derechos, pero ustedes deben portarse bien, no pueden hacer huelgas ilegales, no se pueden organizar como quieran, no pueden ocultar sus finanzas ni sus reuniones sindicales». Los inspectores del trabajo tenían autorización para ir a meterse a las reuniones de los sindicatos. ¿Sigue siendo así o no? No. Bueno, en esa época sí, porque además era época de intervención militar. Entonces se produjo un debate en el seno del movimiento obrero que lo tensionó enormemente. Como les decía, si bien el Partido Comunista asumió una posición muy parecida a la de los anarquistas, con el correr del tiempo flexibilizó esa posición. Porque también hubo debate al interior del Partido Comunista y de la FOCH, ya que era realmente desconcertante, esto no estaba en los planes de nadie. El Partido Comunista, por razones que podría explicar, pero que por razones de tiempo no puedo explicar ahora, terminó aceptando hacia 1935 la legislación social, en particular el sindicalismo legal.
Hay razones que tienen que ver con los debates nacionales, pero también con el cambio de posición de la Internacional Comunista, que después de practicar una política realmente sectaria y ultraizquierdista entre 1928 y 1934, la llamada política de “clase contra clase”, que era algo así como “los comunistas solos contra todo el mundo, que dio muy malos resultados, sobre todo en Alemania, porque facilitó el ascenso del fascismo, del nazismo. Por las necesidades de la política exterior, la dirección soviética cambió de política y preconizó una orientación distinta y la impartió a todos sus partidos. En nuestro país provocó una división interna muy aguda que hizo que después de la caída de la dictadura de Ibáñez hubiera dos Partidos Comunistas de Chile que se reivindicaban como miembros del Internacional Comunista, organismo que ordenó a los comunistas chilenos que había no hay que practicar la política completamente contraria, amplia unidad antifascista, incluso con sectores de la burguesía nacional.
De tal manera que el Partido Comunista, después de haber resistido, al igual que los anarquistas, al sindicalismo legal, se sumó al sindicalismo legal y en conjunto con una nueva fuerza política que había surgido a comienzos de los años treinta, el Partido Socialista de Chile, el Partido Democrático, ni que hablar, por supuesto que estaba en esa posición y otros sectores disuelven sus organizaciones sindicales, se disuelve la vieja FOCH para integrarse en un nuevo referente. En 1936 se integraron en un nuevo referente: la CTCH, Confederación de Trabajadores de Chile. Los únicos que no disolvieron su organismo confederal fueron los anarquistas o un sector de los anarquistas que siguieron teniendo la CGT, Confederación General de Trabajadores, pero la mayoría de los sectores se sumaría al sindicalismo legal.
A partir de ese momento, dentro de esta fase de sindicalismo legal ya asumida por los sectores hegemónicos dentro del movimiento obrero y popular, entre 1935 y 1973, se desarrolló y se consolidó el sindicalismo legal bajo este Estado que hemos definido como asistencial y de compromiso.
Aquí no podemos pasar por alto el hecho de que este sindicalismo, tal como lo definiera el sociólogo porteño Crisóstomo Pizarro recientemente fallecido, era una especie de sindicalismo paraestatal, fuertemente controlado y mediado por los partidos políticos, principalmente el Partido Comunista y el Partido Socialista de Chile, partidos que cumplían el papel de mediadores entre la clase trabajadora y el Estado para conseguir beneficios para los trabajadores, pero al mismo tiempo para acotar sus movimientos en el marco estrictamente al marco legal. Un sindicalismo en el que la fuerte competencia entre estos partidos llevó a la división de la CTCH, llegando al extremo de que en la segunda mitad de los años 40 teníamos en Chile dos CTCH, una dirigida por Bernardo Ibáñez, socialista y otra dirigida por Bernardo Araya, comunista. El dicho popular era «la CTCH de los dos Bernardos», o sea, el partidismo en el movimiento sindical, llevado a su máxima expresión con las consecuencias más negativas que se puede imaginar.
Pocos años después se votó la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, que puso fuera de la ley al Partido Comunista durante 10 años, hasta el año 58. Uno de los impulsores de la ley fue don Bernardo Ibáñez, socialista, y una buena parte de los diputados socialistas, exceptuando a Salvador Allende y Raúl Ampuero, entre otros, votó la ley de Defensa de la Democracia porque había un ala profundamente anticomunista dentro del Partido Socialista, lo que provocó ya no solo la división de la CTCH, sino también del propio Partido Socialista. Allende y otros que se salieron del Partido Socialista para formar el Partido Socialista Popular. Aunque después volverían, como es característico en la historia del PS, plagado de divisiones y reencuentros, en el plano sindical tuvo consecuencias muy negativas a través de la división de este movimiento sindical que había costado tanto unificar en 1935.
Uno va constatando como la política inevitablemente estuvo, está y estará presente en el movimiento sindical. La Ley de Defensa Permanente de la Democracia significó, por lo tanto, una represión muy fuerte no solo sobre el Partido Comunista, sino sobre toda su área de influencia sindical y social. Porque claro, los comunistas eran muy fuertes, por ejemplo, en el carbón y en otras regiones como en el Norte Grande, y la represión golpeaba a todo el mundo, de preferencia al que tenía el carnet del partido, pero también a los que trabajaban con ellos, que eran parte de su área de influencia.
La represión contra los comunistas significó que otros sectores del sindicalismo de la época tuvieran mayor posibilidad para empezar a adquirir protagonismo en el área sindical. En particular los gremios de empleados fiscales y particulares cuyo líder indiscutido fue don Clotario Blest. Estoy hablando de los últimos años de la década del 40 y comienzos de la década de 1950. De tal manera que estos sectores, encabezando una amplia alianza en que estaban los comunistas, los socialistas, los trotskistas, los anarcosindicalistas y trabajadores independientes, lograron fundar la CUT en febrero de 1953, la primera CUT, la Central Única de Trabajadores, que ha sido probablemente el referente más amplio sindical que hemos tenido, porque reunía todas estas corrientes políticas, hasta los anarquistas que no habían estado en la CTCH estaban en la primera CUT. Este fue un referente, valga la pena insistir sobre el hecho, con un marcado carácter clasista pues se proponía la abolición del capitalismo y, sobre todo, porque durante el periodo en que don Clotario Blest fue su principal figura, hasta 1961, practicó una política de independencia de clase respecto del gobierno de Ibáñez, sello particular de Clotario Blest.
Pero don Clotario permaneció solo hasta 1961 porque la alianza entre el Partido Comunista y el Partido Socialista lo desplazó del poder, en realidad, lo desbancó de la presidencia de la CUT y estos dos partidos empezaron a ser hegemónicos en la Central y la influencia de la Democracia Cristiana, partido recientemente creado, empezó a crecer de manera muy considerable en el seno de esta central sindical.
Por cuestiones de tiempo debo omitir algunos aspectos y limitarme a señalar que este tipo de sindicalismo fue el que prevaleció hasta el golpe de Estado de 1973. Este golpe no fue solo contra un gobierno, el de Allende, que molestaba enormemente a las clases dominantes y el imperialismo norteamericano. Fue, sobre todo, un golpe contra la clase trabajadora y los sectores populares destinado a lograr dos objetivos: primero, producir un cambio radical del modelo económico, una especie de contrarrevolución capitalista. Joaquín Lavín escribió un libro sobre la «revolución silenciosa», la revolución neoliberal: el reemplazo del modelo de industrialización por sustitución de importaciones bajo la dirección y la influencia del Estado, por lo que conocemos como neoliberalismo y que todos sabemos bien de qué se trata, por lo tanto, no voy a entrar en ese tema.
El segundo objetivo fue infligir a la clase trabajadora una derrota estratégica de la cual no pudiera levantarse nunca más o, por lo menos, durante mucho tiempo. En eso estamos hasta el día de hoy. Ha transcurrido más de medio siglo. Se nos ha ido buena parte de nuestra vida en este modelo y en este contexto.
¿Cómo se manifestó esto en relación con el sindicalismo y la clase trabajadora? Mediante la represión violenta, detenciones, fusilamientos, desapariciones, exilios, despidos masivos, desarticulación institucional y bandos de la Junta Militar de Gobierno dictados en septiembre y octubre. Mencionaré algunos: el Bando número 12 canceló la personalidad jurídica de la CUT, seguido de su disolución y liquidación de su patrimonio; el Bando número 16 eliminó permisos sindicales y suspendió la tramitación de pliegos; el Decreto Ley número 12 creó tribunales especiales con participación militar que ratificaron despidos arbitrarios; y el Decreto Ley número 198 restringió el derecho a reunión previa autorización policial.
Estas medidas y otras —la enumeración no es exhaustiva— regularon la vida laboral hasta 1978, provocaron una profunda desarticulación y repliegue del movimiento sindical que quedó reducido a coordinaciones de dirigentes sindicales que intentaban sin éxito hacer oír sus puntos de vista ante las autoridades, aunque también hay que señalar que había dirigentes sindicales que ni siquiera eso hacían, que colaboraban con la dictadura. El famoso Medina, entre otros, que era dirigente de los trabajadores del cobre de El Teniente, de afiliación demócrata cristiana, fue un colaborador estrechísimo de la dictadura, fue nombrado miembro del Consejo de Estado, ni más ni menos. No fue el único, por desgracia, pero ese fue el más conocido.
Los dos objetivos principales de la dictadura se encarnaron en el plano laboral, principalmente en el Plan laboral de José Piñera, hermano del fallecido Sebastián Piñera. El 2 de enero de 1979, mediante este plan, se dio comienzo a una nueva etapa. Este plan, que apuntaba a entregar la mano de obra a los vaivenes del mercado y a la gestación de un sindicalismo limitado y apolítico subordinado al libre mercado, reglamentó el régimen de organización sindical y la negociación colectiva. Poco antes se había reglamentado la contratación individual y los despidos. Entonces se estableció el reemplazo de los trabajadores en huelga, debilitando esta herramienta de negociación, y se limitó la huelga al contexto de la negociación colectiva. También se prohibió que la negociación colectiva, ahora fuertemente reglada, se extendiera más allá de la propia empresa, eliminando la negociación por rama consagrada en la legislación anterior a 1973. Ya se ha dicho, pero conviene recalcarlo: estos fenómenos son históricos, no naturales. La regulación anterior permitía que las confederaciones de sindicatos profesionales negociaran conjuntamente cuando reunían una misma profesión u oficio; con el Plan Laboral de la dictadura esa posibilidad quedó excluida.
En este contexto, un sector sindical, , apoyó las políticas de la dictadura mediante el diálogo y la colaboración, mientras las directivas opositoras buscaban apoyo internacional. Durante la crisis económica de los años ochenta, surgió el Comando Nacional de Trabajadores (CNT), que fue el articulador de las protestas nacionales que se desarrollaron entre 1983 y 1987, contexto en el que los mineros del cobre desempeñaron un papel de primera línea. La CNT fue la base para la refundación de la CUT bajo un nuevo nombre: Central Unitaria de Trabajadores.
DICTADURA, PLAN LABORAL Y CONSOLIDACIÓN NEOLIBERAL
Ahora entramos en la última fase de la historia del movimiento sindical que podríamos caracterizar como una fase de sindicalismo limitado, de colaboración en el contexto de consolidación del neoliberalismo, es decir, desde 1990 hasta la actualidad. Es la fase de plena implementación, consolidación y legitimación del modelo neoliberal por la Concertación y por todos los gobiernos posteriores.
Esta es la etapa en que se produjo, a partir de 1992, porque antes no había ocurrido la llegada masiva del capital extranjero. Durante la dictadura de Pinochet las inversiones de transnacionales fueron relativamente pequeñas en Chile. Esto comienza con Aylwin y se consolida con los gobiernos posteriores de la Concertación: se desnacionaliza el cobre, tal como ha sido dicho, pero conviene recalcarlo: no fue la dictadura de Pinochet la que desnacionalizó el cobre, fue la Concertación de Partidos por la Democracia que gobernó de manera ininterrumpida durante 20 años hasta el 2010. Se legitimó el modelo mediante correctivos sociales y el discurso de defensa de la democracia. «No hay que hacer olitas», se decía, porque los militares podían volver a dar un golpe de Estado: “no exageren sus peticiones, pórtense bien”. Ese es el sindicalismo que se enseñoreó de la CUT, un sindicalismo de colaboración de clases, no de lucha de clases a favor de los trabajadores. Algunos rigores del neoliberalismo con asistencialismo y mesas de diálogo, las esterilizantes mesas de diálogo en las cuales no se sacaba generalmente nada en limpio, pero el Estado, los gobiernos y las clases dominantes ganaban tiempo y lograban enredar y confundir a sectores de la clase trabajadora y de la población en general.
Aunque el fin de la dictadura pareció abrir un periodo de recuperación de conquistas económicas, sociales y sindicales, las fuerzas políticas hegemónicas en el movimiento sindical impusieron la lógica de la transición basada en la política de los acuerdos, cuyo antecedente era el acuerdo nacional de 1985, en el que la Democracia Cristiana, sectores del Partido Socialista, el Partido Radical, la Iglesia Católica y algunos dirigentes de derecha como Allamand, consensuaron los primeros acuerdos de gobernabilidad, consenso, democracia protegida y pacto social.
Hay que recalcar una idea que me parece fundamental. La dictadura en Chile no fue derrocada: no logramos derrocarla. Fue sustituida mediante negociaciones entre bambalinas por gobiernos civiles y eso explica el carácter de nuestra transición, eso explica que la impunidad reinara respecto de los criminales violadores de derechos humanos durante mucho tiempo, y eso explica también, la mantención del modelo económico que como ha sido dicho por prácticamente todos quienes han intervenido acá, se ha mantenido en sus bases esenciales incólume hasta nuestros días, sea quien sea quien haya estado administrando el gobierno.
En este contexto, los opositores aceptaron de hecho la Constitución de 1980 o por lo menos los opositores moderados, aquellos que se constituirían como Concertación de Partidos por la Democracia, el modelo neoliberal, las leyes de amnistía de la dictadura y el rol de las fuerzas armadas como garantes del orden constitucional y el discurso de reconciliación nacional. Todo eso fue aceptado por la oposición moderada que constituyó la Concertación.
El resultado hasta el día de hoy ha ido una democracia protegida, restringida y de baja intensidad, una democracia controlada por los grandes poderes económicos y administrada, en realidad secuestrada por los partidos. En Chile tenemos una partidocracia en la que el único rol asignado a los ciudadanos es optar mediante el voto por las alternativas propuestas por la casta política. En Chile no existen, a decir verdad, nunca han existido, mecanismos de participación ciudadana como, por ejemplo, la iniciativa popular de ley, el plebiscito de iniciativa popular ni el plebiscito de revocación de mandato. O sea, esta no es una democracia participativa, es solo una democracia restringida, tutelada y de baja intensidad.
La expresión en el plano sindical de la línea hegemónica de colaboración de clases en aras de la gobernabilidad fue la refundación de la CUT en 1988, que tuvo como objetivo asegurar la transición democrática, es decir, consolidar un régimen de instituciones de representación y la progresiva apertura de una arena política en la cual actuar y obtener legitimidad, según el sociólogo Campero.
Una de las principales expresiones de esta política de diálogo y de colaboración con la patronal y los gobiernos de transición fue la firma de los acuerdos entre la CUT y la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) bajo el gobierno de Patricio Aylwin, que estableció como base de la relación entre el capital y el trabajo el diálogo por sobre la confrontación, aceptó las reformas laborales establecidas por la dictadura y descartó la posibilidad de volver al Código del Trabajo vigente hasta 1973. La oposición moderada a Pinochet aceptó todo eso, consolidó el modelo económico neoliberal, el plan laboral y por lo tanto el tipo de relaciones laborales que existen en nuestro país con poquísimos cambios hasta nuestros días.
Otra manifestación de esta política de colaboración fue la aceptación, por parte de la CUT, de la reforma laboral del segundo gobierno de Bachelet, que si bien prohibió el reemplazo de los trabajadores en huelga, estableció la mantención de servicios mínimos o básicos, limitando así los efectos de la paralización del trabajo, estableció la polifuncionalidad o adecuación de trabajadores a múltiples labores, sobre reguló la huelga al establecer la posibilidad de que el empleador obligue al sindicato a tener que votar cada cinco días la huelga para poder mantenerla, lo que hace de Chile el único país en el mundo en el que la huelga no está controlada por los trabajadores, sino que por el patrón. Aunque eliminó la titularidad de los grupos negociadores, en realidad esta ya prácticamente no existía. En síntesis, no hubo ninguna modificación sustantiva al plan laboral de José Piñera. Peor aún, los pactos de gobernabilidad laboral introducidos por la reforma laboral de Bachelet abrieron un espacio de flexibilidad laboral que ni siquiera el plan laboral de la dictadura se había atrevido a establecer.
DESAFÍOS ACTUALES Y TAREAS ESTRATÉGICAS
Quiero cerrar abordando el presente y los desafíos del movimiento sindical, ya muy bien expuestos por muchas de las personas que aquí intervinieron. Me limitaré a recalcar algunas tareas inmediatas —que ustedes conocen mejor que yo— y otras cuestiones estratégicas de largo plazo.
Hay que enfrentar la precarización laboral y la contención normativa. Entre ellas se han mencionado reiteradamente la derogación del artículo 161 del Código del Trabajo, relativo a las necesidades de la empresa, y el término del subcontrato. Es necesario regular y frenar a la irrupción masiva del trabajo en plataformas digitales, los algoritmos de gestión laboral y la automatización por inteligencia artificial que profundizan formas inéditas de precarización e individualización del vínculo laboral.
Hay que abordar varias cuestiones referidas a seguridad social, género y protección integral: fin al sistema de AFP y reemplazo por un sistema de seguridad social solidario y de reparto con participación de los trabajadores en su administración, aumento de la PGU e inclusión de las mujeres a partir de los 60 años, no de los 65 como es en la actualidad, erradicación de la brecha salarial de género, reconocimiento e igualación de los derechos para el trabajo de cuidados no remunerados y garantía del pago de licencias médicas desde el primer día.
También es necesario levantar reivindicaciones relacionadas con los ingresos y las condiciones de vida: establecimiento de un ingreso vital en lugar del salario mínimo, cuestión que se ha venido discutiendo en los últimos años sobre la que se han formulado algunas propuestas; reajuste automático de sueldos y salarios según el valor de la UF para evitar la pérdida del poder adquisitivo. ¿Por qué no? Cuando nos endeudamos, lo hacemos en UF, no por un monto fijo; con los salarios debería ocurrir lo mismo. El sueldo de los trabajadores debería aumentar mes a mes según la evolución de la UF. Creo que es una reivindicación que debería tomarse en cuenta.
Hay otras cuestiones que tienen que ver con la estructura de negociación y derechos sociales: conseguir negociación colectiva por rama o actividad económica frente a la baja cobertura actual y garantías de salud y educación pública gratuita y de calidad.
Pero lo más importante son las cosas de largo plazo, tareas que yo definiría como permanentes y estratégicas. En primer lugar, algo que ha sido recalcado por numerosas personas que intervinieron hoy día y ayer, la superación de la atomización y la inclusión de la nueva fuerza de trabajo. Según las fuentes que he consultado, la tasa de sindicalización se sitúa entre el 16 y el 20% en los cálculos más optimistas. Sin embargo, estas cifras son engañosas debido a la hiperfragmentación mencionada durante estas jornadas: hay miles de microsindicatos sin comunicación entre sí, lo que genera organizaciones sin musculatura financiera, política o técnica, ni capacidad de huelga. Las cifras que he conseguido indican que existen más de 11.500 sindicatos registrados y más de 40.000 dirigentes. Aunque la cifra de afiliados ha mostrado ligeros aumentos, la prevalencia de sindicatos con pocos socios por empresa limita evidentemente su fuerza de negociación.
Es necesario combatir la hiperfragmentación sindical provocada por la proliferación de pequeñas organizaciones por empresa, muchas veces promovidas por las propias empresas como una manera de dividir a los trabajadores y tener sindicatos a su medida, con los cuales negociar más fácilmente.
Otro problema es que buena parte de las dirigencias sindicales carece —salvo excepciones en sectores estratégicos como la minería, la banca y los puertos— de formación técnica en cuestiones de finanzas o productividad para debatir en igualdad de condiciones con los directorios empresariales.
Por otra parte, el marco legal sigue encorsetando la negociación colectiva al espacio de la empresa. Sin una negociación real por rama de actividad o sector, el sindicalismo no puede nivelar la cancha en las empresas ni fijar pisos salariales transversales.
Aquí aparece un problema importante: el sindicalismo tradicional ha sido concebido en el marco de la empresa, de una determinada empresa, para la fábrica o el empleo formal rígido. Es muy difícil, por no decir casi imposible, que esta concepción del sindicalismo pueda organizar a los trabajadores informales que constituyen casi un tercio de la fuerza de trabajo en Chile y a miles de trabajadores de plataformas digitales o subcontratados, porque además estos muchas veces son de distintos países, no se restringen a los marcos del Estado nacional, no se conocen entre ellos, y apenas tienen contacto. Es un tema de tremenda dificultad. No tengo la respuesta, pero es un problema que debemos plantear.
Para fortalecer el sindicalismo es imprescindible —y esta es una convicción profunda— que eche raíces y se adapte a las condiciones actuales en las Pymes, en el trabajo informal, entre los temporeros, subcontratados, honorarios, trabajadores digitales, e incorpore activamente la mano de obra inmigrante en sectores estratégicos e informales.
Otro eje es la autonomía, la paridad y la democratización interna de los sindicatos. Existe una desconexión crítica entre ciertas cúpulas sindicales como la CUT, por ejemplo, y la base social. Sectores relevantes del movimiento sindical han priorizado la alianza política con el oficialismo de turno y las mesas de diálogo institucional por sobre la movilización de base, perdiendo capacidad de fiscalización y autonomía. Es necesario, por lo tanto, asegurar la autonomía del movimiento sindical, prácticamente todas las personas que han hablado en este escenario lo han dicho.
No pretendo ser original al repetirlo: es necesario asegurar la autonomía del movimiento sindical. ¿Autonomía respecto de quién? La lista es larga: de las empresas y de los empresarios, de los partidos políticos institucionales, del Estado, de las iglesias, de las ONG, de las fundaciones y de cualquier otro tipo de organización que no sea la de la propia clase trabajadora. Algunos dirán: «bueno, bueno, nos vamos a quedar sin apoyo. Si no podemos buscarle los partidos, en el estado, los empresarios, las iglesias, en las ONG, ¿dónde la buscaremos?». Toda ayuda es bienvenida siempre y cuando no esté condicionada, siempre que no determine su estrategia, su táctica ni su línea política.
Es necesario que los sindicatos sean realmente autónomos de todos estos poderes. Tampoco debe ser un sindicalismo condescendiente que se limita a hacer declaraciones estériles y pequeños gestos meramente simbólicos, mientras en realidad opera como contenedor de las movilizaciones populares para asegurar la paz social que exige el empresariado. Tampoco debe operar como correa de transmisión de partidos políticos ni convertirse en burocracias abocadas a sufocar la protesta social.
El cúmulo de estas y otras carencias explica por qué tenemos un sindicalismo generalmente reactivo, dependiente de las reformas legislativas que le concede el Estado más que de la fuerza que puede ejercer por sí mismo, un sindicalismo que no representa un peligro para el modelo neoliberal, sino que es más bien un elemento de perpetuación por su rol de contención, en circunstancias de que su rol debería ser el de movilización, educación y conquista de derechos para el mundo del trabajo. Mientras no logre democratizarse plenamente, no supere su fragmentación, su atomización y no logre conectarse con el Chile informal y precarizado, el sindicalismo continuará administrando su propia irrelevancia.
El sindicalismo tiene que recuperar su discurso clasista, desligándose de los discursos de colaboración de clase con el empresariado, retomando banderas históricas adaptadas a las nuevas condiciones. El sindicalismo tiene que ser clasista. Las organizaciones patronales son profundamente clasistas. La CPC, la SOFOFA, la Sociedad Nacional de Agricultura y otras son profundamente clasistas porque la burguesía tiene conciencia de clase. Somos nosotros quienes carecemos de conciencia de clase.
Hay que recomponer la conciencia de clase de los trabajadores. Hay que pensar en términos de clase. Nos han borrado de la memoria la idea de las clases y la lucha de clases. No existen en la sociedad de clases cosas que sean buenas para todas las clases y sectores sociales. Lo que beneficia a unas perjudica a otras. Puede parecer una afirmación brusca, pero es la realidad que nos muestra la historia. Hay que pensar en términos de clase y de lucha de clases.
Cuando nos proponen una medida legislativa, una medida gubernamental, una determinada política, hay que pensar siempre, ¿a quién beneficia?, ¿a quién perjudica?, ¿beneficia a todos por igual? Sería rarísimo que beneficiara a todos por igual. Claro, si un cometa fuera a caer sobre la Tierra y se enviara un misil —o una lluvia de misiles— para impedirlo, eso sí podríamos decir que beneficia a toda la humanidad, pero estoy seguro que aún en situaciones como esa no faltaría algún sector de las clases dominantes tratara de sacar algún provecho de una situación tan irreal como la que estoy describiendo.
El sindicalismo debe desarrollar iniciativas que desborden lo estrictamente gremial, integrando la dimensión cultural de socorro mutuo, inspirándose en lo que fue la experiencia de las mancomunales y la articulación de movimientos sociales y organizaciones de base.
Aquí se ha dicho con justa razón que el sindicalismo tiene que salir de los marcos de la empresa para actuar por rama de producción. Estoy de acuerdo, pero me parece insuficiente. El sindicalismo debe actuar más allá de lo estrictamente sindical, puede convertirse en la columna vertebral de amplios movimientos sociales integrados no solo por el sindicalismo. Un buen ejemplo que tuvimos con mucha fuerza hasta hace pocos años fue la Coordinadora No Más AFP, que nació desde el sindicalismo, pero que arrastró a millones de personas que no están sindicalizadas en un movimiento muy poderoso. Ese ejemplo hay que estudiarlo y hay que potenciarlo, no solo para reactivar el movimiento No Más AFP —una necesidad evidente—, sino también para impulsar otros tipos de movimientos que permitan que el sindicalismo encabece las luchas de sectores sociales que no pertenecen a sus filas y que es muy difícil en las condiciones actuales que logren organizarse en el terreno sindical, pero no por ello se va a caer en el error de despreciar las posibilidades de cambio que se desprenden de la movilización de estos sectores.
Un ejemplo fue lo ocurrido durante el llamado “estallido social” que yo siempre he preferido conceptualizar como rebelión popular, en la que vastos sectores de la población hasta entonces sin organización de ningún tipo, se movilizaron, se organizaron, deliberaron y actuaron. El sindicalismo debe que potenciar ese tipo de alianzas, tiene que establecer coordinaciones territoriales más allá de las puertas de la empresa, más allá de los límites de la organización sindical.
Actuando de ese modo, según lo que permite observar la historia, el sindicalismo no solo se potenciará a sí mismo como una manera de salir de su propia crisis, sino que también hará una contribución importante para el resto de la sociedad, de la clase trabajadora y de los sectores populares.
LA HUELGA GENERAL Y LA AUTORREPRESENTACIÓN POLÍTICA
Por último, el sindicalismo no puede renunciar a formas superiores de lucha. Debe asumir que tiene pleno derecho a la movilización callejera y a la huelga, incluida la huelga general.
Ha sido citado el ejemplo de la huelga general del 12 de noviembre de 2019. No habían pasado dos días luego de esa huelga cuando la casta política llena de miedo se concertó para hurdir entre gallos y medianoche, porque fue como a las 2:30 de la mañana que nos entregaron la sorpresita, el pastelito, esa astuta maniobra que fue el llamado Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución. Fíjense en qué aparece primero: la paz social. Ese era el verdadero objetivo, la nueva Constitución fue el dulce que nos ofrecieron para desviar la atención. El Acuerdo por la Paz Social fue firmado por gran parte de la izquierda, no toda la izquierda, cierto, pero por gran parte de la izquierda parlamentaria, el centro y la derecha.
¿No les llama la atención que los dos principales articuladores de este acuerdo hayan sido elevados poco tiempo después a los más altos cargos del Estado? Uno presidente de la República, Boric, y el otro presidente del Senado, Coloma. Coloma, presidente del Senado, con los votos de todos los partidos sin excepción. ¿Se recuerdan? Desde la UDI hasta el Partido Comunista mediante esos acuerdos administrativos que arman en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. ¿Por qué? Porque esos personajes salvaron al régimen neoliberal mediante el acuerdo, mediante una maniobra destinada a conducir por un callejón sin salida bajo la ilusión del cambio constitucional a las masas para sacarlas de la calle y que fue lo que efectivamente consiguió.
De tal manera que la idea de la huelga general es una idea que no debe ser abandonada por el movimiento sindical y debe ser, no estamos inventando nada, recuperada. En la historia de Chile del siglo XX hubo numerosísimas huelgas generales, no de todo el país necesariamente, pero sí de toda una región o de toda una ciudad. Y esto comenzó en una fecha tan lejana como julio de 1890, aquí mismo en Tarapacá, Antofagasta, Valparaíso y Viña del Mar, la primera huelga general de la historia de Chile, cuando aún no existían organizaciones sindicales, una huelga espontánea, autónoma, que fue derrotada, evidentemente porque no había mayor organización ni conducción. Del mismo modo como fue derrotada la rebelión popular de 2019-2020, porque si bien fue una rebelión heroica, no había estado mayor, no había coordinación, no había un proyecto claro, no había dirección política. Por eso es importante la dirección política y por eso es importante que los sindicatos y los movimientos sociales generen sus propias direcciones políticas.
El tema de la autorrepresentación ha sido evocado por muchas personas en este encuentro. Es muy importante que los trabajadores se representen políticamente. Hoy día la clase trabajadora no tiene formas de presión política, de representación política. Los antiguos partidos obreros ya no existen, no son partidos obreros, son partidos de clases medias. Vean las dirigencias de esos partidos, quiénes las componen y, sobre todo, en qué consiste su política. Porque un partido que administra el modelo neoliberal con pequeños retoques difícilmente podría ser catalogado de partido anticapitalista o siquiera de partido antineoliberal.
En definitiva, me parece que el sindicalismo tiene que recuperar su espíritu clasista y autónomo que caracterizó sus mejores épocas y que encarnaron figuras como los anarquistas Luis Olea, Magno Espinoza, María Caballero o personajes como Luis Emilio Recabarren y Teresa Flores —socialistas primero y comunistas después— y en tiempos más tardíos, entre muchos otros, don Clotario Blest, Pero la recuperación del espíritu clasista se tiene que hacer desprovisto de nostalgia y de acuerdo a las condiciones de los tiempos actuales. En el terreno sindical, esto implica —y abre otra discusión muy interesante— que el sindicalismo tiene que actuar tanto en el plano institucional como en el plano extrainstitucional. Me parece que no se trata de casarse con una estrategia única: ni limitarse a caminar dentro de las instituciones y la legalidad que es la legalidad de la burguesía, porque esa es la clase dominante; ni situarse en un registro puramente extrainstitucional. Hay que pensar en términos de clase, porque hay que utilizar los elementos que la realidad pone a nuestro alcance y que en algunas circunstancias pueden servir o no pueden servir.
