Imagen: Juan Carlos Cárdenas, director del Centro Ecoceanos
«Es indispensable que los movimientos sociales sean capaces de elaborar sus propias propuestas políticas y de tender lazos solidarios entre sí, para formar un frente común ante sus adversarios», sostiene en esta exclusiva entrevista a Gaceta Ambiental, Juan Carlos Cárdenas, director de Ecoceanos, quien en esta nueva conmemoración del 11 de septiembre, vincula el Golpe de Estado cívico militar de 1973 con este nuevo gobierno de Kast que impulsa «un nuevo ciclo de asalto a los territorios y de saqueo de los bienes naturales comunes», donde «se están preparando las condiciones para la implementación del “modelo Gaza” en nuestros teritorios».
Por Javier Karmy Bolton
Calificado como «antipatriota» y «traidor a la patria» por gremios empresariales como salmoneros y agrícolas, pero también por el diputado libertario, Johannes Kaiser, Juan Carlos Cárdenas, ha estado por más de 30 años luchando por la defensa del medioambiente en Chile. Desde su labor ha transitado por diversos momentos políticos y, en una nueva conmemoración del Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, comenta que «estamos transitando hacia un nuevo ciclo de presión extractivista, de saqueo de los recursos y bienes comunes existentes en ellos». Aunque, considera, «han sido 53 años de un continuo proceso de ampliación y profundización del modelo neoliberal extractivista-exportador que, en algunas áreas como la salmonicultura industrial, toma la forma de verdaderos enclaves territoriales semi-coloniales, que operan como una especie de “Estado paralelo”, agravado con el contexto de una democracia tutelada y de baja intensidad, controlada por los Estados Unidos, los tratados internacionales y el sistema financiero internacional».
¿Qué relación ves entre el 11 de septiembre de 1973 y el actual régimen de Kast, 53 años después de ocurrido el Golpe de Estado?
Existe una relacion directa entre los valores y políticas (o, más bien, no-valores y no-políticas) sociales, económicas y ambientales de la dictadura cívico-militar instaurada el 11 de septiembre de 1973, con los diversos gobiernos civiles de turno, como fueron la Concertación-Progresismo, Piñerismo y extrema derecha de Kast.
Vemos que hoy día se están preparando las condiciones para la implementación del “modelo Gaza” en nuestros teritorios. Esto es, el momento en que el inversionista o grupo de interés ocupa un territorio para explotar sus recursos naturales, o utiliza su ubicación geopolítica empleando mano de obra proveniente de la población local, para luego desplazar, perseguir, eliminar o silenciar a aquellas comunidades campesinas, migrantes, o de pueblos originarios que allí habitan. Esto se agrava si ellas están en resistencia contra la ocupación y explotación de los bienes comunes.
¿En qué aspectos concretos ves este intento de profundizar el modelo extractivista, en este «modelo Gaza» que mencionas?
Se puede observar claramente en cuatro aspectos fundamentales: el retiro de los famosos deretos ambientales, la flexibilización regulatoria instalando el término «permisología»; la aplanadora que ha impuesto la aprobación de proyectos de inversión de alto impacto socio-ambiental, y un desmantelamiento y debilitamiento de la institucionalidad en materia de verdad, memoria y justicia relacionado a los derechos humanos y, evidentemente para borrar todo lo relacionado con la dictadura cívico-militar.
En primer lugar, ¿qué ha ocurrido con los famosos derechos ambientales?
El primer día del mandato del régimen de Kast retiró de la Contraloría General de la República 43 decretos ambientales que se encontraban en su etapa final de tramitación. Lo que buscaba con esto era hacer retroceder 40 años de trabajo y desarrollo político, científico-técnico y de participación ciudadana vinculada a la protección del medio ambiente y de las comunidades locales. Algunas de las normativas paralizadas se relacionan con la ampliación y designación de áreas protegidas y zonas de conservación, como los frágiles y biodiversos ecosistemas marinos del archipiélago y reserva de la biósfera de Juan Fernández y el parque Nazca-Desventuradas. También, se relaciona con los planes de descontaminación, que son normas clave como el plan para el Lago Villarrica y la actualización de las exigencias para material particulado fino (MP2,5) ligado a miles de muertes prematuras en el país. Además, se relacionaban directamente con la protección de especies, eliminando planes de conservación para el pingüino de Humboldt y la ranita de Darwin, así como el intento de reabrir la caza de lobos marinos a nivel nacional.
En segundo punto que mencionaste es la permisología, un concepto que se introdujo durante el gobierno de Gabriel Boric y tomó fuerza para criticar cualquier intento de generar una protección ambiental a especies, territorios o espacios biodiversos. ¿Cómo se ha justificado algo así y cuánto se ha debilitado la institucionalidad ambiental?
El gobierno y el empresariado han argumentado la necesidad de «destrabar inversiones», de reactivar la economía y generar empleos. Por lo tanto, el régimen de Kast implementó decretos -ya iniciados en el gobierno de Boric-, destinados a “acelerar los plazos y eliminar obstáculos burocráticos” en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Esto pone en riesgo las salvaguardas ambientales básicas, debilitando la fiscalización técnica previa y presionando políticamente a los organismos evaluadores.
Recordemos que el propio Kast realizó discursos públicos descalificando las exigencias normativas gubernamentales que “frenaban proyectos por motivos de chinchillas, arañitas o fragmentos de vasijas», catalogando de burocracia extrema.
… y aún con todo, el Tribunal Constitucional, una institución muy criticada desde la sociedad civil, le dio un duro revés al gobierno.
Sí, porque el proyecto original contemplaba medidas que la ciudadanía y expertos calificaron de «trajes hechos a la medida del empresariado». Estos eran las fiscalizaciones fiscales, en donde el Estado debía restituir la totalidad de los montos invertidos a las empresas si los tribunales de justicia anulaban sus Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA); y unas exenciones a las empresas salmoneras para permitir la «micro relocalización» de concesiones salmoneras eludiendo el paso por el SEIA.
En agosto de 2026 el TC declaró inconstitucional estos artículos, lo que significó un gran golpe judicial a la estrategia de desregulación del régimen.
En tercer lugar, mencionaste la aplanadora que ha impuesto la aprobación de proyectos, que se agrava con una ministra de medioambiente negacionista del cambio climático.
Así es, y eso ha generado mucha crítica hacia la Ministra desde diversos sectores, incluidos científicos y científicas del país. Durante los seis meses de gobierno de Kast, se ha implementado una agresiva estrategia legislativa focalizada en construir un clima y marco institucional atractivo para la inversión internacional. En ésta, la aprobación del proyecto de ley de Reconstrucción Nacional es una herramienta vital para atraer inversionistas y favorecer con la disminución de impuestos al 1% de la población que controla el país. Esto se realiza en paralelo al proyecto de ley que modifica al SEIA, que busca agilizar la tramitación o eliminar obstáculos para los proyectos empresariales, y, así entregar mayor certeza jurídica.
Esto se complementa con la suspensión de procesos administrativos claves para identificar sitios prioritarios en la Ley de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), como una demostración más de este régimen de postergación o derechamente anulación de medidas claves para asegurar la conservación de ecosistemas únicos frente a los intereses extractivistas y presiones políticos-empresariales.
En los primeros seis meses del régimen de Kast se registraron US$ 33 mil millones de dólares aprobados, lo cual triplica para el mismo período a los gobiernos previos. Esto implica 361 proyectos en evaluación ambiental, que en promedio acumulan un año en proceso de evaluación. Estos proyectos representan en conjunto una inversión potencial por US$88.748 millones, equivalentes al 23% del PIB. Pero, esta inversión ha sido aprobada en seis meses, lo que representa casi el doble de toda la inversión aprobada en el 2025 (US$41,5 mil millones).
Finalmente, como buen régimen de ultra derecha y negacionista del Golpe de Estado, también ha realizado un debilitamiento institucional para intentar borrar el concepto de derechos humanos, así como de memoria, justicia y verdad. Este es el cuarto punto que mencionaste, ¿cuáles han sido las modificaciones institucionales que ha hecho?
Diversas organizaciones sociales, sindicatos y entidades internacionales han acusado al régimen de un marcado retroceso administrativo y legislativo en la protección de los derechos fundamentales. Entre las principales acciones han sido el descabezamiento del Plan de Búsqueda, reversión de la expropiación del sitio de memoria de Colonia Dignidad como un acto regresivo que vulnera los compromisos del Estado en materia de reparación y no repetición; retiro del Plan Nacional de DD.HH.; recortes presupuestarios e institucionales (igual se ha hecho a unidades de derechos humanos, salud, educación y programas de género) lo que, en definitiva, puede considerarse como una estrategia de asfixia institucional indirecta.
Además, se han realizado reformas de Seguridad y restricción a las Libertades Ciudadanas, intentando hacer un Estado de Excepción Ampliado (que permitiría realizar detenciones prolongadas sin el control periódico del Congreso), y un régimen de condicionalidad a la entrega de Derechos Sociales como lo es el «registro de vándalos e incivilidades» —que busca quitar beneficios estatales como pensiones o gratuidad universitaria a quienes cometan desmanes, lo cual vulnera principios constitucionales y la incondicionalidad de los derechos económicos y sociales.
«Una señal esperanzadora»
Juan Carlos, este panorama no está completo si es que no se observa a su vez avances en articulación social intersectoriales, o, si se quiere micro-articulaciones que han ido surgiendo desde abajo, a puro pulso y silenciosamente. Hay pequeños grupos que se han ido organizando en múltiples y diversos procesos autónomos e independientes que a su vez se han empezado a coordinar de a poco. Esto, luego de los procesos constituyentes de los años recientes y del pasado gobierno inmovilizador de Boric. Surgen de un sentir, de una necesidad de resistir, pero a su vez, de una necesidad de ir un poco más allá…
Juan Carlos, este panorama no está completo si es que no se observa a su vez avances en articulación social intersectoriales, o, si se quiere micro-articulaciones que han ido surgiendo desde abajo, a puro pulso y silenciosamente. Hay pequeños grupos que se han ido organizando en múltiples y diversos procesos autónomos e independientes que a su vez se han empezado a coordinar de a poco. Esto, luego de los procesos constituyentes de los años recientes y del pasado gobierno inmovilizador de Boric. Surgen de un sentir, de una necesidad de resistir, pero a su vez, de una necesidad de ir un poco más allá…Esto es una señal esperanzadora en este proceso de barbarie programada en nuestros territorios. Las diversas comunidades fragmentadas y habitualmente derrotadas, han acumulado experiencias, información y han desarrollado capacidades. Por lo tanto, están adoptando creativas formas de articulación territorial y uso de los medios de comunicación en redes. Aprenden a dar la lucha cultural en sus territorios, realizan alianzas con actores nacionales e internacionales, y visualizan el potencial que tiene el utilizar la denuncia y presión desde los mercados internacionales.
Por eso, es necesario informarse, organizarse de manera autónoma de gobiernos, partidos y empresas, coordinarse y dar las luchas en sus territorios con ventaja, con razón y sin sobrepasarse. También, acumular experiencias, aprender a fortalecer sus vinculos con las personas y organizaciones en sus territorios, sabiendo que la lucha por establecer una sociedad democrática, participativa, diversa, defensora de la vida en todas sus formas y del medio ambiente, asi como de los derechos humanos, será prolongada, con avances y retrocesos.
Pero a veces, existe la sensación de que la ciudadanía solo resiste, solo se defiende, pero no propone
Es indispensable que los movimientos sociales sean capaces de elaborar sus propias propuestas políticas y de tender lazos solidarios entre sí, para formar un frente común ante sus adversarios. Esos movimientos deben buscar sus puntos de acuerdo para construir plataformas unitarias consensuadas democráticamente.
También es imprescindible que se doten de sus propias representaciones en la esfera política. El profundo desprestigio que envuelve a la clase política oficial, ofrece una oportunidad para que los movimientos sociales se autorepresenten políticamente y sean los actores principales de la refundación de las bases políticas que la sociedad requiere, so pena de deslizarse hacia callejones sin salida de sucesivos estallidos sociales sin capacidad de construir alternativas viables.
La parálisis y desorientacion política es un mal que acecha a los movimientos sociales si éstos no están en condiciones de avanzar más allá de sus reivindicaciones sectoriales o corporativas. Ese es un peligro que está rondando a la sociedad chilena. Debemos entender que esta no es una lucha de 4 años, ya que el régimen de Kast apunta a la refundación del modelo pinochetista, en un contexto de repliegue del imperialismo norteamericano sobre America Latina (Doctrina Monroe). Por eso, enfatizamos la necesidad de mantener la movilización para frenar las políticas regresivas y de control social, que seguirán siendo impulsadas desde las patronales empresariales y la ultra derecha.
Fuente: Gaceta Ambiental
