por Jano Ramírez
Cada septiembre, Chile vuelve a mirar hacia atrás. Volvemos al 11 de septiembre de 1973, a La Moneda bombardeada, a Salvador Allende, a los miles de trabajadores, estudiantes, pobladores y dirigentes perseguidos, encarcelados, torturados, asesinados o desaparecidos. Pero 53 años después hay una pregunta que sigue pendiente: ¿qué proyecto de país fue derrotado aquel 11 de septiembre y qué proyecto de país tenemos hoy?
Porque el golpe de Estado no solamente derribó a un gobierno. También abrió el camino para una transformación profunda de la sociedad chilena y para la construcción de un modelo económico y social que, con modificaciones, continúa hasta nuestros días. El programa de la Unidad Popular partía de una idea sencilla: las riquezas de Chile debían estar al servicio de las grandes mayorías y no de una minoría privilegiada. Por eso hablaba de nacionalizar el cobre y los recursos estratégicos, terminar con los monopolios, ampliar los derechos sociales, enfrentar la especulación y garantizar trabajo, vivienda, salud y educación. Las 40 medidas hablaban directamente de la vida cotidiana: terminar con la cesantía, controlar los precios de los productos esenciales, limitar los privilegios y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores.
Hoy, 53 años después, tenemos otro proyecto delante de nosotros. Se nos habla de crecimiento, inversión, competitividad e incentivos. La llamada Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social —la «Megareforma»— reduce, entre otras medidas, la tasa del impuesto de primera categoría que pagan las grandes empresas, desde 27% a 23% y establece beneficios para grandes inversiones. Pero hay una pregunta que cualquier trabajador puede hacerse: ¿desarrollo para quién? Porque mientras se habla de inversión, millones de personas siguen haciendo malabares para llegar a fin de mes. El sueldo desaparece entre el arriendo, el dividendo, los alimentos, la luz, el transporte, los medicamentos y las deudas.
Y aquí las diferencias dejan de ser abstractas. Pensemos en la indemnización por despido. Durante décadas, la indemnización por años de servicio ha significado que, cuando una persona pierde su trabajo por necesidades de la empresa, pueda recibir un mes de remuneración por cada año trabajado, con un tope legal de 11 años. Ahora se discute reemplazar gradualmente ese sistema por una indemnización a todo evento, mediante un fondo financiado con una cotización adicional del empleador. Puede sonar moderno, incluso atractivo porque permitiría retirar recursos también al renunciar. Pero hay una pregunta que no podemos esconder: ¿qué pasa con el trabajador que lleva diez, quince o veinte años entregando su vida a una empresa y que, al ser despedido, podría recibir mucho menos que bajo el sistema actual? La discusión no es solamente técnica. Es sobre cuánto vale una vida entera de trabajo.
Lo mismo ocurre con la jornada laboral. Durante décadas se nos dijo que trabajar más horas era necesario para que Chile creciera. Hoy, después de años de lucha sindical, la jornada está bajando progresivamente: en abril de 2026 llegó a 42 horas semanales y en 2028 deberá llegar a 40. ¿Y qué aparece ahora en la discusión laboral? Contratos por hora, mayor flexibilidad, anualización de la jornada y fórmulas que pueden permitir semanas con jornadas mucho más extensas, dependiendo del sistema que se termine aprobando. Para alguien sentado en una oficina puede parecer una discusión técnica. Pero pregúnteselo al trabajador que sale de su casa cuando todavía está oscuro, toma dos micros para llegar a la pega, trabaja todo el día, vuelve de noche y apenas alcanza a ver a sus hijos. ¿Qué significa para él «flexibilizar la jornada»? Significa preguntarse cuánto tiempo de su vida seguirá entregando al trabajo.
Y ahí aparece la diferencia entre dos proyectos de país. La Unidad Popular preguntaba: ¿cómo hacemos para que la riqueza y el desarrollo mejoren la vida de quienes trabajan? El modelo actual pregunta fundamentalmente: ¿cómo hacemos para que invertir y contratar sea más barato y flexible? No son preguntas neutrales. Son dos maneras distintas de entender el país. Una pone en el centro al capital y espera que sus beneficios terminen llegando a la sociedad. La otra pone en el centro a quienes producen la riqueza y entiende que el cobre, el litio, el agua, la tierra, las industrias y el trabajo de millones de personas deben estar orientados al bienestar de las mayorías.
Por eso septiembre no puede ser solamente nostalgia. Tampoco puede ser solamente una disputa sobre el pasado. El 11 de septiembre nos obliga a mirar el presente. Porque 53 años después todavía tenemos trabajadores que no llegan a fin de mes, familias endeudadas para vivir, personas que entregan décadas de su vida a una empresa y enfrentan el despido con incertidumbre, trabajadores que pasan horas viajando y otras ocho, diez o más horas trabajando. Y mientras tanto, cuando se trata de los grandes capitales, siempre aparece la palabra incentivo. Cuando se trata de los trabajadores, aparecen las palabras flexibilidad, productividad y costo laboral.
Entonces quizás la pregunta más importante de este septiembre no sea solamente qué ocurrió aquel 11 de septiembre. La pregunta es: ¿qué país queremos construir después de 53 años? Porque recordar a Allende no significa querer volver a 1970. Significa recordar que alguna vez Chile se atrevió a discutir algo mucho más profundo: quién debe beneficiarse de la riqueza que produce este país. Y esa discusión sigue completamente vigente.
Porque un país no se desarrolla simplemente cuando sus empresas ganan más. Un país se desarrolla cuando las personas que trabajan pueden vivir mejor. Y si después de 53 años seguimos preguntándonos por qué quienes producen la riqueza no alcanzan a disfrutarla, entonces la historia todavía no ha terminado. El 11 de septiembre derrotó un proyecto de país. Pero no derrotó la pregunta que lo hizo posible.
¿Chile para quién?
La respuesta, hoy como ayer, depende de nosotros.
