El Porteño
por Gustavo Burgos
El problema fundamental de ciertas interpretaciones sobre el ascenso mundial de la ultraderecha no reside en que exageren la gravedad del fenómeno. Por el contrario, el peligro reaccionario es real: militarización, fortalecimiento policial, persecución de organizaciones políticas, endurecimiento de las fronteras, disciplinamiento laboral, ofensiva contra derechos democráticos y preparación de los Estados para escenarios de creciente confrontación social. El error comienza cuando ese proceso es explicado principalmente como una ofensiva ideológica del odio, el racismo, la misoginia, el supremacismo y el autoritarismo, y no como una transformación política determinada por la crisis del capitalismo y por las necesidades concretas de la clase dominante.
Desde esa perspectiva liberal progresista, el enfrentamiento fundamental pasa inadvertidamente de capital contra trabajo a democracia contra fascismo, de explotación contra emancipación a tolerancia contra odio, de revolución social contra Estado burgués a progresismo contra reacción cultural. El desplazamiento parece pequeño, pero políticamente es decisivo.
El resultado es una crítica que denuncia correctamente numerosos síntomas de la reacción mientras conserva buena parte de las categorías políticas que hicieron posible su crecimiento. El progresismo repara en la fragmentación de las luchas sociales y advierte sobre su separación respecto de una perspectiva clasista, pero termina proponiendo como salida una recomposición del mismo universo político —antifascista, democrático, feminista, ecologista y humanista— cuya crisis constituye precisamente una de las condiciones que permitieron a pelafustanes como Milei, Bolsonaro o Trump presentarse fraudulentamente como fuerza antisistema.
La cuestión, por tanto, no consiste simplemente en construir un antifascismo más amplio. Consiste en recuperar la independencia política de la clase trabajadora.
La ultraderecha no cae del cielo
El fascismo y las nuevas formas reaccionarias no pueden comprenderse primordialmente como epidemias culturales. No aparecen porque millones de personas hayan sufrido repentinamente una mutación moral ni porque las redes sociales hayan conseguido convertir sociedades razonablemente progresistas en comunidades dominadas por el odio. Tampoco basta explicar su avance por la manipulación mediática. Hay una base material.
Durante décadas, la ofensiva capitalista destruyó conquistas obreras, precarizó el empleo, privatizó servicios públicos, endeudó a las familias y debilitó las organizaciones de los trabajadores. La concentración del capital avanzó simultáneamente con la atomización de quienes viven de vender su fuerza de trabajo. Pero este proceso no fue ejecutado exclusivamente por gobiernos explícitamente reaccionarios. Socialdemócratas, liberales, democratacristianos, progresistas y antiguas organizaciones obreras administraron también las privatizaciones, los ajustes fiscales, la flexibilización laboral, el endeudamiento, el fortalecimiento policial y la subordinación de la economía a los grandes grupos capitalistas. Un gobierno ferozmente antiobrero como el de Kast no es sino la expresión actualizada del régimen construido por décadas de Concertación y «progresismo».
Aquí está uno de los secretos del ascenso reaccionario. La ultraderecha ha conseguido apropiarse demagógicamente del descontento producido por el mismo régimen económico cuyos intereses defiende. Dice combatir a las élites mientras reduce impuestos a los ricos. Dice defender al trabajador mientras debilita sindicatos. Dice combatir la globalización mientras protege la propiedad de los grandes monopolios. Dice enfrentarse al establishment mientras fortalece policías, ejércitos, fronteras, cárceles y servicios de inteligencia.
Su función política no es destruir el orden capitalista sino reorganizar autoritariamente su dominación en un momento en que los mecanismos tradicionales de representación pierden legitimidad. Por eso caracterizar el fenómeno simplemente como «odio» o «oscurantismo» termina ocultando lo esencial: detrás del reaccionario que grita hay un propietario que calcula.
La trampa identitaria
Existe además una paradoja que buena parte del progresismo se resiste a considerar. Durante décadas, una importante fracción de la izquierda abandonó paulatinamente el lenguaje de clase y comenzó a organizar su política alrededor de una multiplicación de identidades. La sociedad dejó de aparecer fundamentalmente dividida entre quienes poseen los medios de producción y quienes deben vender su fuerza de trabajo. En su lugar apareció una cartografía de colectivos definidos por género, orientación sexual, identidad cultural, etnicidad, hábitos de consumo o formas de reconocimiento simbólico.
Naturalmente, las opresiones asociadas al sexo, al racismo o a la discriminación existen y deben ser combatidas sin concesiones. Pero una política marxista no convierte esas opresiones en sistemas autónomos, colocados uno al lado del otro como compartimentos independientes. Pregunta cómo son producidas, reproducidas y utilizadas dentro de una sociedad de clases. El capital aprovecha diferencias nacionales, raciales y sexuales para segmentar la fuerza de trabajo, abaratar salarios, dividir trabajadores y reproducir gratuitamente buena parte de las tareas indispensables para la existencia social.
La mujer trabajadora no deja de sufrir opresión sexual porque sea proletaria. El trabajador migrante no deja de sufrir racismo porque exista explotación capitalista. Pero tampoco constituyen esas opresiones universos independientes de la explotación. Separarlas de la estructura de clases conduce fácilmente a reemplazar la emancipación material por políticas de reconocimiento. Y allí aparece una contradicción particularmente explosiva. Mientras una parte del progresismo hablaba cada vez más intensamente sobre representación simbólica, diversidad corporativa y lenguaje inclusivo, millones de trabajadores experimentaban salarios estancados, viviendas inaccesibles, servicios privatizados y empleos precarios. Se trata de un discurso que recorre un amplio espectro que va desde un declarado agente del imperialismo como Boric en Chile hasta reformistas como Bregman en la Argentina.
La ultraderecha aprovechó esa fractura. Pudo entonces presentarse como representante de quienes supuestamente habían sido olvidados por unas «élites progresistas». La operación es fraudulenta, porque sus políticas económicas son profundamente patronales. Pero encontró un adversario construido a medida: un progresismo que había sustituido en buena medida la política de clase por la administración cultural de identidades. Así, dos discursos aparentemente enemigos comenzaron a alimentarse mutuamente.
El identitarismo progresista necesita una derecha intolerante que confirme permanentemente su razón de existir. La ultraderecha necesita un progresismo identitario al cual presentar como caricatura de una izquierda desligada de los problemas materiales de los trabajadores. Ambos desplazan el conflicto decisivo. Uno pregunta por la identidad. El otro responde con otra identidad. Y queda fuera de escena la propiedad.
El antifascismo liberal y la defensa del Estado burgués
Algo semejante ocurre con buena parte del antifascismo contemporáneo. Si se define al fascismo fundamentalmente mediante sus rasgos culturales —racismo, misoginia, intolerancia, nacionalismo, autoritarismo—, la consecuencia política parece lógica: debe construirse el frente más amplio posible de quienes defienden la democracia. Ahí comienza el problema. Porque entre esos «demócratas» aparecen inevitablemente partidos burgueses, empresarios liberales, gobiernos responsables del ajuste económico e incluso sectores del aparato estatal que ayer reprimieron trabajadores y mañana volverán a hacerlo. La contradicción de clase queda subordinada a una contradicción supuestamente superior: democracia versus fascismo.
La historia del antifascismo liberal está llena de esta operación. Se pide al proletariado abandonar temporalmente sus objetivos independientes para defender las instituciones democráticas junto a una fracción de la burguesía. Pero la democracia capitalista no constituye un poder social distinto del capital. Es una de sus formas políticas.
Parlamento, tribunales, policía, burocracia y fuerzas armadas permanecen asentados sobre las relaciones sociales de propiedad existentes. Precisamente por eso, cuando esas instituciones dejan de garantizar adecuadamente el orden, la propia clase dominante puede modificar sus métodos de gobierno. La ultraderecha no representa entonces una fuerza exterior que asalta una democracia socialmente neutral. Crece desde las propias contradicciones del régimen burgués.
Y aquí el antifascismo liberal tiende a transformarse en auxiliar —involuntario o no— de aquello que pretende combatir. Porque llama a defender unas instituciones que llevan décadas aplicando las condiciones materiales que engendraron la reacción. Peor aún: obliga a la izquierda a aparecer como defensora del orden establecido justamente cuando millones de personas están rompiendo políticamente con ese orden.
La derecha puede entonces apropiarse del lenguaje de la rebelión: «ellos defienden el sistema; nosotros venimos a destruirlo». Naturalmente es una impostura. Pero para desenmascararla no basta decir que los reaccionarios son racistas, machistas o autoritarios. Hay que demostrar que son agentes políticos del capital.
Ni «tecnofeudalismo» ni regreso a la Edad Media ni «campo popular»
Otro desvarío teórico consiste en describir el capitalismo contemporáneo mediante imágenes de regreso histórico: feudalización, nuevos señores, nuevos siervos, Edad Media tecnológica. La metáfora puede resultar sugestiva, pero debilita el análisis. Amazon, Alphabet, Microsoft, Meta o las grandes plataformas no son señoríos feudales. Son gigantescas empresas capitalistas. No extraen fundamentalmente su riqueza mediante relaciones personales de servidumbre sino mediante propiedad privada, monopolio, renta, explotación asalariada, apropiación de datos convertidos en activos comerciales y control de infraestructuras esenciales para la circulación del capital.
El repartidor de plataforma no es un siervo de la gleba. Es un trabajador sometido a una forma extremadamente sofisticada de subordinación capitalista. El algoritmo no abolió la ley del valor. La intensificó. Hablar de «tecnofeudalismo» puede terminar ocultando precisamente aquello que debe demostrarse: el capitalismo sigue siendo capitalismo incluso cuando sus mecanismos de explotación adquieren formas nuevas.
No estamos regresando históricamente al feudalismo. Estamos observando las tendencias del capitalismo contemporáneo llevadas hasta niveles extraordinarios de concentración.
También resulta problemática la apelación permanente a categorías como «campo popular», «las izquierdas», «los pueblos» o «los seres humanos». Son expresiones políticamente confortables porque permiten reunir sectores sociales profundamente diferentes bajo una identidad moral común. Pero precisamente por eso resultan insuficientes para una política revolucionaria.
¿Forma parte del «campo popular» un pequeño empresario que explota trabajadores? ¿Una burocracia sindical integrada al Estado? ¿Un partido burgués progresista? ¿Una ONG financiada por grandes fundaciones capitalistas? ¿Un gobierno que aplica austeridad pero proclama valores democráticos como Lula, Sánchez o Sheinbaum?
La categoría decisiva del marxismo no es «el pueblo». Es la clase. Y esto importa porque la cuestión del poder exige determinar qué clase gobierna y qué clase debe gobernar. Una Internacional Antifascista —como la pomposamente conformada el 2024 en Caracas— que reúna gobiernos, organizaciones populares, movimientos identitarios, aparatos estatales y partidos burgueses puede producir congresos, declaraciones y campañas. Pero no resuelve el problema estratégico.
El antifascismo que necesita la clase trabajadora no es un bloque supraclasista para restaurar una normalidad democrática idealizada. Debe ser parte de una política socialista independiente orientada al gobierno de la clase trabajadora.
La Ilustración no basta, el enemigo no es una desviación del capitalismo
Frente a la reacción tampoco alcanza con recuperar un humanismo ilustrado. La libertad, la igualdad y la fraternidad fueron consignas revolucionarias enormes porque acompañaron la destrucción del antiguo régimen. Pero la propia sociedad burguesa mostró rápidamente sus límites. Declaró jurídicamente iguales al capitalista y al trabajador precisamente mientras uno poseía fábricas, bancos, tierras y medios de producción y el otro solamente su capacidad de trabajar. La igualdad formal encubrió así una desigualdad material.
Por eso Marx no planteó completar indefinidamente la revolución burguesa, sino superar las relaciones sociales sobre las cuales esa revolución había construido su propio dominio. El horizonte socialista no puede reducirse entonces a una sociedad más tolerante, más inclusiva, más ecológica y más democrática dentro de las mismas relaciones de propiedad. Puede y debe ser feminista en cuanto liquide las bases materiales de la subordinación de las mujeres. Debe combatir el racismo porque este divide al proletariado y establece jerarquías funcionales a la explotación. Debe terminar con toda persecución por orientación sexual. Debe enfrentar la devastación ecológica. Pero todo ello adquiere coherencia revolucionaria solamente si forma parte de la lucha por expropiar al capital y reorganizar la sociedad bajo el poder de los trabajadores.
De otro modo, esos objetivos pueden ser perfectamente metabolizados por el capitalismo. Ya existen bancos feministas, petroleras ecológicas, multinacionales orgullosamente diversas y ejércitos inclusivos. Lo que ninguna gran corporación puede incorporar a su departamento de marketing es la abolición de la propiedad capitalista.
Ahí está la frontera. Por eso la fórmula «socialismo o barbarie» conserva toda su fuerza, pero pierde contenido cuando la barbarie se identifica exclusivamente con la extrema derecha. La barbarie no comienza cuando aparece un dirigente que habla brutalmente. Está ya presente en la jornada laboral interminable, en las guerras imperialistas, en los trabajadores que mueren produciendo ganancias, en los migrantes perseguidos, en pueblos enteros sometidos al hambre mientras existe abundancia, en la devastación ambiental organizada racionalmente en función de la rentabilidad.
La ultraderecha exacerba esas tendencias. Pero no las inventa. Es una de las respuestas políticas del capital a su propia crisis. Por eso tampoco puede derrotársela simplemente reuniendo a todos quienes se consideran antifascistas. La tarea no consiste en reconstruir el viejo bloque progresista bajo una nueva bandera moral. Consiste en reconstruir la organización independiente de los trabajadores.
Sindicatos arrancados de la burocracia. Organizaciones de pobladores de los campamentos. Internacionalismo proletario. Defensa incondicional de las libertades democráticas sin subordinación a la burguesía liberal. Unidad de los trabajadores independientemente de nacionalidad, sexo, raza u orientación sexual. Y, sobre todo, un programa que diga claramente quién debe pagar la crisis y cuál es el partido revolucionario que encarne dicho programa de poder.
La respuesta de clase a la ultraderecha no es una identidad alternativa. Tampoco una coalición moral de «buenos» contra «malos». Es una política de clase. Porque cuando el conflicto se plantea entre progresistas y conservadores, la burguesía puede jugar en ambos equipos. Cuando se plantea entre capital y trabajo, debe elegir. Y entonces se vuelve visible aquello que toda la política identitaria y todo el antifascismo liberal tienden, consciente o inconscientemente, a esconder: detrás de la guerra cultural permanece intacta la guerra de clases.
