La Nueva Mirada.cl
Con la ponderación que otorga el transcurso de los días, conviene volver sobre el “caso de los niños haitianos”. ¿Qué sucedió para que a partir del 25 de junio se disolviese, como pompa de jabón en el aire, el afán divulgativo sobre la “desaparición” de sesenta y cuatro menores haitianos, en cuyo transcurso de solo diez días se llegó al extremo de denunciar la existencia de tráfico de niños y niñas de esa nacionalidad para la extracción de órganos?
La causa de tal desvanecimiento publicitario fue el logro de la Policía de Investigaciones que, en poco más de una semana y con alto grado de profesionalismo, visitó a los menores “desaparecidos”, a quienes encontró en buenas condiciones junto a sus padres o adultos responsables, escolarizados e incorporados al sistema de salud, descartándose que hayan sido víctimas de algún delito.
El origen del desacierto informativo radicó en la filtración de un “pre-informe” de la Contraloría General de la República que acusaba “deficiencias estructurales” y descoordinación interinstitucional “en el proceso de otorgamiento de permisos de reunificación familiar a personas haitianas”, advirtiendo que sesenta y cuatro niños y niñas no habían sido encontrados por funcionarios de la propia Contraloría en sus domicilios.
Como sabemos, en el intertanto de esos diez días, dando crédito a la filtración periodística, el presidente de la República convocó a los tres poderes del Estado, para coordinar la búsqueda de los menores “desaparecidos”, y creó una “fuerza de tarea” a cargo de la ministra de Desarrollo Social. Por su parte, la Cámara de Diputados anunció una investigación sobre eventual tráfico de menores (lo que, en estricto derecho, corresponde a los tribunales), y la presidenta del Senado suspendió la sesión ordinaria que se desarrollaba el 17 de junio, para abordar la “emergencia”. En la misma fecha, el órgano derechista Ex Ante emprendía una ofensiva contra el ex director de Migraciones Luis Eduardo Thayer, situándolo “en el centro de la trama”, mientras diputados de Renovación Nacional reaccionaban denunciando criminalmente a Thayer ante el Ministerio Público. El colofón del fiasco fue la solicitud de la contralora Pérez al Consejo de Defensa del Estado, para que interponga una querella criminal contra los funcionarios que filtraron su “pre-informe”.
El país ha sido escenario de un nuevo y grotesco ejemplo de la acumulación de desinformación, aberración y manipulación política a que viene siendo sometido el fenómeno de las migraciones, sin atender mensajes juiciosos como el emitido en esos mismos días por el Papa León, desde Lampedusa, donde exhortó a que “antes de cualquier otra consideración intelectual o convicción ideológica” y enfrentando “los cálculos criminales de quien se lucra a costa del drama de otros”, sea acogido “el llamado más que trascendental que el fenómeno migratorio dirige a la sociedad”, para “acoger, proteger, promover e integrar a los migrantes, deber de las instituciones públicas, pero también de toda la sociedad civil”[i].
Sin duda, en el centro de esta grotesca conmoción tuvo lugar una operación de desinformación originada en cierta desprolijidad de la Contraloría, que lamentablemente fue recogida por las más altas autoridades del ejecutivo y legislativo, transmitiéndose a la ciudadanía por la televisión y la prensa corporativa. Aunque no hay prueba fehaciente de que dichas autoridades hayan fabricado un montaje y se debe presumir su buena fe, particularmente tratándose del jefe del Estado, al dar por cierta y definitiva una información provisoria que no contenía antecedentes terminantes y que fue rebatida por la propia comunidad haitiana, actuaron con ligereza y favorecieron su difusión autoritativa en la opinión pública, sin ponderar el daño moral que, una vez más, el sensacionalismo podía causar a los menores haitianos y sus familias.
Ciertamente, principales responsables, por haber omitido la verificación rigurosa de los hechos y por la consecuente desinformación, fueron los grandes medios de comunicación, causantes de un daño que el informe final de la Contraloría, que excluyó la existencia de menores desaparecidos, así como la perpetración de tráfico o trata de personas, no logró suprimir.
Una vez conocida la verdad, tampoco el gobierno pidió las disculpas correspondientes, especialmente a la comunidad haitiana, sino solo reconoció que “puede haber algunas posiciones que develen una lectura que, en ciertos casos, fue equivocada”[ii].
En segundo término, este penoso episodio de información engañosa se vio agravado debido a varias conductas aberrantes. Desde luego, la primera de ellas ha sido esta nueva filtración desde un organismo del Estado que maneja información reservada, como lo es la Contraloría, un vicio que acusa la captura perversa de funcionarios públicos por intereses mediáticos o políticos. Pero no sería correcto obviar otro grave extravío operativo en que incurrió la propia Contraloría, decisivo en la equivocada calificación de los hechos, que consistió en realizar, imprudentemente y por su cuenta, indagaciones que son propias de la policía, con una impericia e ineficiencia evidentes.
Con todo, aquella filtración y la circunstancia de que no hubo menores desaparecidos ni delitos sobre ellos no exime de gravedad las irregularidades administrativas que acusa el informe final del órgano contralor, como son la falta de coordinación institucional entre el SERMIG, la PDI y la Subsecretaría de la Niñez, así como las deficiencias en programas tan delicados como los de reunificación familiar de menores procedentes de Haití[iii].
Se suma a esta serie de aberraciones la aviesa actividad comercial de algunas agencias de viaje que están bajo investigación judicial, por haber lucrado ilícitamente a costa de miles de familias haitianas, aprovechándose del principio de reunificación familiar. En un porcentaje menor de estos casos, se ha detectado conductas lindantes con el tráfico de menores de edad perpetradas por una banda de extranjeros residentes en Chile, hoy formalizados por el Ministerio Público, que exigían a las familias pagos millonarios por el traslado de parientes a Chile para la reunificación familiar. Esta arista penal no ha merecido de los políticos más locuaces una reacción equivalente a la que muestran respecto de situaciones que les deparan réditos electorales.
Por último, en este episodio, junto a la preocupación manifestada, de buena fe, por algunos personeros públicos y autoridades eclesiásticas, una vez más ha aflorado la constante e interesada manipulación ideológica y política del fenómeno migratorio. Es verificable que la filtración de aquel pre-informe provisorio, sin conclusiones firmes, tuvo por objeto generar conmoción y confusión sobre una escena en cuyo centro aparecen, una vez más, los rostros morenos de una colonia migrante que muchos desprecian por motivos raciales y sociales. En este evento, el relato mostraba niños abandonados por unos padres indignos de estima, pues no habían reclamado por la suerte de sus hijos e hijas.
Este desprecio también se manifestó en la indolencia de las autoridades, que en todo momento evitaron escuchar a la comunidad haitiana, cuyos dirigentes descartaron desde un comienzo la versión de los menores “desaparecidos”. Cuando no se presta atención a los directamente afectados por una narrativa conmocionante -verdadera o falsa- en los hechos se incurre, por omisión, en una forma de ultraje a la dignidad de las personas.
Por cierto, la más extrema manipulación del drama humano que ocupó los titulares corrió por cuenta de parlamentarios que, con total impudicia y pese al desmentido del Ministerio Público, elucubraron sobre una red de trata de menores para la extracción de órganos, de la cual responsabilizaron al anterior gobierno, incluso… a la presidenta Bachelet.Tal infundio fue profusamente multiplicado por los medios de comunicación corporativos. Pero una vez que la PDI hizo patente la verdad, todos guardaron silencio, nadie pidió disculpas.
Tal concurrencia de desinformación, aberraciones y manipulación política, que se agudiza cuando afluyen motivaciones racistas o aporofóbicas, ha sido una constante en el tratamiento que un sector de las élites ha prestado al fenómeno migratorio, con exitoso efecto en la opinión pública. En el debate político, los mentores de esta trama también han tenido fortuna, como ocurriera bajo el gobierno anterior, cuando lograron que la discusión sobre la materia girase en torno a las expulsiones, sentando periódicamente en el banquillo a las autoridades administrativas, que se defendían exhibiendo cuantas órdenes de expulsión habían dictado. También, los adalides del discurso anti migrante consiguieron que, por ilusos cálculos electorales, la Administración Boric desistiese de aplicar la única solución posible a la crisis migratoria, es decir, un proceso de regularización de las personas en situación de irregularidad que, sin antecedentes penales, cuenten con vínculos familiares en el país o presenten opciones de inserción laboral regular, mediante contrato o trabajo por cuenta propia.
Además, sobre la base del éxito comunicacional obtenido en gran parte de la opinión pública, se han iniciado proyectos de ley, con relativo apoyo transversal, que infringen principios generales del Derecho ligados a los derechos humanos, como el que tipifica como delito el ingreso clandestino al territorio nacional. La aprobación de este proyecto, además de empujar a la clandestinidad a los migrantes afectados, aumentar la carga judicial y acrecentar la población carcelaria, vulneraría los Principios Interamericanos sobre los Derechos Humanos de las Personas Migrantes, Refugiadas, Apátridas y las Víctimas de Trata de Personas[iv], así como aspectos importantes de los Protocolos de Palermo, contra el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas; y también, se apartaría de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”[v] .
Se agrega el proyecto de reforma constitucional que permitiría la privación de libertad por hasta ciento ochenta días de personas con órdenes de expulsión, un plazo que supera todos los límites concebibles para una detención extrajudicial y cuya aprobación podría generar una contienda internacional, por infracción a tratados de derechos humanos ratificados por Chile.
Un grotesco ejemplo del oportunismo electoral con que se han tratado los derechos de los migrantes fue, sin duda, a fines de 2026, la propuesta legislativa de la izquierda, que siempre se proclamó “internacionalista”, de eliminar el voto migrante en las elecciones nacionales, reviviendo el argumento nacionalista de la derecha, mientras ésta favorecía aquel derecho adquirido, también basada en cálculos sobre el sufragio de la población electoral venezolana.
Bajo el gobierno del presidente Kast sigue sin solución, debido a la persistencia del clima anti migrante, el principal desafío a la política migratoria, que es la existencia de más de trescientas mil personas en situación irregular. No sirvió para resolverlo la amenaza de expulsión formulada por el candidato Kast a quienes no hubiesen abandonado el país al vencimiento, el 11 de marzo, de su “cuenta regresiva”. El primer mandatario ha pedido esperar hasta 2027 para cumplir esa promesa[vi], toda vez que era una “metáfora”, término que luego sustituyó por “hipérbole”. Responsablemente, la PDI ha hecho presente en el Senado que ni siquiera es posible deportar a 6 mil personas de nacionalidad venezolana con orden de expulsión vigente[vii], debido a la ausencia de relaciones consulares y al malogro del denominado corredor humanitario terrestre, en coordinación con terceros países. La realidad sugiere que el recientemente anunciado “Plan de retorno voluntario” de personas en situación de irregularidad seguirá la misma suerte que aquella “hipérbole”, pues probablemente los migrantes no confiarán en la promesa de una nueva visa tras su salida del país.
En consecuencia, al actual gobierno se presenta la misma disyuntiva que al anterior. Si continúa manteniendo en la irregularidad migratoria a la población que responsablemente se empadronó, la estará condenando al trabajo informal y al hacinamiento habitacional, persistiendo en una situación de vulnerabilidad de la que se aprovechan las bandas criminales, para utilizar a una cantidad indeterminada de migrantes como operadores de su actividad criminosa, con evidente daño para el conjunto del país.
¿Tendrá la actual administración el coraje de reconocer que el único camino viable es la regularización, replicando los exitosos procesos de Frei en 1998, Bachelet en 2007 y Piñera en 2018? Si poseyese tal valor, debiese advertir a sus parlamentarios y dirigentes políticos sobre la necesidad de realizar un esfuerzo, aunque sea fingido, por detener el discurso anti migrante y la ideologización indebida del fenómeno migratorio, que son recursos propagandísticos para el beneficio del propio sector político, pero totalmente ineficaces para modificar los flujos migratorios. Y debiese hacer entrar en vereda a su sector, como lo ha hecho el biministro de Economía, quien, respondiendo evidentemente a los intereses del sector agrícola, ha advertido que “el debate sobre migración debe abordarse con una mirada de largo plazo y considerando las necesidades del mercado laboral”[viii].
Para este, como para cualquier gobierno, la tarea consiste, a la par de seguir mejorando el control de frontera, en respetar la dignidad de aquellas nuevas colonias que, como la haitiana, se han integrado con honesto esfuerzo a la vida del país e insertar inclusivamente a la actual población extranjera en situación de irregularidad.
* El autor es profesor de Derecho Migratorio y, entre 2000 y 2023, fue asesor jurídico de la Organización Internacional para las Migraciones.
[i] Santa Sede, Dicasterio para la Comunicación, Homilía del Santo Padre. Lampedusa, Campo deportivo “Arena”, Salina. Sábado, 4 de julio de 2026.
[ii] Ministra de Desarrollo Social. https://www.adnradio.cl/2026/06/23/
[iii] Contraloría General de la República, Informe final N°541-2025, de 24 de junio de 2026.
[iv] Principios Interamericanos sobre los Derechos Humanos de todas las Personas Migrantes, Refugiadas, Apátridas y las Víctimas de la Trata de Personas. (Resolución 04/19 aprobada por la CIDH, el 7 de diciembre de 2019)
[v] CORTE IDH. Caso Personas dominicanas y haitianas expulsadas. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2014. Serie C No. 282, párr. 359 4. Y CORTE IDH. OC-21/14, párr. 147; CORTE IDH. Caso Vélez Loor Vs. Panamá, párr. 169; CORTE IDH. OC-21/14, párr. 150 y 151.
[vi] CNN CHILE, 1 de junio de 2026.
[vii] Biobiochile.cl 21 de abril de 2026.
[viii] Declaraciones del ministro Daniel Mas. Emol, 2 de junio de 2026.
