por Felipe Portales
Es bastante común que haya episodios históricos de importancia –controvertidos en su momento- donde
muchos antecedentes llevan a establecer posteriormente una conclusión de tal contundencia que se
constituye como verdad histórica. Y además, dicha verdad se hace completamente incontrovertible cuando
varios de los protagonistas de aquellos episodios –independientes entre sí- la confirman libremente años
después. Es el caso de la prefabricación fraudulenta efectuada por los gobiernos chileno (de Eduardo Frei Ruiz-
Tagle) y británico (de Tony Blair) de los problemas de salud mental que usó el segundo como pretexto para
“salvar” a Pinochet de la extradición para su juicio en España, autorizando su regreso a Chile para lograr su
impunidad.
Notablemente, en un excelente libro en que se trata en paralelo la impunidad judicial obtenida por los
criminales de lesa humanidad Augusto Pinochet y Walter Rauff (del abogado británico Philippe Sands: Calle
Londres 38 Dos casos de impunidad: Pinochet en Inglaterra y un nazi en la Patagonia; Edit. Anagrama,
Barcelona, 2025) tres de las personas que idearon, supieron o llevaron a cabo tal fraude, por parte de Chile, lo
reconocieron explícitamente. Se trata del entonces general de Ejército Javier Urbina; del ministro de
Relaciones Exteriores y luego ministro Secretario General de la Presidencia, José Miguel Insulza; y del asesor
económico de Frei y quien le escribía los discursos, Cristián Toloza.
Así, Sands señala que “en junio de 1999, según Urbina, se planteó la cuestión de la salud como posible salida, y
Frei le aseguró a (Ricardo) Izurieta (comandante en jefe del Ejército) que ‘solucionaría la cosa llegando a un
acuerdo con los británicos’” (Ibid.; pp. 395-6). Luego, el mismo mes, “Izurieta viajó a Europa para plantear el
acuerdo de Frei. En Londres, asistido por el general Juan Carlos Salgado, se reunió con Pinochet y sus asesores,
así como con, al parecer, una figura destacada del Gobierno británico. El Mercurio, periódico pro Pinochet,
informó de la visita y ponderó los esfuerzos que hacía el Ejército por lograr el regreso de Pinochet, en
colaboración con el Gobierno de Frei” (Ibid.; p. 396). Y las Fuerzas Armadas se manifestaron “flexibles”
respecto de un acuerdo que le permitiese a Pinochet volver a Chile invocando razones de salud, a cambio de
que en Chile, al menos, se le pudiese procesar. Específicamente, según Urbina, “no se oponían a que Pinochet
perdiera la inmunidad si volvía a Chile, y el general Izurieta habló con mucha gente, incluido el presidente de la
Corte Suprema, para cerciorarse que no hubiera problemas” (Ibid.).
A su vez, Insulza le confirmó a Sands las fechas: “En junio Frei adoptó un nuevo enfoque del caso y empezó a
tratar directamente con la oficina del primer ministro británico” (Ibid.; p. 397). Además, le señaló que aunque
él no trataba personalmente con los británicos, veía a Frei todos los días y “sabía, pues, lo que se tramaba”
(Ibid.). Y ante la pregunta de Sands de si “¿fueron los británicos quienes tuvieron la idea de lo de la mala salud
de Pinochet?” Insulza le respondió: “Sí, pero la parte chilena la aceptó inmediatamente”, agregando que “no
creo que ningún psiquiatra ni médico británico hubiera examinado a Pinochet”; y señalando que “el proceso se
verificó en dos etapas: Pinochet contrató a un médico y luego unos médicos independientes extendieron un
informe. Esto se acordó enseguida” (Ibid.).
Esta afirmación contrasta con lo expresado en una de las entrevistas que concedió Insulza como ministro del
Interior de Ricardo Lagos en 2000, ya desaforado Pinochet por la Corte Suprema: “Yo creo que Pinochet no
está en condiciones de ser sometido a juicio. Siempre he creído a los médicos británicos” (Qué Pasa; 2-9-
2000)… Y además, en dicha entrevista –como en otras de la época- Insulza efectuó una presión pública sobre el
juez Juan Guzmán y los tribunales para eximir de juicio al ex dictador: “El tema Pinochet, en gran medida, ya
fue resuelto por la Corte Suprema, mucho más allá de lo que era la expectativa de quienes lo acusaban (…) A
mí me gustaría que si el juez Juan Guzmán y las Cortes deciden que por razones de enfermedad Pinochet no
puede enfrentar un juicio, ojalá todo el mundo lo aceptara de buena gana, con buena voluntad. El gobierno lo
haría así” (Ibid.).
A su vez, Toloza le contó a Sands los detalles de su crucial gestión para “salvar” a Pinochet. Primero, que para
diseñar un plan para traerlo de vuelta del Reino Unido “formábamos un grupo extraoficial dirigido por el
ministro del Interior, Raúl Troncoso, con el ministro de Relaciones Exteriores (Juan Gabriel Valdés) e Insulza, de
la Secretaría General de la Presidencia” (Sands; p. 399). Y que luego de la tercera sentencia de la Cámara de los
Lores y la segunda autorización de Jack Straw para cursar la petición de extradición, a mediados de 1999, el
primer ministro británico Tony Blair le planteó a Frei la cuestión de la salud” (Ver ibid.; p. 400). Además, que el
mismo Toloza viajó varias veces a Londres para llegar a un acuerdo concreto en ese sentido. Para ello, fuera de
ser un estrecho asesor de Frei, tenía la ventaja de conocer bien el Reino Unido porque se había doctorado en
los años noventa en Sicología en la Universidad de Exeter.
Los tratos los hizo Tolosa con el jefe de gabinete del propio Blair, Jonathan Powell, con quien se reunió siempre
en sus diversos viajes. Desde su primer encuentro, a comienzos de junio, se fue configurando el trato de que el
gobierno británico aceptaría la vuelta a Chile de Pinochet por razones de salud a cambio de que aquél perdiera
su inmunidad y fuese investigado y procesado por los tribunales (Ver ibid.; p. 401). Pero ello requería de
tiempo, por lo cual el gobierno chileno por razones electorales –las elecciones presidenciales eran a fines de
1999 y ya se había elegido a Ricardo Lagos como candidato de la Concertación- quiso que el gobierno británico
se apresurara en devolver a Pinochet. Ello hizo que Toloza en su segundo viaje –y en sus propias palabras- se
presentó ante Powell “con una obra de ficción política”. Así le dijo que “nos preocupa que Pinochet muera en
Gran Bretaña; es un anciano, un militar, orgulloso pero derrotado, y un exiliado para sus compatriotas (sic)”; y
que si muere allí “lo convertirán ustedes en un mártir y en un santo. ¿Es lo que quieren?”; y que “una cosa es
segura: si muere en Londres (de muerte natural o asesinado), habrá muertos, matarán a Valdés, el ministro de
Relaciones Exteriores, y a Lagos, el candidato a la presidencia”. Y que, en definitiva, “pueden ustedes dar al
traste con una democracia frágil, ¿es lo que quieren?” (Ibid.; pp. 401-2). Este mensaje fue reforzado por Frei
quien “escribió una carta a Tony Blair en la que reiteraba lo dicho por Toloza, con lo que dejaba constancia
escrita para que no pudiera decirse que su Gobierno no hacía todo lo posible” (Ibid.; p. 402).
Pero el gobierno británico no se dejó impresionar y le exigió al chileno que diera “garantías de que los
tribunales chilenos le retirarían la inmunidad a Pinochet” (Ibid.; p. 403). Por ello, en un tercer viaje en
septiembre, Toloza llevó una copia de un documento interno del Ejército –obviamente facilitado por éste- que
estipulaba “la autorización de Pinochet de la Operación Caravana de la Muerte (que significó el asesinato de 75
detenidos a lo largo del país) los días inmediatamente posteriores al golpe de Estado, un documento firmado
de su puño y letra” (Ibid.); y que, de acuerdo a lo que le expresó Toloza a Powell, ya formaba parte del
“cuaderno secreto” que tenía el juez Guzmán en la investigación judicial del “caso Caravana”; y que “el
Gobierno ha comunicado al poder judicial que tiene luz verde para proceder contra Pinochet, por lo que el
Gobierno británico podía liberar a Pinochet con la seguridad de que sería procesado en Chile” (Ibid.; p. 404).
Por último, Toloza y Powell se reunieron el 18 de octubre para fijar los detalles finales. Entre ellos que se
obtuviese “el consentimiento de Pinochet para someterse a un reconocimiento médico independiente” (Ibid.;
p. 405). Previo a su realización, de acuerdo a Toloza, entre el Gobierno y el Ejército chileno elaboraron un
documento que le llevó el general Izurieta a Pinochet, donde se le decía cómo debía comportarse para
maximizar sus posibilidades de volver a Chile. Entre ellas que debía fingir depresión; y decir que había pensado
suicidarse, que tenía problemas de memoria, y expresar cosas irracionales y absurdas (Ver ibid.)…
Así, de nada le sirvió a Tony Blair el que comprensiblemente no mencionara su vergonzoso papel en dicha
trama, como lo consigna Sands: “En sus memorias Blair no habla de esto, ni de Pinochet ni de Chile” (Ibid.; p.
397). Lo que sí llaman mucho la atención las confesiones de los chilenos involucrados en tan gran engaño al
país y al mundo. Y particularmente las de Insulza que como alta autoridad de gobierno tuvo gran
responsabilidad en todo ello. Pero, más allá del rol confesado por cada uno de ellos, lo más grave y triste es
constatar como un gobierno supuestamente de centro-izquierda cayó tan bajo, desarrollando una conducta en
favor de la impunidad del mayor criminal de la historia del Chile republicano y, a la vez, engañando al país y al
mundo en una materia tan trascendental. Y a un mundo que había generado una solidaridad con nuestro país –
en sus aciagos años de dictadura- inédita hasta la fecha; tanto en la recepción de exiliados, como en el
surgimiento de movimientos, manifestaciones y actos recurrentes en tal sentido, particularmente en
numerosas ciudades europeas. El caso de Chile –y las denuncias contra los crímenes de la dictadura- se
constituyó en un verdadero hito mundial en los 70 y 80; sólo comparable al que generó el cuestionamiento a
Estados Unidos por la guerra de Vietnam en los 60-70. Tanto, que el caso chileno generó en Naciones Unidas
un salto cualitativo fundamental en el sistema internacional de protección de los derechos humanos, con la
creación de grupos de trabajo y relatores especiales temáticos de carácter permanente, así como de relatores
especiales de países que se veían afectados por graves y sistemáticas violaciones de esos derechos. Y que llevó
a que la Comisión de Derechos Humanos (hoy Consejo) y a la Asamblea General de Naciones Unidas
anualmente cuestionara crecientemente a los Estados que oprimían a sus sociedades.
Queda sí el gran consuelo de que el “caso Pinochet” abrió las posibilidades para que hubiese grados
importantes de justicia en Chile, dado que generó las condiciones para que el Poder Judicial –de tan
vergonzoso comportamiento cómplice de las violaciones de derechos humanos de la dictadura- buscara lenta
pero progresivamente reivindicarse. Proceso en el cual desarrolló una labor pionera de gran valentía el juez
Juan Guzmán, quien -pese a las múltiples presiones y obstáculos sufridos- procesó en tres ocasiones a
Pinochet. Y, por otro lado, estimuló notablemente el proceso de extraterritorialidad del derecho penal en
casos de crímenes contra la humanidad que ya venía expresándose en los noventa en la creación de tribunales
penales internacionales para países específicos (Ruanda y ex Yugoslavia), lo que culminó con la creación de un
Tribunal Penal Internacional de carácter permanente.
Por otro lado, ni siquiera se puede aducir que el comportamiento de los gobiernos de Frei Ruiz-Tagle y Lagos
de defensa de Pinochet haya sido producto del temor a un eventual golpe de Estado. Ya desde 1990 (con
Patricio Aylwin de presidente) los gobiernos de la Concertación se molestaban públicamente con las críticas
que le llegaban a Pinochet en el exterior cuando viajaba como comandante en jefe del Ejército. Luego, cuando
en 1998 iba a asumir como senador vitalicio (en virtud de las disposiciones estipuladas en la Constitución de
1980 impuesta por el propio Pinochet…) el gobierno de Frei presionó fuertemente a los partidos de la
Concertación para que rechazasen en la Cámara de Diputados una acusación constitucional presentada por un
grupo de sus diputados en contra de aquél, ¡pese a que era seguro su rechazo posterior en el Senado por la
mayoría pinochetista de su composición! Y posteriormente, en agosto de 1998, el presidente del Senado,
Andrés Zaldívar (DC) ¡en conjunto con el senador Pinochet!, presentaron un proyecto de ley para crear un Día
de la Unidad Nacional, el cual ¡fue aprobado por unanimidad!
Y luego de haber sido detenido en Londres hubo expresiones públicas de altos dirigentes e intelectuales de la
Concertación laudatorios ¡al legado dejado por la dictadura de Pinochet! Así, en 1999, uno de los más
destacados intelectuales del ámbito PPD-PS, Eugenio Tironi, escribió que “las transformaciones que han tenido
lugar en la sociedad chilena de los 90 no podrían explicarse sin las reformas de corte liberalizador de los años
70 y 80 (…) Chile aprendió hace pocas décadas que no podía seguir intentando remedar un modelo económico
que lo dejaba al margen de las tendencias mundiales. El cambio fue doloroso, pero era inevitable. Quienes lo
diseñaron y emprendieron mostraron visión y liderazgo” (La irrupción de las masas y el malestar de las élites.
Chile en el cambio de siglo; Edit. Grijalbo, Santiago; pp. 60 y 162).
Y más explícitamente en 2000, quien había sido ministro de Hacienda de Aylwin y presidente del PDC entre
1994 y 1996, el senador Alejandro Foxley, expresó en una entrevista que “Pinochet realizó una transformación,
sobre todo en la economía chilena, la más importante que ha habido en este siglo. Tuvo el mérito de
anticiparse al proceso de globalización que ocurrió una década después, al cual están tratando de encaramarse
todos los países del mundo. Hay que reconocer su capacidad visionaria (…) de que había que abrir la economía
al mundo, descentralizar, desregular, etc. Esa es una contribución histórica que va perdurar muchas décadas
en Chile (…) Además, ha pasado el test de lo que significa hacer historia, pues terminó cambiando el modo de
vida de todos los chilenos, para bien, no para mal. Eso es lo que yo creo y eso sitúa a Pinochet en la historia de
Chile en un alto lugar. Su drama personal (sic) es que, por las crueldades que se cometieron en materia de
derechos humanos en ese período, esa contribución a la historia ha estado permanentemente ensombrecida”
(Cosas; 5-5-2000). Y posteriormente, entre 2006 y 2009, Foxley sería canciller de Michelle Bachelet…
Y lo más importante es que las anteriores constituyen las expresiones más visibles de una realidad mucho más
contundente aún. Esta es, que los seis gobiernos proclamadamente centro-izquierdistas que ha habido en
Chile desde 1990 legitimaron, consolidaron y profundizaron el modelo económico neoliberal impuesto por la
dictadura. Así, en todos los ámbitos económicos, sociales y culturales rigen hoy esencialmente las mismas
estructuras e instituciones legadas por el régimen de Pinochet.
