por Revista De Frente
Denuncian seguimientos y persecución judicial contra abogada defensora de causas sociales y mapuche
La abogada de derechos humanos Karina Riquelme Viveros enfrenta una nueva arremetida judicial en medio de su trabajo de representación de la familia de Julia Chuñil Catricura, desaparecida desde noviembre de 2024 en la comuna de Máfil, Región de Los Ríos. La denuncia fue dada a conocer por Interferencia, medio que detalló la apertura de una investigación penal por una supuesta “violación de reserva procesal”, originada tras declaraciones públicas emitidas por la profesional en el contexto del caso.
La causa fue impulsada por la fiscal Tatiana Esquivel, quien participa en la investigación sobre la desaparición de Chuñil. Paralelamente, se conocieron antecedentes de seguimientos policiales y vigilancia sobre Riquelme y otras defensoras de derechos humanos mientras ejercían labores profesionales en tribunales del sur del país. Según declaró el abogado defensor Rodrigo Pizarro Rosales, además de la investigación por supuesta filtración de antecedentes reservados, también solicitarán pronunciamientos judiciales respecto de las vigilancias y fotografías tomadas a la abogada en la vía pública durante el ejercicio de su profesión.
Diversas organizaciones y académicos han manifestado preocupación ante lo que consideran un patrón de criminalización contra abogados y abogadas vinculados a causas mapuche y denuncias de violencia estatal. La académica de la Universidad de Chile, Myrna Villegas Díaz, advirtió que perseguir penalmente a defensores de derechos humanos por declaraciones relacionadas con causas de interés público podría generar un efecto inhibitorio para el ejercicio de la defensa jurídica y afectar garantías fundamentales del debido proceso.
Desde la organización internacional Front Line Defenders, dedicada a la protección de defensores de derechos humanos, también alertaron sobre el escenario que enfrentan activistas y abogados en Chile. Julia Lima, coordinadora para las Américas de la entidad, sostuvo que existe preocupación internacional debido a que el Estado chileno “no ha buscado revertir ese escenario y fortalecer la protección de las personas defensoras”, agregando que el caso de Riquelme representa “un ataque a la defensa de derechos en el país”.
Los antecedentes actuales se suman a un extenso historial de seguimientos y hostigamientos denunciados por la abogada desde hace más de una década. Uno de los episodios más conocidos ocurrió durante la denominada Operación Huracán, investigación en la que dirigentes mapuche fueron acusados mediante pruebas posteriormente cuestionadas y declaradas manipuladas. En ese contexto, Riquelme denunció seguimientos, interceptaciones telefónicas y vigilancia policial mientras ejercía la defensa de comuneros mapuche.
A raíz de esas denuncias, en octubre de 2016 la Corte Suprema de Chile acogió un recurso de amparo y reconoció que la vigilancia policial contra abogados defensores podía constituir una perturbación ilegítima al libre ejercicio profesional. Pese a ello, nuevas denuncias de seguimientos continúan apareciendo en causas vinculadas al conflicto territorial y la defensa de derechos indígenas en el sur del país.
La organización internacional Global Witness también manifestó preocupación por la judicialización contra la abogada. Javier Garate, asesor senior de la entidad, señaló que existe un aumento de la criminalización contra personas defensoras del ambiente y el territorio, especialmente contra abogados que representan víctimas y comunidades afectadas.
Para el abogado Rodrigo Pizarro, la reiteración de estos hechos da cuenta de un patrón persistente de vigilancia y persecución contra profesionales que litigan causas relacionadas con el pueblo mapuche, violencia estatal y defensa territorial en el sur de Chile.
