Carta abierta a Ministra de Salud Dra. May Chomaly
Riesgo clínico y ético ante la desarticulación presupuestaria del Programa PRAIS
Como profesionales del ámbito de la salud, observamos con profunda preocupación las señales de reducción operativa del Programa de Reparación y Atención Integral en Salud y Derechos Humanos (PRAIS). Más allá de la discusión presupuestaria de corto plazo, es imperativo analizar esta decisión bajo un enfoque de salud pública, bioética y estándares internacionales de Derechos Humanos, toda vez que la alteración de estos dispositivos no constituye una mera eficiencia administrativa, sino una grave vulneración de la integridad asistencial.
1. El enfoque técnico de la reparación: Más allá de prestar un servicio de salud estándar, desde una perspectiva clínica, el PRAIS no es un programa de salud general; es un dispositivo de reparación integral diseñado para pacientes con daño psicosocial complejo, derivado de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. La literatura clínica ratifica que el trauma transgeneracional y el daño crónico requieren una continuidad de cuidados y una especialización que trasciende la oferta médica con enfoque biopsicosocial estándar de la red asistencial. Eliminar o reducir recursos a estos equipos no es «optimizar», es desconocer absolutamente la mirada integral y la etiología del daño que los pacientes presentan.
2. Iatrogenia institucional: La re-traumatización como efecto adverso . Desde el punto de vista clínico-asistencial, la desarticulación del PRAIS conlleva un riesgo iatrogénico inaceptable: la revictimización y re-traumatización de nuestros pacientes. La relación terapéutica en el contexto de reparación se sostiene sobre un vínculo de confianza y reconocimiento de la dignidad del paciente. La interrupción de tratamientos, el cierre de espacios de escucha especializada y la fragmentación de los equipos obligan al paciente a re-narrar su historia ante profesionales ajenos al proceso, lo cual constituye, en sí mismo, un acto de violencia institucional. Un sistema de salud que ignora este fenómeno no está siendo eficiente, está siendo negligente.
3. Desconocimiento del marco jurídico y de derechos El Estado de Chile posee obligaciones internacionales vinculantes en materia de reparación, las cuales fueron traducidas en protocolos ministeriales que hoy se ven amenazados. La disminución de recursos y la precarización de los dispositivos PRAIS contravienen, no sólo el amplio cuerpo legal que lo respalda, con base en la Ley 19.980, sino también es un desconocimiento directo del espíritu de la Ley 20.584 de Derechos y Deberes de los Pacientes, y desconocen que la «humanización de la salud» no es un concepto retórico, sino un requisito técnico-asistencial para pacientes con vulneración de derechos. Reducir la atención de derechos humanos a una línea de presupuesto fácilmente recortable revela un desconocimiento flagrante del principio de «no repetición» y del estándar de reparación integral que el Estado está obligado a garantizar.
4. Una decisión de salud pública deficiente; La historia clínica y epidemiológica ha demostrado que el abandono del acompañamiento en salud integral de víctimas de violencia estatal genera una cronicidad de las patologías, derivando en mayores costos para el sistema público a largo plazo debido a descompensaciones evitables. La deshumanización que implica este recorte presupuestario no solo abandona a los pacientes, sino que daña la ética del equipo de salud, quienes vemos coartada nuestra capacidad técnica para brindar una atención acorde a las necesidades del sujeto de derecho.
Es por esto que como médicas y médicos instamos a las autoridades que proponen la descontinuación de PRAIS y a la figura principal de nuestro Ministerio de Salud, Dra May Chomaly a reconsiderar cualquier medida que afecte la operatividad del PRAIS. La gestión de los recursos públicos no puede estar disociada de la evidencia clínica ni de los compromisos éticos fundamentales. Un programa de Derechos Humanos que se mide con una lógica de ahorro financiero ha perdido, en esencia, su función reparatoria.
Exigimos la garantía de recursos suficientes para mantener la continuidad de los equipos, el respeto a los protocolos de atención especializada y la preservación de un espacio que, antes que administrativo, es un pilar de la ética de salud en Chile.
Dra Ana Tania Toro Cepeda
