Revista De Frente
«El operativo en la vivienda de Julia Chuñil fue un momento clave. Hubo despliegue policial masivo, intervención estructural del inmueble y cobertura mediática intensa. Sin embargo, no se encontraron restos humanos. El contraste entre espectacularidad y resultados concretos abrió dudas legítimas. Cuando la imagen precede a la prueba, el riesgo es que la opinión pública funcione como tribunal paralelo.»
Por Nicolás Romero Reeves
La desaparición de Julia Chuñil, ocurrida el 8 de noviembre de 2024 en Máfil, Región de Los Ríos, sigue siendo uno de los casos más sensibles y políticamente significativos del último tiempo. A más de un año, la investigación dio un giro profundo: la Fiscalía formalizó a tres de sus hijos y a un exyerno, instalando la tesis de un parricidio cometido en el ámbito familiar. Sin embargo, junto con estas formalizaciones, se han acumulado cuestionamientos sobre el debido proceso, la conducción investigativa y el tratamiento mediático del caso.
Hoy, Javier Troncoso Chuñil permanece en prisión preventiva como presunto autor material del parricidio. Jeannette Troncoso y Pablo San Martín cumplen arresto domiciliario total. La tesis del Ministerio Público se sostiene en restos de sangre, armas cortantes encontradas en el domicilio y el testimonio de un supuesto testigo presencial que habría relatado la dinámica del crimen.
El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, ha sido claro en un punto: en el sistema penal chileno no es imprescindible contar con el cuerpo para obtener una condena por homicidio. Existen precedentes. Desde la perspectiva institucional, la Fiscalía afirma que la investigación presenta avances sustantivos y que las medidas cautelares fueron decretadas por tribunales tras ponderar los antecedentes expuestos.
Pero el caso está lejos de cerrarse.
La ausencia del cuerpo de Julia Chuñil sigue siendo un elemento central, no solo por razones humanas evidentes, sino porque obliga a que la acusación repose fuertemente en prueba indiciaria. Cuando la prueba es indirecta, la rigurosidad en su obtención es determinante. Cualquier irregularidad puede debilitar estructuralmente el caso.
Aquí comienzan las controversias.
La abogada de la familia, Karina Riquelme, ha cuestionado la dirección de la investigación y ha sostenido que existen líneas que no habrían sido exploradas con igual intensidad. En particular, la familia ha insistido en la necesidad de investigar a fondo la eventual responsabilidad del empresario forestal Juan Carlos Morstadt Anwandter, dueño del predio donde Julia Chuñil fue vista por última vez.
Morstadt no es un nombre periférico en la causa. Ha figurado como imputado en distintos momentos del proceso y ha tenido acceso a la carpeta investigativa. La familia sostiene que existían conflictos previos vinculados a tierras y disputas territoriales entre Chuñil y el empresario. Además, se ha mencionado la existencia de una interceptación telefónica en la que supuestamente se habría aludido a la muerte de Julia Chuñil, afirmación que Morstadt ha negado públicamente, señalando que ha sido injustamente involucrado y que la formalización de los hijos demostraría que se apuntó en la dirección equivocada al comienzo.
Lo central aquí no es reemplazar una hipótesis por otra. Lo central es que, si existe una línea investigativa plausible que involucra a un empresario con conflictos previos con la víctima, esa línea debe ser investigada con el mismo rigor que la tesis del parricidio.
A esto se suman cuestionamientos procesales. Se ha denunciado la existencia de declaraciones de testigos sin la presencia de abogado defensor, utilización de testigos protegidos cuya identidad no es conocida por las partes y filtraciones que, en la práctica, instalan una narrativa de culpabilidad antes de que exista juicio oral.
El operativo en la vivienda de Julia Chuñil fue un momento clave. Hubo despliegue policial masivo, intervención estructural del inmueble y cobertura mediática intensa. Sin embargo, no se encontraron restos humanos. El contraste entre espectacularidad y resultados concretos abrió dudas legítimas. Cuando la imagen precede a la prueba, el riesgo es que la opinión pública funcione como tribunal paralelo.
En Chile existen antecedentes históricos donde investigaciones altamente mediatizadas terminaron debilitándose en juicio oral. El problema no es investigar con firmeza. El problema surge cuando la presión por resultados consolida una hipótesis comunicacionalmente antes de consolidarla probatoriamente.
Hablar del riesgo de un montaje no es lanzar una acusación liviana. Es advertir sobre la posibilidad de que una narrativa se fortalezca a través de filtraciones, procedimientos de alto impacto y cobertura reiterada, mientras subsisten vacíos sustantivos. Si la responsabilidad está en el círculo familiar, deberá probarse en juicio con estándares sólidos. Si existen otras responsabilidades —incluida la eventual participación de Morstadt— también deben esclarecerse con la misma severidad.
El debido proceso no es un tecnicismo. Es la columna vertebral del Estado de Derecho. La presunción de inocencia no puede ser desplazada por reconstrucciones preliminares ni por titulares anticipatorios.
Hoy hay personas privadas de libertad, una familia fracturada y una mujer cuyo paradero sigue siendo desconocido. La sociedad chilena merece verdad y justicia para Julia Chuñil. Pero esa verdad solo será legítima si surge de una investigación exhaustiva, transparente y sin sesgos, donde todas las hipótesis —incluida la que involucra a Juan Carlos Morstadt— sean examinadas con igual rigor.
La justicia no puede depender del impacto mediático. Debe depender de la prueba.
