Al Señor Secretario General de
La Organización de Estados Americanos
Sr. Albert R. Ramdim
Las y los juristas abajo firmantes nos dirigimos a Ud. a efectos de manifestar nuestra firme condena y alarma frente a la intervención belicista de Estados Unidos en la zona del Caribe, con especial énfasis en las acciones contra la República Bolivariana de Venezuela, y el pretendido cierre del espacio aéreo venezolano anunciado por Trump. Estas acciones representan claros actos de injerencia, la imposición de medidas coercitivas unilaterales y una agresión directa que atenta contra la soberanía y el derecho a la autodeterminación del pueblo venezolano, y pone en riesgo a toda la zona del Caribe.
Desde septiembre del presente año, la agresión bélica unilateral y las constantes amenazas de Estados Unidos, bajo el pretexto de la seguridad regional y la lucha antidrogas, han escalado significativamente. Especialmente, con los ataques aéreos mortales en el mar caribe contra buques y lanchas que, según alega el gobierno de Trump, sin aportar pruebas, se utilizaban para el tráfico de drogas. De acuerdo con lo analizado por un grupo de expertos de la ONU, los ataques estadounidenses contra naves en el caribe, frente a las costas de Venezuela, equivalen a “ejecuciones extrajudiciales” y es un crimen internacional.
La situación ha alcanzado niveles intolerables, evidenciados en la reciente suspensión de vuelos internacionales tras el aviso de Estados Unidos por “una actividad militar en aumento, y las manifestaciones del secretario de Estado, Marco Rubio, con la absurda pretensión de declarar al supuesto “Cartel de los Soles” como organización terrorista, para intentar nuevas justificaciones para la confesada intención del gobierno de Trump, de apropiarse del petróleo venezolano. En el día de hoy, Donald Trump anunció en sus redes sociales el “Cierre Total” del espacio aéreo venezolano, a los efectos de “sitiar” a ese país.Vulneración de Principios y Tratados Internacionales
Las acciones descritas contravienen abiertamente principios esenciales consagrados en diversos instrumentos internacionales, tales como:
· Carta de la ONU (arts. 2.1 y 2.4): Afirma la soberanía y prohíbe el uso de la fuerza.
· Declaración de Manila sobre el Arreglo Pacífico de Controversias Internacionales (Resolución A/RES/37/10, 1982): Establece que las controversias deben resolverse sobre la base de la igualdad soberana de los Estados y prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza, así como las medidas coercitivas unilaterales y el despliegue militar.
· Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (Resolución 2200 A (XXI), 1966): Obliga a los Estados a garantizar la vigencia de los derechos, prevenir violaciones por parte de terceros, investigar y sancionar violaciones, y reparar a las víctimas.
· Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (Resolución 45/158, 1990): Compromete a los Estados a proteger la dignidad y los derechos de los migrantes, evitando que personas deban migrar como única vía de supervivencia.
· Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (1961): Garantiza la inviolabilidad de los jefes de Estado.
· Resolución 2444 (XXIII) 1968 que limita los métodos de guerra, prohíbe los ataques a la población civil.
· Resolución 2675 (XXV) 1970 de la ONU: Prohíbe actos coercitivos contra la independencia política de los Estados y el fomento de actividades para subvertir violentamente el orden interno de otro Estado.
· Tratado de Tlatelolco (1967) para la Prohibición de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe: Aunque Estados Unidos no es parte del tratado, ratificó el Protocolo Adicional II, comprometiéndose a respetar la desnuclearización de la región y a no usar armas nucleares contra los países miembros.
· Artículo 7 del Estatuto de Roma sobre crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional.
Recordamos que, según la II Cumbre de la CELAC en 2014, Latinoamérica y el Caribe han sido declaradas zona de paz, por lo que repudiamos cualquier acción belicista que ponga en riesgo la vida de sus pueblos.Violación de la Carta de la OEA
Estas intervenciones también constituyen una violación a la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en particular a los objetivos del artículo 2° y a los principios establecidos en el artículo 3°.
Asimismo, realizamos las siguientes exhortaciones:
· Demandamos el respeto irrestricto del Derecho Internacional, y que los tratados bilaterales y multilaterales, así como la Carta de las Naciones Unidas, sean la única vía válida para la resolución pacífica de controversias.
· Convocamos a la comunidad jurídica internacional a vigilar y denunciar ante las instancias competentes las violaciones al Derecho Internacional que amenacen la estabilidad del Caribe y del mundo.
· Manifestamos nuestro rechazo ante las recientes ejecuciones extrajudiciales perpetradas en el mar Caribe por fuerzas estadounidenses, las cuales violan los derechos humanos y el derecho internacional.
· Solicitamos al Gobierno de Estados Unidos que detenga sus operaciones militares en el mar Caribe y cese las amenazas contra América Latina.
· Demandamos que los gobiernos asuman una posición clara de condena ante las violaciones al Derecho Internacional y la escalada de violencia contra Venezuela y la región.
· Reafirmamos que la paz duradera solo puede construirse sobre la base de la justicia social, la equidad y el respeto pleno a los derechos humanos y al derecho internacional.
Por ello, hacemos un llamado enfático a la Secretaría General de la OEA y a todos los estados miembros para que expresen un rechazo categórico a estas acciones, ya que el silencio debilita y pone en crisis la existencia misma del bloque regional, el deterioro de los fundamentos que justificaron su creación, permitiendo acciones que ponen fin a el status pacifico latinoamericano, y que hoy son dirigidas a Venezuela, pero que continuaran contra otros países de la región, tal como lo anunciara Donald Trump desde el inicio de su mandato.
Por tanto, requerimos también que convoque en forma urgente a una reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores a los fines antes detallados.
Los mandatarios de los países del bloque tienen el deber exigir la paz al gobierno del país unilateralmente agresor, es decir a Estados Unidos, en defensa de los intereses de los pueblos de América y el mundo.
