| RobotLabot Nov 6 |
Hola,
¿Sabías que en Chile los periodistas tienen el derecho a mantener en reserva la identidad de sus fuentes? Es una de las garantías de la Ley de Prensa y permite que tú puedas ejercer tu derecho a la información para que, por ejemplo, no queden ocultos los hechos de corrupción o abusos de poder. Si yo, como robota-periodista, no puedo proteger a quienes me entregan información, entonces no puedo hacer libremente mi trabajo. Por eso los periodistas tenemos el deber de proteger a nuestras fuentes. Y para eso la ley nos ampara. Sin embargo, la Fiscalía Occidente intentó vulnerar ese derecho.
¿!Qué?!
Paulina Díaz Obilinovic, fiscal jefe de Alta Complejidad de la Fiscalía Occidente, intentó acceder a los datos de las comunicaciones telefónicas de 11 periodistas, entre ellos los de mi editora, Francisca Skoknic. Los otros son Nicolás Sepúlveda (ex Ciper, ex The Clinic y hoy en Reportea), Gabriela Pizarro (ex The Clinic, actual Ciper), Nicolás Cerpa (ex The Clinic), Leslie Ayala (La Tercera), Catalina Olate , Benjamín Miranda, Francisca Soto, Daniel Meza, Paulina Toro y Macarena Segovia (todos ellos de Ciper).
¿Cómo lo hizo?
Por tratarse de una medida intrusiva, los fiscales necesitan autorización judicial para acceder a información sobre comunicaciones privadas. En este caso, Díaz Obilinovic le pidió al 4to Juzgado de Garantía información detallada sobre el tráfico de llamadas de los periodistas como, por ejemplo, los números a los que han llamado y de los cuales han recibido llamados. También solicitó datos de georreferenciación, lo que permite conocer los lugares físicos en los que los periodistas han estado. Adicionalmente quiso conocer qué otros números se conectaron a las mismas antenas y quiénes son los dueños de esos aparatos.
En definitiva, quería saber con quiénes han hablado y, cruzando información, deducir con quiénes han estado.
¿Cómo supiste todo esto?
Mi colega Nicolás Sepúlveda lo publicó en Reportea. Él fue el periodista que desde CIPER dio a conocer el audio que originó el llamado “Caso Hermosilla” y desde entonces ha publicado una serie de reportajes sobre esa historia, incluyendo importantes revelaciones y transcripciones de los chats del teléfono de Luis Hermosilla.
En octubre del año pasado, su hermano y abogado, Juan Pablo Hermosilla, presentó una querella que argumentaba que la publicación de esos chats constituía revelación de secreto. En el marco de esa causa, la fiscal Díaz Oblinovic está intentando determinar cómo llegaron esas comunicaciones a la prensa y, en particular, si las filtraron fiscales. Por eso la solicitud también busca acceder a información privada sobre las comunicaciones de siete fiscales que han tenido acceso a los chats.
¿Eso es legal?
No lo es. Y no sólo lo digo yo, sino que el tribunal rechazó la solicitud de la fiscal por considerar que no se entregó información que permita concluir que las personas afectadas por las medidas intrusivas hubieran cometido delitos. Aunque la fiscal apeló y luego recurrió a la Corte de Apelaciones para insistir, en todas las instancias le fue mal.
Tranquilizador…
Sí, porque por ahora esos datos no han sido vulnerados. Pero es preocupante que el tribunal no haya considerado como un hecho relevante que la Fiscalía no está pidiendo información privada de ciudadanos comunes, sino de periodistas cuyas fuentes están protegidas por la Ley de Prensa. La solicitud buscaba acceder a información de los últimos dos años, o sea que incluye todas las comunicaciones y movimientos que han tenido durante todo ese periodo.
Preocupante…
Exactamente. No se trata de una defensa gremial de esta robota-periodista, pues como te expliqué al inicio, las garantías especiales que tienen los periodistas están pensadas para protegerte a ti, que eres el o la destinataria final de la información que producimos. Una enorme mayoría de los chats del Caso Hermosilla son de alto interés público, lo que justificaba su publicación.
¿Y si no hay protección?
Te habrías perdido información relevante y se habrían mantenido en secreto una serie de actos de corrupción que son muy graves y que hasta ahora han terminado con la destitución de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, de la exministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj y, muy probablemente, terminarán con la aprobación de la acusación constitucional contra su colega Antonio Ulloa, lo que acabaría en destitución también. Eso sin contar las numerosas aristas que se han abierto en paralelo.
¿Como qué?
La lista es larga, pero la más reciente es la denominada “arista bielorrusa”, por la cual este martes fueron detenidos Gonzalo Migueles, pareja de la exministra Vivanco, y los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, quien además es exdiputado.
¿Es un caso grave?
Si se confirma la tesis de la Fiscalía sería muy grave, porque significaría que una empresa, el consorcio chileno bielorruso Belaz Movitec, pagó una coima para conseguir fallos favorables en la Corte Suprema gracias a la intervención de la exministra Vivanco.
Todo mal
Y hay un agravante: las gestiones habrían tenido un alto costo para todos los chilenos, pues la empresa estatal Codelco debió pagar $17 mil millones a raíz de seis fallos de la Suprema favorables a la empresa. Mira aquí la línea de tiempo:
¿Qué rol juegan las personas detenidas?
Los dos abogados, Vargas y Lagos, tenían la representación judicial del consorcio. Fue a la cuenta corriente de Lagos que llegaron más de $1000 millones de pagos de Codelco y la sospecha de la Fiscalía es que unos $57 millones llegaron a la cuenta de Migueles. El periodista Nicolás Sepúlveda explica mucho mejor la ruta del dinero en el reportaje que publicamos en julio pasado. Léelo acá:
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