En Chile, las cuentas de electricidad se han transformado en una verdadera pesadilla para millones de hogares. Lo que alguna vez fue un servicio básico al alcance de la mayoría, hoy es una carga insoportable, disfrazada bajo tarifas, cargos ocultos, ajustes automáticos e incluso cobros por servicios que no se prestan. Una situación escandalosa que revela hasta qué punto las grandes compañías eléctricas se han beneficiado de un modelo neoliberal profundamente entreguista, con el Estado como cómplice silente o, peor aún, como garante del abuso.
El colmo de la desfachatez empresarial se concreta en el mecanismo que permite a las empresas eléctricas cobrar a los propios usuarios un “extra” destinado a costear las compensaciones por cortes de luz. Sí, así de absurdo e inmoral como suena: si se corta la luz y la compañía debe pagar compensación, esa indemnización se financia… ¡con tu propio dinero!. Un descaro monumental que en cualquier país serio sería motivo de escándalo nacional, pero que en Chile se normaliza a punta de tecnicismos regulatorios y silencios institucionales.
Esta situación es doblemente perversa. Primero, porque el usuario termina financiando su propio perjuicio. Segundo, porque revela una estructura tarifaria diseñada no para proteger al consumidor, sino para garantizar la rentabilidad de las empresas, pase lo que pase. No importa si hay cortes reiterados, baja calidad en el servicio o negligencia empresarial: el modelo asegura que el costo lo paga siempre el pueblo. ¿Y el Estado? Bien, gracias. Un organismo como la Comisión Nacional de Energía (CNE), que debería defender el interés público, termina actuando como operador técnico de los intereses privados, blindando la rentabilidad de las concesionarias.
Las últimas alzas aprobadas en 2024 y proyectadas para los años siguientes solo profundizan esta injusticia. Las cuentas eléctricas han subido en más del 50% para muchos usuarios, con aumentos aún mayores en zonas rurales o con bajo poder adquisitivo. Y lo peor: con escasa información, sin consulta ciudadana real, y en medio de un manto de opacidad donde la letra chica siempre esconde un nuevo abuso.
Mientras las familias chilenas ajustan sus gastos, reducen calefacción, apagan luces o temen por el próximo cobro, las eléctricas celebran utilidades récord, con respaldo legal y político. ¿Qué clase de democracia permite que un bien esencial como la energía esté secuestrado por intereses privados y que la ciudadanía pague las pérdidas de quienes no cumplen? ¿En qué momento se normalizó que la eficiencia empresarial signifique precarizar el servicio y socializar sus fallas?
Chile necesita con urgencia una revisión estructural del sistema eléctrico, donde la soberanía energética vuelva a manos del pueblo, y donde los derechos de los usuarios estén por encima del negocio. Seguir tolerando esta estafa silenciosa es legitimar un modelo corrupto, clasista e inhumano. No se trata solo de luz: se trata de dignidad, justicia y soberanía
