Las eólicas en el mar han sido proyectos que han arrastrado impactos e importantes conflictos con comunidades pesqueras en países como Brasil. Sin embargo, en el caso del Biobío, pareciera ser que tras el cierre de Huachipato todo sirve: tierra, viento y agua. En esta columna, el autor presenta antecedentes respecto al reciente anuncio de una empresa noruega que busca instalar eólicas en el Golfo de Arauco. Sin embargo, no es la única empresa que busca avanzar en este negocio en la región.
Por J. Arroyo Olea | Equipo del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA
Dice el dicho que si el río suena es porque piedras trae. Pues bien, dicho y hecho en el caso del clamado Plan de Fortalecimiento Industrial del Biobío impulsado por el gobierno tras el anuncio del cierre de la siderúrgica Huachipato. Y es que desde un inicio se ha alertado el rol que cumplirá este Plan Económico como caballo de Troya del empresariado local, nacional y transnacional para empujar una batería de proyectos en la región con un cuestionado historial, como lo es en el rubro de la energía, minería e infraestructura.
Sin embargo, las «sorpresas» del plan aún no terminan. Las orientaciones y lineamientos establecidos por el Ejecutivo hoy permiten que una empresa noruega cuente con el respaldo político de autoridades locales para instalarse en pleno mar, parecido a lo que ha ocurrido en países vecinos como Brasil, donde se han denunciado los impactos ambientales y sociales que ha arrastrado este tipo de actividad, alterando, por ejemplo, las economías locales basadas en la pesca artesanal.
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Y efectivamente, en el Plan Económico -elaborado por el gobierno central, empresarios e incluso dirigencias sindicales- se establece el desarrollo de proveedores para proyectos eólicos como uno de los ítems de inversión, planteando que «la región cuenta con una amplia gama de proyectos eólicos en tramitación y una promisoria posibilidad de desarrollo de proyectos off shore, siendo fundamental una estrecha coordinación público-privada para concretar las inversiones de manera más temprana».
En este sentido, el documento señala que generaría un trabajo con empresas desarrolladoras de proyectos eólico para «atraer inversiones para localizar proveedores de equipos y servicios asociados a la industria eólica», generando «actividades de promoción y facilitación de inversiones». Pues bien, parece que la primera empresa a la que se le ha limpiado el camino no es nada menos que la transnacional noruega Deep Wind Offshore (DWO), la cual cuenta con negocios en países como Corea del Sur, Estonia y la propia Noruega.
En concreto el proyecto no tiene ni fecha de ingreso a tramitación ni lugar específico más que el Golfo de Arauco. Sin embargo, en su sitio web, la transnacional identifica «Golfo de Arauco Sustentable» y «BioBio Sustentable» como dos iniciativas propias, la primera proyectando una capacidad de 900 MW, mientras que la segunda hasta 1.500 MW; ambas con concesión marítima en progreso.
Pantallazo de sitio www.deepwindoffshore.com/country/chile
Pero la relación con el Biobío empezó pocas semanas antes. Ya en septiembre de este año, en reunión con la rectoría de la Universidad de Concepción, la empresa firmó un convenio que buscaría «fortalecer la investigación oceanográfica y trabajar en el desarrollo de proyectos de energías renovables».
En simple, y en palabras del rector Carlos Saavedra, el convenio «permitirá trabajar de forma bidireccional entre ambas instituciones en vista que a través del Departamento de Oceanografía de nuestra Casa de Estudios ?que tiene más de 50 años de trayectoria? podremos proveer de nuestras instalaciones y equipamiento en la costa para proveer de investigación avanzada en oceanografía, mientras que DWO aportará con su amplio conocimiento y experiencia en desarrollar y dirigir proyectos de energías renovables costa afuera, por lo que esperamos valiosos resultados».
Transacción redonda, donde nuevamente la Universidad de Concepción, bajo esa manoseada idea de vinculación con el medio y con una línea de investigación firmemente involucrada con las empresas, se coloca a disposición con un respaldo complementado con el visto bueno político institucional de figuras como la delegada presidencial Daniela Dresdner, y el gobernador regional Rodrigo Díaz.
Sin embargo, esta no es la primera iniciativa de este tipo en el Biobío. Previo al lanzamiento del Plan Económico, en agosto de este año, se creó el Consorcio Viento Azul Biobío (VAB), conglomerado compuesto por la empresa inglesa 17 Energy y la chilena SC Power, quienes también han apostado por levantar y sostener el negocio eléctrico de eólicas en el mar.
Así las cosas, el empresariado energético en el Biobío ya no solo busca reactivar el Gas Natural ni las centrales hidroeléctricas, o la instalación de aerogeneradores en los campos del Biobío, sino que ahora buscan correr el cerco hacia más allá de las costas de la región, en un contexto donde la transición energética corporativa pareciera ir meramente en beneficio de sus bolsillos, y no para el bienestar de las comunidades y mucho menos para paliar la crisis climática. Una vez más, pareciera ser que lo único verde de estas decisiones -junto al plan político-económico que impulsa el gobierno- está en el color de los billetes.
