(conflictosmineros.org.pe) – El día jueves 30 de mayo, la represión policial contra miembros de dos comunidades del entorno de la empresa MMG Las Bambas dejó como saldo varios heridos y causó la indignación de la población. Se trata de dos conflictos diferentes en la provincia de Cotabambas, en la región Apurímac: por un lado, el caso de Huancuire, donde se denuncia la afectación a las fuentes de agua por las operaciones de la mina; y, por otro, el de la comunidad de Pumamarca, donde comuneros reclaman la recuperación de terrenos vendidos a la empresa en 2011 en una transacción que consideran injusta. En ambos casos, el común denominador ha sido el excesivo uso de la fuerza policial.
Imagen compartida por la periodista Jacqueline Fowks
Huancuire
Según relataron a este Observatorio fuentes de la comunidad de Huancuire, el día miércoles 29 una comitiva de entre 50 y 80 personas ingresó a la zona donde se ubican los trabajos del tajo Chalcobamba, el segundo de los tajos del proyecto Las Bambas. En la delegación se encontraban los miembros de la junta directiva de la comunidad así como decenas de comuneros, acompañados de funcionarios de la Autoridad Nacional del Agua.
La comitiva buscaba constatar la situación de las fuentes de agua, debido a que los comuneros denuncian escasez de agua en su territorio y desaparición de manantiales. “Están destruyendo manantiales, bofedales, puquiales, toda nuestra cabecera de cuenca”, denunció la fuente consultada por el OCM. “Anteayer hemos entrado al tajo donde están trabajando, para constatar los ojos de agua, y el agua está de color azulino”, detalló. Al ver esa extraña coloración del agua, la delegación decidió permanecer en el lugar, de manera pacífica, hasta que autoridades o funcionarios de la empresa se apersonen a darles una explicación. Así, pasaron las horas hasta que se hizo de noche.
Imagen compartida por la periodista Jacqueline Fowks
Sin embargo, aproximadamente a la 1 de la madrugada del 30 de mayo inició la represión policial con bombas lacrimógenas para desalojar a los comuneros. Producto de dicho desalojo, al menos una mujer ha resultado herida por impacto de una bomba lacrimógena, según la información obtenida por el OCM.
Pumamarca
En el caso de Pumamarca, el conflicto tiene que ver con un área de terrenos que fue vendido por la comunidad a la empresa MMG Las Bambas entre el 2011 y 2012, en una transacción que comuneros consideran fue injusta y asimétrica.
“Nosotros estamos viviendo en nuestro territorio hace miles de años, antes de que exista el Estado peruano”, explicó al OCM el exdirigente comunal Melchor Vargas. “El 2011 vinieron a estafarnos con el cuento de que iba a haber empleo y desarrollo, vinieron con esa propuesta de comprarnos terrenos y nos han valorizado a 20 céntimos el metro cuadrado. Por eso el 2020 nosotros hemos dicho que nos devuelvan esos terrenos para usufructuarlos para nuestra agricultura y pastoreo”, explicó.
Es así que desde el 2020 se encontraba en la zona denominada Sallawi un campamento con decenas de carpas y cabañas en las cuales un grupo de unos 30 o 40 comuneros se había asentado y realizaba sus actividades, entre ellas agricultura y ganadería.
Hasta ayer 30 de mayo cuando, también de madrugada, la Policía ingresó a realizar un desalojo sorpresivo, según indicó Vargas. “Nos han sorprendido a las 4 de la madrugada, entraron a destruir nuestras cabañas, nuestras carpas, y ha empezado un enfrentamiento”, relató. Producto de este enfrentamiento hay al menos ocho personas heridas. No se reporta ninguna persona detenida.
Vargas señala que nunca se les notificó de ninguna orden de desalojo. “Legalmente debieron notificarnos, pero nunca se nos notificó”, explica.
“Queremos diálogo, no queremos más enfrentamientos ni muertes”, demandó.
Cabe indicar que la comunidad de Pumamarca vendió parte de sus tierras a la empresa MMG Las Bambas en abril del 2011. En esta negociación, llevada a cabo de manera muy asimétrica, el gran ausente fue el Estado, que no cumplió con un rol activo de acompañamiento a la comunidad ni como garante de derechos. No obstante, luego la comunidad planteo una renegociación de precios y formalización de compromisos, pedido sobre el cual la empresa no estaba de acuerdo. En el marco de ello se creó una mesa de diálogo, con la participación de la Defensoría del Pueblo, pero sin llegar a acuerdos a la fecha.
Además, acorde a lo afirmado por fuentes consultadas, en la zona que se señala como vendida, parte de la comunidad vendría desarrollando minería informal. “Eso es lo que nos calumnian, pero no es así. Nosotros somos mineros artesanales desde nuestros ancestros, no somos ilegales”, afirmó un comunero consultado por el OCM.
Por otro lado, según los estatutos vigentes de la comunidad de Pumamarca, en su artículo 82, esta área de Sallawi se considera “intangible y su finalidad es cultivar productos, pastos, forestar, etc., en proporciones iguales para cada comunero. Siendo prohibido su cambio de uso”.
En tanto, la empresa señala ser la titular de la tierra por la compra/venta y busca tomar el control de la misma, y en el marco de ello solicitó la presencia de la PNP para el desalojo.
Hasta el cierre de esta nota sigue la tensión en la zona y podrían ocurrir nuevos enfrentamientos, pues pese a que varias de las carpas han sido quemadas, los comuneros siguen resistiendo con su presencia en el área.
Al respecto, el director de CooperAcción, Abel Gilvonio, hizo un llamado a que las autoridades actúen respetando los derechos de las comunidades y eviten el uso desproporcionado de la fuerza policial. Así mismo, señaló que los canales institucionales, tales como la Defensoría del Pueblo y el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos, deberían tomar cartas en el asunto para que se retomen los canales de diálogo y se encuentren soluciones que respondan a las legítimas demandas de las comunidades.
