Tras dos elecciones, más de diez meses con el gobierno en funciones y decenas de reuniones y negociaciones infructuosas, el régimen del 78 no consigue superar la parálisis política. La crisis económica del capitalismo español, como hemos comentado anteriormente, se ha traducido inevitablemente en una crisis política y de legitimidad del sistema entero, de sus instituciones y de sus formas de gobernar.

La clase dominante ya no puede gobernar como lo ha hecho hasta ahora. Las palancas fundamentales con las que manejó el sistema desde la transición han sido el bipartidismo y su alternancia en el poder, apoyados cuando ha sido necesario en las formaciones nacionalistas burguesas que siempre se prestaron a garantizar la estabilidad parlamentaria. En las dificultades del PP para formar gobierno, vemos que uno de los grandes impactos de la crisis ha sido el anular esas palancas.

El claro retroceso del apoyo popular al bipartidismo imposibilita la simple alternancia. A esto hay que sumar las agresiones centralistas de la derecha españolista, que bajo el impacto de la crisis y el surgimiento de movimientos potentes por la autodeterminación, muestran como el PP se ha vuelto demasiado tóxico para las formaciones nacionalistas burguesas que antes les hubieran facilitado la investidura. Es una enorme crisis de gobernabilidad de la que difícilmente el gran capital va a encontrar una salida

El gran interrogante en la situación – y muy probablemente la clave que decidirá si veremos o no unas terceras elecciones – es qué va a hacer el PSOE. O sea, si a va facilitar la investidura de Rajoy.

Las presiones hacia una alguna de las variables de “gran coalición” han estado muy presentes en la situación durante los últimos meses y años. Y en cierta manera, una abstención por el PSOE que facilitara la investidura de un gobierno de derechas contendría un elemento importante de “gran coalición”. Y además, tras su abstención en la investidura, habría la misma presión para que se abstuviera en los primeros presupuestos de la derecha o en la primera ronda de ataques y contra reformas que un gobierno de este carácter inevitablemente procedería a implementar. Aunque lo intentarían, les va a costar mantener las manos limpias y evitar ser responsabilizados por las políticas de la derecha ante una situación así.

Está claro que Pedro Sanchez, igual que Felipe González y otros dirigentes de la socialdemocracia, no tendrían ningún problema político o principista en hacerlo. Al fin y al cabo, al no ver ninguna alternativa a la política de austeridad – la cual han implementado en el gobierno tanto al nivel estatal como en otros niveles – es un paso que tiene mucha lógica para ellos.

Sin embargo, a veces los intereses de clase – en este caso los intereses de la burguesía, que necesita un gobierno con mayoría estable y quiere evitar nuevas elecciones que traen el peligro de empeorar la situación del bipartidismo – y los intereses políticos chocan puntualmente. A pesar de las presiones públicas de muchas voces pro-PSOE, como las del grupo PRISA o del propio Felipe Gonzalez y otros, hay un sector del PSOE (quizás el más sensato políticamente) consciente de los peligros políticos electorales de facilitar un gobierno de la derecha. En tal situación, quizás la principal base del apoyo social del partido – que para muchos es el voto más útil para echar al PP – se vería gravemente minada. Pudiendo incluso acabar en una situación de Pasokizacion (el hundimiento de la socialdemocracia griega) para el partido.

Sin embargo, no se puede descartar para nada que las presiones de la burguesía acaben imponiéndose y por “responsabilidad de estado” – y quizás a cambio de concesiones – veamos a los diputados socialistas facilitando la investidura del PP.

Un gobierno de estas características sería de los más inestables de la historia democrática del estado español, basado en un equilibrio parlamentario muy débil y por eso más vulnerable a la movilización de la calle, que seguramente se le enfrentaría.

La única forma de desbloquear el camino en los intereses de la clase trabajadora tiene que arrancar de un gran repunte en la movilización, en las calles, en las empresas y en los centros educativos. Tras un intenso periodo de luchas entre 2011 y 2014, la atención de la mayoría durante el último periodo, ha virado más hacia el plano electoral.

Sin embargo, ese bajón en el nivel de movilización social tiene que acabar para que los intereses de la mayoría social se hagan sentir ante la posibilidad de un nuevo gobierno hostil con nuestra clase. Hayan o no nuevas elecciones, la movilización en masa del movimiento obrero y los movimientos sociales es esencial para las tareas de la izquierda en el próximo periodo.

Unidos Podemos, en frente único con otras fuerzas de la izquierda alternativa (como la CUP en Cataluña y EH Bildu en Euskadi) en todo el estado y los sindicatos, PAH, Mareas y organizaciones estudiantiles, deben centrarse en esa necesidad. Así se sentarían las bases de una nueva ofensiva de nuestro movimiento, que acabase con el bloqueo político y pusiera encima de la mesa la posibilidad de un gobierno de izquierdas y de los trabajadores con políticas socialistas revolucionarias, las únicas que pueden revertir toda la austeridad y sacar a la sociedad de la pesadilla del último periodo de crisis constantes.