Esta ley del 2×1 , que se pretende aplicar exclusivamente a genocidas y torturadores presos, fue elaborada en 1994, durante el gobierno de Menem. Su objetivo era frenar las revueltas y violencia carcelaria generadas por la dilatación del tiempo que pasaba la gente detenida sin juicio y sin sentencia firme. Esta ley fue derogada en 2001.
2×1, más impunidad para los torturadores
El gobierno de Macri, que ya viene haciendo concesiones –más que guiños– al aparato militar, ha sacado del cajón de los recuerdos esta ley para favorecer y rebajar los años de prisión a estos asesinos, que sí tienen sentencia firme. Además, con la excusa de la edad se les está permitiendo cumplir las penas en su domicilio.
Frente a esta impresionante respuesta popular, Macri ha tenido que declarar demagógicamente que no está de acuerdo con la impunidad. Pero el 2×1 no es una equivocación. Necesitan desmantelar todos los progresos que se realizaron en los últimos 10 años, sobre todo en lo que atañe a derechos humanos. Es obvio que este gobierno necesita de la represión y del miedo para imponer su política, que no es muy distinta a la que quiso imponer la Junta Militar en 1976. Es la política de la oligarquía, de los monopolios, de la banca financiera, en definitiva de la clase dominante de toda la vida en Argentina y en América Latina.
El 2×1 tampoco es una casualidad, se corresponde con toda su política económica y social, de privatización, de liquidación del aparato productivo o de aumento de la deuda externa: un 26% en el primer año de gobierno Macri, elevando la cifra total a 210.000 millones de dólares. En año y medio, la deuda pública supera el 51% del PIB a lo que hay que sumar la deuda del Banco Central que supera los 40.000 millones de dólares, con altas tasas de interés para alentar el ingreso de dólares especulativos.
El 2×1 ha sido como poner la guinda al pastel. Un paso más para tratar de intimidar al movimiento, después de su persecución a los docentes, elaborando listas negras de los participantes en las huelgas; del intento de devolver a sus antiguos patrones las fábricas expropiadas y dadas a los trabajadores; de rebajar la edad penal; de los allanamientos sin permiso judicial, sobre todo en los barrios pobres; de la violencia policial, del aumento del feminicidio consentido… Todo esto unido al control férreo de todos los estamentos del Estado, empezando por el aparato judicial donde algunos elementos son impuestos a dedo, como el juez de la Corte Suprema, Carlos Rosenkratz, antiguo abogado del grupo Clarín. O en la Cámara de Diputados nacional, donde Macri se rodea de elementos emparentados con los torturadores. Sin ir más lejos, tenemos al actual jefe del grupo parlamentario del partido de Macri, Nicolás Massot, sobrino de Vicente Massot, entusiasta de la dictadura cívico militar, imputado por el secuestro y asesinato en 1976 de dos trabajadores gráficos, y que sigue en laa calle, y a pesar de estar imputado la Corte Suprema le ha facilitado pasaporte para descansar 15 días en Alemania.
Desde el advenimiento de este gobierno reaccionario y cómplice de la dictadura, cada medida tomada ha sido contestada, y en los últimos meses de forma cada vez más masiva: los maestros y los estudiantes, el movimiento Ni Una Menos y el movimiento obrero, que tuvo la valentía de imponer su fuerza a la burocracia de la CGT obligándola a convocar una huelga general el pasado mes de abril. Todas estas luchas se han sintetizado en la movilización contra el 2×1, que arrastró a todos los sectores de la población, evidenciando un aumento de la conciencia y señalando cuál es el camino para tirar abajo un gobierno nefasto y corrupto: la organización, la lucha en la calle y la huelga indefinida.
