Sin demoras ni ambigüedades, el 20 de diciembre comenzó la batalla política que definirá el futuro inmediato de la Argentina. A diez días de asumido el mando, el gobierno de Javier Milei presentó un plan de reorganización nacional a través del Decreto de Necesidad y Urgencia titulado “Bases para la reconstrucción de la economía argentina”, de fuerte contenido neoliberal y que avasalla históricas conquistas democráticas. El anuncio fue precedido por la implementación de un protocolo represivo particularmente severo. Sin embargo, una masiva y espontánea protesta ciudadana rechazó de inmediato la prepotencia oficialista, ocupó la calle por sorpresa y dejó en ridículo la pretensión ordenancista del ejecutivo. La pregunta quedó planteada: ¿podrán el Parlamento y/o la Justicia ponerle un freno al atropello libertario?
Colectivo Editorial Crisis, 2-1-2024
Parte uno. electroshock
Con la presentación, el 20 de diciembre, del Decreto de Necesidad y Urgencia 70-2023 y seis días más tarde (27 de diciembre) del Proyecto de Ley denominado “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, el nuevo gobierno argentino demostró que no se conforma con imponer un ajuste feroz, cuyo paso inicial fue el paquete de medidas anunciado el 12 de diciembre por el Ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, que incluyó un 118% de mega devaluación de la moneda, entre otros puntos. El objetivo prioritario de la ultraderecha y sus aliados en el poder pasa por cambiar de raíz el modelo de acumulación y para ello requiere poner patas para arriba leyes y derechos fundamentales de la Constitución Nacional.
La diferencia con el gobierno del Frente de Todos (2019/2023), liderado por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, no puede ser mayor. Si la performance peronista-kirchnerista fue pura impotencia, los ultralibertarios son pura prepotencia. Si la administración anterior arrastró de principio a fin un lema implícito que afirmaba “no podemos hacer nada”, alegando una supuesta falta de consensos y relaciones de fuerza a favor, el famoso “es lo que hay”; Javier Milei, por el contrario, desde que asumió su mandato no deja de gritar “yo puedo y quiero absolutamente todo, y lo quiero ya”.
El nivel de audacia con el que pretende sacudir la escena política es inédita desde que se recuperó la democracia hace cuarenta años. Esta prepotencia no se resume solamente a un rasgo psicológico, sino que es una característica muy contemporánea de manifestación del poder. La prepotencia consiste en apelar a una fuerza que no necesariamente posee respaldo material, pero que se vuelve dominante debido a la convicción y a la seguridad con que se la ejerce. El principal recurso de esta -llamémosla- ficción es su poder de intimidación; su eficacia depende de la capacidad para recortar de manera drástica las posibilidades que una situación concreta ofrece. Abrumar a quien pretenda oponerse, imponiendo la sensación de que resulta inevitable.
El presidente manos de tijera
El punto 1 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) declara “la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025″. A partir de allí, los 366 artículos modifican 35 leyes y 6 decretos.
Las derogaciones y modificaciones afectan diversas áreas de la vida social, siempre en un sentido de desregulación favorable a las empresas privadas: desde la Ley de Alquileres, pasando por la de Góndolas, la Ley del Observatorio de Precios, la normativa que obstruía la privatización de las empresas públicas, el Sistema Nacional de Comercio Minero, la liberalización de las compras de tierras para extranjeros, las leyes de cuidado del ambiente, hasta cuestiones como la desregulación de los valores de la medicina prepaga, la precarización de la legislación laboral de raíz, entre muchísimos otros.
El nivel de detalle en la elaboración de la normativa revela que en su redacción participaron los bufetes de abogados de las principales compañías del país.
En el caso del Proyecto de “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” (Ley Ómnibus), consta de 664 artículos y, en consonancia con el DNU, el presidente solicita al Parlamento la suma del poder público a través de “delegaciones legislativas al Poder Ejecutivo nacional de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social”.
La Ley Ómnibus se mete en casi todos los ámbitos de la vida de las personas. El abogado y especialista en derecho público Gustavo Arballo dividió en 55 grandes temas el proyecto de Ley tomando como criterio general la separación en cada una de las leyes que se modificarían. Nombremos los temas más relevantes:
-Reorganización administrativa (privatización de empresas públicas, contratos vigentes, oficina anticorrupción, etc.);
-Reorganización y desregulación Económica (medidas fiscales, transferencias de inmuebles, operaciones de crédito público, bioeconomía, comercio de carnes);
-Seguridad y Defensa (organización de las protestas, resistencia a la autoridad, legítima defensa, etc.);
-Justicia (propiedad intelectual, juicio por jurados, traspaso de la justicia nacional a la ciudad de Buenos Aires, etc.);
-Ambiente;
-Capital Humano (cultura, educación, empleo público, etc.).
Derechos patronales
Pero quizás lo más impactante de ambas normativas son las transformaciones regresivas en materia laboral. Consultamos a Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas y Asesor del sindicato de trabajadores Aceiteros, y su opinión es taxativa: “Por su magnitud y en cierto sentido también por su profundidad, la reforma laboral que se efectúa a través de este decreto es solo comparable con la que hizo la dictadura militar en 1976”.
Para él hay dos fracturas esenciales: “La más profunda, porque pega casi en la estructura del derecho del trabajo, es la reforma del artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo que establece que se presume que hay una relación laboral en cada caso en donde una persona presta servicios para otra persona. El DNU lo que hace es establecer una excepción a ese principio general en el sentido de que si existe una locación de servicios o de obra regida por el Código Civil ya no se considera una relación laboral. Así, los trabajadores y las trabajadoras que son monotributistas y firman un contrato obligados por la necesidad o por el temor a perder el trabajo, ya son amparados por el derecho laboral, van a estar en manos del derecho civil como si estuvieran en igualdad de condiciones con el empleador. Vamos a un ejemplo. Yo te contrato a vos para venir a trabajar a mi estudio y te digo: bueno, facturame. Y vos sos monotributista, entonces me hacés una factura todos los meses. Yo te pago pero después, si te despido, vos vas a decirme que es un fraude laboral porque realmente cumplía una tarea que era de empleado. El artículo 23 presume que ahí hay una relación laboral. Si me hacías juicio, me lo ibas a ganar. Ahora el DNU agrega un párrafo que dice otra cosa: no es un fraude en caso de tratarse de un contrato de locación de servicios. Y es lo que yo voy a decir en ese caso, que te contraté para ciertos servicios profesionales”.
El otro gran foco de transformaciones es el avasallamiento de los derechos gremiales. Cremonte así lo explica: “Casi podemos decir que se prohíbe el derecho de huelga. Como si conscientemente el gobierno supiera que todas estas reformas estructurales van a generar protesta social y en el caso de los trabajadores medidas de acción directa, el decreto avanza restringiendo de manera nunca vista, salvo por supuesto en la dictadura militar, el derecho de huelga. Considera servicios esenciales a casi todas las actividades, lo que obliga a mantener guardias mínimas durante una huelga que no deben ser inferior al 75% de la dotación normal en algunos casos y al 50% en otros casos, con lo cual le resta absoluta efectividad. Introduce también como causal del despido justificado el participar de una huelga, si a criterio del empleador esto implicó un bloqueo o atentó contra el derecho de otro trabajador o trabajadora a trabajar. Es decir, unilateralmente el empleador va a poder caracterizar esa situación y despedir con causa a alguien”.
Como dice Cremonte, hasta el viernes último se consideraban esenciales los servicios sanitarios y hospitalarios; la producción y distribución de agua potable, de energía eléctrica y gas; y el control del tráfico aéreo. En estas actividades, si los trabajadores deciden hacer una medida de fuerza sindical deben garantizar el 75% de presencialidad. Desde la entrada en vigencia del DNU se convirtieron en esenciales los siguientes:
1-Los servicios sanitarios y hospitalarios, así como el transporte y distribución de medicamentos e insumos hospitalarios y los servicios farmacéuticos;
2-La producción, transporte y distribución y comercialización de agua potable, gas y otros combustibles y energía eléctrica;
3-Los servicios de telecomunicaciones, incluyendo internet y comunicaciones satelitales;
4-La aeronáutica comercial y el control de tráfico aéreo y portuario; incluyendo balizamiento, dragado, amarre, estiba y remolque de buques;
5-Servicios aduaneros y migratorios, y demás vinculados al comercio exterior;
6-Cuidado de menores y educación de niveles guardería, preescolar, primario y secundario, así como la educación especial.
Ahora bien, mediante el DNU el gobierno introduce otra categoría denominada “servicios trascendentales”, lo que significa que tienen que garantizar el 50% de presencialidad durante los paros. Se considera como servicio trascendental estas ramas laborales:
1-Producción de medicamentos y/o insumos hospitalarios;
2-Transporte marítimo, fluvial, terrestre y subterráneo de personas y/o mercaderías a través de los distintos medios que se utilicen para tal fin;
3-Servicios de radio y televisión;
4-Actividades industriales continuas, incluyendo siderurgia y la producción de aluminio, actividad química y la actividad cementera;
5-Industria alimenticia en toda su cadena de valor;
6-La producción y distribución de materiales de la construcción, servicios de reparación de aeronaves y buques, todos los servicios portuarios y aeroportuarios, servicios logísticos, actividad minera, actividad frigorífica, correos, distribución y comercialización de alimentos y bebidas, actividad agropecuaria y su cadena de valor;
7-Los servicios bancarios, financieros, servicios hoteleros y gastronómicos y el comercio electrónico; y
8-La producción de bienes y/o servicios de toda actividad, que estuvieran afectados a compromisos de exportación.
Pero la reforma laboral es más ambiciosa. Veamos un listado de puntos nodales introducidos en las flamantes normativas, que siempre fueron el sueño húmedo de los dueños de la Argentina:
–El período de prueba laboral se extiende de 3 a 8 meses.
-Los empresarios podrán flexibilizar la jornada de trabajo a través de convenciones colectivas. Es decir, pueden extender la jornada laboral de 8 horas diarias (máxima cantidad posible hoy) a 12 horas durante semanas, para después compensar a la siguiente con menos horas. Esto sería a gusto y piacere del empleador. Así se posibilita menguar el pago de horas extras y los francos compensatorios.
-En el rubro tercerización laboral, el decreto permite que si te contrata una empresa a través de otra empresa -las famosas tercerizadas- tu vínculo de trabajo lo tenés en primera instancia con la intermediaria y no con la compañía para la que efectivamente cumplís tareas. Si padecés un incumplimiento, primero le vas a tener que reclamar judicialmente a la tercerizada y después al empleador real. Esto puede provocar un festival de empresas contratistas a las que será difícil reclamarles por despidos y/o arbitrariedades.
-Las indemnizaciones sufren cambios importantes, siempre a favor de los empleadores. Pero además, las empresas pueden crear un fondo de cese laboral que consiste en la apertura de una cuenta que se alimentará con un aporte mensual (a cargo del dueño) del 8% como máximo de tu sueldo. Incluso pueden contratar a una empresa para que administre esa cuenta, quien te pagará si te rajan. La indemnización que debería ser una sanción para la empresa, es decir, un modo de desalentar los despidos, pasa a ser un negocio para el mercado.
-Sobre las licencias maternales: las mujeres gestantes hoy dejan de trabajar 45 días antes del parto, con el DNU pueden optar por laburar hasta 10 días antes del parto. No es que se pierden esos 35 días sino que pasan a gozarse en el post-parto. El punto es que habilita la presión de los empleadores para que se mantengan en funciones hasta más cerca del día de parto.
-Se crea la figura del trabajador independiente, cuya principal novedad es que puede contar con hasta cinco colaboradores sin que eso signifique una relación de dependencia laboral, lo cual diluye cualquier tipo de derecho laboral en las pequeñas empresas.
Para finalizar este apartado, vamos a analizar la grave situación de los trabajadores del sector público.
Un segundo decreto publicado el 23 de diciembre, titulado “Contrataciones de personal”, da de baja a todos los contratos de los empleados públicos iniciados el 1 de enero de 2023. Son alrededor de 7000 personas. A través de ese mismo decreto, se ordena la revisión de todos los contratos previos a esa fecha que no gozan del régimen formal del gremio público (planta permanente). Ahora el Ejecutivo tiene la potestad de evaluar su continuidad y la eventual renovación será trimestral y no anual como hasta el momento. Según informó la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), unas 65 mil personas serán sometidas al escaner permanente de las nuevas autoridades.
Por último, el proyecto de Ley Ómnibus incluye un punto crucial que puede significar un parteaguas para les laburantes estatales: de aprobarse, se crearía un Fondo de Reconversión Laboral para pagar durante 12 meses el salario de los empleados estatales que están en blanco, los de la “planta permanente”, cuyos puestos o áreas hayan sido eliminadas por el presidente. Si esos empleados no logran reubicarse en otro destino del propio Estado o en el ámbito privado (a las empresas se les otorgarían beneficios impositivos si contratan a esos agentes estatales) durante ese año de gracia, serán despedidos de manera justificada con el pago de una indemnización.
Guerra y capital
Un aspecto poco analizado de la ofensiva libertaria es la puja que desata al interior de los sectores dominantes. Mónica Peralta Ramos es una brillante analista de estas tensiones del capital y por eso le pedimos su lectura sobre las consecuencias de las normativas propuestos por el gobierno de Milei: “Lo primero que provoca es una brutal transferencia de ingresos inmediata, que va desde sectores medios y populares hacia un puñado de corporaciones locales con inserción multinacional, entre las cuales se destacan los tres grupos de la patria contratista que son Techint, (Eduardo) Eurnekian [Corporación Aeropuertos Argentina 2000] y (Eduardo) Elsztain [grupo IRSA]. Pero también se prenden otros empresarios particulares y de menor peso o peso relativo diferente. Lo interesante es que se trata de un conjunto de medidas que no tiene una dirección común, o sea no aparecen grupos de la patria contratista empujando por sí mismos, sino que son réplicas de lo que lo que viene pasando hasta ahora: es un todos contra todos en el que sobresale la ley del más fuerte”.
La socióloga especializada en asuntos económicos, autora de un libro canónico titulado Etapas de acumulación y alianzas de clase en la Argentina (1930- 1970), afirma que la devaluación benefició más a los grandes formadores de precios que venían aumentando constantemente y especialmente a los de insumos difundidos y a las grandes alimenticias: “Esto fogonea la pelea de otras corporaciones para poner al día sus precios y ambos procesos se potenciarán aún más con las siguientes medidas: un aumento de los precios de la energía tremendo a corto plazo y un dólar oficial creciendo solo al 2% hasta abril. Este desajuste entre la formación de precios y la evolución del dólar oficial, impulsa la corrida hacia el dólar, que a su vez se alimenta con la existencia de dólares frescos en el Banco Central gracias a lo logrado hasta ahora con las medidas iniciales”.
Lo curioso, según Peralta Ramos, es que el gobierno gracias al paquete de ajuste anunciado por el ministro Caputo, el DNU 70/2023 actualmente vigente y la posibilidad de aprobación de la Ley Ómnibus, (sobre) cumple las medidas que el Fondo Monetario Internacional (FMI) no había logrado imponer hasta el momento: profundización de la primarización de la economía y control monopólico y extranjerizado, especialmente de los recursos estratégicos. En este contexto, la investigadora pone el foco en la próxima liquidación de la cosecha: “El Gobierno cree que con todo esto llegan a la liquidación, pero es altamente posible que los exportadores no liquiden ante la inflación y la corrida, a la espera de una nueva devaluación. Es decir, están siendo incentivados a no liquidar; mientras que los importadores están siendo intimados a estoquear mercadería. Es lo que ha ocurrido en todos los tiempos desde el terrorismo de Estado para adelante”.
Finalmente, advierte que si las medidas de ajuste que se han tomado y el decretazo funcionan, el Gobierno podrá dolarizar a precios de remate con aportes del Tesoro, el FMI y dos grandes bancos americanos que están detrás del Plan Caputo, a lo que se sumaría -si es que ocurre- las liquidación de divisas de los exportadores. “Otro aspecto del salto devaluatorio es la licuación de las Leliqs y de los activos del país, que es crucial para llegar a esa dolarización. Entonces, la dolarización sería un fantástico chaleco de fuerza para el conflicto social y para la pugna entre sectores de la patria contratista; sería una limitación a la formación de precios locales y a la competitividad de las exportaciones; y tanto exportadores como formadores de precio y el mercado financiero quedarían sometidos a la política de la Reserva Federal. Los exportadores estarían limitados por la falta de competitividad de los precios de sus exportaciones y el mercado financiero totalmente sometido a las tasas de interés de la Reserva”.
Los bienes comunes al mejor postor
Con la misma intensidad con la que atacan a la clase trabajadora, tanto el DNU como la Ley Ómnibus arremeten contra los bienes naturales. El retiro del estado en esta área tan sensible es abismal.
En primera instancia, el DNU anunciado por cadena nacional deroga la Ley de Tierras Rurales, que data de 2011 y significó desde entonces un freno a la extranjerización del territorio. Un caso paradigmático que pudo colarse antes de esa regulación es el del magnate inglés Joe Lewis, quien compró 8 mil hectáreas que bordean al Lago Escondido, en la Patagonia, en 1996, lo que significó la cuasi privatización de ese bien común. El emblema, sin embargo, es la familia italiana Benetton con sus 900 mil hectáreas también en el sur patagónico. A partir de la derogación nuevos casos similares serán posibles, porque además se sustrajo el límite de venta de hectáreas a extranjeros. Según el Registro Nacional de Tierras Rurales, el ranking de la extranjerización estaba encabezado por empresas norteamericanas (2,7 millones de hectáreas en todo el país); italianas (2,1 millones de hectáreas) y españolas (con 1,8 millones).
En segundo lugar, el polémico Decreto deroga la Ley N° 24.523 del Sistema Nacional de Comercio Minero, y la Ley N° 24.695 del Banco Nacional de Información Minera, lo cual aporta más bruma a una actividad que de por sí tiene pocos controles. Un informe detallado de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas da cuenta de la ironía implícita en la norma.
En cuanto al sector energético, el DNU deroga 6 leyes y deja sin efecto 21 artículos de la Ley N° 27424, que incentivaba la energía renovable.
La Ley Ómnibus, por su parte, aporta pinceladas finas a la entrega. Hay dos regresiones en materia ambiental que se destacan: la Ley de Bosques (2007) que significó un freno al desmonte desaforado al servicio del avance de la frontera agroindustrial, y la de Glaciares (2010), que abre la puerta a la actividad minera en suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. Ambas normativas fueron conquistadas luego de años de lucha y con alto apoyo social, y ahora pretenden ser borradas de un plumazo.
Otra: se introducen modificaciones estructurales al Régimen Federal de Pesca, que eliminan beneficios para barcos nacionales, y la obligatoriedad de desembargo de productos pesqueros en puertos argentinos.
Por último está el caso de los hidrocarburos, que fue estudiado detalladamente por el Observatorio Petrolero Sur. Según el investigador de ese colectivo, Esteban Martine, cambia el objetivo de “satisfacer las necesidades de hidrocarburos del país con lo producido en sus yacimientos”, por la misión de “maximizar la renta obtenida”. En síntesis, establece libertad para comercializar sin priorizar el mercado interno, elimina cualquier tipo de regulación de los precios, disuelve las preferencias para la empresa estatal, libera las exportaciones. “De aplicarse se puede llegar al ridículo de que una empresa exporte sin que se garantice el abastecimiento interno, y otra (o la misma) importe y cobre a precio dólar a las distribuidoras, que a su vez le impongan precios a los usuarios”.
Enrique Viale, integrante de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AADEAA) resume el sentido de estas alarmantes modificaciones: “En materia socioambiental se mete con la columna vertebral de la legislación ambiental argentina, leyes que nacieron en las calles, que nacieron en mucho debate público, años de juntas de firmas, reuniones y debates muy acalorados en el Congreso Nacional, y que chocaban con lobbies enormes. Estamos hablando de la ley de bosques y la ley de glaciares. Ahora viene un presidente que a medida de las grandes corporaciones (la verdadera casta, la casta internacional, la casta petrolera, la minera, el agronegocio) les hace leyes a medida, y reforma normas a medida, pero pegándole en el corazón de cada una de ellas y dejándolas muy debilitadas. Nos parece clave luchar contra esto, no es una cosa más, está en juego nuestra democracia, son las leyes más simbólicas del movimiento socioambiental. Si retrocedemos en esta, será muy difícil después volver a tener una conciencia ambiental en el país”.
El nacimiento de un tirano
Hasta aquí nos dedicamos a desmenuzar el contenido de la avanzada normativa propuesta por el gobierno de Javier Milei. Detengámonos un momento en la cuestión formal. En la notable apropiación por parte del Ejecutivo de atribuciones que corresponden al Poder Legislativo.
Durante estos días se tornó viral el video de un fragmento del debate presidencial celebrado en el marco de la campaña electoral de este año, en el que el ahora presidente cuestiona a la candidata de Juntos por el Cambio, la hoy ministra de Seguridad Patricia Bullrich, por advertir que derogaría leyes a través de decretos. Le preguntó si acaso ella quería implantar una dictadura. Exactamente lo que él hizo a diez dìas de iniciado su gobierno.
Sobre este tema conversamos con uno de los periodistas políticos más relevantes del país, el historiador Carlos Pagni. La reflexión de quien quizás sea la principal firma del histórico diario pro establishment La Nación resulta doblemente valiosa porque supone un debate al interior del campo liberal, que puede ser clave en la etapa que se abre. Veamos lo que nos comentó: “La primera pregunta es si estamos ante algo meramente instrumental: un gobierno que se propone realizar un ajuste macroeconómico ortodoxo, que reclama medidas muy drásticas, interpreta que se lo votó para eso, pero carece de los instrumentos institucionales para hacerlo, es decir carece de fuerza parlamentaria. Por lo tanto, tiene que recurrir a los instrumentos que le da la Constitución para resolver esa contradicción entre una gran exigencia político-administrativa y una gran indigencia institucional. Ahora, hay algunos rasgos que nos hacen dudar de que sea algo meramente instrumental. Lo primero es el alcance de estas medidas, que aspiran una especie de remodelación total de la vida pública, de la vida del Estado, de la relación entre la gente y el Estado, con un espíritu diríamos revolucionario, que consiste en aplicar a la realidad un concepto, un diseño mental. Y, por otra parte, hay una estética y una retórica que rodea a estas medidas normativas. No podemos desconectar el decreto de necesidad y urgencia del discurso inaugural de Milei hablando de espaldas al Congreso, como si el Congreso fuera la guarida de una clase política que es la responsable de los cien años de decadencia que él viene a corregir. Todo esto pone a estas medidas en el horizonte de una concepción populista del poder, en el sentido más estricto, es decir, una concepción del poder que entiende que la única legitimidad la tiene el líder que recibe el mandato popular. Esta idea en Milei, es una idea muy intensa que bordea lo religioso. Estamos en presencia, entonces, de algo muy novedoso que no vimos con Menem, ni vimos con Macri, que es una derecha que se auto interpreta como superior moralmente. Lo hace en nombre de los argentinos de bien, en nombre del bien. Esta superioridad moral, que habitualmente se le atribuye a la izquierda, ahora la vemos encarnada en un grupo político de derecha, que se ve a sí mismo como liberal y que tiene rasgos muy propios de la tradición liberal argentina, que es una tradición que paradójicamente, o contradictoriamente, confía mucho en la concentración de poder y confía mucho en el Estado. Y esta es una característica que se remonta para algunos historiadores hasta el siglo XVIII, hasta la época de los Borbones. Lo que nos queda por saber es qué reacción va a haber ante esto. Hay un libro que está muy de moda, que se titula Síndrome 1933, de Sigmund Ginzburg, que habla de lo que pasó en Alemania en 1933. Dice que la República de Weimar terminó el día que los jueces no fueron capaces de recusar las medidas de emergencia que había encarado el gobierno flamante en aquel momento de Adolf Hitler. Sin exagerar las comparaciones, la escena está compuesta de muchos actores: no sólo de Milei y sus decretos”.
Pagni alude en el tramo final de su reflexión a la respuesta que es dable esperar por parte de los poderes judicial y legislativo, en el marco de una República. Pero sobre este particular vamos a profundizar en la tercera parte del informe.
Parte dos. la resistencia asoma
Una de las piezas principales de la prepotencia oficialista es “el Protocolo anti-piquetes” presentado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el 14 de diciembre en conferencia de prensa. Ese mismo día se publicó en el Boletín Oficial, con nombre oficial “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación”. Y fue duramente cuestionado por destacados organismos de derechos humanos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Pero su presentación en sociedad fue pautada para el 20 de diciembre, jornada en la que se celebra la histórica rebelión ciudadana que tuvo lugar en el año 2001 contra el antipopular gobierno de Fernando de la Rúa. Para recordar aquel acontecimiento, cada año las organizaciones de izquierda organizan una marcha en el centro porteño. Esta vez era una cita de honor. Había que demostrarle al gobierno de ultraderecha que no iban a lograr amedrentar a la protesta.
No fue tarea fácil. Quienes viajaron en tren a Capital Federal para participar de la movilización, debieron escuchar por los altoparlantes de las estaciones el amenazante audio del ministerio de Capital Humano: “El que corta no cobra”, decía. El mensaje estaba dirigido a quienes perciben un programa social y fue reproducido también en las pantallas de información, en la app MiArgentina y en carteles pegados en las paredes. Hubo un plus: se habilitó la línea 134 para denunciar si algún beneficiario estaba siendo obligado por las organizaciones a movilizarse, bajo pena de perder la asistencia. Algunos días más tarde se sabría que la invitación oficial a delatar irregularidades había sido un fracaso.
Desde las primeras horas de la mañana, quienes acudieron en colectivos de línea desde el conurbano difundieron videos en los que se veían controles de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), algo inédito y altamente agresivo. La policía subía, revisaba si tenían carteles o remeras de organizaciones políticas, y los filmaba sin motivo aparente.
Mientras tanto, efectivos de las fuerzas federales (Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y PSA) se apostaron en diferentes puntos de acceso con la intención de impedir la movilización, pautada a las 15 horas. Y la ministra Bullrich junto al presidente Milei difundieron imágenes donde se los veía en la “sala de situación” del Departamento General de la Policía de la Ciudad, monitoreando con actitud bélica la protesta pacífica.
La tensión se incrementó cuando las columnas de manifestantes que se acercaban a la Casa Rosada crecieron hasta el punto de cortar la calle. La Policía no pudo evitarlo, pero hubo forcejeos y dos personas fueron detenidas: Héctor Adolfo Ganzo, de 63 años, integrante del Polo Obrero, al que se le inició una causa por “desobediencia”; y Ulises Nicolás Fernández, de 25 años, que quedó arrestado por “atentado, resistencia a la autoridad y lesiones”.
A las 16 horas unos 15 mil manifestantes escucharon el documento que se leyó en la Plaza de Mayo. Nacho Levy, integrante de La Poderosa, destacó la protesta “por la masividad, responsabilidad y compromiso pacífico de la dirigencia”. Remarcó que hubo un “despliegue espectacularizado de la Policía”, con una cantidad innecesaria de provocaciones que les manifestantes no respondieron. “Sobre Avenida Belgrano la policía empezó a presionar a la gente contra la pared, se buscó por todas las vías que se desmadrara, pero no lo lograron”, aseguró.
La vuelta de las cacerolas
Luego de las escaramuzas, esa misma noche a las 21 horas, Javier Milei hizo público en cadena nacional el DNU 70/23. La reacción popular fue inmediata, sorpresiva y espontánea: en la Ciudad de Buenos Aires brotaron cacerolazos primero en las casas y balcones, luego la ciudadanía se volcó a las esquinas, y finalmente una multitud se desplazó hacia los centros del poder político a manifestar el descontento. Un masivo corte se realizó en la Plaza de los dos Congresos, hasta pasadas las 3 de la madrugada.
Carola Gómez, historiadora, 55 años, llevaba una espátula y una cacerolita mientras enfilaba por Entre Ríos hacia el Congreso. Ya tenía pensada la excusa por si la detenían con el protocolo Bullrich, al que consideraba un virtual estado de sitio: “Voy a decir que estoy haciendo una torta”. La gente se colgaba de las rejas del Parlamento, se agolpaba en la explanada, subía a los postes y a los kioscos de revistas. Sonaban cánticos nuevos y remixes de los clásicos: “La patria no se vende”, “Milei, basura, vos sos la dictadura” y “Paro general”.
Jhon Pineda, con una mochila de PedidosYa en la espalda y la cara cubierta con un casco de bicicleta, filmaba con incredulidad toda la escena subido a una reja sobre la calle Yrigoyen. Este venezolano de 39 años que hace ocho vive en la Argentina nunca había visto una marcha así. No quiere que se derogue la Ley de Alquileres. “A nosotros, los inmigrantes, nos mata”, dice a crisis. “Los propietarios nos cobrarían lo que quieran y en dólares”. Tampoco acuerda con que las medidas se hayan tomado “de un plumazo”: cree que Milei es un autoritario. “Yo siempre dije que era como un Chávez de derecha”.
Amparo, que tiene 25 y trabaja en una empresa de recursos humanos, exigía al máximo sus cuerdas vocales mientras golpeaba una botella de agua con la mano: su improvisada cacerola. “Solamente tengo esta botella, mis manos y mi voz, que casi perdí completamente”, nos dijo. “Y lo hice con gusto, incluso si mi trabajo consiste básicamente en hablar por teléfono. No me importa nada”. Argumenta que el DNU es inconstitucional, que ataca los derechos más básicos y que Milei es un violento. “Matar a la gente de hambre y quitarles el techo, y el absurdo y vergonzoso despliegue de la Gendarmería y la Policía hoy es una muestra de violencia”.
El historiador Ezequiel Adamovsky estuvo en los cacerolazos de diciembre de 2001 y también se sumó a estos, 22 años después. Al día siguiente publicó sus impresiones en un artículo titulado “El regreso de las cacerolas”. Hablamos con él en busca de explicaciones: “Acaba de ganar un candidato que despertó esperanzas en un sector importante de la población y en la medida en que esas esperanzas se vean frustradas, que obviamente va a suceder de acá a poco, los cacerolazos van a ser la expresión de un sector de la población, aunque aún no tienen la característica disruptiva que tuvieron en 2001”, dice a crisis.
Durante la intempestiva protesta nocturna no hubo ninguna respuesta policial concreta. Unos pocos patrulleros rondaron la zona y algunos agentes de tránsito cortaron las calles a unas cuadras del Congreso para evitar el avance de vehículos hacia la zona. El protocolo antipiquetes había fracasado estruendosamente el mismo día de su promocionada presentación en sociedad.
Córdoba y rosario despertaron
Al día siguiente, 21 de diciembre, los cacerolazos tronaron en otras ciudades del país. La primera protesta masiva contra Milei en Córdoba terminó con cinco detenidos, incluido un periodista que se había identificado como tal. La policía provincial disparó balas de gomas y gases lacrimógenos.
En Rosario, la movilización contra el DNU juntó muchísima gente en el Monumento a la Bandera, mientras se escuchaban cacerolazos en el centro de la ciudad en rechazo a las medidas del gobierno. El Concejo Deliberante aprobó una resolución de rechazo al Decreto presidencial, impulsado por los concejales de Ciudad Futura, casi en paralelo a las marchas.
“Se trata de que lo que generamos en las calles vaya teniendo un repliegue desde la institucionalidad”, dice Caren Tepp, referente del partido municipalista que estuvo a punto de ganar en 2023 la intendencia. Hace diez año que la concejal y su espacio hablaron de una “democracia bloqueada”. Hoy, Milei intenta desbloquearla “por arriba”. Sin embargo, considera que puede anidar una oportunidad en el hecho de que todo esté puesto en discusión: “enemos que definir si vamos a defender para reconstruir el sistema existente que nos trajo hasta acá o si nos animamos a pensar nuevos modelos de sociedad para nuestro país, basados en la solidaridad y la cooperación”, dice. Tepp cree, para tal propósito, se debe tejer una plataforma común que articule luchas que hoy parecen “fragmentadas, sectoriales y desarticuladas”.
Y completa: “Si hoy la democracia está siendo atacada desde arriba es necesario poder defenderla desde abajo”.
Marcha de la CGT y paro
Los cacerolazos y la ocupación de la calle por el descontento operó como un click para destrabar la contractura y la inercia que inmovilizan a los grandes actores organizados del campo popular. El miércoles 27 la Confederación General del Trabajo convocó a una movilización al Palacio de Justicia de la Nación, acompañando la presentación de un amparo para declarar inconstitucional el DNU, que intenta limitar los derechos laborales. Fue otro desafío al protocolo de Bullrich.
Esta vez sí se movilizaron los movimientos sociales mayoritarios pero lo hicieron sin distintivos y fue una marcha a media máquina: no se tiró toda la carne al asador. Las conducciones de las organizaciones gremiales (varias de ellas en plena negociación) pidieron a sus integrantes ir sin ropa de trabajo o distintivos. Y convocaron principalmente a los delegados y delegadas.
La manifestación fue convocada a las 11 y no hubo oradores. Se leyó un documento consensuado y se retiraron rápidamente. Durante la marcha no hubo represión contra los manifestantes, pero en la desconcentración se produjeron algunos escarceos y hubo cuatro detenidos a varias cuadras de la locación del acto. La cantidad de efectivos concentrados casi igualaba a quienes protestaban.
El caso de Martin Brunas, encargado de la prensa de la Central de Trabajadores Argentinos, fue registrado por un video en el que se lo ve filmando, sin cometer ningún tipo de delito, cuando un agente policial lo agarra desde atrás y junto a otros efectivos lo reducen en el suelo.
Al día siguiente, luego de una larga reunión del Comité Central Confederal, su máximo órgano ejecutivo, la CGT convocó a un Paro General con movilización para el 24 de enero, contra el mega DNU de Javier Milei. La central obrera más grande de la Argentina resolvió llevar adelante la medida de fuerza en esa fecha, para presionar al Parlamento que durante esos días debería tratar el Decreto. También reclamarán contra la Ley Ómnibus. El último paro general de la CGT fue en mayo de 2019, durante la presidencia de Mauricio Macri.
Uno de los pocos dirigentes políticos de primera línea que participó en la manifestación convocada por la CGT y los movimientos sociales fue Juan Grabois, pre-candidato a presidente del peronismo en las elecciones primarias de agosto pasado y referente del partido Patria Grande. Al momento de concluir la protesta fue entrevistado por los medios de comunicación que se encontraban en el acto y desplegó fuertes críticas a las propuestas del gobierno, denunció que de aprobarse el presidente podría convertirse en tirano y cuestionó a los principales dirigentes de la oposición por no participar de los rechazos callejeros.
Hablamos con él para este informe sobre qué tipo de estrategia puede ser la más conveniente durante los próximos días: “Todavía el deterioro material en las condiciones de existencia de las clases medias y bajas de la Argentina no ha pegado de lleno, y si bien los sectores organizados tienen reserva y capacidad de lucha, todavía no hay una masificación del repudio”, nos comentó. “Los que tienen una obligación principalísima hoy son los dirigentes políticos”. Para Grabois, es imperativo que el peronismo, la izquierda y sectores de Juntos por el Cambio y de la Unión Cívica Radical luchen para que el DNU no se apruebe, de manera coordinada o dispersa, eso no importa. Para el dirgente social, tanto el DNU como la Ley Ómnibus son “leyes de demolición del estado social argentino y del régimen republicano, representativo y federal” y no deben pasar las instancias constitucionales”, es decir, el Congreso y la Corte Suprema.
“Pobreza más autoritarismo es la consolidación de un esquema represivo que viola todos los estándares internacionales de Derechos Humanos, incluso nuestra constitución”, dice. “Frente a esto hay que tener una posición inteligente, equilibrada, pero de firme oposición a la instalación de una suerte de totalitarismo policial en la Argentina”.
Parte tres. tocar la puerta de las instituciones
En la tercera sección del informe analizaremos cuál puede ser el desenlace de esta primera y fundamental batalla política propuesta por el gobierno de Javier Milei. En el centro de la disputa aparece el Decreto de Necesidad y Urgente propuesto por el gobierno de ultraderecha el pasado 20 de diciembre. La resolución sucederá durante el verano austral y se define en dos escenarios principales:
Por una parte en el Poder Judicial, que deberá decidir en lo inmediato si suspende su aplicación o confirma la vigencia, decidiendo sobre la constitucionalidad de la norma;
Al mismo tiempo, el Congreso Nacional se prepara para tratar el Decreto propuesto por el Poder Ejecutivo, que se apropia de atribuciones que corresponden al Parlamento.
¿Podrán ponerle las instituciones republicanas un freno a la prepotencia presidencial? ¿Querrán realmente hacerlo?
La trama cautelar
Doce días después de la publicación del DNU en el Boletín Oficial, había ya más de veinte presentaciones judiciales para intentar detener su vigencia, en los fueros “contencioso administrativo federal” y “laboral”, más una demanda directa a la Corte Suprema de Justicia. Algunas de estas presentaciones atacan al decreto en general, otras lo hacen en representación de colectivos sociales afectados por las reformas que se introducen. Este último es el caso de las demandas iniciadas por la Confederación General del Trabajo (CGT), la organización Inquilinos Agrupados, la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas y la Confederación Farmacéutica Argentina, entre otras. Las solicitudes exigen que la aplicación del decreto sea suspendida por una medida cautelar y que se declare la inconstitucionalidad y nulidad.
Hasta el momento, algunos jueces abrieron el trámite, pero sin conceder aún la cautelar. El último día hábil de 2023, el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, quien representa al Poder Ejecutivo en el litigio, pidió que todas las demandas se acumulen en el contencioso federal (y más precisamente en el juzgado a cargo de Esteban Furnari), un ámbito al que se suele llamar “el fuero de la gobernabilidad”. El juez laboral, José Ignacio Ramonet, que debe tramitar la causa iniciada por la CGT, sin embargo defendió su competencia y denegó el pedido de Barra. Este cruce abre un conflicto por la competencia, en el que ahora debe intervenir la Cámara en lo Contencioso, un adelanto de la verdadera maraña judicial que veremos desplegarse. Por su parte, el juez Furnari rechazó abrir la feria para tratar la demanda, tal y como hizo la Corte Suprema con la presentación realizada por la provincia de La Rioja: va a ser una maraña en cámara lenta.
Los argumentos principales para impugnar la constitucionalidad del intento del presidente Milei de hacer uso del DNU para refundar el país, pueden agruparse en tres grandes ejes:
-El Poder Ejecutivo se arroga facultades del Poder Legislativo, lo cual está expresamente prohibido por la Constitución Nacional. O sea: el DNU no respeta la división de poderes y se apropia de esta atribución respecto a decenas de leyes, lo que implica una expropiación masiva de facultades que son de lxs legisladores.
-La Constitución Nacional le otorga al presidente o presidenta la facultad de dictar decretos de necesidad y urgencia, pero en determinadas condiciones que el DNU 70/23 no cumple. La principal de estas condiciones es “la emergencia”, es decir una circunstancia excepcional que impida el proceso legislativo. La amplitud de las reformas introducidas por el DNU hace estallar este principio por los aires. Y la convocatoria a sesiones extraordinarias parlamentarias por parte del Ejecutivo confirma que el ámbito para innovar en materia legislativa está en funcionamiento.
En resumen: si el DNU se aplica estaríamos aceptando un cambio de la Constitución Nacional a través de un decreto presidencial. El inicio formal de un camino que conduce a la autocracia.
El tercer eje de los cuestionamientos está vinculado con los contenidos de las reformas introducidas por el DNU: una gran cantidad de las medidas reforman leyes en un sentido regresivo para los derechos humanos, económicos, sociales y culturales. Es el caso de la derogación de la ley de alquileres, de la desregulación de la medicina privada, de los cambios en el sistema de acceso a los medicamentos y su control de precios, de las reformas laborales, entre otros. Estas modificaciones violan el principio de no regresividad en materia de derechos, que está asentado en la jurisprudencia de la Corte Suprema, y en las convenciones internacionales de derechos humanos.
La gran pregunta es qué hará el poder judicial con esta batería de argumentos que parecen contundentes. Por ahora, reina la incertidumbre. En especial, respecto a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Diego Morales, director de Litigio y Defensa Legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), desde donde también se presentó una demanda, reflexiona ante nuestra consulta: “La Corte Suprema podría intervenir por el recurso de salto de instancia o per saltum, ahí la Corte tiene otra espalda para resolver el caso. Eso dependerá mucho del tipo de lugar que quiera ocupar el tribunal en esta etapa histórica: podría asegurar mejores condiciones para que el debate que se dé en el Congreso lo sea sin el DNU aplicable. Es decir, suspenderlo. La jurisprudencia previa de la Corte Suprema sugiere una respuesta de este tipo, más proactiva, deferente de las reglas de la Constitución que aseguran que el órgano que regula los derechos es el Congreso y no el Ejecutivo”.
Horas después, la Corte dio señales: a pesar de la evidente transformación en curso de las reglas de la República, avisó que recién a partir de febrero (cuando concluyen las vacaciones de su venerable casta) le dará tratamiento al asunto. Resta despejar la incógnita, cuando el año judicial comience, sobre si el máximo tribunal continuará con la tradición de hacer respetar la Constitución, o si en este momento histórico la decisión será otra.
Lo cierto es que el DNU finalmente entró en vigencia el sábado 30 de diciembre, sin que ninguna instancia judicial se haya dignado a interrumpirlo. Un inquietante dilema aparece en el caso de que dentro de unos días, o semanas, el Parlamento y/o la Suprema Corte rechacen el DNU. ¿Qué ocurrirá con un inquilino a quien le redactaron el nuevo contrato con aumentos mensuales o a quienes le desconocieron sus contratos previos a pesar de que la ley no es retroactiva? ¿Qué pasa si un extranjero ya compró miles de hectáreas en el sur del país? ¿O los despedidos a los que se les computen sus indemnizaciones según la normativa que emana del DNU? ¿Y los aumentos de las prepagas volverán a la escena anterior? Todo parece indicar que una avalancha de litigiosidad taponará los juzgados federales en ese caso.
La rosca del pueblo
Todas las miradas estarán puestas ahora en el Congreso de la Nación, que es el poder del estado al que la enjundia presidencial le sustrae atribuciones. Y donde además, el oficialismo está en una amplísima minoría.
Aquí aparece algo clave para comprender en qué consiste la prepotencia de la ultraderecha: el gobierno de Javier Milei es en realidad más frágil de lo que aparenta. Conviene recordar que La Libertad Avanza perdió la elección general celebrada el 22 de octubre, es decir salió segunda con apenas el 29,9% de los votos, por lo que su representación parlamentaria es escuálida: cuenta con apenas 38 diputados de un total de 257; y 7 senadores de un total de 72. Aun así logró acaparar la presidencia de las dos Cámaras en la primera sesión del nuevo Congreso, ubicando a Martín Menem a cargo de Diputados y a Victoria Villarruel en la titularidad del Senado, lo que le permite controlar los procesos administrativos concretos.
Y esto fue posible debido a un segundo dato no menor para dilucidar el debate que vendrá: la oposición política está sumida en la impotencia, apabullada, sin energía ni talante para reaccionar. Ese es el gran dique que solo la calle puede romper.
Técnicamente, para dejar sin efecto el DNU presidencial el rechazo debe ser votado por la dos Cámaras parlamentarias, un criterio exigente impuesto por el kirchnerismo en 2006, cuando precisaba hacer uso de los decretos para su propia causa. Según la Ley 21.622, el Jefe de Gabinete deberá enviar el Decreto en un plazo máximo de diez días corridos desde su publicación en el Boletín Oficial (que fue el 20 de diciembre), para que sea tratada por la Comisión Permanente de Trámite Legislativo en un plazo máximo de diez días hábiles. A partir de ese instante, los plenarios de Diputados y Senadores podrán dar su veredicto. Los cálculos ubican a la semana que comienza el 22 de enero como el momento indicado para la definición.
La Comisión de Trámite legislativo es bicameral y está integrada por 8 diputados y 8 senadores. También es permanente, pero se conforma cada año otra vez (aquí podés leer el Reglamento). Por eso, lo primero que debe suceder es que se constituya para el período 2024. El jueves 28 de diciembre Germán Martínez, presidente del Bloque de Diputados peronistas, pidió formalmente que se designen de manera urgente a los nuevos comisionados. Al día siguiente la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, designó a los representantes de la Cámara Alta para dicha comisión. Son tres de Unión por la Patria, dos pertenecen al peronismo federal, un libertario, el cordobés Luis Juez (de la escudería macrista) y un radical. A juzgar por las declaraciones públicas, cinco de ellos están en contra del DNU, es decir la mayoría. Ahora falta la designación de los diputados, que debe ser inminente y donde la relación de fuerzas sería similar.
Van a ser días de presiones y debates álgidos, realmente decisivos. Un verdadero juego de póker, en el que por el momento reina la desorientación y la incertidumbre sobre cuál podría ser el resultado. Amanda Alma es una experimentada reportera de Radio Nacional en los vericuetos parlamentarios, donde se desempeña desde 2010. A ella le pedimos su pronóstico: “Realmente no me animaría a pronosticar qué puede suceder con el DNU 7023 en el Congreso, porque Argentina ha dado muestra de gran creatividad política para torcer voluntades de legisladores cuando los gobiernos quieren aprobar leyes que son antipáticas para las grandes mayorías. Pero sí avizoro que un lugar más factible para que el oficialismo de La Libertad Avanza consiga el acompañamiento para aprobar este Decreto, es el Senado, donde el pasado 13 de diciembre la vicepresidenta Victoria Villaruel demostró capacidad para reunir a 39 legisladores, en su gran mayoría de las provincias. Hay que decir que ninguna provincia está gobernada por La Libertad Avanza y muchas dependen de los fondos del Estado Nacional para la continuidad de sus actividades cotidianas, así que el factor económico va a jugar un peso específico. Aunque hay que decir también que la mayoría de los legisladores que están en el Senado de la Nación no representan directamente a algún gobernador, debido a la diversidad de gobernadores de distintos partidos políticos, por lo que puede haber sorpresas en el sentido de un rechazo a la iniciativa. En la Cámara de Diputados es más complejo lograr el número para el oficialismo, principalmente porque ha habido pronunciamientos públicos de la mayoría de los sectores en rechazo de la forma más que nada, es decir por el hecho de haber modificado tantas leyes por DNU. En definitiva, el desenlace es incierto y se torna imposible de arriesgar un resultado por la dinámica que adquiere hoy la vida pública en Argentina”.
Conversamos también con uno de los senadores designados por la oposición para la Comisión de Trámite Legislativo, quien nos pidió que mantuviéramos sus declaraciones en off. El legislador tiene un presentimiento: “yo creo que ni siquiera la van a constituir, no sería la primera vez que ocurra”. En efecto, la inactividad e inoperancia de aquella relevante Comisión permanente es un verdadero uso y costumbre durante los últimos años, incluso cuando al peronismo le tocó gobernar. De hecho, hay varios decretos del presidente Alberto Fernández que ni siquiera fueron tramitados y quedaron en un limbo. Desde Unión por la Patria argumentan, con razón, que el mega decreto de Milei no tiene nada que ver con las normas presidenciales anteriores, pero así son (precisamente) las famosas inercias que un día te benefician y otro se te vuelven en contra.
Al margen de las estratagemas reglamentarias, también es una incógnita cómo votarán los distintos bloques. Se presume que los 108 diputados y los 35 senadores de la principal fuerza de oposición se inclinarán de manera homogénea en contra del DNU. También el pequeño bloque de diputados de izquierda trotskista. Mientras que a favor estarían el reducido sector de La Libertad Avanza, junto a la mayoría de los legisladores del PRO (Propuesta Republicana) que se integraron al oficialismo. Hay un puñado de bloques federales de diverso signo, conformado por peronistas que rompieron con Unión por la Patria, liberales que se consideran opositores y representantes de gobiernos provinciales, cuya postura es particularmente oscilante: se trata de un sector dispuesto siempre a la negociación, los llamados “dadores voluntarios de gobernabilidad”. Así las cosas, la clave estará en el radicalismo (34 diputados y 13 senadores), el otro partido histórico de la política moderna argentina, hasta hace poco aliado de Macri pero que ahora está ensayando una oposición centrista, el famoso opo-oficialismo.
También en estricto off, hablamos con distintos dirigentes radicales y el panorama ofrece tres posturas diferenciadas. La conducción del partido, a cargo del actual senador Martín Lousteau, propone articular una posición común en torno a la propuesta de no aprobar el Decreto tal y cómo lo envió el Ejecutivo, pero ofrecerle al gobierno nacional vías de solución negociada para avanzar en una parte de las transformaciones propuestas. Por otra parte, aparece el sector más afín a las ideas neoliberales, expresado por el jefe del bloque de diputados radicales, Rodrigo De Loredo, que acuerdan con el fondo de la norma pero no con la forma, y quieren hacer “una cooperación republicana, ya que tenemos ánimos de colaborar para que el gobierno pueda hacer las reformas”, incluyendo la laboral. La respuesta pública del presidente Milei a estas propuestas de negociación fue totalmente descalificadora, llegando incluso a acusarlos de querer recibir coimas a cambio del voto afirmativo. Por último, existe un grupo importante al interior de la UCR (Unión Cívica Radical) que pretende recuperar el espíritu alfonsinista y se opone al DNU tanto por su fondo como por su forma, por lo que planea votar en contra. Hay quienes en este sector, cuya figura más conocida quizás sea el actual diputado nacional Facundo Manes, consideran que no habría que descartar la intencionalidad libertaria de forzar el rechazo de la normativa para polarizar con el Parlamento, en un conflicto de poderes que puede poner en riesgo el ordenamiento democrático. La amenaza de convocar a un plebiscito en caso de que el Congreso rechace el cuestionado Decreto, formulada por el propio presidente, parece avalar esa sospecha.
Si el gobierno logra finalmente imponer su plan de reorganización nacional, el retroceso social va a ser inédito. Y la ultraderecha podrá cantar victoria, sentando un precedente importantísimo sobre la conveniencia de avanzar contra los derechos adquiridos por la ciudadanía a través de una estrategia de shock, sin miramientos por la división de poderes. A prepotencia pura.
En los próximos días sabremos si el Parlamento y/o la Justicia tendrán la capacidad de ofrecerse como un contrapoder efectivo ante el abuso del Ejecutivo. Por lo que hemos visto en este informe, esa posibilidad depende de la presión social callejera, y de la vigencia de una tradición democrática que está latente, pero hay que ver si logra desatarse en este momento de intenso peligro. Estamos viviendo una encrucijada histórica y desde la revista crisis vamos a ocupar un lugar en este lío.
