Imagen: Los defensores de Israel en Estados Unidos y Europa Occidental afirman que se oponen a la violencia. Sin embargo, han hecho todo lo posible para impedir o criminalizar la resistencia pacífica de los palestinos y sus aliados. (Foto: Michael M. Santiago vía Getty Images)
JACOBIN
Tras alentar a Netanyahu en el camino hacia el desastre, las potencias occidentales apoyan ahora su ataque contra Gaza en nombre del «derecho de Israel a defenderse», interpretado por los gobiernos israelíes como carta blanca para utilizar la violencia contra civiles a escala masiva.
El periódico israelí Haaretz ofreció un juicio demoledor sobre el primer mandatario del país tras estallar el sábado pasado la mayor crisis de la que se tenga memoria:
El desastre que sobrevino a Israel en la festividad de Simchat Torá es responsabilidad inequívoca de una persona: Benjamin Netanyahu. El primer ministro, que se ha enorgullecido de su vasta experiencia política y de su insustituible sabiduría en cuestiones de seguridad, no identificó en absoluto los peligros a los que estaba conduciendo conscientemente a Israel al establecer un gobierno de anexión y desposesión, al nombrar a Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir para puestos clave, al tiempo que abrazaba una política exterior que ignoraba abiertamente la existencia y los derechos de los palestinos.
Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir, aliados de Netanyahu en el gabinete, son políticos de extrema derecha procedentes de asentamientos en territorio palestino ocupado. A principios de este año, Smotrich afirmó que el pueblo palestino «no existe», mientras que el Departamento de Estado estadounidense reprendió a Ben-Gvir por sus «comentarios racistas y destructivos» sobre la supuesta condición inferior de los palestinos de Cisjordania.
El editorial de Haaretz acusó al primer ministro de Israel que más tiempo lleva en el cargo de perseguir de manera deliberada la confrontación violenta con los palestinos:
En el pasado, Netanyahu se presentaba como un líder prudente que evitaba las guerras y las múltiples víctimas israelíes. Tras su victoria en las últimas elecciones, sustituyó esta cautela por la política de un gobierno completamente derechista, con medidas abiertas para anexionarse Cisjordania y llevar a cabo una limpieza étnica en partes de la zona C demarcada en Oslo, incluidas las colinas de Hebrón y el valle del Jordán. Esto incluía también una expansión masiva de los asentamientos y el reforzamiento de la presencia judía en el Monte del Templo, cerca de la mezquita de Al Aqsa, así como alardes de un inminente acuerdo de paz con los saudíes en el que los palestinos no obtendrían nada, hablando abiertamente de una «segunda Nakba» dentro de su coalición de gobierno.
Haaretz podría haber ampliado su acusación para incluir a los gobiernos occidentales que han alentado a Netanyahu y a sus aliados en todo momento. Por mucho que los principales miembros de la clase política israelí insistieran en que nunca permitirían la creación de un Estado palestino, Estados Unidos y los países europeos más poderosos siguieron apoyando incondicionalmente a Israel mientras simulaban la existencia de algún tipo de proceso de paz significativo.
Al mismo tiempo, los gobiernos estadounidenses y europeos hicieron todo lo que estuvo en su mano para bloquear o incluso criminalizar las formas no violentas de presión sobre Israel, mientras decían a los palestinos que en ningún caso debían utilizar métodos violentos contra la ocupación de su tierra. Ahora, esos mismos mandatarios han dado a Netanyahu un cheque en blanco para emprender la guerra contra Gaza, cuando saben por experiencias pasadas que ello dará lugar a una violencia masiva y letal contra la población civil.
Puentes en llamas
Recordemos cómo han respondido los aliados occidentales de Israel a diversas formas de acción no violenta de los palestinos y sus partidarios en los últimos años. En 2021, la Autoridad Palestina (AP) pidió a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigara los presuntos crímenes de guerra israelíes en los territorios ocupados, incluido el ataque a Gaza de 2014. El gobierno estadounidense condenó inmediatamente la medida, y el secretario de Estado de Joe Biden, Antony Blinken, emitió la siguiente declaración:
[L]os Estados Unidos creen que un futuro pacífico, seguro y más próspero para los pueblos de Oriente Medio depende de tender puentes y crear nuevas vías de diálogo e intercambio, no de acciones judiciales unilaterales que exacerban las tensiones y socavan los esfuerzos por avanzar hacia una solución negociada de dos Estados.
Seguiremos manteniendo nuestro firme compromiso con Israel y su seguridad, incluso oponiéndonos a las acciones que pretendan atacar injustamente a Israel.
Esta declaración fue un insulto calculado a la inteligencia de quienes tuvieron que leerla. Blinken sabe perfectamente que no hay «esfuerzos para avanzar en una solución negociada de dos Estados» que puedan verse «socavados» por una investigación de la CPI. En la práctica, el gobierno de Biden quiere que Israel quede protegido de toda responsabilidad legal por sus acciones de aquí al fin de los tiempos.
Tras la formación del nuevo gobierno de Netanyahu con sus socios Smotrich y Ben-Gvir, Blinken dijo en una conferencia de J Street en diciembre de 2022 que el apoyo de Estados Unidos a Israel era «sacrosanto». Como señaló Peter Beinart, el discurso de Blinken dio luz verde a Netanyahu para hacer lo que quisiera en los territorios ocupados:
Blinken ni siquiera se comprometió a deshacer las humillaciones gratuitas impuestas a los palestinos por Donald Trump. No prometió reabrir la misión de la OLP en Washington ni la embajada estadounidense en Jerusalén Este, establecida en 1844 antes de ser cerrada en 2019 por el secretario de Estado Mike Pompeo, un hombre que una vez llamó a Barack Obama «simpatizante del ISIS». Blinken tampoco reconoció que los asentamientos violan el derecho internacional, otra antigua postura estadounidense que Trump anuló y que el gobierno de Biden ha sido incapaz de restablecer.
El mismo mes del discurso de Blinken en J Street se produjo otro intento de exigir responsabilidades a Israel a través del marco jurídico internacional. La Asamblea General de la ONU pidió a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) una opinión consultiva sobre «las políticas y prácticas de Israel en los territorios palestinos ocupados». Estados Unidos votó en contra de la remisión, junto con Estados europeos como Gran Bretaña y Alemania. En julio de este año, el gobierno británico presentó a la CIJ un documento jurídico de cuarenta y tres páginas en el que le instaba a que no oyera el caso en absoluto.
En declaraciones a The Guardian, una fuente palestina de alto nivel describió el documento como «una completa aprobación de los argumentos israelíes». Antony Blinken se había opuesto anteriormente al caso de la CPI alegando que los palestinos «no pueden considerarse un Estado soberano». Ahora sus aliados británicos habían dado la vuelta a ese argumento, presentando la ocupación como una «disputa bilateral» entre Estados. El único principio que se mantuvo invariable fue la exigencia de que Israel gozara de total impunidad.
Represión
Los partidarios de Israel en Europa y Norteamérica son igualmente hostiles a la idea de que se ejerza presión a través de la sociedad civil. El movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) es un intento de compensar la negativa de los gobiernos a imponer sanciones a Israel por su opresión de los palestinos. Sin embargo, los intentos por ilegalizar ese movimiento han sido reiterados, desde Francia hasta Estados Unidos.
Recientemente, el Parlamento británico aprobó un proyecto de ley que prohíbe a organismos públicos como los ayuntamientos tomar decisiones sobre adquisiciones o inversiones basadas en la «desaprobación política o moral de la conducta de un Estado extranjero». En teoría, esto los compelería a hacer negocios con cualquier Estado del mundo, no solo con Israel, independientemente de la «desaprobación política o moral». Pero el proyecto de ley permite al gobierno británico conceder una exención de esta norma en casi todos los casos, con las excepciones de «a) Israel, b) los Territorios Palestinos Ocupados o c) los Altos del Golán Ocupados».
En otras palabras, las autoridades británicas no hacen ninguna distinción jurídica entre Israel tal como era antes de la guerra de 1967 y los territorios ocupados más allá de la llamada Línea Verde. Sin duda, así es como ven las cosas los políticos israelíes: han dejado en claro una y otra vez que consideran los asentamientos de Cisjordania parte integrante del Estado israelí y que no tienen intención de desmantelarlos en ningún momento en el futuro.
La respuesta hostil y autoritaria a las iniciativas legales y de la sociedad civil de los aliados occidentales de Israel nos muestra lo que realmente quieren de los palestinos. No solo buscan que el movimiento nacional palestino se abstenga de utilizar la violencia contra civiles israelíes, ni siquiera que se abstenga de utilizar la violencia en absoluto. Pretenden que renuncie a cualquier forma de acción que pueda comprometer su capacidad de apoyar la ocupación y toda la violencia necesaria para imponerla.
Tras haber alentado a Netanyahu en el camino hacia el desastre, los políticos de Washington, Londres y otras capitales occidentales apoyan ahora su ataque contra Gaza en nombre del «derecho de Israel a defenderse», que los gobiernos israelíes siempre han interpretado como el derecho a utilizar la violencia contra civiles a escala masiva. El ataque ya ha matado a cientos de palestinos y matará a cientos o incluso miles más si se permite que continúe. Detener esa embestida es hoy la principal prioridad.
DANIEL FINN
Editor de Jacobin Magazine y autor de One Man’s Terrorist: A Political History of the IRA (Verso, 2019).
